Evo Morales firmó un decreto para nacionalizar la telefónica Entel

El presidente de Bolivia anunció que va a recobrar las acciones de la telefónica estatal que ahora tiene Euro Telecom.

Por Pablo Ortiz
Desde Santa Cruz

Luego de los hidrocarburos y de la metalúrgica de Vinto, el gobierno de Evo Morales se dispone a recuperar las acciones de la Empresa Nacional de Telefonía (Entel), que hoy se encuentra en manos de la italiana Euro Telecom. Para ello, el presidente boliviano promulgó un decreto en el que crea una comisión conformada por los ministros de Presidencia, Hacienda y Obras Públicas y los viceministerios de Coordinación Gubernamental y Telecomunicaciones, para que en treinta días recobren el 51 por ciento de la empresa que se encuentra en manos de la transnacional italiana. En principio, el gobierno no parece dispuesto a pagar los 320 millones de dólares de capital actualizado que tiene Entel. La compañía es líder en servicios de larga distancia, telefonía móvil e Internet en el país y, obligada por Morales, actualmente encara un proceso de expansión que la llevará a prestar servicios en 500 poblaciones más.

La estrategia parece otra. Cuando Jerges Mercado era viceministro de Electricidad y no ministro de Obras Públicas se refirió a las auditorías técnicas y financieras realizadas por el Estado a las empresas capitalizadas. Ese día se estaba yendo del gabinete y como no tenía que guardar más secretos, reveló que algunas empresas capitalizadas mintieron sobre los montos de inversión en el país o simplemente no cumplieron con los contratos firmados en 1995, durante la primera administración de Gonzalo Sánchez de Lozada. A ello se suma el deseo de Euro Telecom de abandonar el mercado boliviano y las continuas denuncias de reducción de capital de la empresa. Datos estatales constatan que la compañía italiana se ha llevado más de 600 millones de dólares de Bolivia. Con todos estos datos, el gobierno de Morales confía en una negociación rápida, barata y eficiente. Al monto económico que pidan los italianos habrá que restarle los 25 millones de dólares que Impuestos Internos quiere cobrarle a Entel por supuestos tributos impagos.

Euro Telecom International se adjudicó el 51 por ciento de las acciones de Entel en el llamado proceso de capitalización impulsado por el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-97). En ese momento, Bolivia entregó sus empresas estratégicas (telefonía, ferrocarriles, electricidad, aviación e hidrocarburos) a empresas transnacionales a cambio de promesas de inversión. Los empresarios se quedaron con la mitad más uno de las acciones y el resto fueron a un fideicomiso de asociaciones de fondos de pensiones, que manejan los recursos de las jubilaciones de todos los bolivianos y aportan dinero para el pago de subsidios como el bono de vejez (Bonosol) y el de educación primaria (Juancito Pinto).

Con la nacionalización de los hidrocarburos, esta estructura no se modifica, ya que la estatización del petróleo y el gas sólo recupera la propiedad de los carburantes y no así de los medios de producción. Sin embargo, los planes del gobierno son ir más a fondo en otras nacionalizaciones. Con ello, Bolivia deberá encarar una reforma en pensiones para recuperar lo que queda de las antiguas empresas estatales. Mercado ya anunció la refundación de la Empresa Nacional de Electricidad para que administre las redes del extremo sur y norte del país (que podrían incluir la exportación de electricidad a Brasil y Chile) y, con los gobernadores de Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, se viene hablando de la posibilidad de que ellos se hagan cargo de la recuperación de los ferrocarriles, hoy en manos de la chilena Cruz Blanca.

En el tema de la aviación todo parece más complicado. La línea de bandera, Lloyd Aéreo Boliviano, está prácticamente en la quiebra y desde el gobierno ya se habla de crear otra con el apoyo económico de Venezuela. El objetivo es claro y fue trazado por el vicepresidente Alvaro García Linera: actualmente el Estado controla el 18 por ciento de la economía. El objetivo es que hasta 2010 controle entre el 30 y el 40 por ciento de todo el Producto Bruto Interno de Bolivia.

Venezuela compra un 82% de la mayor eléctrica privada como parte del proceso de nacionalización

NUEVA YORK, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Venezuela ha adquirido una participación del 82,14% en la mayor eléctrica privada del país, Electricidad de Caracas (EDC), por 723 millones de dólares (568 millones de euros) como parte del proceso de nacionalización emprendido por el presidente Hugo Chávez.

   Esta participación ha sido adquirida a la compañía estadounidense AES, que confirma en un comunicado haber alcanzado con el Gobierno venezolano un memorando de entendimiento en el que se describen los términos de la operación, que está condicionada al cierre definitivo de las negociaciones.

   AES tomó una participación mayoritaria en 2000 en EDC, que se convirtió en la mayor eléctrica privada del país. Esta empresa suministra energía a cerca de un millón de clientes de las áreas metropolitanas de Caracas y genera el 14% de toda la electricidad consumida en Venezuela.

   La operación fue presentada en Venezuela por el ministro de Energía, Rafael Ramírez, que suscribió el memorando en un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, según el diario 'El Nacional'.

