Fwd: FW: Por los 43 de Iguala

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Yolanda Soto Vergara

ATENTAMENTE

L.Bork

Los 43 desaparecidos de Iguala, México

A casi dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México envío un artículo dramático de Iris Aceitón Venegas.
Y como decía un letrero de una de las madres de los desaparecidos:
“La indiferencia del mundo es nuestra peor tragedia”
Por favor lo hacen circular en su red de contactos
Por los 43 de Iguala
Siento asco, mucho asco. A medida que pasan los días esta repugnancia se me va convirtiendo en estertores con nauseas. No consigo vomitar la pudrición que me atora y que se va apoderando de todo lo que me rodea.
Quisiera tener en todas las terrazas de mi departamento maceteros con cannabis floreciendo a pleno sol. Confeccionar mis propios porros para atenuar los dolores de mi fibromialgia que me agobia y me atrofia más aun mis gastados huesos y, así no regalarles un puto peso a los nefastos traficantes que lucran con el dolor ajeno.
No es depresión la que sufro. Esto de no creer en nadie…Es muy potente sentir que los sueños se disipan o no existen, cuando se han atesorado tantos y se ha luchado tanto por ellos.
¿Dónde están? ¿Dónde están?
Observo los rostros morenos, tatuados de surcos por años de sufrimiento y explotación, con la huella de los años pasados, del sol azteca, inundados de lágrimas y desesperanzas. Son mujeres y hombres que buscan desesperados a sus hijos allá en el “México lindo y querido” como dice la canción. En ese México de Octavio Paz: “Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”
Fueron secuestrados por la autoridad. Quemados, algunos vivos… Enterrados, algunos vivos… Ese infalible método de exterminio lo conocemos de tan cerca. ¿Será por eso que nuestra capacidad de asombro se desvanece cada día?
Quisiera oír a la Presidenta, a las Iglesias chilenas, a la Camila, al Giorgio, al Boric, a la Karol, porque ellos fueron estudiantes también, aunque hoy sean parlamentarios. Quisiera oír a todos los actuales dirigentes de las organizaciones estudiantiles de Chile, llamar a una multitudinaria concentración.
Que se sumen a esta convocatoria los trabajadores, con sus gremios y sindicatos. Que se unan por una vez y marchen juntos la CUT y las demás centrales sindicales. Los colegios profesionales  y los cesantes también.
Que los homosexuales que tanto lucha por sus justos derechos, dejen de mirarse el ombligo. Los travestis, las prostitutas. Los discapacitados que no tienen cabida en la mediática Teletón y, también los que tienen el privilegio de pertenecer a ella. Todos se unan para clamar por los 43 muchachos de Iguala.
Que los políticos y politólogos chilenos detengan sólo por unas horas sus verborreas trasnochadas que ya nadie les cree… Que dejen de alimentar su ego y de escucharse a si mismos y alguna vez escuchen. Y exijan desde sus madrigueras de mármol, justicia verdadera al gobierno narco y títere de México.
Que las mujeres, que somos las que parimos y que sólo nosotras sabemos lo que es amar a los hijos, estemos, a pesar de la distancia física junto a esas madres que los buscarán eternamente.
Que este clamor a rostro descubierto, sin cabida para los encapuchados, crezca como un reguero de pólvora y se extienda para todo el país, el continente, por todo el planeta.
A este llamado acudiríamos todos los padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, todos los seres humanos que verdaderamente defendemos la vida.
Los 43 jóvenes de Iguala no pueden ni deben ser olvidados. Solamente así vamos a terminar con esta costumbre de torturar, desaparecer, de matar… Sólo así, en este mundo va a valer la pena vivir.
Iris Aceitón Venegas

CARTA DE UNA ABUELA FUNDADORA DE "ABUELAS DE PLAZA DE MAYO"

Padre José Aldunate entregó llaves del portón de Villa Grimaldi

Después de 16 años como custodio moral del clausurado portón del ex centro de tortura, el sacerdote entregó las llaves a nuevas generaciones de chilenos. Emotivo acto, tuvo lugar el viernes 10 de diciembre con presencia de autoridades nacionales comunales e institucionales.

 

En un simbólico y emotivo acto, realizado en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos humanos, el destacado sacerdote y teólogo jesuita, José Aldunate, entregó a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi las llaves del que una vez llamó "portón de la muerte" en alusión a su uso en el período de la dictadura de Pinochet cuando ingresaban por allí los prisioneros al centro de tortura. El portón de Villa Grimaldi fue clausurado hace 16 años, tras una larga lucha por la recuperación del terreno por parte de un movimiento ciudadano liderado por el sacerdote.

 

Tras la clausura del portón, la comunidad había pedido al jesuita (fundador del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo) que conservara la llave del candado quedando como garante de que la puerta del  horror nunca más sería abierta. Con 93 años, sintiéndose cerca de la muerte, el sacerdote pidió traspasar el compromiso, y entregó la llave a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi que hoy administra este Sitio de Memoria.

 

"Entrego el encargo de mantener siempre viva la memoria en Villa Grimaldi, y mantener el Parque Por la Paz. Para mí es una enorme satisfacción que se haya recuperado este lugar. Siento que mi vida no fue en vano", dijo el sacerdote durante la ceremonia. Con paso cansado, pero decidido, se puso de pie para hacer entrega formal de su misión, y pidió dirigirse a los presentes, instándoles a "seguir trabajando para construir un mundo de paz y concordia que sea digno para toda la humanidad". 

 

 Fundador del Movimiento contra La Tortura Sebastián Acevedo, el padre Aldunate y sus seguidores (laicos y religiosos) denunciaron esta práctica durante la dictadura de Pinochet poniendo en riesgo sus vidas en decenas de acciones pacíficas frente a centros clandestinos de detención. Terminada la dictadura, Aldunate convocó a la ciudadanía a recuperar Villa Grimaldi dando ejemplo de compromiso y coherencia en la defensa de los derechos fundamentales.

 

A nombre del Directorio de la Corporación, recibió las llaves Ana Cristina Torrealba, y agradeció el gesto Flor Hernández. En referencia a los desafíos emprendidos por la institución, Hernández  destacó: "Han pasado 16 años. Aquí florecieron nuevamente las rosas, y con ellas floreció el compromiso de 'nunca más'. A través de diversos proyectos y actividades, la Corporación ha logrado convertirse en un referente nacional e internacional por su contribución a una cultura de los derechos humanos", destacó. Y en referencia a la tarea traspasada por el sacerdote, afirmó "el  padre nos pone un enorme desafío. Por nuestras convicciones y por la admiración que nos inspiran hombres y mujeres como usted- enfatizó- nos comprometemos a asumir esta tarea".

 

En la ceremonia estuvieron presentes el Alcalde de Peñalolén Claudio Orrego,  el Senador Camilo Escalona, el diputado Enrique Accorsi, y la madre de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria. También estuvieron en el acto los sacerdotes Pierre Dubois y Roberto Bolton, el párroco del sector, religiosos que participaron en la recuperación de Villa Grimaldi y distintos miembros de la comunidad de Peñalolén, así como ex detenidos en este recinto.

 

Al término de la ceremonia, el Alcalde de Peñalolén se refirió a Aldunate como un "gigante del humanismo" describiendo el traspaso de las llaves como "un símbolo muy importante, de postas, que hace el padre con nosotros. Entrega la llave del portón para que otros continúen la labor que él ha llevado adelante con tanto amor y tanta pasión", dijo. El edil recordó su propia militancia en el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo al que se integró siguiendo un llamado del sacerdote jesuita. "Me emociona el testimonio de Pepe. Tantas veces se habla de gente que pasa a la historia por sus escritos; por sus palabras. Pero poco se dice de los que como Pepe, evangelizan con el testimonio", subrayó.

 

Melodías interpretadas por un cuarteto de cuerdas y un largo aplauso para el sacerdote homenajeado completaron la ceremonia en el Parque por la Paz.

Declaración de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay - Día de los Derechos Humanos 10 de diciembre de 2010

Naciones Unidas, Derechos Humanos

 

 Desde el establecimiento de las Naciones Unidas hace más de 60 años, se han producido importantes avances en la creación e implementación de un sistema universal de derechos humanos – derechos que son, según la legislación internacional, aplicables a cada uno de nosotros: ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, ricos y pobres, sin importar quiénes somos o de dónde somos.

Conocemos los nombres de quienes han cambiado la historia de los derechos humanos: quienes estuvieron en la vanguardia de la lucha para abolir la esclavitud, como William Wilberforce; quienes fraguaron los principales avances en los derechos de las mujeres, como Gloria Steinem, Huda Shaarawi y Simone de Beauvoir. También conocemos a quienes se enfrentaron a la injusticia del colonialismo, como Mahatma Gandhi, y quienes – como Martin Luther King, Nelson Mandela y Rigoberta Menchu – hicieron campaña para poner fin al racismo institucionalizado y la discriminación de las minorías y los pueblos indígenas.

Pero estas figuras inspiradoras no hubieran podido hacer lo que hicieron sin la ayuda de muchos otros cuyos nombres no conocemos. Los esfuerzos para poner fin a la esclavitud duraron 1000 años, y aún continúan con adultos y niños con los que se trafica  para explotarlos sexualmente y forzarlos a trabajar. Después de una colosal lucha de más de 150 años, las mujeres se han ganado el derecho al voto en casi todo el mundo, pero todavía carecen de muchos otros derechos fundamentales.

Le debemos el progreso que hemos logrado a los enormes esfuerzos de cientos de miles de héroes en gran medida olvidados, conocidos colectivamente como defensores de los derechos humanos.

Los defensores de los derechos humanos provienen de todas las esferas de la sociedad, desde princesas y políticos hasta profesionales como periodistas, maestros y doctores, así como personas con poca o ninguna educación formal. No existen calificaciones especiales. Todo lo que se necesita es compromiso y coraje.

Todos podemos ser defensores de los derechos humanos y – dado lo mucho que debemos a otros por los derechos que muchos de nosotros damos ahora por sentado – todos deberíamos serlo. Al menos, debemos esforzarnos al máximo para apoyar a quienes sí defienden los derechos humanos. Todos los años, miles de defensores de los derechos humanos son acosados, abusados, encarcelados injustamente y asesinados. Es por eso que el Día de los Derechos Humanos de 2010 está dedicado a los Defensores de los Derechos Humanos y a su valiente lucha para poner fin a todos los tipos de discriminación. Necesitamos defender sus derechos al igual que ellos defienden los nuestros.

