Chile: Ley de TV digital fortalece monopolio mediático y acaba con la TV gratis

Ernesto Carmona

 

ALAI AMLATINA, 08/04/2011.- La cuestionada televisión abierta de Chile será más monopólica aún, tampoco mejorará la deplorable mala calidad de sus contenidos e incluso habrá que pagarla con la implantación de la televisión digital terrestre, según la ley aprobada el miércoles 6 por la Cámara de Diputados con 107 votos a favor y 1 en contra. La iniciativa, que se tramita desde noviembre de 2008, pasará ahora al Senado.

 

La legislación sobre la nueva tecnología digital abrió la posibilidad de un debate abierto sobre la democratización de la televisión abierta, que surgió en Chile a comienzos de los años 60 como actividad exclusiva de las universidades tradicionales (Católica y De Chile), pero la nueva ley consolida el control de los actuales dueños privados del negocio de la TV. A juicio de los especialistas Chiara Sáez y Jaime Mondría, vinculados al Observatorio Fucatel, "esta ley podría mejorar el escenario señalado, pero en vez de eso, lo empeora (…) El proyecto de TV digital se ha vuelto cada vez más beneficioso para los actuales grandes canales de televisión, los mismos que los telespectadores evalúan negativamente".

 

Aunque ya existen bastantes señales pagadas de canales de cable y satélite, la nueva ley faculta a los dueños de la TV a cobrar por la mitad de sus transmisiones, que se supone seguirán ofreciendo su habitual calidad cero, más allá del fútbol. El boletín oficial de la Cámara anunció con todas sus letras que "en relación a la facultad de hacer nuevos negocios, se permitirá a los concesionarios destinar hasta el 50% del espectro de concesión para levantar señales de Televisión de Pago". Para Sáez y Mondría, "este artículo (31A) contradice el uso consagrado para las bandas del UHF y del VHF del espectro radioeléctrico, que está pensado para el desarrollo de señales abiertas de televisión".

 

Los grandes operadores actuales de la TV tampoco necesitarán concursar para obtener una concesión digital, según los artículos II y III transitorio de la ley aprobada por Diputados. Pero los legisladores de la derecha y la llamada "izquierda" (Concertación de Partido por la Democracia) coincidieron en no otorgar este mismo derecho a los canales regionales, locales ni comunitarios que actualmente se encuentran funcionan y suman más de 100 estaciones en todo el país. El Observatorio Fucatel anotó que "estos artículos transitorios atentan gravemente contra el derecho de igualdad ante la ley, en este caso de los distintos modelos de televisión existentes en Chile. La ley da mayores facilidades a los operadores más fuertes y pone más barreras de entrada a los más débiles, profundizando así la desigualdad dentro del sistema televisivo".

 

"Primero perdimos la televisión universitaria, después perdimos la televisión pública y ahora perderemos la televisión abierta… ¿Qué podemos hacer, entonces, como ciudadanía informada y activa?", se preguntaron en el Observatorio Fucatel la socióloga Chiara Sáez, doctora en comunicación y participante del Observatorio Internacional de Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Jaime Mondría, actor, gestor cultural y activista ciudadano por una TV digital democrática.

 

TV = Censura, autocensura y mediocridad

 

El debate parlamentario de más de dos años sobre televisión digital fue casi clandestino, celebrado entre las cuatro paredes del Congreso que funciona en Valparaíso. No es sorprendente que la opinión ciudadana chilena esté absolutamente desinformada sobre cuestiones fundamentales que atañen a su propia existencia, como su creciente alimentación con productos transgénicos que consume sin información ni control de las autoridades. La televisión, junto a los grandes diarios, participa activamente en la desinformación. Privilegia noticias banales, como el éxito del último súper teléfono digital o el concierto del grupo extranjero tal y cual, pero oculta noticias reales e importantes como la huelga 32 días, hasta el 6/11/2010, de los trabajadores de la cadena Farmacias Ahumada SA (FASA), de la que fue accionista Piñera y es una importante avisadora en los medios.

 

Los actores que trabajan en televisión también se quejan del silencio que hace invisible el conflicto que mantienen con las estaciones por el incumplimiento de una ley de 2008 (N° 20.243) que obliga a los canales a pagar por las repeticiones de sus actuaciones. Precisamente hoy, jueves 7 de abril, realizan una huelga convocada por Chile Actores, organización gremial presidida por Esperanza Silva. La agrupación ya presentó demandas civiles contra la televisión pública TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión y hoy no asistirán a grabaciones de telenovelas como advertencia. Claudio Arredondo, de Chile Actores, explicó: "Esta es una ley aprobada en 2008 y no se ha aplicado. La ley autoriza a Chile Actores a cobrar hasta 2% de los ingresos brutos por toda emisión pública de una producción donde esté presente un actor (...) Nosotros queremos que se cumpla la ley…"

 

Como contrapartida, la propaganda del gobierno tiene como caja de resonancia a todos los canales de televisión abierta, sin excepción, sin excluir su versión en cable. La mega producción tipo reality show del recate transmitido en vivo de los 33 mineros cuyo protagonista estrella fue Piñera no fue responsabilidad de ningún director de TVN, el canal público que lideró la transmisión. Fue un descarado acto de gobierno de corte goebbeliano. La puesta en escena de esta impactante transmisión oficial tuvo como director general de televisión a Reynaldo Sepúlveda, encargado de toda transmisión de eventos en que participe Piñera desde su cargo en la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda. "Resultó muy evidente la manipulación de las imágenes para favorecer los planos del primer mandatario y demás autoridades presentes, convirtiendo la transmisión en una cadena nacional que rendiría nutritivos frutos a la imagen del Ejecutivo y sus rostros más protagónicos", reseñó el Observatorio Fucatel. Incluso el domingo 22 de agosto, cuando se supo que los mineros estaban todos vivos, los medios y periodistas que cubrían in situ en la mina San José hicieron "un pacto de caballeros" con el gobierno para retrasar la entrega de la noticia y dar tiempo para otorgarle la exclusiva a Piñera, quien llegó con retraso a enseñar y leer el famoso papel escrito bajo tierra: "Estamos vivos los 33 en el refugio".

 

El falso "progreso" de la TV digital llega a un país donde dos partidarios de Piñera y defensores acérrimos de la versión neoliberal del actual capitalismo en crisis –Agustín Edwards y Álvaro Saieh- controlan los principales diarios que leen los chilenos, mientras el grupo Luksic controla el 66,6% del Canal 13, que en sus comienzo fue operado por la Pontificia Universidad Católica y por lo tanto, el otro tercio le pertenece al Vaticano. Chilevision Canal 11, que nació como Canal 9 de la Universidad de Chile, terminó bajo el control de Sebastián Piñera, quien se lo vendió al grupo Times Warner CNN. El actual Canal 9 Mega, que estaba destinado a la Universidad Técnica del Estado, hoy USACH, y no alcanzó a salir al aire por el golpe militar contra Salvador Allende en 1973, cayó en manos del grupo de Ricardo Claro, cuyos herederos acaban de asociarse con el grupo Lucsik en la Compañía Sudamericana de Vapores, empresa insignia de ese holding cuyos barcos fueron utilizados para transportar prisioneros políticos al campo de concentración de Chacabuco, en el desierto cercano a Antofagasta. El otro canal abierto de alcance nacional, La Red, pertenece al mexicano Ángel González, mientras TVN tiene un directorio que refleja la composición política del Congreso, donde en la práctica dejó de existir algo que seriamente pueda llamarse oposición al gobierno.

 

¿Qué hacer?: Gaste su dinero en otra cosa

 

La pregunta obvia -¿qué hacer?- surge mientras la televisión presiona a los ciudadanos para que consuman más y ahora se embarquen en la compra a crédito de televisores nuevos, sin abordar para nada el carácter exclusivista que está adquiriendo la ley de televisión digital en favor de los monopolios de la información. "En primer lugar -recomiendan Chiara Sáez y Jaime Mondría- escriba a los parlamentarios de su distrito pidiéndoles que no aprueben la ley así como está. Los artículos 31A, II y III transitorios son sólo la punta del iceberg de un proyecto de ley orientado a consagrar un sistema televisivo cada vez menos democrático y diverso. En segundo lugar, infórmese de los contenidos de la ley, de los debates parlamentarios y de las posiciones críticas que desde organizaciones de medios y organizaciones ciudadanas se vienen haciendo al proyecto, al menos desde hace un año".

 

"Si lo anterior no funciona, no invierta en un nuevo aparato para ver la misma oferta que la actual. La televisión abierta en Chile se financia principalmente a través de la publicidad: los canales venden audiencias a los anunciantes. Y para eso necesitan que la clase media (el colectivo que consume en mayor número) vea televisión (porque los grupos de menos ingresos tampoco le interesan). Si usted como clase media o como clase baja piensa que con esta ley la oferta televisiva seguirá siendo la misma, rebélese ante este engaño y gaste su dinero en otra cosa".

 

- Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

Abogado Roberto Garretón quiere cambiar Constitución: : ''El futuro del pueblo chileno lo marcó Pinochet en 1980''

EL CIUDADANO. Periódico mensual, año 3, número 46, fundado en marzo del 2005

Profesional tiene ilusión de que en Chile ocurra lo mismo que en Colombia, donde un llamado en los votos a una Asamblea Constituyente permitió generar condiciones para cambiar la carta fundamental. ''La idea es que se vea que el pueblo chileno no quiere una Constitución impuesta a la fuerza, sin registros electorales, sin ninguna participación democrática'', afirma.