   Ramírez garantizó durante el acto que tras el acuerdo se preservarán los derechos tanto de los accionistas minoritarios como de los trabajadores de la compañía. Además, calificó de "altamente beneficioso" para el país este proceso, que podría concluir antes del 30 de abril.

Todo el poder a Chávez

VENEZUELA:
Todo el poder a Chávez
Por Humberto Márquez

CARACAS, 1 feb (IPS) - El Estado venezolano tomará en tres meses el control de toda la producción de petróleo y de las principales empresas de electricidad, anunció el presidente Hugo Chávez al promulgar la norma con la que el parlamento lo autorizó a decretar leyes sobre casi todas las áreas de la vida nacional.

Chávez quedó facultado a legislar durante año y medio sobre 11 "ámbitos", con lo que prácticamente podrá reestructurar los mapas político, económico y social del país sin pasar por el control legislativo, mientras en paralelo se prepara una reforma constitucional que terminará de abrir "la vía venezolana al socialismo del siglo XXI", según dijo.

Durante los primeros meses, mientras rija la Constitución que él impulsó en 1999, se dictarán "40, 60 o más leyes", mientras una vez reformada la carta magna se dictarán nuevas normas, dijo el jurista y parlamentario oficialista Carlos Escarrá.

Chávez tiene poderes para dictar leyes destinadas a reorientar los servicios a cargo de las instituciones del Estado, determinar la participación y control de las comunidades organizadas en los asuntos públicos, fomentar la ética y combatir la corrupción y "adaptar la legislación existente a la construcción de un nuevo modelo económico y social sustentable".

Los otros "ámbitos" en los que podrá gobernar por decreto son moneda, banca, seguros e impuestos; identificación, policía, cárceles, prisiones y lucha contra la impunidad; desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuestiones de ambiente y biodiversidad, y ordenación territorial, con nueva distribución y ocupación de los espacios subnacionales.

Chávez podrá legislar en materia de seguridad y defensa, infraestructura, transporte, vivienda, puertos, zonas costeras, comercio marítimo y telecomunicaciones, además de petróleo, gas y electricidad.

Los superpoderes fueron entregados a Chávez de modo unánime por la Asamblea Nacional (parlamento), cuyos 167 diputados son todos oficialistas, ya que la oposición boicoteó la elección parlamentaria de 2005 alegando falta de garantías y transparencia.

Carlos Correa, de la coalición humanitaria Foro por la Vida, comentó a IPS que la pérdida de la reserva legal por parte de la legislatura "es preocupante porque recorta o limita las posibilidades de discutir públicamente numerosas leyes y normas que tocan derechos humanos fundamentales, ciudadanos, económicos, sociales y culturales".

"Es la primera vez que se otorgan poderes para legislar sobre absolutamente todos los ámbitos de la vida nacional", recordó el dirigente opositor Teodoro Petkoff, para quien "el único antecedente de poderes tan amplios fue la ley para la protección del pueblo y del Estado, que dictó el Reichstag (parlamento) alemán para declinar todas sus facultades en el ascendente Adolfo Hitler, el 24 de marzo de 1933".

Para el dirigente democristiano Eduardo Fernández, con la nueva ley "Chávez simplemente se convierte en dictador y el parlamento en una casa de segundones que han renunciado a su trabajo".

Según el candidato derrotado por Chávez en las elecciones presidenciales de diciembre, Manuel Rosales, "estamos ante una de las tragedias políticas más grandes de la historia", y pidió "trabajar y luchar, o veremos la coronación de Hugo I, el primer rey que tendrá la sociedad venezolana".

Chávez conminó a sus adversarios "a dejar de mentir y de sembrar campañas de miedo; incluso a ellos, y a los empresarios, los invitamos a construir junto con nosotros el socialismo del siglo XXI, para el que tenemos ideas, pero no un modelo único".

Recordó que la Constitución de 1999 prevé referendos para abrogar las leyes que no gusten a sus críticos, y que la consulta podrá solicitarse al poder electoral con apenas cinco por ciento del padrón electoral, unas 800.000 firmas, mientras que el opositor Rosales cosechó más de cuatro millones de votos en los comicios de diciembre.

La promulgación de la ley habilitante este jueves dio paso a una conferencia de prensa en la que Chávez hizo largas exposiciones sobre su vocación a la vez democrática y socialista, habló de política internacional y de temas ambientales, pero en cambio se abstuvo de entrar en detalles sobre las leyes que promulgará de inmediato.

Aseguró sin embargo que sólo colocará en manos del Estado los sectores "estratégicos" de la economía y los que en razón de uso no deben estar en manos privadas: hidrocarburos, electricidad, agua potable y la empresa de telefonía básica CANTV.

La mayor parte del petróleo venezolano lo produce la corporación estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aunque mantiene empresas mixtas, bajo su control mayoritario, con una docena de socios que operan campos "maduros" o marginales.