Algunos de quienes están detenidos injustamente se convierten en el centro de los esfuerzos internacionales para lograr su liberación. Esta atención puede darles una medida significativa de protección física, incluso cuando no siempre se logra su rápida liberación. Pero la mayoría de los detenidos por autoridades represivas languidecen en gran parte desapercibidos en las prisiones, bajo arresto domiciliario, en 'centros de reeducación.' A menudo sus familias también son acosadas.

Algunos de los que han sido asesinados – como la periodista rusa Anna Politkovskaya, abatida frente a su apartamento en 2006, y Floribert Chebeya Bahizire, el defensor congolés de los derechos humanos encontrado muerto en su auto a principios de este año – son recordados y venerados. Pero muchos de los defensores menos conocidos que son asesinados por creer en los derechos humanos continúan siendo desconocidos para el resto del mundo.

El trabajo de los defensores de los derechos humanos es tan vital actualmente como lo ha sido siempre, porque cada día, cientos de millones de individuos todavía son víctimas directas o indirectas de alguna forma de discriminación.

Existen aproximadamente 370 millones de indígenas en el mundo, una gran mayoría de ellos enfrentan la discriminación. Incluso en el mundo desarrollado, la esperanza de vida de algunos grupos de niños indígenas es de hasta 20 años menos que la de los niños no indígenas.

Las minorías sufren disparidades similares. En América Latina, por ejemplo, los aproximadamente 150 millones de personas de ascendencia africana tienden a estar atrapados en la pobreza en un grado mucho mayor que otros sectores de la población. Igualmente, de los cerca de 650 millones de personas discapacitadas, más de dos tercios (426 millones) viven por debajo de la línea de pobreza en los países en desarrollo.

Las mujeres – la mitad de la población mundial – todavía enfrentan una discriminación desenfrenada en algunas sociedades y formas más sutiles en otras. Una de las más alarmantes de muchas estadísticas deprimentes al respecto es que el 70 por ciento de los 70 a 100 millones de niños que no asisten a la escuela son niñas. 

Cerca de 100 millones de personas son arrastradas a la pobreza cada año porque tienen que pagar los servicios de salud. En muchos países, los niños de hogares pobres tienen 10 veces menos probabilidades de ser vacunados que aquéllos cuyos padres tienen una mejor situación económica, y las mujeres pobres tienen 20 veces menos probabilidades que el 20 por ciento de las mujeres más ricas de dar a luz en presencia de personal médico capaz de salvarles la vida.

Los más de 20 millones de migrantes en todo el mundo, especialmente los migrantes irregulares e indocumentados, enfrentan el racismo, la xenofobia y otras formas crónicas de discriminación, tanto en los países desarrollados como en las naciones en desarrollo.

Éstos son algunos de los desafíos desalentadores que enfrentan los defensores de los derechos humanos de hoy y de mañana. Deseo rendir tributo a su determinación desinteresada. Ellos trabajan infatigablemente en todos los problemas antes mencionados y muchos más – por ejemplo, la orientación sexual y los derechos de las personas sin patria, los ancianos y las personas que viven con el VIH.

Falta un importante grupo de estadísticas: no tenemos idea de cuántos defensores de los derechos humanos hay, o cuántos de ellos son intimidados, acosados, golpeados, encarcelados o asesinados cada año. Tampoco hemos logrado desarrollar métodos para medir sus éxitos, que a menudo son atribuidos a los políticos o los gobiernos que finalmente les escuchan o ceden ante sus presiones. Necesitamos hacer un trabajo mucho mejor para defender a nuestros defensores.

El siglo XXI es testigo del surgimiento de nuevas fuerzas económicas y políticas, que, al igual que otras antes que ellas, enfrentarán la responsabilidad de promover el desarrollo dentro y fuera del país, y a la vez ser responsables de sus actos. Los defensores de los derechos humanos desempeñarán un papel fundamental en este proceso al señalar las fallas y los beneficios en las políticas y medidas actuales y futuras. Sin embargo, a pesar de los beneficios que traen a la sociedad, en algunas partes del mundo enfrentan más acoso, persecución y restricciones en sus actividades, especialmente la libertad de expresión.

En este Día de los Derechos Humanos, exhorto a los Gobiernos a reconocer que la crítica no es un delito, y a liberar a quienes han sido detenidos por ejercer pacíficamente sus libertades fundamentales para defender los principios democráticos y los derechos humanos.

Este material ha sido tomado de un medio de prensa de libre circulación en Chile, cuyo crédito se menciona en el despacho. Los envios no representan la postura de Amnistía Internacional. Se le envía como servicio por que su contenido está relacionado con la temática de una lista de distribución operada por AI Chile a la que está suscripta su dirección. Si no desea recibir nuestros envíos, por favor devuélvanos el mensaje y retiraremos su dirección de nuestro listado.

 

Amnistía Internacional  - Chile Entérate, indígnate, actúa www.amnistia.cl

MASACRE EN COLOMBIA

En Audiencia Pública el 22/Julio/2010, el mismo día que Colombia solicitó la convocatoria urgente de la OEA para denunciar a Venezuela y en el sitio de los hechos, una delegación extranjera compuesta por 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento Europeo, 3 miembros del Parlamento Británico, 3 delegados de España y 2 de Estados Unidos atestiguaron la existencia de la gigantesca fosa común en Colombia, al sur de Bogotá, Departamento del Meta, en el Pueblito de la Macarena.

En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáveres.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto del que se tenga noticia en este continente (Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión).

El secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia Jairo Ramírez, quién acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar, hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena exclamó: “Lo que vimos fue escalofriante, infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy”.

Ramírez agregó: “El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región afirma eran líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.

La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones de los mandos medios, presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes. El jefe paramilitar John Jairo Rentería, alias Betún, reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron al menos a 800 personas en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo y cínicamente agregó: "Había que desmembrar a la gente, todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”.

Reflexión: Esa Audiencia Pública se realizó el mismo día (22-07-2010) en el cual el gobierno colombiano, sospechosamente, solicitó una reunión con carácter de urgencia a la OEA para denunciar la presencia en Venezuela, de miembros de las FARC y el ELN. Esto devela el juego malévolo y canallesco del gobierno colombiano para distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría ese día, sobre las masacres y los falsos positivos de Uribe Vélez, hechos que son considerados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y por los que Uribe tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional al entregar su mandato.

La operación del "Mamo" que complica a RN

Por L. Nárvaez /A. Carmona / La Nación Domingo

La denuncia de nuevos "falsos desaparecidos" hecha por la diputada RN Karla Rubilar abrió un flanco difícil para su partido, y su candidato presidencial Sebastián Piñera, que ya evalúa pedirle que deje la presidencia de la comisión de DDHH de la Cámara. Respaldada por documentos que le entregó Javier Gómez, asesor del ex director de la DINA, Manuel Contreras, la diputada enfrenta peticiones de renuncia y demandas de las víctimas. La semana pasada solicitó audiencia reservada con el ministro Carlos Gajardo, que investiga los casos de "falsos detenidos desaparecidos". Sus correligionarios piden que cierre la boca y en la UDI, que pida perdón.

El lunes, pasadas las 13 horas, Bárbara Cepeda recibió una llamada a su celular.

Mi nombre es Javier Gómez, soy asesor judicial de la diputada Karla Rubilar. La llamo porque tengo una declaración jurada firmada por usted donde dice que vio con vida a su papá en 1977 dijo el hombre, quien prometió mandarle por mail el documento .

Primero, Bárbara pensó que se trataba de una broma. Después, comenzó el miedo, retroceder 30 años el dolor, volver exactamente al momento en que Horacio Cepeda, militante del PC desapareció en 1976. Una idea comenzó a rondarle la cabeza: "Desde ese instante supe que Manuel Contreras estaba detrás de todo esto", grita desconsolada.

Según ella sus sospechas se confirmaron cuando Cepeda recibió el papel y una amiga reconoció que era el mismo que figuraba como Anexo 42 del libro "La verdad histórica ¿Desaparecidos?", escrito por el general (R) Manuel Contreras Sepúlveda en cautiverio. Una declaración jurada de la que ella no reconoce ortografía, firma ni gran parte del contenido.

La obsesión de Contreras por aclarar que nunca hubo secuestros en el país porque según él la inexistencia de los cuerpos demuestra lo contrario es histórica, e incluso ha hecho desertar a sus colaboradores.

"No quise involucrarme en propuestas de defensa que yo no podría realizar como abogado", recuerda Juan Carlos Manns, ex abogado de Contreras, que abandonó su equipo jurídico en 2005 y quien habla por primera vez de este tema. El abogado cuenta que ya en ese tiempo Gómez y Contreras planteaban impugnar testimonios del Informe Rettig, un argumento que a él "no le constaba; no había fundamento para ello", pero que de igual modo se puso en marcha. Con la incorporación del abogado Fidel Reyes a la cabeza de la defensa del "Mamo", operó la estrategia de Gómez.

Pese a sólo ser egresado de la carrera de Derecho y estar "habilitado" para ejercer algunas funciones como procurador, Gómez ha colaborado con los dos abogados que ha tenido el ex director de la DINA en los últimos cuatro años: Juan Carlos Manns (hasta 2005) y Fidel Reyes.

Su labor ha sido cooperar en la redacción de escritos y recursos judiciales tendientes a intentar revertir los numerosos procesamientos y condenas que le han sido impuestas por crímenes cometidos mientras dirigió el organismo represivo.

También participó en la defensa del grupo neonazi "Martillos del sur" y de Paul Schäffer, el líder de la disuelta Colonia Dignidad. "Es un tipo inteligente y muy estudioso, que redacta buenos escritos jurídicos", señala Manns. Otro abogado lo describe como la contraparte de Fidel Reyes, que es muy extravertido. "Gómez es más bien parco, un hombre de pocas palabras y muy bien informado", comenta un abogado.

El perfil de Gómez quedó claro el viernes en la noche en una entrevista que dio a Canal 13, donde reafirmó la estrategia de su defensa: "¿Dónde están los secuestrados para que se tipifique el delito? Esas personas tienen que estar en algún lado, por eso yo emplazo a los ministros de fuero que investigan estas causas para que le digan al país dónde están secuestradas estas personas", dijo Gómez, refiriéndose a los detenidos desaparecidos.

El procurador también señaló que nunca "consideró relevante" decirle a Rubilar que formaba parte de la defensa de Manuel Contreras.

Su férrea protección al director de la DINA de quien es íntimo amigo es conocida desde su época de estudiante en la Universidad del Mar, en Valparaíso, donde ingresó a Leyes en 1993.

Un compañero lo recuerda como un tipo "pinochetista, muy católico y más hincha de Contreras que su abogado", pero que a pesar de sus ideas de extrema derecha siempre fue respetuoso con sus compañeros. Su círculo siempre ha estado ligado a la derecha y su hermano, Carlos Gómez, a quien le decían "el facho", fue concejal por Viña y actualmente es presidente regional de RN y juez de policía local de Limache.

