El Tatio : Olla a Presión

Reportajes y Entrevistas
Olla a presión

Artículo correspondiente al número 263 (16 al 29 de octubre de 2009)

 

Aunque la fumarola gigante de El Tatio ya fue controlada por la firma Geotérmica del Norte –controlada por la italiana Enel, y en la que además participan las estatales Enap y Codelco–, las cosas parecen estar aún en ebullición. Divisiones entre los pueblos atacameños lluvia de querellas e intensos mea culpas de autoridades que dieron su aprobación al proyecto, son parte del intenso movimiento que viven las desérticas tierras nortinas, donde Capital quiso indagar. Por Cristián Rivas y Paulas Vargas.

www.tatio.org

Diariamente, entre las 6 y las 7 de la mañana, los géiseres de El Tatio son protagonistas indiscutidos de la parrilla turística de la II Región ¡Cómo no! Si a esa hora se produce el máximo punto de ebullición de estas fumarolas de vapor y agua, con temperaturas que alcanzan los 85 grados celsius, y que logran alturas de hasta diez metros, convirtiendo a este lugar en el más importante en su tipo en todo el hemisferio sur.

Por eso, el que haya surgido una fumarola de 60 metros de altura a poca distancia de allí –un kilómetro y medio, para ser exactos–, no es algo que pase inadvertido para los turistas. Menos todavía para los habitantes de los pueblos cercanos, que vieron esta inédita aparición durante 27 días y de manera ininterrumpida.

Hay que aclarar, eso sí, que no se trató de un hecho natural. Hablamos de una contingencia no prevista que enfrentó la compañía Geotérmica del Norte (GDN) –controlada por la italiana Enel, pero que tiene como accionistas minoritarios a las estatales Enap y Codelco– en uno de los cuatro pozos en los que tiene permiso para realizar trabajos de exploración de energía geotérmica.

Pese a que la firma logró controlar el episodio hace unos días, el intenso calor de la fumarola quedó traspasado ahora al debate y a las acusaciones que van y vienen. Todo, con ex autoridades de la zona haciendo mea culpas por haber apoyado la iniciativa en sus orígenes; divisiones profundas entre los distintos pueblos atacameños; intensas investigaciones ambientales y procesos judiciales en marcha; y una marcada crítica a la forma en que se inició el proceso de concesión del proyecto.

¿Y para qué todo esto? Para generar unos 40 megawats de energía eléctrica, que supondría apenas el 1% de lo que se mueve en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

 

Reparos desde el inicio

La hebra que desenreda la madeja de este proyecto tiene su origen a comienzos de esta década. La historia más reciente –porque hubo varios intentos a lo largo del siglo XX; todos, sin frutos– partió con una alianza que sellaron en enero de 2001 las firmas estatales Codelco y Enap, que se unieron para formar Geotérmica del Norte, con el 51% y el 49%, respectivamente.

En aquel tiempo, lo que dijeron estas empresas fue que, dada la promulgación de la ley sobre geotermia el año previo, tenían interés en solicitar algunas concesiones de exploración, para luego emprender la explotación comercial de estos recursos. Discurso muy en línea con lo que se venía planteando desde otras instancias del gobierno, que apuntaban a incentivar la explotación de energías renovables no convencionales.

Sin embargo, es en este mismo punto donde surge el primer reparo a la forma administrativa en que se desarrolló el proceso y que ha motivado críticas de diversos actores: la ley de geotermia entrega los derechos de concesión al ministerio de Minería, cuyo titular es a la vez, por derecho, presidente de ambas firmas estatales.

"En los últimos acontecimientos en El Tatio hay responsabilidad incluso del gobierno central. Es cosa de mirar cuando se entregaron las concesiones a Codelco y Enap donde, curiosamente, el ministro de Minería es juez y parte, porque también es presidente de ambas empresas. Hoy, él mismo reclama la defensa de El Tatio, pero fue ese ministerio el que autorizó que se explotara ¿De qué estamos hablando?", reclama Wilson Segovia, miembro del Consejo de Pueblos Atacameños.

www.tatio.org

Los hechos cuestionables siguen, porque luego de conseguir las concesiones geotérmicas, vino todo un reordenamiento de la empresa en marzo de 2006. El ex presidente ejecutivo de Codelco Juan Villarzú recuerda que la compañía finalmente no tuvo interés de seguir en el tema y autorizó a la petrolera para que negociara la venta. Fue ahí que apareció en la trama la multinacional italiana Enel, que se hizo del 51% de la sociedad y comenzó con los trabajos para su puesta en marcha, asumiendo toda la operatividad del nuevo negocio.

