Ayer se cumplieron dos años del fallecimiento del dictador, un hecho que le permitió eludir definitivamente la justicia chilena que lo investigaba por tortura, secuestro y homicidios, además de fraude al fisco y evasión de impuestos.
El "engaño" fue el término que algunos ministros de la Corte de Santiago y la Suprema, utilizaron en privado para nombrar esta jugada del jefe militar.
El 1 de julio de 2002, ésta se coronó con la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema que lo sobreseyó definitivamente de la causa Caravana de la Muerte -su primer procesamiento por 58 homicidios y 17 secuestros dictada por el juez Juan Guzmán- por una "demencia subcortical progresiva e incurable". Celebraron los pinochetistas, lloraron los familiares de las víctimas.
Pero el hombre no tuvo el cuidado para comportarse como un demente. Salió de compras, dio entrevistas con excelentes recuerdos y, sobre todo, se conoció luego cómo administró sus ocultas cuentas en el extranjero realizando personalmente complicados trámites no aptos para un demente.
Fue el momento en que la derecha se distanció de él, porque ahora no sólo lo acusaban de matar, sino de robar platas del fisco. Y fue también el tiempo en que los ministros de las cortes comenzaron a darse cuenta de qué tipo de personaje se trataba. "Un pillo", como comentó un magistrado de la Suprema en su oficina a un grupo de periodistas.
Entonces a Pinochet se le vino una avalancha de desafueros y procesamientos por los crímenes de las operaciones Cóndor y Colombo, y por los desaparecidos de Villa Grimaldi. Se salvó en el doble asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, sólo por una cuestión de procedimiento debido a la investigación que en Buenos Aires ya instruía la jueza María Servini.
No fue porque los jueces creyeran que no tuvo responsabilidad penal, como se acreditó en el juicio en Chile por este doble homicidio.
En el escándalo del Riggs Bank alcanzó a ser desaforado por ambas cortes, pero no procesado, porque murió antes. También allí, según los querellantes, elementos de prueba sobraban para declararlo reo.
DOS CRUCES
Dos hechos desmintieron de manera tajante la pretendida inocencia de Pinochet en las atrocidades cometidas bajo su mando.
El primero fue una declaración judicial del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, en los tiempos póstumos, en la que por primera vez el "Mamo" lo "tiró a los leones".
Dijo Contreras en la investigación por la Operación Cóndor: "Yo siempre recibí órdenes directas del Presidente Augusto Pinochet, nada se hizo sin su consentimiento".
El segundo, la declaración ante la Comisión Rettig a las 15 horas del 18 de agosto de 1990, del ex fiscal militar de Concepción, Gonzalo Urrejola Arrau. Es el único documento conocido hasta ahora en el que un oficial afirma directamente que Pinochet ordenó matar.
"La ejecución del intendente de Talca, Germán Castro, antes de que terminara su proceso, fue por una orden telefónica del general Augusto Pinochet. Después se dictó una sentencia post mortem, con lo que tuve que corregir la anormalidad", declaró el ex fiscal.
Como manifestaron los familiares de las víctimas y sus abogados en su momento, "al dictador no le faltaron plumas para haber sido condenado por sus crímenes".
Ayer se cumplieron dos años de su muerte, el mismo día en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ironía del destino.
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