Su Facebook también entrega detalles; entre sus contactos figuran Francisco Chahuán (diputado RN), Lucía Pinochet Hiriart (hija del ex dictador), Manuel Contreras hijo, el senador RN Sergio Romero, Eduardo Riquelme Portilla (abogado de la bancada RN) y el medio electrónico ultraderechista Despierta Chile.

Javier Gómez es conocido en el mundo de los derechos humanos y su relación con Contreras es un secreto a voces. Por eso, a los familiares de las víctimas de la dictadura y al mundo judicial les cuesta creer que la diputada Karla Rubilar (RN) no supiera la intención ni la procedencia de la información que le hizo llegar, luego que el Gobierno reconociera la existencia de tres falsos detenidos desaparecidos.

"Ella se ha prestado para ser un instrumento de una operación de inteligencia originada en los círculos del ex director de la DINA, Manuel Contreras", asegura el diputado Sergio Aguiló.

Según fuentes judiciales no es un secreto tampoco que desde el penal Cordillera, Contreras envía constantemente recados a los jueces que investigan sus causas.

"Siempre lanza advertencias como váyanse con cuidado o esta cosa se va a dar vuelta. No me extraña que él esté detrás de todo esto", comenta una fuente de tribunales.

Toda esta información siembra más dudas sobre la figura de Rubilar. "A mí me cuesta creer que la diputada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, no supiera de dónde venían sus denuncias", afirma Bárbara Cepeda, quien evalúa presentar una querella contra quien resulte responsable del documento que aparece firmado por ella y que niega rotundamente.

TERROMOTO EN RN

El viernes, cerca de las 13 horas, una llamada telefónica alertó a los funcionarios judiciales que trabajan con el ministro Carlos Gajardo. En el cuarto piso del Palacio de los Tribunales, un funcionario atendió la llamada.

Del otro lado de la línea, con la voz agitada, la diputada Karla Rubilar (RN) pedía una audiencia reservada con el magistrado designado para esclarecer la situación de los "falsos desaparecidos". A pesar de su premura, no hubo respuesta.

Había sido una jornada dura para la diputada. Su denuncia sobre desaparecidos entregada a la Subsecretaría del Interior y conocida a comienzos de semana habían reabierto las heridas de los familiares de las víctimas que las calificaron de brutales.

La información de la diputada, entregada a las autoridades, daba cuenta de dos nuevos casos de falsos detenidos desaparecidos y dos víctimas de violencia política que según ella nunca lo fueron: Horacio Cepeda, Luis Emilio Recabarren, Eric Juica y Guillermina Guzmán.

Cercanos a Rubilar creen que ante Gajardo la parlamentaria podría reafirmar los antecedentes que entregó a La Moneda, sin embargo, hay quienes piensan que la parlamentaria debería olvidarlo.

El presidente de RN, Carlos Larraín, señaló que la relación del abogado de Contreras con las denuncias de Rubilar los tomó por sorpresa, "porque nada de esto era conocido por nosotros. Nosotros no solemos tener contactos con quienes representan a Manuel Contreras".

Las declaraciones de Rubilar han generado un terremoto en RN. Rubilar recibió en primera instancia el respaldo del propio Sebastián Piñera y de su amiga y secretaria general del partido, Lily Pérez: "En Renovación Nacional hemos apoyado a Karla Rubilar porque sabemos que ha actuado bajo el principio de la buena fe (...) y por eso nosotros hoy día decimos también que, a nuestro juicio, esto ya salió del ámbito político y está en el ámbito judicial", afirmó la diputada Pérez.

Pero en los almuerzos de bancada del martes y el miércoles se evaluaron negativamente las declaraciones de Rubilar y, a pesar de la estima con que cuenta la parlamentaria, tantean medidas.

"Estamos evaluando que renuncie a la presidencia de la Comisión de DDHH, aunque esto no afectaría para nada su cupo en la planilla parlamentaria", comenta un legislador de la misma tienda que también reconoce que la desazón se debe a que la comisión que preside Rubilar era calificada como "emblemática" por el partido y, en un escenario que era desfavorable para el oficialismo por los últimos casos de falsos detenidos desaparecidos, ella metió un autogol.

"Logró dar vuelta la tortilla", comentan con molestia en RN. "La idea es poder alejarse de la figura de Contreras y no seguir ahondando en las denuncias", dice otro parlamentario.

No es el primer caso que vincula a RN con organismos represores de la dictadura. El diputado Gabriel Ascencio recuerda que hace nueve años dio cuenta de un caso similar.

"El 2000 denuncié que el señor Pablo Fernández, asesor de la bancada de RN y, especialmente, de la diputada Lily Pérez y de los entonces diputados Baldo Prokurica y Arturo Longton, además era asesor del encarcelado Álvaro Corbalán, condenado por ser ejecutor de las políticas de represión y exterminio de Manuel Contreras".

El boomerang lanzado por Rubilar no sólo afecta su posición en la Cámara, sino que también el acuerdo que llevaría a Rodrigo Álvarez (UDI) a la presidencia de ésta. "Si la derecha no revisa esta conducta que ha tenido la diputada Rubilar y la posición que ha tenido su candidato presidencial, Sebastián Piñera, yo creo que no va a haber acuerdo mayoritario para que presida la UDI", dijo el diputado Fidel Espinoza (PS).

"Qué garantía nos dan si esta señorita que ha presidido esta comisión ha hecho este show. Me imagino al señor (Rodrigo) Álvarez presidiendo la Cámara, quizás qué van a hacer en temas tan sensibles como éste. Yo no estoy por darle mi voto, como familiar de detenido desaparecido y de ejecutado político", concluyó Espinoza.

En la UDI saben que este nuevo escenario podría perjudicar la llegada de Álvarez y por eso el secretario general del partido Víctor Pérez la emplazó a reconocer su equivocación: "Lo que cabe es reconocer que cometió un error y pedir disculpas", afirmó el senador, quien sostuvo que la diputada no cumplió con la "rigurosidad, responsabilidad y seriedad" que se requiere cuando se trata de temas tan "complejos y difíciles" como son los derechos humanos.

En una entrevista a un matutino, Rubilar admitió que podría "renunciar si la Alianza me lo pide para mantener la presidencia de la cámara baja", una dimisión que se resolvería esta semana.

Rubilar enfrenta además una petición de censura para dejar su puesto en la Comisión de DDHH, una posible citación en el comité de ética y los familiares de detenidos desaparecidos han pedido que declare en las causas que se investigan.

OTRA VEZ LA HERIDA

Tanto Renovación Nacional como la diputada Rubilar han desconocido el nexo con Javier Gómez, pese a que en un primer momento la diputada reconociera el lazo: "Efectivamente conozco a Javier Gómez, un abogado, que es amigo de un gran amigo mío del partido. A mí me comentó que existían antecedentes de personas que habían visto detenidos desaparecidos y yo le dije que cualquier información tenía que ser cotejada", dijo.

Bárbara Cepeda aún guarda en su celular los mensajes de texto que le envió la diputada y en ninguno de ellos señala que tenga dudas de la información que entregó. En el último que le envió, la parlamentaria le dice a Cepeda que si tiene dudas "está en libertad de presentar acciones legales", pero nunca se retracta de sus denuncias.

"Gómez ha dicho que no me amedrentó y tampoco me ha hecho daño emocional, pero eso es falso. Sí me amedrentó y me generó un grave daño, porque llevo una semana completa llorando. Y Karla Rubilar se prestó para esto.

Tengo terror que me persigan o que mientras conduzco mi auto por la carretera venga otro auto que me choque. Tengo pánico porque así opera esta gente", dice Bárbara Cepeda al borde de las lágrimas.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentará una demanda por "apología al terrorismo" y las familias de Luis Emilio Recabarren y Horacio Cepeda evalúan acciones por separado para dilucidar los hechos y encontrar a los culpables que han reabierto sus heridas.

Un abogado ligado al mundo de los derechos humanos resume el sentimiento de los familiares de las víctimas: "Lo realmente grave es que Contreras siga defendiendo desde la cárcel la tesis de que los desaparecidos son una ficción y que haya parlamentarios que se presten a su juego".

Israel puede ser juzgado por crímenes de guerra

Por Mel Frykberg

RAMALAH, Palestina, 7 ene (IPS) - Israel ha cometido crímenes de guerra y debe ser juzgado por un tribunal internacional, afirmó Raji Sourani, presidente del no gubernamental Centro Palestino para los Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Gaza.

 

 "El repetido bombardeo de edificios civiles claramente marcados, en los que se escondían civiles, cruzó varias líneas rojas del derecho internacional", dijo Sourani a IPS.

El delegado de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Gran Bretaña, Manuel Hassassian, dijo que su administración iniciará un proceso legal contra los líderes israelíes que considera responsables de crímenes de guerra en Gaza, según informes de prensa palestinos.

 

Otros 22 palestinos murieron por los bombardeos de este miércoles, cuando la israelí Operación Plomo Fundido entró en su día 11. Algunas de las víctimas murieron al ser bombardeado un patio de juego para niños cerca de una mezquita en el distrito de Jeque Radwan, en la ciudad de Gaza.

Seis israelíes fueron tratados por estar en estado de shock a causa de varios cohetes lanzados por Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica) contra las ciudades del sur de Israel.

El comentario Hassassian fue hecho ante el bombardeo israelí de una escuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el campamento para refugiados de Jabaliya el martes, en el que murieron más de 40 palestinos.

Otras varias escuelas en la Franja de Gaza fueron también atacadas en los últimos días.

 

Hasta ahora, la Operación Plomo Fundido ha causado la muerte de más de 600 palestinos, entre ellos gran cantidad de civiles. Casi 3.000 han resultado heridos. Del lado israelí han muerto 11 personas, entre militares y civiles. La ONU llamó a una investigación, señalando que, antes de la actual operación, Israel había recibido coordinadas precisas de todos los edificios del foro mundial en Gaza.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja condenó un ataque israelí contra dos miembros de la Media Luna Roja Palestina la semana pasada. La Cruz Roja dijo que los médicos contaban con chaquetas fluorescentes, sus ambulancias estaban claramente identificadas y tenían sus luces intermitentes encendidas.

Nihal Al Akhras, presidente de los Comités Palestinos de Atención Médica, pidió a la comunidad internacional que presionara a Israel para que detuviera los ataques a instalaciones y trabajadores médicos en la Franja de Gaza.