A la deficiencia en materia de gobierno corporativo mostrada en este caso se suma, además, una falta importante de regulación, según cuenta el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Gonzalo Blumel. Argumenta que la zona de El Tatio es vista como un área con alto valor ecológico, turístico y patrimonial que, sin embargo, no está incluida en el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Por eso, plantea que aquí no fallaron las autorizaciones ambientales que se dieron y estuvieron completamente en regla, sino que la falla tiene que ver con que no se reguló institucionalmente algo que parecía evidente con anterioridad.

Además, hay otras inquietudes que han ido surgiendo en torno a la legislación sobre geotermia. Como que la ley entrega al titular de la concesión el derecho de aprovechamiento de las aguas subterráneas, siendo que esa debería ser atribución de la Dirección General de Aguas (DGA). Tema que cobra importancia al momento de hablar sobre el efecto que pudiera tener –o no– una situación como la vivida en El Tatio, que podría haber tenido impacto en la misma agua que utilizan más abajo otras actividades económicas o la propia gente.

Esto cambiaría, dijeron al interior de la DGA, si avanza el proyecto de ley que sugirió hace algunos días el MOP, con el que se quiere dejar expresamente de manifiesto en la Constitución que el agua en todos sus estados –sólido, líquido o gaseoso– es un bien de uso público.

 

Río revuelto

 

Así las cosas, la pelea entre las comunidades también llegó al interior de la Conadi. Reyes, que en el período en que se inició la discusión aún no era consejero de la institución indígena, plantea que surgió un doble discurso al interior de esa organización. "Hubo una oposición entre comillas, porque después vimos cómo la misma presidenta de la Conadi, Liliana Cortés, aceptaba visitar Italia y, luego, frecuentemente se reunía y apoyaba las acciones de la empresa con las comunidades de Toconce y Caspana. Hicimos sentir el malestar, incluso realizamos una marcha, pero nuevamente se nos dijo que el proyecto no iba a causar ningún impacto, aunque, en pocos días, se les escapó todo de las manos", acusa.

Estas mismas peleas incidieron en que finalmente las opiniones se dispersaran y el mundo indígena no fuera capaz de participar activamente de la discusión ambiental en torno al proyecto. Así lo ve la ex gobernadora de El Loa, Sandra Pastene, que también hace un mea culpa de su aprobación al proyecto. Dice que para revertir en parte su falta hoy está trabajando activamente con distintos municipios y asociaciones indígenas con el fin de revocar el permiso y conseguir que se declare a El Tatio como zona protegida.

www.tatio.org

Cuenta que pudo palpar irregularidades en el desarrollo del proyecto cuando, algunos meses después de su aprobación, pidió a distintos servicios que aplicaran fiscalizaciones. Apunta que dichos controles dejaron en evidencia algunas faltas, como la extracción de agua de una pequeña laguna cercana y el hecho de que no tenían autorización para construir la piscina en que depositaban esa agua antes de ser usada en el proceso de inyección para producir vapor.

Esto mismo, más la falla reciente, es lo que llevó a la ministra de medioambiente, Ana Lya Uriarte, a plantear que hubo una mala operación del proyecto por parte de la empresa, al apartarse del estricto cumplimiento de su resolución de calificación ambiental. "Lo más indignante es que para Chile la energía geotérmica representa una energía beneficiosa, pero a raíz de esta situación, anómala, por cierto, estamos viviendo una verdadera consternación", se queja.

Aunque en el gobierno insisten en que la geotermia es una buena alternativa de generación sin costos ambientales, en otros ámbitos como Libertad y Desarrollo, dicen que hay que ser realistas en que estas iniciativas no resolverán los problemas de la matriz energética chilena. "Este problema deja en evidencia que las energías renovables difícilmente pueden considerarse la base sobre la cual se va a desarrollar nuestra seguridad energética, porque se trata de tecnologías que todavía son muy inmaduras. Cuando haya aplicaciones para otras de estas energías, como la solar, de seguro también habrá impactos alternativos. Por eso, si bien hay que incentivarlas, el desarrollo futuro de la matriz no se puede basar en ellas", advierte Blumel.