El abogado Roberto Garretón está muy ilusionado con la posibilidad de que el movimiento ciudadano, que busca generar conciencia para formar una Asamblea Nacional Constituyente, crezca y así en las elecciones presidenciales del 2009 se consigna un mayor compromiso para cambiar la Constitución de 1980.

Recuerda que si bien dicha Carta Fundamental es la que "ha tenido más modificaciones en toda la historia", ya que "se tuvo que quitar algunas de los elementos más burdamente fascistas que tenía, pero hay otros que todavía no se han hecho porque la alianza pinochetista se niega a modificar como lo son el sistema electoral y los quórums inaceptables que existen en el Parlamento para cambiar la Constitución".

Dice que pese a los cambios, "el pueblo no ha recuperado su derecho a su autodeterminación. El futuro del pueblo chileno lo marcó Pinochet en 1980 hasta la perpetuidad y sus seguidores quieren que sea así. El criterio que utilizan los seguidores del dictador es que no pueden los gobernantes de turno modificar la Constitución".

El abogado comenta que le gustaría que en Chile suceda lo que ocurrió en Colombia a fines de la década del '80, donde se hizo una campaña para terminar con el tripartidismo que había establecido la Constitución de 1886.

"Allá se colocaron los votos en un sobre y junto a esas papeletas se puso una que decía "Asamblea Constituyente" y aparecieron dos millones de papeletas en los primeros comicios. Ello forzó que en la elección siguiente se sumaran las papeletas que llamaban a una Asamblea Constituyente, que fueron más que los votos que obtuvo César Gaviria, que ganó, y los otros dos postulantes que lo siguieron", señala.

Espera llegar a lo mismo que pasó en Colombia y que "con el éxito electoral que queremos tener el 2008 en las municipales, en las parlamentarias del 2009 ir candidato por candidato, preguntarle si usted sale elegido está por una Asamblea Nacional Constituyente".

Reconoce que "lo más probable es que en la primera vez no nos vaya muy bien, pero esperamos que en el segundo llamado logremos llegar a los lugares más apartados del país y exista conciencia de la presión que existe. La idea es que se vea que el pueblo chileno no quiere una Constitución impuesta en Estado de Sitio, a la fuerza, sin registros electorales, sin ninguna participación democrática. En la comisión que elaboró la Constitución de Pinochet si bien hubo tres demócratas, todos se fueron, en consecuencia no hubo ninguna participación de demócratas".

Cree que la opción de escribir una frase alusiva a que se realice una Asamblea Constituyente "es fácil de asumir. No es de la Concertación ni contra ella, incluso hay opositores a ese bloque oficialista que respaldan la idea".

Inmediatamente comenta que le ha llamado mucho la atención de personas que no están inscritas en los registros electorales se vean motivadas con el tema, ya que ven con ello una posibilidad de una inserción. "Si no qué sentido tiene no estar inscrito a perpetuidad, sin influir en el curso de la política. El llamado es a quien no está inscrito para que opine y de esa manera que esos dos millones no se sientan marginados y actúen en política, a través del voto. Tenemos esperanzas de convencer a quienes no están inscritos con este llamado".

No se anula el voto

Garretón aclara que si un voto se marca por un candidato y se escribe una frase -por ejemplo: "Asamblea Constituyente, ahora"- no se está anulando el sufragio, ya que ello se encuentra en el artículo 71 número 5 de la Ley Sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Ahí se puntualiza que sólo "serán nulos y no se escrutarán las cédulas en que aparezcan marcadas más de una preferencia".

Precisa que el "llamado es a que se marque el voto, es decir, las cédulas que la mesa considere marcadas deberán escrutarse para el candidato, pero se dejaran constancia en el acto los accidentes estimados como marca de las preferencias que contengan. Si un voto aparece con la preferencia Pérez y otra marca que es un garabato o un llamado a Asamblea Nacional Constituyente, o lo que sea, se debe contar para el candidato".

Macarena López
El Mostrador

UN LLAMADO A REFUNDAR LA REPÚBLICA Y ABOLIR LA CONSTITUCIÓN PINOCHET-LAGOS

El Ciudadano. Periódico mensual, año 3, número 44, fundado en marzo del 2005

En las postrimerías del gobierno de Lagos, la Constitución de Pinochet [1980] sufrió un maquillaje a fondo, sin que nada realmente cambiara. Es cierto, fueron suprimidos los senadores designados, y ya las Fuerzas Armadas dejan de garantizar el orden institucional de la República, así mismo los Comandantes en Jefe pueden ser removidos por el Presidente de la República y sólo éste puede convocar el Consejo de Seguridad Nacional, pero, al igual que otras reformas constitucionales, no fue sino un maquillaje que mantiene incólume las enormes desigualdades en el ejercicio de los derechos fundamentales que consagra el régimen republicano. Baste recordar el deber del Estado de proporcionar un sistema gratuito para la educación secundaria y preparatoria [hasta los 21 años], reforma del año 2003, o la nueva ley de municipalidades de 1997, donde por falta de voluntad política, el sistema llevó a reforzar el negocio de los sostenedores y la inoperancia del sistema municipalizado de educación. Para qué mencionar la nueva ley sobre reforma constitucional que mantuvo incólume los quórum especiales y liquidó cualquier iniciativa de Reforma a la Constitución de Pinochet [2000].

El Transantiago, la crisis de la educación y los abusos de los sostenedores del sistema, el desempleo, sobre todo el de los jóvenes, las bajas remuneraciones, los abusos de las Isapres y del sistema de administración privada de los fondos de pensiones, las carencias del sistema de salud, las prácticas antisindicales que permiten que el derecho a la huelga sea neutralizado legalmente por los krumiros, los abusos en el trabajo de los temporeros, etc. etc., constituyen el día a día de la ciudadanía.

En ese contexto, reformar la Constitución mediante el llamado a una Asamblea Constituyente no puede confundirse con un simple ejercicio académico de juristas. Significa refundar la República sobre nuevas bases y donde el Pueblo, es decir, el Soberano, decidirá su propio destino. Es cierto, con 34 años de interdicción política hemos perdido la práctica y la conciencia sobre nuestros derechos republicanos. Los enriquecimientos ilícitos de los grupos económicos son parte del modelo que muy pocos osan a enfrentar. La desnacionalización de las empresas del Estado, las concesiones de la infraestructura económica nacional en condiciones lesivas al interés nacional, la entrega del cobre, el agua, la energía, la salud, la educación, la previsión, etc., ha sido el precio que hemos pagado al recobrar la democracia. Hemos entregado nuestro destino a una clase política que negoció con el régimen pinochetista, la continuidad del sistema bajo los ropajes de una seudo democracia. Por último, hemos terminado dudando de nuestras propias capacidades para ejercer los más elementales derechos que franquea una democracia.

Sin embargo, todavía hay esperanzas. El 11 de junio, es decir ayer, un grupo de hombres y mujeres que se rehúsa a vivir en un sistema impuesto sobre las cenizas de una democracia - imperfecta es cierto, pero democracia al fin – se reunió para hacer un llamado fundacional y recobrar la dignidad republicana en una nueva Carta Fundamental. El objetivo final de ese ejercicio democrático, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, será discutir los derechos a la educación, la salud, la vivienda, a una pensión justa, a la representación justa de todas las tendencias políticas, hoy negada por el sistema binominal, a un empleo y remuneraciones dignas, a definir el papel del Estado en la economía, a recuperar nuestras riquezas básicas, a integrar nuestro territorio, a redefinir el papel de las organizaciones locales… en fin, proceso político cuya marcha multitudinaria, en la esencia misma de los llamados democráticos, se iniciará en el símbolo que representa para todos los chilenos el Día de la Dignidad Nacional, el 11 de julio próximo.

El texto del llamado no deja lugar a dudas sobre las intenciones. Veamos algunos párrafos.

"La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de chilenos".

"La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios, ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las instituciones políticas y los medios de comunicación".

"Actualmente existen poco más de 3 millones de ciudadanos que de una u otra forma no participan en los procesos electorales, ya sea por no inscripción, abstención, o porque al rechazar las alternativas que se presentan votan nulo o blanco. Esta cifra representa 30.5% del padrón electoral potencial, el doble de la que no votó válidamente en la elección de 1989 [15,4%]".

"Factor fundamental para el éxito de esta tarea es la superación constructiva del sectarismo, el mesianismo y el dogmatismo, vicios que –paradojalmente- sirven a la mantención del status quo, porque contribuyen a neutralizar la fuerza de la mayoría ciudadana inspirada en ideales superiores de soberanía, dignidad y libertad. En el umbral del bicentenario de la República la unidad del pueblo hará posible poner fin a la vergonzosa vigencia de una Constitución esencialmente antidemocrática".

"Llamamos a todos los chilenos y chilenas –donde sea que se encuentren- para que, desde ahora mismo, suscriban este llamamiento, promuevan debates y emprendan múltiples iniciativas tales como plebiscitos comunales, o barriales, foros y charlas en agrupaciones estudiantiles, poblacionales, campesinas, colegios profesionales, etc., que pongan de manifiesto el mayoritario apoyo de los chilenos a una nueva Carta Fundamental".

