Siendo senador e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, en junio de 1995 Piñera presentó un proyecto de ley de amnistía que ampliaba la normativa original promulgada por Pinochet hasta el último día de la dictadura.
"Concédase amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictuosos desde el 11 de marzo de 1978 hasta el 11 de marzo de 1990, siempre que no se encuentren actualmente condenadas o sometidas a proceso, sin haber sido sobreseídas temporalmente", rezaba el artículo 1º.
El segundo exceptuaba del beneficio a los autores de delitos comunes y el tercero y último establecía que la amnistía debía aplicarse al momento que el juez determinara la fecha del delito, sobreseyendo definitivamente el caso, sin investigar ni establecer la verdad.
Esta norma se hacía extensiva, además, a la amnistía del año 1978, "terminando así con las dudas de interpretación que en tal sentido originó el DL 2.191", señalaba.
El proyecto se archivó sin pasar el primer trámite legislativo en septiembre del mismo año. Pero quedó para la historia la argumentación de Piñera para justificar su contenido.
"Todos sabemos que en Chile ha existido dolor, violencia, enfrentamiento, terrorismo y violación de los derechos de las personas.
Las víctimas están en todos los sectores y ninguno se encuentra exento de responsabilidad", señalaba en el primer párrafo. Y seguía: "No podemos permitir que las divisiones y odios del pasado destruyan los acuerdos y potencialidades del futuro. Para alcanzar el éxito en esta tarea es indispensable tener verdadera paz y unidad entre los chilenos, lo que implica ser capaces de superar el pasado -no olvidándolo, lo cual además es imposible, sino aprendiendo de sus aciertos y errores, cerrar y sanar las heridas y mirar juntos y con optimismo el futuro".
"Ha llegado la hora del perdón y del reencuentro verdaderos", concluía.
Haciéndose cargo de la críticas que despertó su iniciativa, Piñera dijo que "más que de una ley de punto final, se trataba de una ley que busca fortalecer un punto de partida para el Chile con el que todos siempre hemos soñado".
Ni una sola mención a casos como el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez (1982). Degollados (1985), Operación Albania (1987), la quema de Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana (1987) y los cuatro asesinatos tras el atentado a Pinochet (1987). Todos quedaban cubiertos por su moción.
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