 

La judicialización

Así como la ministra Uriarte, no hubo autoridad de gobierno que no dijera en las últimas semanas que la empresa actuó irresponsablemente. Sólo las ONG no han salido a criticar lo sucedido, simplemente porque no tienen muchos argumentos para defender el error en algo que ellas mismas han propiciado.

Por eso, no es sorpresa que el tema tienda a judicializarse, con querellas, o anuncios, que van y vienen. Hasta el mediático ex juez Juan Guzmán Tapia –célebre por su procesamiento al general Augusto Pinochet– está entre quienes se han metido en esta polémica. En las comunidades del norte cuentan que lo contactaron dada su cercanía con el tema de los derechos humanos y estaría trabajando en una demanda por los daños y atropellos a los pueblos originarios.

Eso sí, el primer paso concreto lo dieron las agrupaciones indígenas y ciudadanas lideradas por el Consejo de Pueblos Atacameños, que interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) y de la empresa Geotérmica del Norte. La abogada representante, Marisol López, sostiene que lo que buscan es paralizar definitivamente la totalidad del proyecto y amenaza con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si esto no se produce.

El Nortino

En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) abrió una carpeta de investigación medioambiental por este caso, y requirió por oficio informes a los distintos servicios con competencia en esta área. En este organismo, presidido por Carlos Mackenney, explicaron que esta información se solicitó hace poco más de dos semanas, y una vez que los datos estén en su poder, se estará en condiciones de determinar si se entabla una acción de reparación ambiental, o una demanda civil por indemnización (o ambas en paralelo).

¿Qué pasará en el hipotético caso en que el Consejo inicie una demanda contra la empresa y ésta, a su vez, entable un litigio contra el Estado, por considerar que el error fue de éste al entregar los permisos? Se lo preguntamos directamente a la ministra Uriarte (que en el pasado también era miembro del CDE) y nos aseguró que en este caso el incumplimiento es de la empresa, por lo que tal situación no debería darse. "No hay que confundirse ni un solo segundo: la responsabilidad debe buscarse en quienes no gestionaron cuidadosa y rigurosamente este proyecto", aseguró.

Desde GDN, el gerente técnico del proyecto Quebrada del Zoquete, Martino Pasti, anticipó frente a estas acciones legales que la compañía mantendrá lo que ha sido su comportamiento hasta ahora, en especial en cuanto al compromiso de colaboración con las distintas instancias que requiera el proceso. "En el escenario actual corresponde que GDN entregue a Corema todos los antecedentes técnicos sobre las causas de la erogación y dar respuestas a los puntos planteados. Avanzaremos en este proceso paso a paso", sostuvo por escrito al ser consultado.

Defendió que la firma ha puesto en marcha un exhaustivo sistema de seguimiento diario de temperatura, conductividad y grado de acidez, entre varios otros elementos, por lo que "nuestros argumentos se basan en evidencia técnica objetiva. La pregunta es en qué se basan las opiniones catastrofistas". Por eso, apoya los análisis que puedan realizar organismos técnicos independientes, que aportarían una ayuda al examen y evaluación de la contingencia, que deben hacer las autoridades.

Sostuvo que el compromiso de GDN es contribuir definitivamente a la meta país de la diversificación de las fuentes energéticas, en particular a través de las que son limpias y renovables. "Este gran objetivo no puede cuestionarse en virtud de una contingencia de bajísima ocurrencia en la industria geotérmica mundial y que, insistimos, no está afectando de modo alguno al campo de géiseres El Tatio".