Creo que es apropiado decir que con esta iniciativa hemos despertado a un león dormido: el pueblo de Chile.

Por Héctor Vega

Cuestionamiento limítrofe por parte de Perú ante la ONU

La Estrella de Arica, Miércoles 6 de junio de 2007


La comunicación por intermedio de las Naciones Unidas a más de 180 estados conlleva una indudable gravedad jurídica, pues caracteriza y hace público el desconocimiento de tratados de frontera vigentes.

El canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, reafirmó la semana pasada la decisión de formalizar en el curso de esta semana su cuestionamiento al límite marítimo vigente por medio siglo entre ambos países, contenido en tratados perfectos de frontera, practicado sostenidamente por ambos, y ejecutado y confirmado por toda suerte de actos recíprocos y reconocido por terceros.

El 17 de mayo pasado, su gobierno envió a la Oficina del Mar de las Naciones Unidas el texto de la ley N° 28.621, promulgada en 2005. Entonces, ella fue oportunamente objetada y protestada por Chile. Tras el citado envío, nuevamente fue objetada y rectificada ante dicha oficina el 19 de mayo. Ahora, por esa misma vía, Perú quiere hacer pública en las Naciones Unidas la cartografía destinada a caracterizar ese desafío.

Se trata, en primer lugar, de algo jurídica y políticamente innecesario: a falta de ley de bases, rige la de más baja marea. Aquélla no es necesaria sino cuando existe geografía que aconseja líneas de base recta, que no es el caso del Perú. Informar sobre líneas de base y demarcación de espacios marítimos es una recomendación a sus miembros de la Convención del Mar, de la que Perú no es parte. Se trata, pues, de un acto estrictamente voluntario.

La comunicación por intermedio de las Naciones Unidas a más de 180 estados conlleva una indudable gravedad jurídica, pues caracteriza y hace público el desconocimiento de tratados de frontera vigentes. Es políticamente adverso, tanto por su carácter y énfasis como por ser innecesario, contradiciendo y afectando una relación normal y que se había querido enaltecer bajo los actuales gobiernos.

Si la formalización y difusión de la nueva cartografía peruana se llevan finalmente a cabo, serán necesarias, por cierto, una aclaración ante las Naciones Unidas; una protesta ante el gobierno del Perú, y una clara y enfática declaración pública. Junto con reafirmar los componentes de esta bien establecida definición limítrofe y la justificada protesta que merece el acto peruano, deberá igualmente dejarse en claro, como se hizo en 1995, que Chile continuará ejerciendo los derechos y deberes que le franquea el derecho internacional en los espacios marítimos de los que siempre ha estado en posesión.

Además, ante este escalamiento así consumado de acciones desafiantes, cabría considerar, esta vez, la posibilidad de un recurso unilateral chileno ante la Corte Internacional de Justicia, no para que se pronuncie sobre límites establecidos y espacios que poseemos en derecho, sino para que declare el serio desconocimiento de tratados de frontera vigentes y perfectos.

Perú tendría que definir límite de frontera marítima con Chile: Oferta boliviana sobre Arica bajo la lupa de García Belaunde

La sugerencia del embajador de Bolivia en Lima, Franz Solano, de que Perú, Chile y Bolivia compartan la soberanía territorial de Arica –propuesta que le permitiría tener salida al mar al último de estos países– sería posterior, según el canciller peruano José García Belaunde, a que el Perú y Chile establezcan bilateralmente la delimitación marítima entre ambos países. "En la eventualidad, pues no hay ninguna propuesta formal hasta ahora, de que Bolivia pida a Chile una salida al mar por Arica, definitivamente (el tema de) la delimitación marítima (entre Perú y Chile) estaría en la discusión. Eso se verá en su momento", aseguró a La República el jefe de la diplomacia peruana. Señaló que el Perú no pondría ningún obstáculo a la aspiración boliviana de recuperar su salida al mar "en el entendido de que se va a respetar la servidumbre de Perú en Arica".

Concesión limítrofe debe consultarse a Perú, aclara García Belaunde.

Precisión

HISTORIA. Como se recuerda, según el Tratado de Límites de 1929, si Chile decide darle salida al mar a Bolivia por Arica, debería consultarle previamente al Perú, ya que esta ciudad fue peruana hasta la Guerra del Pacífico.

Fuente: Diario La República de Lima  tomado del Blog de Libardo Buitrago: http://libardobuitrago.blogspot.com/2007/05/per-tendra-que-definir-lmite-de.html

Corrientes y contracorrientes de libertad

Oscar Ugarteche

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Un rasgo de inicios del siglo XXI ha sido la creciente ola de intolerancia expresada por el Vaticano y por el Gobierno de Bush así como por los grupos radicales islámicos.  Esto quiere decir que en Occidente, de forma militante, los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica y sus feligreses han estado dispuestos a salir a las calles a defender su punto de vista y lo han hecho de manera recurrente y, en algunos casos, violenta atemorizando a la ciudadanía.  Ser católico hoy no quiere decir ser pacifista ni amante de la paz y el amor sino ser radical en la lucha contra el aborto y contra las uniones del mismo sexo.  Todo eso se hace en nombre de la vida haciendo eco al llamado franquista de "que viva la muerte".  La igualdad y la dignidad, que ocupa a San Agustín en sus reflexiones y a otros como Santo Tomás, han perdido vigencia ante el oscurantismo erudito de la iglesia contemporánea presidida ahora por Ratzinger (ex Tribunal del Santo Oficio) y antes por Wojzila, sacerdote polaco radical de derechas, anticomunista y muy intolerante.  En el no va más de la erudición ahora el Vaticano se distancia de los neoconservadores en que no ha regresado al creacionismo sino que permanece en la defensa del evolucionismo.

¿Qué significa que el Vaticano haya adoptado la decisión de tomar otra vez las calles en defensa de sus ideas? Primero, que en muchos países hay discusiones sobre la naturaleza del Estado sobre si es laico o secular ya que la Iglesia interviene en decisiones de Estado y en política activa.  Por ejemplo, en el Perú, en la decisión sobre la ley de igualdad de oportunidades discutida en marzo del 2007 en el congreso de la República, el cardenal pidió ser invitado para opinar en la comisión respectiva y logró que se retractaran de incluir en la ley de igualdad de oportunidades la discriminación por opción sexual, incluida en el texto.  En ninguna ley anti discriminatoria peruana existe la incorporación de la discriminación por opción sexual, a pesar de los numerosos intentos de incluirlos desde mediados de la década de los años 80.  Es la única discriminación abierta desde el punto de vista jurídico dentro del país, cortesía del conservadurismo nacional y del nefasto papel político de la Iglesia en dicho país.

Resistencias, pese a todo…

En España, un sacerdote jesuita, insospechado de intolerancia por su formación filosófica, fue quien lideró el año 2005 las marchas católicas contra el matrimonio del mismo sexo.  Estas marchas con sabor falangista tienen el efecto de suscitar la violencia fóbica y los crímenes de odio, pero, en su visión, es mejor estar muerto que contrariar la voluntad de Dios.  Afortunadamente en España la noción de estado laico es fuerte y la presión eclesial fue felizmente resistida.  La ley pasó, aunque luego alcaldes del Partido Popular se opusieron a ponerla en práctica.

En Chile, en el 2004, se debatió finalmente la incorporación de la ley de divorcio que estaba prohibida por intervención de la Iglesia y la ley anti sodomía.  Cuando se abrió la discusión para su reversión, la Iglesia intervino públicamente en su contra y perdió, afortunadamente para las fuerzas renovadoras.

En México, en las semanas de marzo del 2007, ha habido discusiones primero sobre la ley de parejas del distrito federal y de cinco Estados.  Esta ley permite la unión de dos personas con derechos sucesorios en cada lugar pero no brinda igualdad ante la ley federal.  No obstante, fue resistida militantemente por la iglesia y sus seguidores.  Fue aprobada y puesta en vigencia a mediados de abril cuando se abrió el debate sobre el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, lo que fue considerado como la ley del aborto y atacado con campañas mediáticas de alto costo en las calles, y los medios de comunicación masivos.  El resultado fue una ley controvertida a nivel de la ciudad de México.  Ahora, ambas leyes deberán discutirse en el Congreso federal para su promulgación como leyes federales.  La batalla será dura.

Lo que no puede discutirse, sin embargo, es que a pesar de la creciente intolerancia, y la manifestación abiertamente política de la Iglesia Católica, en América Latina, en estos temas, hay un movimiento de liberación en marcha, sin discursos, que gana espacios día a día, con muchachos y chicas asumiendo actitudes más libres de forma cotidiana y con mayores niveles de naturalidad.

Eso no quiere decir que la homofobia interna se haya eliminado ni que los/las jóvenes hayan asumido actitudes libres de manera uniforme.  No estamos ante 1968 sino ante cambios paulatinos dentro de un marco social más amplio que se ve angostado por las presiones desde el Vaticano a través de la iglesia católica de cada país.