Los comentarios de Akhras fueron hechos tras el bombardeo el martes del hospital de Ad Dura en el distrito de Rimal, en la ciudad de Gaza. Tres clínicas móviles provistas por la organización no gubernamental danesa DanChurchAid también fueron destruidas.

"Hemos podido ayudar a los heridos hasta ahora gracias a que nuestros vehículos han estado presentes y preparados dentro de Gaza. Esta posibilidad de ayuda de emergencia está ahora en ruinas", dijo Henrik Stubkjer, secretario general de DanChurchAid.

"Estamos profundamente horrorizados porque los ataques israelíes directamente impiden los esfuerzos de ayuda humanitaria", añadió. Según DanChurchAid, las clínicas estaban claramente identificadas con cruces rojas y estacionadas en instalaciones de la Unión de Atención Médica. "Un médico palestino y tres estudiantes de medicina murieron durante la campaña de bombardeos israelí que comenzó el 27 de diciembre", dijo a IPS el portavoz del Hospital Shifa de Gaza, Sammy Hassan.

Aunque Israel niega que deliberadamente dirija sus ataques contra civiles, la lectura entre líneas de los informes de los medios israelíes y las
declaraciones de los líderes militares sugiere que proteger la vida de los civiles palestinos es algo secundario.

Altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel admitieron que la estrategia es usar un enorme poder de fuego en el terreno para proteger a los soldados israelíes durante los combates en áreas civiles.

"Para nosotros, ser cauteloso significa ser agresivo", dijo un funcionario de defensa. "Desde el momento en que entramos (a Gaza), hemos actuado como en una guerra. Esto crea un enorme daño al terreno".

 

"Cuando sospechamos que un combatiente palestino se esconde en una casa, disparamos un misil y luego dos proyectiles desde un tanque, y luego con una topadora destruimos la pared. Esto causa daño pero evita la pérdida de vida entre los soldados" israelíes, indicó.

Las fuerzas de Israel sufrieron significativas bajas durante la guerra de Líbano en 2006, y por ello los altos mandos pensaron que si esto se repetía se podría erosionar la moral pública y la voluntad política. El gabinete israelí tomó todo esto en cuenta antes de lanzar su operación en Gaza.

Además, la limitada reacción mundial, debido a la falta de presencia de medios internacionales en Gaza por la prohibición israelí de ingreso, parece fortalecer a Israel. Aun durante la guerra en Líbano, después de varios ataques graves contra la población civil, el cese del fuego tardó dos semanas en implementarse. No obstante, Israel no ha permanecido completamente inmune a la indignación internacional. Ante la presión, aceptó crear un corredor humanitario cerca de la ciudad de Gaza.

Las operaciones militares serán suspendidas por tres horas todos los días para permitir que la ayuda humanitaria alcance a la cercada población de Gaza a través de este corredor.

El silencio de los soldados que condujo a los errores de los "desaparecidos"

Por Beatriz Michell y Gloria Godoy / La Nación

Cuatro nuevos casos reabrieron una discusión que parecía estar sellada: la legitimidad de las comisiones de derechos humanos. Incluso, sectores de derecha volvieron a cuestionar la veracidad de las detenciones forzadas y asesinatos cometidos en la dictadura. Aquí, personas que trabajaron en las causas dan a conocer los motivos que llevaron a estos errores.

Abusadores", "frescos", "sinvergüenzas", "estafadores". Son algunos de los epítetos que algunos chilenos lanzaron en la web contra los familiares de las cuatro personas calificadas por error por la Comisión Rettig y la Corporación de Reparación y Reconciliación. Jorge Correa Sutil trabajó en ambas instancias y considera que el revuelo que ha causado esta noticia es desproporcionado. "La sociedad chilena demoró 20 años en darse cuenta de que había estado moralmente enferma e identificó la patología en la muerte de personas inocentes. Al cabo de 18 años se descubre que la comisión que estuvo a cargo de documentar y dar cuenta de esta historia, cometió cuatro o cinco errores. La pregunta es: ¿De qué nos irán a acusar de estar patológicamente enfermos a los chilenos de hoy? Nos pueden acusar de estar enfermos por sentarnos en esos cuatro errores, en vez de concentrarnos en lo que es realmente problemático: que una sociedad no haga esfuerzos para que las personas que saben qué suerte corrieron los detenidos desaparecidos, respondan", advierte el ex subsecretario de Interior.

El dardo que lanza Correa Sutil a los militares es el mismo que declaran la mayoría de los miembros de la Comisión de Verdad y Reconciliación: el silencio de las Fuerzas Armadas.

Incluso los que no son ni remotamente de izquierda, como la abogada Laura Novoa, indica que ésta es una de las principales dificultades que llevaron a los errores. "Del Ejército no se obtuvo nada, cero. Hicimos el esfuerzo de conseguir información, pero nos encontramos con una muralla. Obviamente eso dificultó el trabajo. No cabe duda de que hubo maniobras de algunos mandos militares para ocultar información. En Calama era muy penoso ver a los familiares, después de tantos años, buscando huesitos en el desierto. Hubo acciones destinadas a borrar las huellas de lo que había ocurrido", explica Novoa, que todavía se emociona al recordar su experiencia en la Comisión Rettig.

Con todo este revuelo, no han faltado los cuestionamientos de quienes pusieron en duda todo el trabajo de estas comisiones e incluso, unos pocos han extendido un manto de duda sobre la veracidad de la existencia de tantos detenidos desaparecidos. Ahí es donde a las personas que han trabajado para reconstruir la historia de la violación de derechos humanos durante la dictadura, les surge la indignación máxima.

"Errores o no, la situación es la siguiente: personas que usaron el aparato del Estado, que mataron, torturaron, tiraron al mar a personas, durante años han mantenido silencio. Aquí lo que se hizo fue un trabajo contra todo el aparato del Estado, que ocultó los crímenes y por cuatro o cinco errores tenemos que armar este escándalo", cuestiona el senador radical y precandidato presidencial José Antonio Gómez, que participó en la Comisión Valech y cuyo hermano aparece en la Rettig porque murió baleado por Carabineros en 1979.

Los documentos incinerados

Los comisionados citaron por escrito a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y a Carabineros, además de instituciones de derechos humanos, de la sociedad civil y de la Iglesia. "La fuerza Aérea colaboró enviando los expedientes de los juicios de guerra. La respuesta del resto de las FFAA y Carabineros era que conforme a la legislación vigente a marzo de 1990, la documentación había sido incinerada", recuerda Jorge Correa Sutil. Se refiere a la Ley 18.771 de agosto de 1989, que mandó que la documentación del Ministerio de Defensa y de los demás organismos relacionados a él pudiera ser eliminada según la reglamentación ministerial e institucional respectiva. Así, se hicieron desaparecer muchos documentos fundamentales para esclarecer la verdad.

El 14 de noviembre de 1989, un extraño incendio afectó a la Escuela de Educación Física del Ejército, donde se encontraban "en almacenamiento transitorio" un cúmulo de documentos de la Fiscalía Militar, según lo que informó el entonces subsecretario de Guerra, Ricardo Izurieta, al vicecomandante en jefe del Ejército, mediante un documento archivado como "secreto". Ese fue el argumento que dio el coronel Carlos Molina Johnson en 1991 para no entregar información sobre los procesados por la Fiscalía Militar durante la dictadura.

En muchos casos de víctimas no se encontraron fotos, ni expedientes, ni RUT, ni certificado de defunción, ni nada. Como si no hubieran estado detenidos. Por eso, el trabajo fue duro y el tiempo se hizo escaso. Los que trabajaron en estas comisiones pasaron largas horas entrevistando, revisando la Biblioteca Nacional, recorriendo ciudades, solicitando información y encajando antecedentes. Según recuerda Correa Sutil, había varios sacos de dormir en las salas de la comisión para la gente que pasaba horas trabajando.

El instituto de la discordia

Los militares no fueron el único problema. Miedo a declarar de parte de las víctimas y falta de recursos para las investigaciones también dificultaron el trabajo. "Yo jamás me atrevería a cuestionar las comisiones y sus contenidos, porque es más el número de personas que no son reconocidas y que son víctimas, que estas pocas personas que aparecieron", explica Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Los comisionados aseguran que la posibilidad de cometer errores siempre estuvo presente y por lo mismo, fueron muy estrictos para que éstos fueran menos y no se pusiera en duda el trabajo. "Hay que tener presente que en la Corporación el grupo de personas que había era de distintas sensibilidades políticas. Estaba don Carlos Raymond que en esa época era vicepresidente de RN, estaba yo que era políticamente independiente. En casi el 86,4% de los casos la decisión fue unánime. Éramos un grupo completamente heterogéneo y lo único que nos unía a todos era la búsqueda de la verdad", recuerda Rodolfo Armas.

Por su parte, la directora del programa de Derechos Humanos de Interior, María Luisa Sepúlveda, le quita dramatismo al asunto. "Que haya un porcentaje de error no es el escándalo, si no que deberíamos ver que una situación como ésta no enlode el trabajo serio de dos comisiones, ni que los familiares sientan que se cuestiona la calidad de víctima de sus seres queridos", asegura.

Los casos se filtraron a la prensa el sábado 27 de diciembre, tres días antes de la fecha que La Moneda había fijado para dar a conocer los errores. La primicia se adelantó y después de algunos análisis, el Gobierno decidió presentar una denuncia en tribunales y en el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco y estafa. Además, reactivó la idea del Instituto de Derechos Humanos que tanto disgusta hoy a la Agrupación. Cuando la iniciativa se presentó en el Parlamento, en junio de 2005, todos estaban de acuerdo, menos la derecha. Ahora, el consenso es entre Alianza y Gobierno.

"Este proyecto perdió legitimidad cuando se negoció con la derecha. Viera-Gallo negoció con Alberto Espina y Andrés Chadwick lo mejor de este Instituto: la facultad de querellarse, y establecer que se deben respetar los derechos humanos, por ejemplo", explica Lorena Pizarro. La agrupación demanda, por un lado, un Instituto de Derechos Humanos autónomo, con capacidad para querellarse, de demandar la aprobación de tratados internacionales y de re-calificar víctimas. Por otro lado, piden la creación de la subsecretaría del ramo, para que el Estado se haga cargo de educar en derechos humanos, prevenir que se vuelvan a cometer estos crímenes y proteger hacia el futuro.

Con respecto a esta férrea oposición, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, asegura no entender las razones de la AFDD y que si bien "en eso podría haber opiniones diferentes, claramente sería un avance poder crear este Instituto" [ver página 7].