También hay cuatro "asociaciones estratégicas" en la sudoriental Faja Petrolífera del Orinoco, quizá el mayor depósito de hidrocarburos pesados del planeta, para producir crudo sintético liviano o mediano a partir de crudos pesados, y en las cuales Pdvsa es socio menor de trasnacionales como ConocoPhillips, Total y Chevron.

Para el próximo 1 de mayo, Pdvsa deberá tener al menos 60 por ciento de cada uno de esos negocios --que en total producen unos 600.000 de los aproximadamente tres millones de barriles diarios que extrae Venezuela--, "y estoy seguro de que seremos socios, pero si no, pueden irse", dijo Chávez.

También anunció, sin detalles, medidas como el incremento del precio de la gasolina "pero no para el transporte de pasajeros o alimentos", normas para insuflar ética y eficiencia en la administración pública y para mejorar la educación.

Insistió en la construcción del poder popular, que Chávez define como un sexto poder en la reforma de la Constitución --la que ya contempla Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral-- con base en los miles de consejos comunales que surgen en las barriadas del país y hasta ahora se limitaron a solicitar y administrar obras de mejoramiento.

Las críticas de Washington a la nueva ley fueron repelidas por Chávez con la convicción de que "en Estados Unidos sí hay una dictadura, de una elite, con un presidente, un caballerito, little gentleman (sic), que debería renunciar si tuviera vergüenza, porque no tiene capacidad política ni moral para gobernar".

El miércoles, el presidente estadounidense George W. Bush se declaró "preocupado por los venezolanos, por la disminución de las instituciones democráticas, así como por los esfuerzos de nacionalización que podrían tener lugar o no. Dificultará que los venezolanos salgan de la pobreza".

También el presidente costarricense y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, opinó este jueves que los nuevos poderes especiales concedidos a Chávez son "una negación de la democracia".

"Hay una diferencia sencilla entre un dictador y un demócrata: si el demócrata no tiene oposición, su deber es crearla, mientras que el sueño del dictador es eliminar toda oposición", dijo Arias tras lamentar que en América del Sur "tenemos una revuelta en los últimos años, pues han vuelto a su apogeo el caudillismo y el populismo". (FIN/2007)

Chávez tomará en mayo el control de los campos petrolíferos en manos extranjeras

La oposición llama a la movilización y dice que «están equivocados los que piensan que estamos vencidos»

EFE/CARACAS

 

El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció ayer que a partir del próximo 1 de mayo su Gobierno tomará el control de los campos petroleros controlados en la Faja del Orinoco por multinacionales de Estados Unidos, Francia, Noruega y Reino Unido en asociación con la estatal PDVSA.

«Nosotros lo que queremos es negociar (...), pero he dado instrucciones para que el 1 de mayo amanezcan bajo control nuestro todos esos campos» petroleros, declaró el presidente de Venezuela en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Miraflores. «Cuando se haga la ley y tomemos el control de esos campos, los trabajadores de esas empresas van a estar en la nómina de PDVSA, con todos los derechos y deberes de un trabajador» de la principal industria venezolana, añadió.

«Nacionalización»

Los campos citados por Hugo Chávez son operados desde los años noventa mediante «asociaciones estratégicas» entre las trasnacionales Exxon Mobil, Chevron y Conoco-Phillips (Estados Unidos), la francesa Total, la noruega Statoil, la británica British Petroleum y Petróleos de Venezuela (PDVSA), con una minoría accionarial.

Los campos se encuentran en la Faja del Orinoco (oriente), una región rica en crudos pesados y extrapesados, que produce unos 600.000 barriles diarios de petróleo, según datos oficiales.

Chávez ya había anunciado la «nacionalización» de las asociaciones estratégicas para adecuar las operaciones de «mejoramiento de crudo pesado» a la Ley de Hidrocarburos, que obliga a que PDVSA tenga mayoría accionarial en todas las actividades de exploración, extracción y distribución del crudo y sus derivados.

En abril de 2006 casi una veintena de multinacionales aceptó migrar de los convenios operativos suscritos en los años noventa a las «empresas mixtas», en las que PDVSA cuenta con mayoría, como dicta la ley vigente. Chávez insistió en que su Gobierno quiere «negociar» con las trasnacionales que operan bajo el esquema de «asociaciones estratégicas» y dijo que ya existe un «plan clarito» en ese sentido. «El que no está de acuerdo tiene derecho a irse (...), pero nosotros vamos a respetar sus derechos», sostuvo.

Venezuela, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), es el quinto exportador mundial y cuarto abastecedor de EE UU.

Actualmente, el país lleva cabo un proceso de certificación internacional de sus reservas petroleras, calculadas en 316.000 millones de barriles, que serían las mayores del mundo.

Por su parte, el dirigente opositor venezolano, Manuel Rosales, señaló ayer que «están equivocados los que piensan que estamos vencidos» y llamó a la movilización en contra de las políticas del presidente Hugo Chávez.

«O nos decidimos a enfrentar la situación actual o nos vamos hacia la coronación de Hugo I, primer rey de Venezuela», manifestó Rosales, en referencia a la ley «habilitante» que otorga plenos poderes a Hugo Chávez y que fue aprobada el pasado miércoles por el Parlamento