Para acentuar los problemas hay los efectos de la administración neoconservadora de EE.UU. que restringió algunos derechos civiles adquiridos por la comunidad TLGB desde Stonewall El reciente despido de Lord Browne, Presidente de British Petroleum en Londres por mantener oculta una relación con su novio recordó la manera como Ted Heath debió dejar el cargo de Primer Ministro británico en 1974 cuando se le encontró en su velero en una tormenta, en la compañía de un agraciado joven.  La liberal Inglaterra tiene sus normas políticas bien puestas y hay cosas que tampoco admite.  Al otro lado, los alcaldes de París y Berlín viven con sus compañeros o se han Pacseado (PACS es el contrato matrimonial entre dos personas del mismo sexo en Francia).  Las noticias de negocios dicen que el Presidente de British Petroleum fue echado porque mintió ante la corte por su relación con un compañero.  Otros decimos que si hubiera dicho que tenía un compañero, no le hubieran dado el cargo.  Tampoco en la liberal Inglaterra.  La marcha atrás no sólo es en los países católicos ni en Estados Unidos, sino que es un viento en general.

La lucha legal

La lucha por avanzar está allí, abierta.  Ante estas evidencias, las actitudes naturales de libertad deben consolidarse y se debe buscar cambios legales en todos aquellos países donde las izquierdas laicas tienen mayoría gubernamental.  Venezuela, Brasil, Chile, Nicaragua, Cuba y Argentina son algunos donde el cambio de leyes nacionales se ve más fácil si los/las interesados se mueven.  Paradójicamente donde hay movimiento fuerte por el cambio de leyes nacionales es allí donde gobiernan partidos conservadores, como Colombia y México.  En Colombia el debate sobre una ley de matrimonios está en curso y en México está próximo a abrirse.  En el Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay no es tema de agenda.  La comunidad está aún abrumada por el retroceso y no muestra impulso para rechazar la intervención religiosa que es asombrosamente fuerte a pesar de la liberalidad social.

Quizás sea momento de hacer, como hizo el movimiento Act Up en la década del 80 en Estados Unidos, y sacar del closet a los/las conservadores gays y lesbianas, bi y trans que son personas públicas.  Sería una reivindicación para todos aquellos que estamos tratando de cambiar el mundo por uno de igualdad y que nos vemos torpedeados por nuestros propios hermanos y hermanas que, en el nombre de la homofobia interna, se ocultan y nos traban, escudados por partidos políticos conservadores y la Iglesia Católica.

Sacar del closet no es difamar, como lo hacen los heterosexuales, sino señalar con pruebas.  No se trata de victimizar a nadie sino de enrostrarle a la sociedad la hipocresía de los sectores más conservadores, desde presidentes de bancos centrales hasta senadores social cristianos que no ayudan en la causa sino la traban.  "Dios perdona el pecado pero no el escándalo".  El escándalo es hablar, es mostrarse.  Hay que hacer escándalo para abrir la sociedad y liberar las presiones de la discriminación, si esa es la definición.  No existe persona TLGB sin presencia pública.  Ese es el closet.  El escándalo real es la falta de autenticidad, de naturalidad, la vergüenza de uno mismo, la falta de dignidad.

Otro mundo es posible donde la indiferencia rija ante la forma como las personas se unen sentimental y sexualmente Terminaré, parafraseando un viejo lema recordado por un joven amigo epistolar, "Hasta la victoria siempre".

- Oscar Ugarteche, economista peruano y presidente de ALAI, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, e integra la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).

* Este texto es parte de la revista "América Latina en Movimiento", No. 420. (http://alainet.org/publica/revista.phtml)

Unicef: Ley Penal Juvenil lesiona derechos del niño en Chile

"Extender las sanciones privativas de libertad para adolescentes acusados de cometer delitos en los que no haya mediado violencia ni amenaza de violencia, contradice las finalidades que la misma ley declara", expresó el organismo. 

 

La organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirmó que la nueva reforma procesal penal lesiona el principio dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto a que la privación de libertad debe ser el último recurso y sólo para delitos graves y con violencia en las personas, y "con la nueva ley se establece esta sanción como única pena para ciertos casos de delitos no violentos".

Asimismo, la Unicef manifestó que en diversas oportunidades ha expresado la necesidad de reformar la justicia penal de adolescentes, por ello ha seguido muy de cerca el proceso de implementación de la Ley 20.084 que entra en vigencia el 8 de junio.

Aclaró que en los últimos meses ha participado en reuniones de especialistas y capacitaciones, insistiendo en que el sistema debe ponderar debidamente las necesidades de protección y desarrollo de los adolescentes y la convivencia social pacífica.

La entidad reiteró su compromiso con el país, especialmente con las personas menores de 18 años, de abogar por un monitoreo permanente a la implementación de esta ley para asegurar la plena vigencia de los derechos de las personas a las que se les aplique, en cumplimiento del mandato explícito que la Convención sobre los Derechos del Niño, el que ha sido refrendado por el Comité de los Derechos del Niño al examinar la situación de Chile en febrero

Revés para Bush en el medio ambiente

WASHINGTON - FANNY CARRIER/AFP

La Corte Suprema falló ayer que la Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) debe considerar los gases con efecto invernadero como contaminantes y tratar ese problema, en un golpe a la administración de George W. Bush.

A iniciativa del estado de Massachusetts, una docena de estados, varias ciudades grandes y una serie de asociaciones ecologistas apelaron a la justicia para determinar si la EPA tenía la autoridad para regular las emisiones de cuatro gases con efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono (CO2), en los automóviles nuevos.

'Porque los gases con efecto invernadero entran [en la definición legal] de `gases que contaminan la atmósfera', consideramos que la EPA tiene la autoridad legal para regular las emisiones de estos gases en los automóviles nuevos'', estimó la Corte, en una decisión aprobada por cinco votos contra cuatro.

La decisión no modificará directamente la política estadounidense en la materia, pero frente a la inacción de las autoridades, los defensores del medio ambiente confiaban en la justicia para impulsar un movimiento que la administración rechaza.

'El obstinado rechazo de la EPA para regular los gases con efecto invernadero hace que Massachusetts corra un riesgo `real' e 'inminente' ... Los peligros asociados al cambio climático son graves y ampliamente admitidos'', declaró el juez John Paul Stevens en la decisión.

La administración Bush se ha opuesto fuertemente a cualquier imposición a la industria para limitar la emisión de gases con efecto invernadero, y se ha negado a ratificar el protocolo de Kyoto, que busca una reducción global de estos gases, culpables del calentamiento del planeta.

Los ambientalistas afirman que desde que Bush llegó al poder en el 2001, su administración ha ignorado e intentado ocultar la evidencia sobre el calentamiento global y el rol de la actividad humana sobre el cambio climático.

En su reclamo, Massachusetts había destacado que perdería más de 4.5 metros de tierras a lo largo de su costa atlántica si el nivel del mar se eleva apenas 30 centímetros.

El gobierno, respaldado por nueve estados y varias organizaciones de fabricantes de automóviles, había pedido a la Corte que no interviniera, indicando que si el problema era tan grave como afirmaban los demandantes, no podía ser solucionado por una simple decisión judicial.

Además, el gobierno había explicado que la simple reducción de las emisiones de automóviles nuevos estadounidenses no tendría ningún efecto, o sería muy marginal, sobre un fenómeno que se desarrolla a escala planetaria.

''Aunque es tal vez verdad que la regulación de las emisiones de los automóviles no pondrá fin por sí misma al recalentamiento climático, eso no implica que no tengamos la autoridad de declarar si la EPA tiene el deber de adoptar medidas para desacelerarlo o reducirlo'', respondió la Corte.

''Es un momento clave en la lucha contra el recalentamiento climático'', celebró un portavoz de la asociación ecologista Sierra Club, Josh Dorner.

''Constituye un repudio total al rechazo de la administración Bush a utilizar su autoridad para enfrentar el desafío ... y envía también un mensaje claro a los mercados de que el futuro no se encuentra más en las tecnologías sucias y superadas de ayer sino en las soluciones de energía limpia del mañana'', añadió.

En total, Estados Unidos es responsable del 25 por ciento de las emisiones de gases con efecto invernadero en el mundo, pero el gobierno se niega a adoptar medidas que considera afectarían la economía del país.

No obstante, varios estados como California se han comprometido de manera independiente a reducir la emisión de estos gases. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, celebró la decisión de la Corte y conminó a la EPA a determinar pronto ``que los gases con efecto invernadero emitidos por los automóviles deben ser reducidos''.

Chile es el país sudamericano con mayor nivel de protección de los derechos de propiedad

La Tercera. Fecha edición: 06/03/2007 11:15

Un informe presentado esta mañana por el Instituto Libertad y Desarrollo reveló que Chile es el país sudamericano con mayor nivel de protección de los derechos de propiedad, aunque su mayor debilidad tiene relación con la piratería y la propiedad intelectual.

Rankeado en el puesto número 23, entre 70 países, los indicadores de mejor desempeño de Chile son la protección de la propiedad física, los bajos niveles de corrupción y la facilidad de registro de la propiedad.

Los peores indicadores del país en tanto, son la piratería, la independencia de los Tribunales de Justicia y la protección de la propiedad intelectual.

El Indice de Derechos de Propiedad analizó tres pilares fundamentales. Estos son entorno legal y político, derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual, dentro de los cuales se analizaron variables como la independencia judicial, estabilidad política, registro de propiedad, fortaleza de las patentes, piratería, etc.