Si bien La Moneda intentó aplacar el terremoto que se produjo por los cuatro errores reactivando el proyecto del Instituto, la idea abrió una nueva polémica sobre cómo debe ser el organismo que prevenga violaciones de los derechos humanos, como las que se vivieron en Chile entre 1973 y 1990. Así, se evitarían algo más que errores en la clasificación de las víctimas. //LND

Verdad cuestionada

Por Daniela Estrada

SANTIAGO, ene (IPS) - La reapertura o no de las comisiones de la verdad sobre víctimas de la dictadura (1973-1990) está en el centro del debate en Chile tras la confirmación de cuatro casos de falsos detenidosdesaparecidos.

"Hay miles de casos (acreditados) de personas muertas, torturadas y desaparecidas. Si ha habido cuatro errores, no es nada", declaró a IPS el retirado juez Juan Guzmán Tapia, hoy director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Central.

Para el magistrado que procesó infructuosamente al ahora fallecido dictador Augusto Pinochet (1915-2006), se ha magnificado desproporcionadamente la noticia de los errores de calificación con el objetivo de "vilipendiar políticamente" a todas las personas que han colaborado en la búsqueda de las personas desaparecidas y de sus torturadores y asesinos.

Desde su perspectiva, la polémica también busca "mancillar" a la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición en el gobierno desde la recuperación de la democracia en 1990, y a su futuro candidato o candidata presidencial para los comicios de diciembre.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 1991, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de 2004, creadas por gobiernos de la Concertación, identificaron a más de 3.000 opositores asesinados y detenidos-desaparecidos durante los 17 años de dictadura del general Pinochet y a 35.000 torturados en el mismo periodo.

El plenario de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el 29 de diciembre, en fallo dividido, acceder a la petición del gobierno de Michelle Bachelet de designar un ministro en visita, el juez Carlos Gajardo, para investigar los cuatro casos.

Los posibles delitos asociados a los falsos detenidos desaparecidos también serán indagados por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado.

El portavoz de gobierno, Francisco Vidal, informó el 30 de diciembre que la presidenta Bachelet decidió no reabrir por decreto las dos comisiones de verdad. Cualquier nuevo antecedente que aparezca seguirá siendo revisado por el Programa de Derechos Humanos, que depende del Ministerio del Interior, especificó.

No obstante, continuará en el parlamento la tramitación del proyecto para crear el Instituto de Derechos Humanos, el cual considera la reapertura de las comisiones por un periodo de seis meses para estudiar los casos de detenidos desaparecidos y presos políticos que hayan sido excluidos en los procesos anteriores. Pero éstas no revisarán los casos ya acreditados, aclaró Vidal.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) "propone la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que se encargue de calificar casos en forma permanente", señaló a IPS Mireya García, secretaria general de la entidad.

La AFDD se opone al Instituto "porque no es una instancia que vaya a dar respuesta a lo que nosotros necesitamos, que es una política integral de derechos humanos, que considere todos los aspectos involucrados, entre ellos, la justicia", acotó.

García coincide con el ex juez Guzmán en términos de que se ha inflado excesivamente la noticia de los cuatro casos falsos detenidos desaparecidos.

"Es bueno que se transparenten los errores, no tenemos problemas con ello, pero creemos que se está magnificando" una situación puntual en desmedro de "los cientos de casos que no han podido ser denunciados hasta ahora", apuntó.

"Lo que de verdad es escandaloso es que a 35 años del golpe militar todavía no encontramos a los detenidos desaparecidos. Eso es una fuente de preocupación permanente para nosotros", subrayó la dirigente de la AFDD.

La polémica partió en noviembre, cuando Germán Cofré, un supuesto detenido desaparecido en 1973, ingresó al país proveniente desde Argentina, donde había vivido los últimos 35 años. Hasta entonces, su familia en Chile recibía los beneficios económicos otorgados a las víctimas de la dictadura.

Luego se supo la historia de Carlos Rojas, quien también estaría vivo y residiendo en Argentina, y de Edgardo Palacios, un ex preso político socialista que falleció en 2006 en estado de indigencia. Ambas familias, que obtuvieron reparación del Estado, aseguran que desconocían totalmente el destino de estos hombres.

Distinta es el caso de Emperatriz Villagra, dada por detenida desaparecida tras el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno democrático de Salvador Allende, pero que en realidad había fallecido en 1955. Sus familiares no recibieron apoyo económico alguno. El propio Guzmán debió aclarar la confusión en su momento.

De los cuatro casos confirmados por las autoridades, "ha habido un solo error, que yo sepa, donde ha habido un aprovechamiento ilícito, que es el caso de la familia Cofré", indicó el ex magistrado.

Sin embargo, Karla Rubilar, diputada de la opositora y derechista Renovación Nacional (RN), sostuvo días atrás que son ocho y no cuatro los falsos detenidos desaparecidos. El periodista Juan Manuel Bertolo sería uno de ellos.

Según su hija Solange, Bertolo murió de un paro cardíaco en 1990, pero en 1994 supo que su nombre figuraba en el memorial de los detenidos desaparecidos del Cementerio Nacional. El engaño lo atribuye a una ex pareja de su padre, militante del co-gobernante Partido Socialista.

Luego de arduas gestiones, Bertolo fue borrado del memorial, afirmó Solange al diario local La Tercera.

"Tanto como mujer que sufrió en carne propia ese dolor, pero a la vez por mi responsabilidad como presidenta de la República, no voy a aceptar el aprovechamiento ni mucho menos que se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia", declaró el 29 de diciembre Bachelet.

La mandataria instruyó a todas las autoridades responsables que culminen la revisión de los casos, que se viene realizando desde 2005, "para despejar toda duda posible".

"Aquí no se pueden confundir las cosas. La violación a los derechos humanos es una vergüenza nacional que ha quedado grabada para siempre en la historia de nuestro país y no vamos a permitir que se ponga en duda esa verdad histórica", remarcó.

En ese sentido, Bachelet llamó a todos los sectores políticos a no intentar sacar ventajas del escándalo y a "ser muy responsables con parte de nuestra historia".

Dirigentes de la oposición derechista han cuestionado la eventual reapertura de las comisiones de verdad.

"Siempre los gobiernos de la Concertación, y en particular la izquierda de la Concertación, pretenden usar los temas de derechos humanos con algún sesgo de carácter electoral para producir y mantener divisiones en nuestro país", declaró el diputado Felipe Salaberry, de la Unión Demócrata Independiente.

A juicio de la diputada Lily Pérez, de RN, ambas comisiones dieron "un reconocimiento oficial a la violación de los derechos humanos en nuestro país" y "repararon a las personas que fueron víctimas o a sus familias", "por lo tanto reabrirlas implicaría un cuestionamiento" a su accionar y a la "importancia tuvieron para nuestra convivencia nacional".

El escándalo de los falsos detenidos desaparecidos no está ayudando a "crear mayor solidaridad entre los chilenos y a que finalmente comience la reconciliación del país", observó Guzmán, quien aprueba la reapertura de las comisiones porque dice conocer "centenares de casos" que no fueron acogidos por esas instancias por diversas razones.

Lamenta Vaticano falta de respeto a derechos humanos en el mundo

'De aquí viene el deseo de promover la declaración que incluye la libertad religiosa y la dignidad', dijo tras informar que, por esta razón, el Papa Benedicto XVI decidió aprobar un concierto en El Vaticano para recordar el 60 aniversario.

Jue, 13/11/2008 - 09:04
Ciudad del Vaticano.- A 60 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 'por desgracia' casi nadie respeta su contenido, lamentó hoy Renato Martino, presidente del Consejo 'Justicia y Paz' del Vaticano.

'En ningún lugar del mundo, incluso entre aquellos que han adherido e ilustrado la declaración, por desgracia son observados los artículos de ese documento', deploró.

Durante una conferencia de prensa en la cual se presentaron una serie de iniciativas de la Sede Apostólica en memoria del 60 aniversario, el purpurado aseguró que él mismo ha constatado la falta de respeto a los derechos del hombre.
Puso como ejemplo a 'muchísimos países', entre los cuales mencionó Corea, Chile, Guatemala, Brasil y Tanzania, donde para los encarcelados 'la declaración jamás ha existido' por las situaciones deplorables en las que sobreviven.

Agregó que el respeto a la persona humana, aunque sea sujeto de una condena, 'está lejos de ser una práctica común de parte de todos los gobiernos'.
Martino recordó haber visitado centros penitenciarios en varias naciones diversas y encontrar allí escenarios terribles como seis personas que comparten una celda en la cual, a duras penas, entran dos de pie.

'De aquí viene el deseo de promover la declaración que incluye la libertad religiosa y la dignidad', dijo tras informar que, por esta razón, el Papa Benedicto XVI decidió aprobar un concierto en El Vaticano para recordar el 60 aniversario.

De hecho el próximo miércoles 10 de diciembre la Sede Apostólica dedicará un acto conmemorativo a este aniversario durante el cual, por primera vez en la historia, una mujer dirigirá una orquesta en el territorio del Estado Pontificio.

Grupo religioso entrega lote de ayuda humanitaria confiscada en EEUU

EFE. LA HABANA

La ayuda humanitaria que anualmente embarca hacia Cuba el grupo interreligioso estadounidense Pastores por la Paz llegó ayer a la isla desde México con varios ordenadores que habían sido confiscados hace un mes por la Aduana de Estados Unidos.

La directora asociada de Pastores por la Paz, la norteamericana Ellen Bernstein, dijo ayer en conferencia de prensa en La Habana que finalmente el lote salió de México con los 32 ordenadores que los agentes de su país habían decomisado a la caravana en el puesto fronterizo de Texas, en su ruta hacia Cuba, a inicios de julio.

''Cuando regresamos después de nuestra visita a Cuba, la gente de la Aduana devolvió las computadoras ... diciendo que habían determinado que se puede pedir un permiso'', indicó Bernstein.

''Pero, nosotros no pedimos nada, llevamos las computadoras a mano y cruzamos el puente internacional hasta México para dejarlas al otro lado, para asegurar que de la Aduana llegaran a Cuba'', añadió.

Esta es la decimonovena ocasión en la que un cargamento del grupo llega a Cuba en protesta por las leyes del bloqueo económico estadounidense contra la isla, después de superar los controles en la frontera de Estados Unidos y México, donde generalmente les confiscan algún artículo.

Tras el episodio en la frontera, el grupo viajó a La Habana el día 5 de julio encabezado por el reverendo Lucius Walker, quien ha sido el líder de la operación desde su inicio en 1992, y permaneció en la isla durante una semana.

La donación está conformada por 100 toneladas de ordenadores, vehículos, equipos médicos y artículos educativos, artísticos y deportivos, entre otros, que fueron recolectados durante el recorrido de la caravana por 12 ciudades de Canadá y 125 de EEUU. El proyecto de los Pastores por la Paz pertenece a la Fundación Interreligiosa para la Organización de la Comunidad con sede en Nueva York.

