17 mayo, 2008

Gobierno removió a jefa de Programa de DDHH

La renuncia a la abogada Raquel Mejías le fue pedida el viernes pasado por el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, por instrucción del ministro Pérez Yoma. El gobierno no dio razones para su salida....

Por Jorge Escalante / La Nación
Dirección del Programa de Interior lo asumió la abogada Rosemarie Bornard

Gobierno removió a jefa de Programa de DDHH
La renuncia a la abogada Raquel Mejías le fue pedida el viernes pasado por el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, por instrucción del ministro Pérez Yoma. El gobierno no dio razones para su salida.

La abogada Rosemarie Bornard asumió la dirección del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, luego de que el jefe de esa cartera, Edmundo Pérez Yoma, pidió el viernes pasado a través del subsecretario Felipe Harboe la renuncia a la abogada Raquel Mejías. La saliente directora llevaba cinco años a cargo de esa institución.

El gobierno no explicó el motivo de la salida de Raquel Mejías, y el vocero Francisco Vidal se limitó a decir que "esa es una decisión propia del Ministerio del Interior y desconozco las razones".

Vidal afirmó que, en todo caso, "este programa sigue con su mismo objetivo, cual es colaborar con los tribunales para que se encuentre justicia y las violaciones a los derechos humanos sean aclaradas".

La nueva directora tiene un largo pasado vinculado a la defensa de los derechos fundamentales violados durante la dictadura, incluida su participación en el departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad. Hasta ahora era la subjefa del Programa.

Ayer la secretaria ejecutiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, manifestó la "preocupación" de la agrupación por la remoción de la abogada Mejías, dado que, bajo su dirección, el trabajo del Programa ha sido bien evaluado por los organismos defensores de los derechos humanos y las agrupaciones de los familiares de las víctimas.

Y aludiendo al reciente procesamiento de tres vicealmirantes (R), dos capitanes de navío (R) y un médico de la Armada por el secuestro y desaparición del sacerdote Miguel Woodward, la dirigenta dijo que "esperamos que eso no haya tenido que ver" por algún reclamo de la Marina al gobierno.

El Programa que ahora dirige Rosemarie Bornard es, a través de la abogada Karina Fernández, uno de los principales sustentos jurídicos como parte querellante en esa causa que instruye en Valparaíso la jueza Eliana Quezada, junto al abogado de la familia del sacerdote, Juan Guillermo Matus.

Consultada una fuente de la Armada por La Nación, esta negó "tajantemente" que la institución presionara ante el Gobierno por el trabajo del Programa en este proceso. "Eso lo negamos rotundamente, jamás la Armada podría hacer algo así", dijo la fuente.

Otra versión que trascendió ayer, fue que la salida de Raquel Mejías pudo deberse a desavenencias en la línea de trabajo del Programa con la representante de la Presidenta Michelle Bachelet para materias de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, lo que no fue confirmado.

La abogada Mejías proviene también del grupo de profesionales que participó ante los tribunales en defensa de los derechos violados durante la dictadura, y fue coordinadora del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que fue la continuadora de la Comisión Rettig.

Integró la lista de profesionales que firmó la carta oponiéndose en 2000 a la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos con las Fuerzas Armadas, lo que en su momento produjo fuertes disputas entre los organismos y abogados defensores de estos derechos.

Bajo su mando

Bajo la dirección de Raquel Mejías el equipo de derechos humanos del ministerio del Interior participó en relevantes avances en las causas que se instruyen por delitos de lesa humanidad. Entre ellos el descubrimiento de la Brigada Lautaro y el cuartel de la DINA en Simón Bolívar, comuna de La Reina, donde la dirigencia comunista clandestina fue exterminada.

A ello se suma la ubicación del lugar donde fueron escondidos los cuerpos de los campesinos de Paine y los nuevos antecedentes de la causa. Lo último fue la actuación decisiva en el proceso por el crimen del sacerdote Woodward.

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