El estudio reveló que los países desarrollados muestran mayores niveles de protección de los derechos de propiedad, estableciéndose una relación positiva y estrecha entre el índice de propiedad y el Producto Interno Bruto de cada nación.

Ley que crea Arica y Parinacota Región XV nacerá en El Morro

EL DIARIO CIUDADANO DE ARICA PARINACOTA

En su fase de preparación se encuentra el evento que se realizará el próximo 23 de Marzo en donde la presidenta Michelle Bachelet firmará la promulgación de la ley que crea la XV región de Arica y Parinacota.

Escrito por Marco Antonio Olivares

El próximo 23 de marzo, ¡todos a El Morro! En su fase de preparación se encuentra el evento que se realizará ése día, cuando la Presidenta Michelle Bachelet firmará la promulgación de la Ley que crea la XV región de Arica y Parinacota.

Claro que sí, por esto han visitado Arica y la comuna de Putre, funcionarios de la Subdere, junto a miembros del equipo de producción de las fiestas con las que se celebraría tan esperado anuncio.

Fíjese que la gran fiesta ciudadana se celebraría el Viernes 23 de Marzo en Arica y el sábado 24 en Putre.

ESCENARIO "NATURAL"

Para nuestra ciudad se ha elegido el histórico Morro de Arica para que la Presidenta Michelle Bachelet firme la Ley, acompañada de un numeroso coro de estudiantes de diferentes establecimientos educacionales ariqueños que interpretarán la Canción Nacional y, obviamente, el Himno de Arica, lo que seguro cargará a la ceremonia de emotividad y simbolismo.

Dicha actividad está prevista para el mediodía, mientras que para darle un magnífico marco artístico, por la tarde-noche, a las 20.00 hrs., se ha previsto la actuación del experimentado grupo chileno "Los Jaivas" que subirán a un monumental escenario de 16 metros de ancho por 10 metros de fondo e impresionates 12 metros de altura, con una iluminación y amplificación nunca antes usada en nuestra ciudad.

Para este evento se ha escogido la costanera San Martín, con el Morro como fondo de escenario. El público que se estima en 10.000 personas, según Orlando Vargas Pizarro, encargado de la puesta en escena del afamado grupo nacional.

Por su lado, Putre también se vestirá de fiesta con un evento que se realizará al día siguiente, en la plaza del pueblo frente a la Gobernación con un evento en donde brillaran las bandas locales con un gran almuerzo para 1.500 personas, consistente en un plato típico de la zona.

En este evento también se considera la visita de la presidenta aunque es menos probable que se concrete.

DE AQUÍ PARA ADELANTE

En el contexto político, de promulgarse la ley en el mes de marzo, debe instalarse un delegado presidencial, designado por la Mandataria, para que se haga cargo de articular la puesta en marcha de Arica Parinacota Región y, según autoridades de gobierno, la Ley estaría vigente en el mes de septiembre u octubre, en extactos 180 días después de su publicación en el diario Oficial. En todo caso, estos eventos son parte de un proyecto del Gobierno Regional, el cual es el encargado de darles el visto bueno final.

En definitiva, el 23 de marzo será un nuevo día para la historia de nuesdtra ciudad tan llena de leyes, pero que permanece expectante con su eterno e inagotable optimismo y fe en el porvenir.

 

Grecia.- Cientos de personas se manifiestan en Atenas para pedir igualdad de derechos para los hijos de inmigrantes

ATENAS, 10 Feb. (EP/AP) -  

   Cientos de persona se manifetaron hoy en el centro de Atenas pidiendo igualdad de derechos y ciudadanía para los hijos de inmigrantes nacidos en Grecia.

   Con pancartas en las que leía 'Yo nací aquí' y 'No al racismo', más de 600 inmigrantes pidieron al Gobierno que acabe con lo que ellos llamaron una "discriminación racial" contra los inmigrantes y garantice la ciudadanía a sus hijos nacidos en Grecia.

   Asimismo, los participantes en la marcha --organizada por asociaciones de inmigrantes y antiracistas y sindicatos-- también pidieron al Gobierno que facilite a los inmigrantes registrados la renovación de sus permisos de trabajo. Casi un millón de inmigrantes viven en Grecia, en su mayoría albaneses, paquistaníes y kurdos.  

LIBROS-ARGENTINA: La Patagonia al mejor postor

Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, feb (IPS) - Una investigación periodística sobre las cuantiosas compras de tierras en la Patagonia argentina por parte de multimillonarios extranjeros se constituyó en un fenómeno que excede lo literario. Tanto lugareños como turistas agotan ejemplares, deseosos de conocer el final de la historia real.

"Encaré el trabajo con el prejuicio de la mayoría de los argentinos que creen que están siendo despojados de la tierra", explicó a IPS el periodista Gonzalo Sánchez, autor de "La Patagonia vendida". Pero a poco de andar descubrió que el problema no eran los extranjeros que compraban, sino los locales que vendían.

En los últimos 15 años, magnates fascinados por la belleza de ese confín del mundo que se extiende en territorio argentino y chileno, desde el río Colorado en el centro de Argentina hasta Tierra del Fuego y desde el océano Atlántico hasta el Pacífico, adquieren vastas propiedades que incluyen ríos, lagos y montañas de ensueño.

Sánchez ofrece detalles de los más celebres vecinos y de sus compras en un cuadro que, no obstante lo que podría esperarse, no es maniqueo. "Encontré que la tierra en esta región fue entregada históricamente, que hay extranjeros haciendo un uso adecuado, y que hay un marco jurídico que favorece estas operaciones", dice.

"Los argentinos no son víctimas del despojo como yo pensaba", subrayó. "Hay un marco jurídico flexible que favorece la entrega, y los proyectos legislativos para regular estos traspasos no prosperan", remarcó.

El libro, que se traducirá al inglés, se agotó antes de su presentación a fines de 2006. El primer lugar donde vendió totalmente fue en la región de la Patagonia, contó a IPS la directora de la editorial Marea, Constanza Brunet. "Se generó un fenómeno social que excede lo literario, hay mucho interés en el sur y entre los turistas", remarcó.

Sin dejar de lado el paisaje al que describe como un paraíso que los argentinos recién comienzan a valorar, el autor desgrana los proyectos que desarrollan estos "nuevos dueños" gracias a sus fortunas siderales.

Uno de ellos es la familia italiana propietaria del Benetton Group, poseedora en 2004 de un patrimonio de 4.500 millones de dólares, según la edición de ese año de la revista estadounidense Forbes.

Con casi un millón de hectáreas productivas en la Patagonia, los Benetton están entre los mayores terratenientes privados de Argentina. Desde 1991 son dueños de la Compañía de Tierras del Sur, una firma que fue propiedad de británicos entre 1895 y 1975 y luego de argentinos hasta 1990.

En sus campos se cuentan 16.000 vacas, 260.000 ovejas y se producen 1,3 millón de kilogramos de lana al año. También hay una curtiembre, montes de pinos para la industria forestal y otros negocios.

Los Benetton donan leña, alimentos y ropa para el hospital zonal. "No veo cuál es el inconveniente, generan puestos de trabajo", dice Mario Das Neves, gobernador de Chubut, la provincia que tiene a la familia italiana como principal contribuyente, al autor del libro.

Sin embargo, sí hay algunos inconvenientes. Uno de ellos dio la vuelta al mundo. Fue cuando una familia mapuche fue violentamente desalojada de un lote de 535 hectáreas pertenecientes a una de las estancias de Benetton. La crisis se intentó saldar con una donación, pero se mantiene como un problema latente.

La mayoría de los mapuches de la Patagonia no han titulado las tierras que ocupan desde antes de la llegada de los españoles, pero que figuran como propiedad del Estado. Por eso se venden lotes habitados por aborígenes.

El conflicto llevó a los mapuches hasta Roma, donde se reunieron con Luciano Benetton a instancias del premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel. Pero la posterior promesa de donación de 7.500 hectáreas al gobierno de Chubut para el pueblo originario de la Patagonia no conformó a los afectados.

Sánchez se detiene luego en el magnate estadounidense Douglas Tompkins, quien posee otras 900.000 hectáreas, 630.000 hectáreas de las cuales están en la Patagonia chilena.

Tompkins, segundo propietario privado en Chile, creó el Parque Nacional Pumalín en ese país y el de Monte León en el sur de Argentina.

"Si se agotan los bosques, el agua, los suelos, la economía entrará en crisis", advierte Tompkins al escritor. "Por alguna razón estoy a la vanguardia, pero sé que en 20 años todos van a hablar de esto, con los recursos naturales sobreexplotados el sistema colapsa, y yo prefiero donar un parque nacional antes que comprar un jet".

Con un estilo más demagógico vive allí también el británico Joseph Lewis, dueño de la sexta fortuna de Gran Bretaña y con 14.000 hectáreas en la austral provincia de Chubut.

Lewis levantó un orfanato que parece un palacio muy cerca del Lago Escondido, un espejo de agua al que para llegar hay que pedir permiso en su estancia.

Otro de los propietarios famosos es Ted Turner, el empresario estadounidense que fundó la cadena internacional de televisión CNN. Encantado con la Patagonia, compró en 1996 la estancia La Primavera, en Neuquén, de 10.000 hectáreas, al hijo de un argentino que, a su vez, se la había adquirido a un británico..