Bernstein anunció la promoción de ocho estudiantes norteamericanos que se graduarán mañana de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de La Habana, un centro donde actualmente la matrícula de ese país asciende a 103 alumnos.

''El Comandante (Fidel Castro) nos ofreció hasta 500 becas, pero el programa está creciendo poco a poco'', dijo la activista norteamericana, cuyo grupo recluta jóvenes para las becas.

[Se han eliminado los trozos de este mensaje que no contenían texto]

Falleció Otilia Vargas, defensora de los DD.HH. en la dictadura

.La maestra chilena Otilia Vargas, que perdió cinco hijos durante la dictadura de Pinochet, falleció este sábado a los 83 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, informaron hoy sus familiares. ..

Falleció Otilia Vargas, defensora de los DD.HH. en la dictadura
La maestra, que murió ayer a los 83 años producto de un paro cardiorrespiratorio, perdió a cinco hijos durante el régimen de Pinochet.

La maestra chilena Otilia Vargas, que perdió cinco hijos durante la dictadura de Pinochet, falleció este sábado a los 83 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, informaron hoy sus familiares.

Considerada una figura emblemática entre los luchadores a favor de los derechos humanos en Chile, Otilia Vargas fue además un activa resistente en los primeros años del régimen de facto, con un trabajo clandestino entre 1973 y 1976.

Su hijo Dagoberto Pérez Vargas, miembro de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), murió en combate contra las fuerzas represivas en octubre de 1975 en la localidad de Malloco.

Dagoberto Pérez fue sepultado en el Cementerio General de Santiago, pero en una fecha no determinada su cadáver fue desenterrado y hecho desaparecer.

El año anterior, sus hijos Carlos y Aldo habían sido detenidos por la DINA y desde entonces integran las listas de detenidos desaparecidos.

En febrero de 1976 otros dos hijos de Otilia Vargas, Iván y Mireya, que eran mellizos, cayeron en un enfrentamiento con las fuerzas represivas en la comuna de La Florida.

Iván murió en el sitio del combate, mientras la joven, según testigos, fue capturada con vida y llevada a Villa Grimaldi, donde fue torturada hasta la muerte por los agentes del organismo.

Posteriormente Otilia Vargas, junto a su esposo, Osvaldo Pérez y Patricia, su única hija superviviente, abandonaron Chile y se exiliaron en Cuba, de donde regresaron en 1992 para integrarse a la lucha judicial junto a los familiares de las más de 3.000 víctimas de la dictadura.

Otilia Vargas, cuyo esposo falleció hace cuatro años, dejó como testimonio el libro "La dictadura me arrebató cinco hijos", en el que relata la dramática experiencia de su familia y lo que significó la represión contra la oposición chilena durante el régimen de Pinochet.

La familia indicó que el funeral de Otilia Vargas tendrá lugar mañana, en un cementerio de La Florida.

Gobierno removió a jefa de Programa de DDHH

La renuncia a la abogada Raquel Mejías le fue pedida el viernes pasado por el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, por instrucción del ministro Pérez Yoma. El gobierno no dio razones para su salida....

Por Jorge Escalante / La Nación
Dirección del Programa de Interior lo asumió la abogada Rosemarie Bornard

Gobierno removió a jefa de Programa de DDHH
La renuncia a la abogada Raquel Mejías le fue pedida el viernes pasado por el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, por instrucción del ministro Pérez Yoma. El gobierno no dio razones para su salida.

La abogada Rosemarie Bornard asumió la dirección del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, luego de que el jefe de esa cartera, Edmundo Pérez Yoma, pidió el viernes pasado a través del subsecretario Felipe Harboe la renuncia a la abogada Raquel Mejías. La saliente directora llevaba cinco años a cargo de esa institución.

El gobierno no explicó el motivo de la salida de Raquel Mejías, y el vocero Francisco Vidal se limitó a decir que "esa es una decisión propia del Ministerio del Interior y desconozco las razones".

Vidal afirmó que, en todo caso, "este programa sigue con su mismo objetivo, cual es colaborar con los tribunales para que se encuentre justicia y las violaciones a los derechos humanos sean aclaradas".

La nueva directora tiene un largo pasado vinculado a la defensa de los derechos fundamentales violados durante la dictadura, incluida su participación en el departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad. Hasta ahora era la subjefa del Programa.

Ayer la secretaria ejecutiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, manifestó la "preocupación" de la agrupación por la remoción de la abogada Mejías, dado que, bajo su dirección, el trabajo del Programa ha sido bien evaluado por los organismos defensores de los derechos humanos y las agrupaciones de los familiares de las víctimas.

Y aludiendo al reciente procesamiento de tres vicealmirantes (R), dos capitanes de navío (R) y un médico de la Armada por el secuestro y desaparición del sacerdote Miguel Woodward, la dirigenta dijo que "esperamos que eso no haya tenido que ver" por algún reclamo de la Marina al gobierno.

El Programa que ahora dirige Rosemarie Bornard es, a través de la abogada Karina Fernández, uno de los principales sustentos jurídicos como parte querellante en esa causa que instruye en Valparaíso la jueza Eliana Quezada, junto al abogado de la familia del sacerdote, Juan Guillermo Matus.

Consultada una fuente de la Armada por La Nación, esta negó "tajantemente" que la institución presionara ante el Gobierno por el trabajo del Programa en este proceso. "Eso lo negamos rotundamente, jamás la Armada podría hacer algo así", dijo la fuente.

Otra versión que trascendió ayer, fue que la salida de Raquel Mejías pudo deberse a desavenencias en la línea de trabajo del Programa con la representante de la Presidenta Michelle Bachelet para materias de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, lo que no fue confirmado.

La abogada Mejías proviene también del grupo de profesionales que participó ante los tribunales en defensa de los derechos violados durante la dictadura, y fue coordinadora del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que fue la continuadora de la Comisión Rettig.

Integró la lista de profesionales que firmó la carta oponiéndose en 2000 a la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos con las Fuerzas Armadas, lo que en su momento produjo fuertes disputas entre los organismos y abogados defensores de estos derechos.

Bajo su mando

Bajo la dirección de Raquel Mejías el equipo de derechos humanos del ministerio del Interior participó en relevantes avances en las causas que se instruyen por delitos de lesa humanidad. Entre ellos el descubrimiento de la Brigada Lautaro y el cuartel de la DINA en Simón Bolívar, comuna de La Reina, donde la dirigencia comunista clandestina fue exterminada.

A ello se suma la ubicación del lugar donde fueron escondidos los cuerpos de los campesinos de Paine y los nuevos antecedentes de la causa. Lo último fue la actuación decisiva en el proceso por el crimen del sacerdote Woodward.

DDHH-CUBA: La Habana firma con reservas

Por Dalia Acosta

LA HABANA, 29 feb (IPS) - La política hostil de Estados Unidos hacia Cuba, que se extiende por casi medio siglo, seguirá lastrando el reconocimiento y respeto de ciertos derechos contemplados en los dos primeros pactos internacionales firmados por el gobierno de Raúl Castro el jueves.

Cuba firmó el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ambos en vigor desde 1976. Este último podría concentrar las principales reservas del gobierno cubano.

"El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América y su política de hostilidad y agresión contra Cuba constituyen el más grave obstáculo al disfrute por el pueblo cubano de los derechos enunciados en los pactos", aseguró una declaración del canciller cubano Felipe Pérez Roque.

Leído el jueves por el ministro en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y publicada en Cuba este viernes, el texto añade que "en cuanto al alcance y aplicación de algunos postulados de estos instrumentos internacionales, Cuba registrará las reservas o declaraciones interpretativas que considere pertinentes".

Aunque no aclara cuáles son esas reservas, se supone que están relacionadas con determinados derechos en el terreno político que La Habana ha negado a grupos de la oposición por considerarlos movimientos al servicio de un gobierno extranjero, el de Estados Unidos.

Entre las objeciones podrían estar el derecho a la libre expresión, que incluye "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras", pero que el mismo Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce que "puede estar sujeto a ciertas restricciones" por motivos como "la protección de la seguridad nacional".

Algo similar ocurre con el derecho a fundar sindicatos, restringido por las leyes que sean necesarias en "interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos". En el derecho de huelga también se contempla su restricción legal por las fuerzas armadas, la policía o el Estado.

Los estados firmantes de ambas convenciones asumen, entre otras, la obligación de respetar y asegurar los derechos humanos reconocidos de toda persona en su territorio o bajo su jurisdicción, lo que implica que deben adoptar medidas para que tales garantías sean efectivas.

Más allá de las reservas, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que desde el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, La Habana ha garantizado "sistemáticamente" los "derechos protegidos por ambos instrumentos".

Se incluye el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al empleo y a la seguridad social. También la protección de la infancia y la adolescencia de la explotación económica y social y el acceso de las personas a la cultura y a los avances científicos, entre otros.

La firma fue una "decisión soberana" del gobierno cubano que "nunca ha actuado ni actuará bajo presión", dijo Pérez Roque en una conferencia de prensa en Nueva York.

La posición de La Habana fue también expresada por el nuevo presidente de Cuba, Raúl Castro, en su primer discurso tras su elección el domingo. La revolución "nunca ha cedido un ápice ante las presiones ni se ha dejado influir por ellas, ni por las grandes ni por las pequeñas", dijo.

Cuba comenzó a abrirse al diálogo en materia de derechos humanos en 2007, con el establecimiento de un mecanismo de intercambio con España, la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, y el anuncio el 10 de diciembre de la firma de estos dos pactos internacionales.

Ziegler fue invitado sólo después de que el Consejo de Derechos Humanos del foro mundial suspendió el mandato de Christine Chanet, representante personal para Cuba de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.

La Habana jamás recibió a Chanet por considerar su misión una "manipulación de Estados Unidos".

Una visita como la de Ziegler no se efectuaba desde la misión de Radhika Coomaraswamy, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, en 1999.

Al anunciar la firma de los dos pactos internacionales, Pérez Roque aseguró que el gobierno había decidido ampliar su colaboración con las Naciones Unidas en ese campo como respuesta a la decisión del Consejo de Derechos Humanos de poner punto final a una supervisión especial sobre Cuba en materia humanitaria.

En ausencia de manipulaciones de Washington, que durante años logró la aprobación de resoluciones de condena a Cuba en la disuelta Comisión de Derechos Humanos, La Habana se someterá a los mecanismos del nuevo Consejo de la ONU "en igualdad de condiciones" con los demás países miembros, aseguró el canciller.