 

Italianos al ruedo Entre las acaloradas declaraciones surgidas a raíz de los problemas en El Tatio, sin duda la que más interés público desató fueron las acusaciones del empresario turístico Pedro Ibáñez, dueño de la cadena de hoteles Explora, que habló de un doble estándar en la aprobación ambiental de los proyectos cuando éstos provienen de compañías estatales. Pero la parte que más dolió en la comunidad itálica residente fue aquella en que destacó que "el proyecto lo lidera una empresa italiana de gran envergadura y los italianos son conocidos en el mundo entero porque muchas veces no actúan de manera regular". Al margen de esta polémica, lo cierto es que no han sido pocos los empresarios turísticos de la zona que han salido a hablar sobre el impacto que podría traer el error de Enel sobre el turismo en torno a los géiseres. Por un lado preocupa el daño irreversible de este gran atractivo, tan simbólico y solicitado por los visitantes, y por otro la negativa imagen-país que se proyecta en aquellos mercados donde existe una conciencia ecológica más desarrollada, de donde proviene justamente una gran cantidad de los turistas que visitan la zona.

 

 

Los otros proyectos Son dos los consorcios que actualmente están liderando el desarrollo de la geotermia en el país. Por un lado está la sociedad entre Enel, Enap y Codelco y Geotérmica del Norte (GDN) que, además del proyecto en cuestión maneja otros en distintas etapas: Apacheta, que se encuentra en la etapa de exploración profunda, y La Torta, que todavía está siendo explorada superficialmente. A ellos se suman derechos que la firma tiene en Calabozo y Chillán; ambos, en la zona centro sur. A esta firma se suma Energía Andina, la sociedad que el grupo Luksic formó junto a Enap (con 60% de control de la empresa privada) y que maneja cuatro proyectos a lo largo del país: tres en el norte y uno en la zona de Tinguiririca. Adicionalmente, el gobierno inició en junio un proceso para licitar otras áreas en distintas zonas que van desde Arica hasta La Araucanía. El potencial geotérmico chileno se ha situado en más de 16.000 MW, de acuerdo a proyecciones del gobierno.

Aguas separadas

 

En los días previos al control de la fumarola en la Quebrada del Zoquete –cuyo pozo en conflicto, el número 10, se cerró definitivamente según lo dicho por GDN– se realizaron dos concurridas manifestaciones públicas en contra del proyecto. Los organizadores, entre ellos Macarena Suárez, microempresaria de la zona, cuentan que la primera fue "la caminata del perdón": diversas organizaciones ambientales, sociales, empresariales e indígenas marcharon hasta el lugar, en un intento por pedir perdón a la madre naturaleza por el daño que se estaba produciendo.

La otra fue dos días antes del control de la columna de vapor, en la plaza de San Pedro de Atacama, que se vio inundada de banderas blancas y gente de distintas comunidades cercanas, además de autoridades como el ministro de Minería, Santiago González, que visitaban la zona por esos días.

Aunque desde fuera pueda percibirse una unión muy potente entre las distintas comunidades a las que involucra el tema, lo cierto es que esto sólo ha sido cosa de los últimos días, porque las aguas han estado separadas desde el momento en que la italiana comenzó a gestionar los permisos para materializar las obras geotérmicas.

El mismo año 2006, cuando ingresó a la propiedad accionaria de GDN, los distintos pueblos cercanos a El Tatio conocieron el proyecto y comenzaron a mostrar de inmediato preocupación por la fragilidad del ecosistema y la fallida experiencia previa de Corfo. "Quienes mostraron optimismo en ese momento fueron los servicios públicos y el mundo político, que nos comenzaron a bombardear de noticias sobre energías limpias e incluso nos mostraron un mapa con catorce zonas de posibles exploraciones de geotermia. Nos dijeron que era el tipo de energía más apropiada para la región, sus características geológicas", recuerda Segovia.

Coincidente con eso, en 2007 las localidades de Toconce y Caspana recibieron la administración del área turística de los géiseres y meses más tarde se produjo la entrega de la concesión definitiva para que GDN explotara los recursos en El Tatio, lo que recibió el beneplácito explícito de esas dos comunidades, a las que la firma ofreció como compensación energía eléctrica, agua potable y servicios sanitarios.

"El mayor dolor que hoy sentimos es que esta situación logró dividir a los pueblos atacameños e incluso también enfrentarnos. Cuando Toconce y Caspana establecieron ese acuerdo con la empresa, el resto de las comunidades las atacó por haber tomado esa decisión. En San Pedro se hicieron panfletos contra ese apoyo y ahí todo esfuerzo por frenar el proyecto se dispersó y derivó en una profunda división entre los pueblos, generando un quiebre institucional de proporciones", plantea Rubén Reyes, consejero de la Conadi.