El vendedor, Felipe Lariviere, le dijo a Sánchez una frase con la que arranca el libro: "La Patagonia es argentina sólo por casualidad". También le contó que el nuevo vecino, además de donar ambulancias y ayudar a la comunidad local, es un fervoroso defensor de la naturaleza, sobre todo en sus campos.

Sólo a fines de los años 90, a raíz del fuerte interés demostrado por los extranjeros, que valorizó la tierra patagónica, algunos argentinos comenzaron a incursionar en ese territorio. Los más conocidos son el conductor y empresario de televisión Marcelo Tinelli y el basquetbolista Manuel Ginóbili, estrella de la liga estadounidense NBA.

Pero la mayoría de los nuevos grandes propietarios son extranjeros.

"No creo que exista en el mundo un lugar más bello", dice Turner desde su estancia, que fue parte de un Parque Nacional. La ley permite su compra y venta por parte de particulares. Desde entonces, adquirió otras estancias en Neuquén y en Tierra del Fuego. En total posee 45.000 hectáreas en la región.

La historia de la fascinación con la Patagonia se repite. "Todo lo que escasea en el mundo lo puede ofrecer la Patagonia", asegura a Sánchez el belga Huber Grosse, que eligió 11.000 hectáreas en la provincia de Río Negro, donde funciona un refugio de polo y golf para turistas con altísimo poder adquisitivo.

"La Patagonia se colonizó con ganado, no con gente. Nadie se interesó en ser titular de la tierra y el Estado no sabe regular", sostuvo Grosse, convencido de que esta región hay que "preservarla mediante el turismo sustentable".

Y los casos siguen. Está el estadounidense Ward Lay, hijo del fundador de Frito-Lay, que le compró a los Benetton 80.000 hectáreas en Rancho Alicurá, entre las provincias de Neuquén y de Río Negro, para erigir allí un coto para la caza y la pesca con mosca. "En la Patagonia uno puede sentirse dueño de un pedazo del mundo para uno solo", comenta.

Algo parecido describe el francés Florent Pagny o su compatriota Michel Biquard, dueño del exclusivo hotel Los Notros, en Santa Cruz, único con vista al glaciar Perito Moreno, cerca de la localidad de El Calafate, refugio de descanso del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, y su esposa, la senadora Cristina Fernández.

Para Sánchez, El Calafate es paradójicamente uno de los sitios que ilustra mejor su idea de que muchos funcionarios argentinos están haciendo su negocio con la venta de tierras fiscales, al punto de transformar pequeños municipios en verdaderas inmobiliarias que ofrecen tierras al mejor postor. (FIN/2007

Apple pide la supresión de los sistemas de protección de copia en Internet

NUEVA YORK, 7 Feb. (EUROPA PRESS) - 

 

El consejero delegado de Apple, Steve Jobs, ha pedido la supresión de los sistemas de protección de copia en Internet (gestión de derechos digitales, DRM por sus siglas en inglés) al considerar que "no han funcionado y nunca conseguirán detener la piratería musical".

En un comunicado, Jobs responde a las presiones para que Apple abra su sistema DRM y permita de esta forma a otras empresas informáticas hacer uso del mismo y hacer compatibles sus productos con los de los iPod. El consejero delegado de la compañía recuerda que el DRM fue creado para que las cuatro grandes discográficas --Universal, Sony BMG, Warner y EMI-- accedieran a ofrecer su música en Internet.

 

Jobs dice que, en las actuales circunstancias, hay tres opciones, que son mantener el sistema actual, abrir el sistema DRM a la competencia y suprimir definitivamente el sistema DRM, en contra del criterio de las discográficas.

Tras rechazar la primera opción y considerar que la segunda "implica sacar a la luz algunos secretos" que podrían dañar a la propia Apple, Jobs se decante por la tercera, la de "abolir enteramente el sistema DRM".

"Imaginen un mundo en el que cada tienda 'on line' vende música sin DRM en formatos de licencia abierta", señaló. "Claramente, ésta es la mejor alternativa para los consumidores, y Apple la apoyará abiertamente", añadió.

PC molesto por sentencia que prescribe delito de exhumación de cuerpos

Con indignación y preocupación reaccionó el Partido Comunista (PC) ante la sentencia dictada por el ministro Patricio Villarroel, quien propuso la prescripción del delito por la exhumación ilegal de cadáveres en el caso de unos 30 asesores del ex Presidente Salvador Allende, asesinados tras ser detenidos en el palacio de La Moneda.

El miembro de la comisión política del PC, Juan Andrés Lagos, explicó que se trata de un procedimiento "brutal e inhumano" que se utilizó durante el gobierno de Augusto Pinochet. "Todo el aparataje represivo de acuerdo a los antecedentes que van surgiendo, no solamente en este caso, sino también en otras situaciones donde se registraron procedimiento similares conocidos en la jerga castrense como la operación retiro de televisores", agregó.

En este sentido, precisó que "aunque se trata de un fallo en primera instancia, puede crear un precedente extremadamente grave y por cierto favorable a la impunidad en otros casos en los cuales se utilizaron prácticas como éstas que se podrían tipificar de la misma forma".

El dirigente afirmó que esta prescripción "contraviene y se contrapone a una serie de investigaciones y fallos judiciales que se han realizado en nuestro país donde también se violan preceptos internacionales incorporados a la Constitución chilena a propósito que este tipo de crímenes son inamnistiables e imprescriptibles".

"Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, como las que fueron cometidas por el gobierno de Pinochet, en cualquier circunstancia estos casos no prescriben ni tampoco pueden ser amnistiados", indicó Lagos.

Finalmente, dijo que el PC reitera que se trata de "un hecho arbitrario, francamente ilegal, que transgrede, que se trata de crímenes de lesa humanidad por lo tanto que no se pueden prescribir ni amnistiar. Por lo demás, estas dos formalidades son diferentes. En este caso, el juez Villarroel ha instalado la prescripción, cuestión que transgrede la legislación nacional e internacional respecto a crímenes de lesa humanidad".

Orbe

SENTENCIA DEL MINISTRO VILLARROEL SOSTIENE QUE SÓLO SE FALTÓ AL CÓDIGO SANITARIO

Según la sentencia, en este caso no se puede configurar un delito de "lesa humanidad".

Prescribe lanzamiento de cuerpos de los desaparecidos de La Moneda
De no revocarse esta sentencia en las cortes, podría sentarse jurisprudencia para los autores, cómplices y encubridores de la "Operación Retiro de Televisores" posterior a 1978.

Jorge Escalante

La Nación

Los autores de las operaciones realizadas por la dictadura para lanzar cerca de mil cuerpos al mar entre 1974 y los primeros años de la década de los '80, podrían quedar sin sanciones si las cortes no revocan la sentencia de primera instancia dictada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricio Villarroel.

El juez absolvió a los tres oficiales y cinco suboficiales, todos retirados, que permanecían procesados y acusados formalmente por el delito de "exhumación ilegal" de unos treinta cuerpos de asesores y guardias personales del ex Presidente Salvador Allende.

Luego de ser detenidos en La Moneda el día de la asonada militar del 11 de septiembre de 1973, fueron trasladados al regimiento Tacna y asesinados dos días después en un campo de entrenamiento del Ejército ubicado en Peldehue, al sur de Santiago. Sus cuerpos fueron ocultados al interior de un pozo seco a seis metros de profundidad, dentro del cual lanzaron granadas para provocar derrumbe y tapar la excavación.

El magistrado fundamentó el miércoles pasado la absolución con el argumento de que la acción penal se encuentra extinguida por el paso del tiempo, debiéndose aplicar el beneficio de la prescripción. Para el juez, al igual que para el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien conocía de la causa antes de inhabilitarse en mayo de 2006 debido a una figura de procedimiento, el delito de "inhumación y exhumación ilegal" de los cuerpos de estos prisioneros, sólo constituyó una violación al Código Sanitario, según el Código Penal, y está lejos de configurar un "delito de lesa humanidad".

De confirmarse esta tesis jurídica en la Corte de Apelaciones de Santiago y luego en la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando se llegue a ella vía recursos de casación por los querellantes, abogados de derechos humanos y agrupaciones de familiares de las víctimas, se teme que se siente jurisprudencia respecto de todos los autores, cómplices y encubridores de la conocida como "Operación Retiro de Televisores", así como de quienes materialmente lanzaron los cuerpos de los prisioneros al mar antes de fines de 1978.

La "Operación Retiro de Televisores" consistió en ubicar por el sur y norte de Chile las fosas clandestinas con cuerpos de detenidos para desenterrarlos y hacer desaparecer para siempre los cadáveres arrojándolos al mar. Esta fue ordenada por el dictador Augusto Pinochet, se estima a comienzos de diciembre de 1978.

Los autores

El desentierro de los cuerpos de los ejecutados en Peldehue ocurrió cinco años después, los días 22 y 23 de diciembre de 1978. Los cadáveres fueron ensacados amarrándoseles un trozo de riel a cada uno, subidos a un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército (CAE) y arrojados al mar a la altura de la fundición de cobre de Ventanas en la costa de la Quinta Región.

La operación de Peldehue fue dirigida en terreno por el jefe de la Sección II de inteligencia del regimiento Tacna, capitán Luis Fuenzalida Rojas, bajo la supervisión del entonces comandante del Tacna, coronel Ricardo Canales Varas.