Analistas cubanos interpretaron como un buen síntoma que, a menos de una semana de la investidura de Castro, Cuba proceda a la firma de estos acuerdos. La decisión, sin embargo, fue recibida con escepticismo por sectores de la disidencia que actúa sin reconocimiento legal.

"Más allá de firmarlos esperamos que el gobierno honre la letra y el espíritu de ambos instrumentos, con lo cual sería el primer beneficiado a nivel internacional", afirmó Elizardo Sánchez, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

En tanto, Manuel Cuesta Morúa, portavoz de la disidente Arco Progresista, consideró que la firma debe traducirse en el fin del hostigamiento a la oposición. "Es importante que el gobierno cubano responda con cambios al interior del país", dijo a IPS.

Cuesta Morúa reconoce "la sombra" que constituye para la disidencia la política estadounidense hacia Cuba. "Como siempre, Estados Unidos es el principal obstáculo externo para el cambio en Cuba", señaló el 24 de octubre, tras el anuncio de asignaciones millonarias de Washington para apoyar una transición democrática en este país caribeño.

"Este es el momento de apoyar a los movimientos democráticos que están surgiendo en la isla. Es tiempo para que el mundo deje de lado sus diferencias y se prepare para la transición cubana hacia un futuro de libertad, progreso y promesas", sostuvo ese día el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

Cuatro meses después, el mandatario estadounidense aseguró que nada cambiará en su política hacia Cuba tras el ascenso a la presidencia de Raúl Castro. "El no es más que una extensión de lo que hizo su hermano", aseguró Bush el jueves en respuesta a una pregunta sobre qué se perdería al negociar con su homólogo cubano.

La Habana, por su parte, mantiene su posición de no aceptar que se condicione el levantamiento del bloqueo a determinados cambios internos pues, alega, implicaría una injerencia en sus asuntos y una violación del derecho de cada país a elegir su sistema político.

Fasic constata que durante el 2007 hubo retroceso en casos de DD.HH.

Lanacion.cl 
 
Abogados de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) afirmaron que el año 2007 se constató un retroceso en los juicios sobre Derechos Humanos en Chile por la aplicación de la prescripción de penas y la rebaja de sanciones a los responsables, en una posición que sólo puede calificarse como de impunidad.  

 
Los profesionales ofrecieron hoy una conferencia prensa, ocasión en la que dieron a conocer un balance sobre la situación jurídica de casos de Derechos Humanos en el país durante el año pasado. 

Afirmaron que la situación de impunidad vivida en los casos de Derechos Humanos es una consecuencia de un "sistema electoral binominal, que se ha extendido a la integración de ministros de la Corte Suprema, debido a que el nombramiento de los magistrados del alto tribunal es fruto de negociaciones políticas entre los partidos de la Alianza y los partidos de la Concertación".  

Comentaron que, en virtud de este escenario, se han registrado sentencias contradictorias, como producto de mayorías circunstanciales, en las cuales se advierte un desprecio por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

"Hacemos un llamado al máximo tribunal para poder salvar las contradicciones y poder fijar criterios uniformes", subrayó el abogado Nelson Caucoto, haciendo alusión a los casos donde se han producido amnistías y prescripciones.

Además, recordó que el ministro Carlos Cerda -quien tuvo a su cargo el caso por las millonarias cuentas del fallecido general (r) Augusto Pinochet y su familia en el Banco Riggs- fue objeto de un proceso disciplinario por haber dicho que la Sala Penal era la única que estaba en mayor consonancia con el Derecho Internacional, haciendo una crítica al caso de la Tercera Sala Constitucional donde, a juicio del abogado, "el Derecho Internacional no existe en esa sala". 

El equipo jurídico del Fasic también manifestó su preocupación por el cierre de los Tribunales del Crimen, "los únicos competentes para conocer de los delitos cometidos durante la dictadura militar, y, por esta razón, exhortamos a las autoridades judiciales y legislativas a adoptar las medidas que correspondan para la reinstalación de jueces con dedicación exclusiva para conocer estos casos", destacaron. 

Al mismo tiempo, manifestaron que "observamos una suerte de rutinización en el quehacer principal del Ministerio Público, como por ejemplo órdenes de allanamientos masivos sin autoridad controladora, y sólo órdenes verbales para detener y allanar".

Por último, agradecieron la preocupación del Gobierno por corregir los errores detectados en el Servicio Médico Legal (SML) en la identificación de osamentas del Patio 29, de personas detenidas desparecidas y ejecutadas políticas, como también valoraron la preocupación por prestar asistencia en salud mental a los familiares afectados por estos desaciertos.

La situación Mapuche 

Con respecto a las disputas con las comunidades mapuches, subrayaron que los casos han estado marcados por la ausencia de mecanismos civilizados para la resolución de conflictos, "ya que en ocasiones hay uso de la fuerza pública muchas veces desmedido y abusivo; nos hace recordar situaciones del pasado reciente, con todos sus contenidos discriminatorios y de afectación de derechos civiles y políticos", dijeron. 

Además, criticaron la aplicación errónea de la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuches, por lo que pidieron que fuera revisada o resuelta con criterios de justicia por la vía legislativa o administrativa. 

 
En la misma línea, hicieron alusión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT ), sobre pueblos indígenas y tribales, enfatizando el "agravante" que representa el haberse aprobado por la Comisión Técnica del Senado una declaración interpretativa que deja sin aplicación normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Consuetudinario.

 
El abogado Héctor Salazar resaltó que "el no cumplir con estos convenios internacionales, perjudicará las aspiraciones de nuestro país de ganar la demanda marítima, interpuesta por Perú en el Tribunal Internacional de La Haya".

La generación de tenientes del Ejército y las violaciones de los DDHH

Cinco de los nueve generales de División que actualmente conforman la cabeza del alto mando del Ejército están cuestionados. El fantasma por su posible participación en causas de lesa humanidad los vuelve a perseguir ahora que están en el momento más álgido de sus carreras. Cerca del 30% de los oficiales de las FFAA y de Orden por sobre el rango de mayor hoy en servicio activo formaron parte de las huestes de la CNI, lo que podría generar nuevas interrogantes y conflictos a 18 años del fin de...

ChileInforma. Puesta online a las 22:04, el 03 de Febrero del 2008 Por J. Escalante / L. Narváez / J. Rebolledo La generación de tenientes del Ejército y las violaciones de los DDHH El peso de una estrella Cinco de los nueve generales de División que actualmente conforman la cabeza del alto mando del Ejército están cuestionados. El fantasma por su posible participación en causas de lesa humanidad los vuelve a perseguir ahora que están en el momento más álgido de sus carreras. Cerca del 30% de los oficiales de las FFAA y de Orden por sobre el rango de mayor hoy en servicio activo formaron parte de las huestes de la CNI, lo que podría generar nuevas interrogantes y conflictos a 18 años del fin de la dictadura. "Santelices debiera renunciar" Se sentaron frente al juez y se mostraron los dientes. Habían asesinado juntos, pero esta vez el conductor del camión que transportó a los 22 campesinos prisioneros de Paine a la muerte le faltó el respeto. Juan Quintanilla Jerez, uno de los civiles que participó en el operativo, tenía al frente a quien fue su jefe en la masacre, el ahora coronel retirado Andrés Magaña Bau. Esa noche de octubre de 1973, Quintanilla condujo por caminos ocultos hasta hallar la quebrada que serviría de paredón. Ahora, más de tres décadas después, confrontados ambos ante el juez Héctor Solís, surgió un antecedente relevante: habían matado de día "con el sol en la cara de los detenidos", declaró el civil. Y aunque siempre los soldados contaron a la justicia que actuaron de noche, alumbrados tan sólo por los focos del camión y algunas linternas, fue esa la presunta penumbra donde se escudaron para asegurar que nunca pudieron distinguir los rostros de sus superiores. Quintanilla no tenía dudas de que junto a él, en la cabina amplia del camión iban, además de Magaña, otros dos oficiales jóvenes con el grado de subteniente. Son los militares que ahora busca el juez. O, mejor dicho, los dos "fantasmas", porque, extrañamente, nadie recuerda sus nombres. Según los querellantes están atados por un "pacto de silencio" que por más de 34 años han conservado como el mayor secreto de familia. Dos fantasmas a los que no sólo vio Quintanilla, sino también varios de los conscriptos que fueron obligados a disparar, entre ellos Carlos Lazo Santibáñez y Víctor Sandoval Muñoz, tal como lo confesaron al magistrado. El pelotón de la Escuela de Infantería de San Bernardo que actuó aquel amanecer contaba con unos 30 efectivos. Todos comienzan ahora a recordar que el sol ya brillaba por el este cuando apretaron el gatillo y escondieron los cuerpos. Pero el coronel Magaña se mantuvo estoico en su negativa frente a Quintanilla y el juez. "¡Jamás hubo otros dos subtenientes!". Quintanilla insistió y lo agredió verbalmente: "Usted me obligó a disparar, diciéndome que si no lo hacía, también iba a parar al fondo de la quebrada junto al resto". Los dos subtenientes que viajaban en la cabina junto a Magaña, según quienes los vieron, no se quedaron dentro del camión. Descendieron y ninguno llevaba el rostro cubierto cuando el sol brillaba. Quintanilla entregó otro dato preciado. Interrumpiendo a Magaña, que seguía negando, dijo: "Eran dos subtenientes recién egresados de la Escuela Militar". ¿Cómo conocía aquel detalle certero? Unos pocos meses después, hacia fines de 2007, el impenetrable Magaña, vuelto a ser interrogado por el magistrado acerca de los dos jóvenes fantasmas, cometió un desliz, tal vez involuntario: "Si hubiesen viajado otros oficiales, debieron ser subtenientes recién egresados de la Escuela Militar, en agosto de 1973". Pero súbitamente volvió a recuperar su línea y siguió negando. Había deslizado exactamente el mismo antecedente que entregó Quintanilla: subtenientes recién egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar, destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo. EL NUDO FANTASMAL Guillermo Castro Muñoz, Eduardo Aldunate Hermann, Julio Baeza von Bohlen y Cristián Le Dantec Gallardo, son los nombres de los cuatro generales en servicio activo que irrumpieron en la prensa este verano ardiente, haciendo sonar las alarmas en el edificio de calle Zenteno, sede de las FFAA. Forman parte de los 39 subtenientes egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar que fueron destinados a la Escuela de Infantería y que hoy son sospechosos de haber acompañado a Magaña ese triste amanecer de octubre. Ahí está el nudo del conflicto para ellos, porque, aunque quizás sean inocentes, entraron en el universo acotado donde el juez busca identificar a los dos subtenientes que nadie quiere revelar. Una lista de 1984 enviada por el entonces ministro de Defensa, Patricio Carvajal, a la justicia militar (ver entrevista a Pamela Pereira) con todos los oficiales y suboficiales que servían en la Escuela de Infantería en esa fecha, incluye a Castro, Baeza y Le Dantec. La nómina identifica a 39 subtenientes. Aldunate no figura, pero altas fuentes militares dicen que fue destinado también a ese cuartel en agosto de ese año. Su foto resalta en la revista de la Escuela Militar "Cien Águilas" de 1973, dentro de los destinados a Infantería junto a los otros tres generales en servicio activo. Ahora, el juez Solís trabaja con esa publicación, para descubrir la identidad de los otros dos subtenientes de Paine. En entrevista concedida en 2005 a La Nación, Aldunate reconoció que estuvo destinado en la CNI algunos meses y que sólo realizó labores de seguridad para visitas extranjeras. Sin embargo, LND tuvo acceso a información que lo vincula al organismo por lo menos hasta 1982, siendo visto en al menos dos cuarteles. Nadie menciona hasta ahora en el proceso a Aldunate, Baeza y Le Dantec como los posibles subtenientes que junto a Magaña al mando del grupo por antigüedad tomaron parte en los crímenes. Pero el recientemente retirado prefecto de Investigaciones, Rafael Castillo, sí nombra a Castro. "El señor Magaña deja entrever que uno de los subtenientes involucrados en estos hechos es el señor Castro, que actualmente sería un general en servicio activo. No tengo problemas en carearme con Magaña", afirmó Castillo al juez relatando parte de su investigación. Por cierto, Magaña negó en el careo entre ambos, realizado el pasado 15 de enero, haberle entregado algún nombre. CASTRO EN CERRO CHENA En su declaración judicial del pasado 14 de enero en calidad de "inculpado" ante el juez Solís, el general Castro negó haber actuado junto a Magaña. Pero admitió algo que, a juicio de los querellantes, es grave: sirvió en una compañía de fusileros adscrita al "Cuartel Dos", nombre con que se conocía el otro estamento de la Escuela de Infantería ubicado en cerro Chena. "Pero allí nunca vi detenidos, sólo supe después por la prensa que los hubo", se adelantó a decir al juez. Sin embargo, el mismo coronel Magaña declaró: "Yo quería fusilar a los detenidos en el campo de prisioneros que tenía la escuela en cerro Chena", pero sostiene que sus superiores no le aceptaron la propuesta esa noche. El general Castro agrega en su declaración judicial a otro subteniente a la ya larga lista que indaga el juez. "Cuando fui asignado en octubre de 1973 a la Compañía de Fusileros que estuvo en el Cuartel [Dos], ésta era comandada por el capitán Rojas, y también la integraba el subteniente Benjamín Ovalle", declaró. En la ya citada revista "Cien Águilas" aparece junto a los cuatro futuros generales un subteniente destinado a Infantería: "Benjamín Ovalle Maturana". Tampoco éste figura en la lista de Carvajal de 1984. CAMINO DIFÍCIL La tensión producida por la aparición de los nombres de generales activos mencionados en casos de violaciones de los derechos humanos nuevamente volvió a generar las reuniones extraordinarias entre representantes políticos y castrenses. El propio Comité Político de la Presidenta Bachelet trató el tema y se vio enfrascado en una breve pero fuerte diferencia de opiniones entre los ministros secretario general de Gobierno y de Presidencia, Francisco Vidal y José Antonio Viera-Gallo (ver página 10). La semana pasada, el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, debió postergar sus vacaciones para reunirse con los abogados Pamela Pereira y Luciano Fouilloux. Ambos tienen una trayectoria íntimamente ligada a casos de violaciones de derechos humanos, no tan sólo por ser querellantes de las víctimas del caso Paine, sino porque ambos integraron la Mesa de Diálogo, intento fallido para dar con el paradero de miles de detenidos desaparecidos. Trascendió que en dicha reunión el jefe castrense, que estaba acompañado por el auditor general, Juan Arab, comprometió toda su voluntad para colaborar con la justicia y aclarar presuntas responsabilidades. Sin duda que el más afectado por esta disposición es el general Gonzalo Santelices, actual jefe de la Guarnición de Santiago, involucrado en un caso que nada tiene que ver con Paine. En una nota entregada durante la semana al Ejército, el Gobierno sugirió la necesidad de que Santelices sea separado de sus funciones lo antes posible. Y casi al mismo tiempo, Izurieta habría manifestado a su Estado Mayor que resolvería este tema en marzo, aunque no se descarta que sea reasignado a otras funciones mientras la justicia determina si se lo somete a proceso o si queda libre por falta de méritos. Hace más de cinco años que el militar reconoció judicialmente que participó en la comitiva que trasladó a 14 prisioneros políticos de Calama, que posteriormente fueron fusilados por la Caravana de la Muerte. Bastó que se recordara este hecho en La Nación y que el abogado Hugo Gutiérrez solicitara que declarara en el proceso que instruye el ministro Víctor Montiglio como "inculpado", para que su suerte quedara aparentemente sellada. Su alejamiento o traslado de la guarnición sería inminente. La generación de generales mencionados eran subtenientes en 1973. Tanto Pereira como Fouilloux critican que no se informara oportunamente acerca de sus pasadas destinaciones, especialmente aquellas que podían haberlos expuesto a delitos de lesa humanidad. Pero no es la única información que no se ha entregado. ¿Hay más miembros de las FFAA, Carabineros o Investigaciones en servicio activo que hayan tenido un mínimo de participación, desconocida hasta hoy, en los organismos represivos de la dictadura? ¿Qué debiera suceder con ellos? (ver recuadro de Investigaciones) En el Gobierno reconocen que en todas las ramas de las FFAA aún se encuentran en servicio activo ex agentes que pasaron por el temido organismo represor. Sólo el Ejército conformaba el 70% de la dotación de la CNI y destinaba cada año cerca de 250 efectivos. Al interior del actual alto mando, se dice que la principal defensa en el Ejército para enfrentar esta situación es que la diferencia radical con generaciones anteriores es que se trata de oficiales y suboficiales que no cumplieron labores operativas antisubversivas, violentas, ni funciones que actualmente sean objeto de investigaciones judiciales. "La CNI era un organismo muy grande. Tenía una de las dotaciones más numerosas y las funciones que se cumplían ahí eran múltiples", comenta un alto oficial militar que pide mantener su anonimato. Estimaciones realizadas por el propio Ejército calculan que entre un 30 ó 40% de los oficiales pasó por los cuarteles de la CNI. Se trata de oficiales que actualmente ostentan los grados de mayor, coronel y general. Sólo a finales del 2005, cuando Izurieta asumió la Comandancia en Jefe, 13 de los 30 generales que se encontraban en servicio activo habían pasado por la CNI. Durante la administración del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta, se sentó un precedente claro para los casos de militares involucrados en causas de derechos humanos: si algún juez los procesaba, inmediatamente se les cursaba el retiro. Uno de los casos que inició dicha doctrina fue el procesamiento del general Hernán Ramírez Hald, por el caso Tucapel Jiménez. Sin embargo, la situación que actualmente enfrenta el general Santelices podría cambiar radicalmente este panorama, ya que el solo reconocimiento por su parte de la participación en un hecho delictivo, probablemente se traducirá en su alejamiento de la institución, tal como lo recomendó el Gobierno, no obstante que Izurieta pidió esperar a su regreso de vacaciones para resolver. En momentos en que los tribunales se encuentran en plena fase de condenas en los casos de DDHH, los funcionarios que por cualquier motivo pasaron o vivieron una situación cercana a hechos relativos a delitos de lesa humanidad se escudan en la jerarquía institucional para invocar en su defensa la obediencia debida. Pero más allá de eso, la abogada Pamela Pereira cuestiona que no se transparente la información de modo que el Gobierno tome una mejor decisión en torno a quiénes componen el alto mando. "No puede ser que se sostenga que aquí hay antecedentes que se omiten para que no nos enteremos y no se produzca el impacto que produce el saber este tipo de información. Ésta debe ser real y no se pueden omitir datos para que entonces no se haga la vinculación entre determinados hechos con determinadas personas", sostiene. Por su parte, Luciano Fouilloux dice que el general Izurieta ha manifestado su intención de colaborar en torno al esclarecimiento de las violaciones de los DDHH. "Hay un compromiso público, dicho en una reunión con él, de que no van a repetirse actitudes de secretismo legal ante los tribunales de justicia y que se va a entregar toda la información que se posea", dice. Más allá de quienes son investigados por la justicia y aquellos que por azar les tocó pasar por organismos represivos o estar cerca de lugares donde ocurrieron hechos de sangre, la actual situación pone el principal acento en el proceso que debe concluir con el nombramiento del sucesor del general Izurieta en la Comandancia en Jefe del Ejército, que debe salir de los actuales generales en activo, para que el nominado tenga una hoja de vida impecable. Por otro lado, los organismos defensores de los DDHH aspiran a que el bicentenario traiga consigo, por primera vez desde el retorno a la democracia, un alto mando libre de toda sospecha. Ex CNI también en Investigaciones La Operación Albania es uno de los episodios más sangrientos ocurridos durante la década del ochenta. Por eso no era de extrañar las constantes críticas hacia la Policía de Investigaciones, que demoró más de cuatro meses en capturar al teniente coronel (R) de Carabineros Iván Quiroz. Este ex policía fue uno de los jefes de brigada de la CNI y hoy cumple una condena de 10 años por esas muertes. Quiroz se retiró de Carabineros recién en 1995. Pero en la misma institución que lo persiguió hay un conocido camarada de Quiroz. Se trata del prefecto Sergio Mellado Faúndez, jefe nacional de Informática y Telecomunicaciones de Investigaciones. El alto oficial fue propuesto al Gobierno por el actual director de la policía civil, Arturo Herrera y, por ende, se lo señala como uno de sus más cercanos colaboradores. Según consta en tribunales, Mellado Faúndez ha declarado en varios procesos judiciales (entre otros, la Operación Albania) debido a que fue un agente operativo de la CNI, es decir, cumplió funciones en terreno. Ha declarado ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard y Jorge Zepeda. Para muchos fue una sorpresa que el ex agente haya ascendido de jefe de una pequeña brigada comunal (Bricrim Peñaflor) a una jefatura nacional. Otro ex agente que ha pasado inadvertido en Investigaciones es el subprefecto Héctor Silva Calderón, actual jefe de la Brigada de Homicidios de Coyhaique. El policía fue encargado del registro de huellas dactilares de la CNI y, por ello, ha sido llamado a declarar en varias ocasiones. Una de ellas fue por la misma Operación Albania.