Según se estableció en la indagatoria, desde Pinochet la orden del desentierro de Peldehue bajó al comandante de la Segunda División del Ejército y comandante de la Guarnición de Santiago, general Enrique Morel Donoso, quien a su vez la transmitió no directamente a Canales, sino al comandante del grupo de Artillería del Tacna, mayor Joaquín Molina Fuenzalida. Este es el mismo que a fines de octubre de 1988 fue asesinado a tiros por el "Mamito", hijo del ex jefe de la DINA Manuel Contreras.

En el desentierro también participaron los suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez, Darío Gutiérrez de la Torre, Fernando Burgos Díaz, Sergio Medina Salazar e Isidro Durán Muñoz. Todos ellos, además de los tres oficiales mencionados, quedaron absueltos por la sentencia del ministro Villarroel.

El abogado querellante Nelson Caucoto, como el abogado Joseph Beraud del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior como el Consejo de Defensa del Estado, apelarán de este dictamen ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Una reunión internacional busca soluciones para acabar con el drama de los niños soldado

 Un niño soldado de Uganda del grupo rebelde, donde se calcula que hay unos 1.500 jóvenes. (Foto: AFP)

Actualizado domingo 04/02/2007 08:29 (CET)

 

EFE

PARÍS.- La conferencia internacional 'Liberemos a los niños de la guerra' se abre este lunes en París con la ambición de dar un nuevo impulso a la lucha contra el reclutamiento de menores por fuerzas o grupos armados en conflictos, exigir su liberación y facilitar su reinserción en la sociedad.

Organizada por el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y Francia, la reunión, de dos días, congregará a más de 250 representantes de donantes y de países afectados por este problema, instituciones internacionales y las ONG, y contará con el testimonio de antiguos 'niños soldados', como Ishmael Beah de Sierra Leona.

Se calcula que actualmente hay más de 250.000 menores reclutados o utilizados por fuerzas o grupos armados, esencialmente en África, pero también en Asia y en Colombia (por la guerrilla). La proporción de niñas puede llegar en ciertos casos al 40%, según datos difundidos con motivo de la conferencia.

Los conflictos en seis de los doce países donde está probada el uso de niños soldados están sobre la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU (Burundi, Costa de Marfil, Birmania, República Democrática de Congo, Sudán y Somalia).

"Son utilizados como combatientes, mensajeros, espías, portadores, cocineros, y las niñas a menudo son explotadas sexualmente, privándoles de sus derechos e infancia", denuncia la directora general de UNICEF, Ann Veneman, que abrirá la reunión junto al ministro francés de Exteriores, Philippe Douste-Blazy.

También está anunciada la intervención, en la inauguración, de la representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, y del ex niño soldado Beah. La conferencia concluirá el martes con la adopción de los 'Compromisos de París' por los Estados participantes que prometerán poner fin a la utilización "ilegal e inaceptable de los niños en los conflictos armados", según el Ministerio francés de Exteriores.

Los países que suscriban estos compromisos se comprometen también a permitir que las organizaciones de protección de la infancia hagan su trabajo en las mejores condiciones. "La comunidad internacional debe movilizarse sobre este dossier, que no debe estar sólo en manos de las ONG. Es preciso que los responsables políticos se impliquen", afirma Douste-Blazy.

En la reunión también se presentarán los 'Principios de París', que actualizan los 'Principios del Cabo' adoptados en 1997 en una reunión en esa ciudad sudafricana y que deben sentar una definición más estricta del 'niño soldado'. Es decir, "toda persona menor de 18 años reclutada o utilizada por un grupo o una fuerza armada, sea cual sea la función que ejerza". Por tanto, precisa el texto, no se trata sólo de niños que tomen parte o hayan tomado parte "directamente" en las hostilidades.

Los 'Principios de París' servirán de base para la elaboración de programas de protección, liberación y reinserción "duradera" de los niños soldados, con la prevención del reclutamiento de los menores y las necesidades "específicas" de las muchachas como prioridades.

Los programas realizados desde hace diez años a favor de los niños soldados han permitido percibir mejor las dificultades de estos niños, por lo que la conferencia será una ocasión para aumentar los recursos necesarios. "Hemos hecho progresos llevando a los niños desde el campo de batalla hasta sus comunidades y las aulas escolares, pero queda mucho por hacer", sentencia la directora de UNICEF.

La conferencia se abre sobre el trasfondo de los preparativos para el primer juicio en la Corte Penal Internacional (CPI) de un acusado de reclutar a menores de 15 años. Se trata del líder rebelde de la RDC Thomas Lubaga Dyilo, imputado por crímenes de guerra y contra la humanidad por la fiscalía de la CPI.

Polacos rechazan base estadounidense de antimisiles

VARSOVIA, 1 de febrero.— En medio del rechazo de la mayoría de los polacos a la instalación de una base estadounidense de cohetes antimisiles, el viceprimer ministro Andrzej Lepper, abogó hoy en Kiev por someter a referendo esa propuesta de Washington, informó PL.

Lepper, de visita privada en Ucrania, anunció que el Gobierno de Polonia todavía examina la petición de Estados Unidos, cursada el pasado viernes, y efectúa consultas antes de decidirse.

Estados Unidos pretende instalar en suelo polaco, cerca del territorio ruso, una base de misiles interceptores de cohetes balísticos en pleno vuelo, la primera fuera de su territorio, donde tiene ese tipo de enclaves en California y Alaska.

Según un sondeo del instituto Pentor y divulgado ayer por el diario Zycie Warzsawy, el 58% de los entrevistados rechaza el establecimiento de esa instalación.

Entre quienes se oponen con más fuerza a la solicitud de la Casa Blanca se destacan los jóvenes con el 60%, superados por el 63% de las mujeres, cuando el sondeo se clasifica por sexos.

Google pierde el nombre "Gmail" en Europa

El correo electrónico del buscador pasará a llamarse "Google Mail", luego de caer en una batalla legal contra un empresario alemán de 32 años que tenía registrada la marca.

Diarioexterior.com
2 de febrero de 2007

El buscador Google perderá el nombre "Gmail" en Europa, luego de caer en una batalla legal con un ejecutivo alemán dueño de una empresa de servicios de direcciones de correo electrónico que lleva el mismo nombre, a única diferencia que separado por un guión.

El empresario Daniel Giersch de 32 años logró -luego de varias ofertas e Google para que retire la demanda- que el megabuscador no pueda usar el la marca "Gmail" en Alemania.

El conflicto se inicio cuando Giersch detectó que su marca "G-Mail" era muy parecida a "Gmail" de Google. Además casualmente el servicio de "G-mail" también proporciona direcciones de correo electrónico con las extensiones "gmail.de"

Según Gierish, durante lo que duró el conflicto por el nombre, Google llegó a ofrecerle 250 mil dólares para que dejara el caso, e incluso, según el mismo afectado, la empresa mostró actitudes "muy amenazantes, agresivas y desleales, además de maléficas".

El correo electrónico del buscador pasará a llamarse "Google Mail" en Europa luego de una decisión de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

La heredera

ALEJANDRO ARMENGOL

Una opinión se destacó entre tanto intelectual cubano que quiso expresar su criterio tras la reaparición en la televisión oficial de tres notables censores del llamado ''quinquenio gris'' de la cultura.

En un mensaje electrónico dirigido al escritor Reynaldo González, una cubana aclaró que no era artista ni escritora, pero que pese a ello quería enfatizar su identificación con ``el temor a que se diluyan momentos de la historia, que aunque nos duelan y avergüencen, deberían analizarse profundamente para evitar que se repitan''.

Luego afirmó que los diferentes programas de televisión --en los que aparecieron Luis Pavón, Jorge Serguera y Armando Quesada-- mostraban ''sólo la punta del iceberg''. Agregó que ``la reacción provocada responde a malestares más profundos que aún no tienen el respaldo necesario de nuestra sociedad, expresado en sus políticas''.

Diversos escritores señalaron la necesidad de un debate sobre lo ocurrido en los años setenta. Señalar causas y errores. Identificar responsabilidades. Ir más allá de mencionar a Pavón, Serguera y Quesada. Esta urgencia de una profundización se expresó con mayor lucidez en el exilio y también con la tibieza acostumbrada en la isla. Pero quedó claro que se trataba de una cuestión no resuelta, ni por parte del gobierno actual ni tampoco de las víctimas.

Así que el pedido de esta cubana --ir al fondo de lo ocurrido, para evitar su repetición-- no estuvo aislado. Lo singular es quien lo hizo: Mariela Castro Espín, la hija del gobernante interino, Raúl Castro, y sobrina del postrado comandante en jefe, Fidel Castro.

Un conocimiento elemental de la biografía de Castro Espín indica que no hay nada extraño en que ésta critique al organismo responsable de la televisión en la isla. Lo que sí llama la atención es el énfasis que establece en la necesidad de transformar ese organismo, al decir que hay que ``analizar y discutir estilos de pensar, ambivalencias, ausencia de definiciones coherentes en la política institucional del ICRT que debe saber expresar nuestra política cultural, educacional, de la mujer, etc.''.

Esto es prácticamente solicitar un cambio total en una institución que por décadas se ha limitado a servir de órgano de difusión de los discursos e intervenciones públicas de su tío, y a llenar el resto de sus espacios de transmisión con programas aburridos y propaganda (todavía más aburrida).

Salvo la posibilidad de ver películas --y en los últimos años algunas telenovelas--, poco ha brindado la televisión cubana de interés a los espectadores.

Hasta el momento, Castro Espín se ha destacado como defensora de la libertad de orientación sexual. Desde su puesto de directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) y de la revista Sexología y Sociedad, ha sido una activista constante de los derechos de los homosexuales y promotora de la efectiva prevención del sida. Esto por supuesto que indirectamente la implica en la polémica: si por algo se destacaron los tres censores fue por su persecución sin tregua de los homosexuales. Sólo que no hay que olvidar que en esta labor se limitaron --acusarlos de excederse es posible en algunos casos, pero no en la puesta en práctica de una política-- a cumplir órdenes de los hermanos Castro.

No deja de resultar paradójico, por no decir irónico, el interés que desde hace años viene demostrando Castro Espín en la defensa de los homosexuales. Como tampoco resulta exagerado agregar que hay en el hecho un aspecto de rebelión familiar, aunque permitida. Su labor en este terreno ha resultado destacada, si se tiene en cuenta no sólo el historial represivo del régimen hacia el homosexualismo, superado en gran parte, sino también el machismo de la sociedad cubana, todavía imperante en buena medida.

Tampoco hay que pasar por alto una diferencia fundamental: el régimen practicó una represión política contra ciertos homosexuales --al tiempo que admitía y premiaba a otros--, mientras que el rechazo machista fue y es generalizado. La labor de Mariela Castro Espín tiene que ver con esta última forma de discriminación, al tiempo que elude la primera.

Sin embargo, la labor de la directora del CENESEX ha sido meritoria en este sentido. Aunque en este empeño no se ha visto libre de la sospecha de dedicarse a una labor desde una posición única --privilegiada por su nacimiento-- y a partir de un momento en que hubo un cambio de política por parte del gobierno. Si bien su edad, 43 años, la salva del reproche de no dedicarse antes a esta tarea, no por ello ha dejado de aprovecharse de la ventaja de llevar a cabo una función en momentos en que ésta resulta plenamente aceptada por el Estado.

Sería injusto acusar a Castro Espín de buscar el satisfacer un capricho propio de ''hija rebelde de papá'', pero tampoco es ajena al hecho de cumplir un objetivo que desde hace años interesa al poder castrista: presentar al exterior el ''rostro humanitario, liberal y progresista'', tanto del proceso revolucionario como de su familia.

La pregunta que surge ahora es si, a partir de un traspaso de poder que cada día parece más irreversible, Castro Espín tendrá la posibilidad de empezar a desempeñar un papel más destacado dentro de la jerarquía de gobierno, y si entonces se convertirá en una impulsora de las reformas necesarias.

Su actuación en los últimos meses no deja duda respecto a su interés en esta función. No sólo se ha convertido en un portavoz que ha eludido la ambigüedad sobre la reaparición pública del gobernante cubano: fue ella quien dijo que ''la familia'' le había pedido a éste que se cuidara y no estuviera presente en el homenaje y el desfile militar celebrado en diciembre. También ha planteado la necesidad de cambios en el país, entre ellos un debate sobre los problemas económicos, para así satisfacer las necesidades materiales de la población.

Nada de lo anterior la aleja de enfatizar su militancia comunista y la fidelidad al régimen. Por otra parte, no hay que olvidar que fue la cúpula dirigente la que llevó a cabo las reformas que pusieron fin a la sociedad comunista en la Unión Soviética. Está por verse si Castro Espín es una verdadera reformista o simplemente la versión light de la familia Castro.

Revés legal para medidas antimigratorias en EEUU

21/01/2007 - 16:02
IBLNEWS, AGENCIAS

Cuando se trata de inmigración ilegal, el alcalde Lou Bartletta ha encabezado la lucha para detenerla en diversas comunidades del país, y éstas lo han respaldado incluso hasta en los tribunales.

Desde mediados del año pasado, cuando Barletta comenzó su campaña para librar de inmigrantes ilegales a esta pequeña comunidad al noreste de Pensilvania, más de 100 municipios en 27 estados han analizado posibles leyes que van desde penalizar a compañías que
emplean a inmigrantes indocumentados hasta hacer que el inglés sea el idioma oficial del gobierno local.

Pero los opositores de dichas medidas y operativos han contraatacado, interponiendo media docena de recursos legales en lugares como Hazleton, Valley Park, Misurí, y Farmers Branch, Texas. Y, hasta ahora, pueden presumir una marca perfecta: ninguna de las leyes se está aplicando.

En algunos casos, jueces estatales y federales han bloqueado las leyes. En otros, los mismos ayuntamientos se han retractado, al no estar dispuestos o preparados para librar costosas batallas legales.

Después de que un juez federal prohibiera a Escondido, California, multar a caseros que rentan a inmigrantes ilegales, el concejo del ayuntamiento descartó la medida y acordó pagar 90.000 dólares a los abogados opositores.

En el caso de Valley Park, el juez de la Corte de Circuito de San Luis emitió una orden restrictiva y dijo que había "grandes lagunas" en la ordenanza de la ciudad, la cual estaría enfocada a negocios y a los caseros.

"Creo que los jueces se muestran reacios a permitir que una ordenanza tenga impacto si hay posibilidad real de que vaya a ser declarada inválida", expresó Linda Martínez, abogada que lucha contra la ley de Valley Park.

De acuerdo con un análisis efectuado por el Centro para el Cambio Comunitario, un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes con sede en Washington, 35 ayuntamientos locales han aprobado leyes contra la inmigración ilegal, 35 de estas comunidades las han declarado nulas y hay otras 35 ordenanzas pendientes.

En Hazleton, donde inmigrantes hispanos han engrosado la población en más del 30%, Barletta está ocupado defendiendo su Ley de Alivio contra la Inmigración Ilegal de una impugnación legal interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) y grupos activistas hispanos.

Dicha ley, que ha sido revisada cuatro veces por el concejo municipal en un intento de proporcionarle bases legales más firmes, impondría multas a los propietarios que renten viviendas a inmigrantes indocumentados y negaría permisos de operación a compañías que los contraten. Una ordenanza adjunta requeriría que los inquilinos se registren en el ayuntamiento local y paguen un permiso para poder rentar.

La ACLU argumenta que las medidas pisotean el poder exclusivo del gobierno federal para regular la inmigración. El juez federal de distrito James Munley emitió una orden restrictiva temporal contra la ciudad el 31 de octubre, diciendo que había una "probabilidad razonable" de que las leyes fueran declaradas inconstitucionales.

Munley le propinó al ayuntamiento local otro revés el mes pasado, cuando se rehusó a ordenarle a la ACLU que revelase los nombres de algunos de los demandantes, quienes habían solicitado permanecer en el anonimato porque son inmigrantes ilegales.

"Los reveses que hemos sufrido en los tribunales federales han sido muy desafortunados", expresó Barletta. "Todo lo que quiero es un campo justo para contender. Se vuelve muy difícil demostrar tus argumentos cuando desconoces quién te está demandando".

Kris Kobach, profesor de derecho en la Universidad de Misurí que defiende las ordenanzas en Hazleton y Valley Park, dijo que la mayoría de los ayuntamientos que enfrentan impugnaciones en cortes judiciales acordaron voluntariamente retrasar la aplicación de las medidas hasta que se resuelvan los asuntos legales.

Kobach, asesor de inmigración mientras John Ashcroft se desempeñaba como secretario de Justicia, dijo que sus clientes tienen a su favor las leyes federales y la Corte Suprema como precedente.

"La mayoría de estas órdenes restrictivas temporales no representan una consideración judicial de los asuntos en ningún sentido relevante", expresó Kobach. "Son sólo acuerdos a los que llegan abogados para mantener el status quo".

Sin embargo, los jueces han expresado reservas. En el caso de Escondido, por ejemplo, el juez federal de distrito John Houston escribió que tenía serias dudas sobre la constitucionalidad de la ley.

La primera prueba real de si los operativos locales sobrevivirán el escrutinio judicial ocurrirá en marzo, cuando Hazleton y Valley Park defiendan sus ordenanzas en un juicio.

Barletta cree que el asunto en última instancia será decidido por la Corte Suprema de la nación. Aconseja a los ayuntamientos que deseen abordar el problema de la inmigración ilegal que sigan de cerca el enfoque de Hazleton.

"Básicamente obtendrán asesoría legal gratuita y creemos que nuestras ordenanzas aprobarán cualquier escrutinio judicial", expresó.

Pero Omar Jadwat, abogado de la ACLU que combate las ordenanzas, dijo que cree que la maniobra legal ha hecho que muchos ayuntamientos locales reflexionen muy bien antes de ir en busca de inmigrantes ilegales.

"Están aguantando hasta que haya más claridad de parte de los tribunales", afirmó.

Aunque aún falta que las leyes sean aplicadas en cualquiera de los lugares donde han sido impugnadas, muchos hispanos _ilegales o con otro estatus migratorio_ ya se han marchado. Las zonas de negocios hispanos en Hazleton, Farmers Branch y Riverside, Nueva Jersey, todas reportan agudos descensos.