18 julio, 2009
ESTAMPAS DE HONDURAS
AMÉRICA LATINA: Evo Morales insta a segunda independencia
LA PAZ, 16 jul (IPS) - Al hablar en la celebración del bicentenario de la revolución criolla y mestiza que culminó con la independencia de España, el presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó este jueves a sellar la liberación latinoamericana frente al poder político y económico de Estados Unidos.
La ciudad de La Paz, sede de gobierno de Bolivia, celebró el día del levantamiento popular liderado por intelectuales, mestizos y criollos contra la corona española, un hito histórico que afianzó la lucha por la independencia que se concretó el 6 de agosto de 1825 con la creación de la República de Bolívar, que posteriormente pasó a denominarse Bolivia.
Al levantamiento de La Paz del 16 de julio de 1809 le precedió el de un grupo de ciudadanos de la ciudad de Sucre, la actual capital de Bolivia, el 25 de mayo de 1809.
Morales pronunció en esta instancia un discurso de defensa de la democracia en América Latina y exhortó a quebrar el vínculo de los cuerpos militares de la región con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al que responsabiliza de preparar oficiales para frenar los cambios sociales y las aspiraciones populares mediante golpes de estado.
"Políticos latinoamericanos que acepten una base militar norteamericana (estadounidense) en cualquier país de América Latina es traidor de su patria", advirtió el mandatario izquierdista, en el estrado donde lo acompañaban sus pares Rafael Correa, de Ecuador, Fernando Lugo, de Paraguay, y Hugo Chávez, de Venezuela.
La canciller del gobierno democrático derrocado en Honduras, Patricia Rodas, y el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Cuba, Jorge Luis Sierra, también estuvieron presentes como invitados especiales de la conmemoración.
Morales, de origen aymara, también reivindicó las luchas de los pueblos indígenas que en 1781 protagonizaron levantamientos contra la explotación, el estado de esclavitud y las obligaciones tributarias con mano de obra y el producto de su labor agrícola impuestos por la corona.
Destacó en particular el liderazgo y la rebeldía organizada por Tupak Katari, en el altiplano del antiguo Alto Perú, hoy Bolivia, y de Tupac Amaru, en las serranías que actualmente pertenecen al territorio peruano, y recoge su pensamiento orientado a la liberación de los pueblos.
Katari y Amaru fueron capturados en 1781 y luego descuartizados como castigo por alentar movimientos insurreccionales, el primero en la localidad de Peñas, ahora Bolivia, y el segundo en la ciudad de Cusco, actual Perú.
"Aquí, los hijos y nietos (de los protomártires) seguimos luchando, buscando la igualdad de todos los bolivianos, y desde aquí, la de todos los latinoamericanos", dijo.
El líder de la insurrección del 16 de julio de 1809, Pedro Domingo Murillo, mereció la palabras de elogio de Morales, pero el énfasis en el homenaje lo puso en los movimientos indígenas protagonistas de acciones guerrilleras que surgieron en las zonas andina y valluna, hasta fusionar sus esfuerzos con los criollos en una guerra abierta por la independencia desde 1809 hasta 1825.
Su encendida censura a la colonización española por el despojo de tierras a los pueblos originarios y la supresión de derechos encuentra un paralelismo con la lucha que hoy dirige por disminuir las desigualdades entre terratenientes y latifundistas con el 67 por ciento de los 10 millones de bolivianos sumidos en la pobreza.
Doscientos años después de la Revolución de 1809, recoge las lecciones de Katari y Amaru por la autodeterminación de los pueblos y la lucha permanente "contra el saqueo de los recursos naturales" tanto en Bolivia como en el Sur del continente.
A pesar de la independencia de los países, las normas legales para la extracción de materias primas continuaron vigentes y se emplearon instrumentos de opresión para doblegar a los pueblos, dijo Morales y acusó a "los jerarcas de la Iglesia Católica" de impedir las acciones populares "usando la oración como anestesia" para la dominación.
"Y cuando no pueden dominarnos con la oración, viene el fusil", sentenció El mensaje del jefe de Estado boliviano se orientó a interpelar a la Iglesia Católica de Honduras, por asumir la defensa del golpe de Estado contra el presidente democrático Manuel Zelaya, el 28 junio, y por el debate abierto por sectores conservadores para revalidar esa manera violenta de cambiar a un gobernante.
Repasó la historia de los cuartelazos en cada uno de los países de América Latina, y entre los que destaca Bolivia con 56 golpes de Estado. Morales anticipó el fracaso de la dictadura de Roberto Micheleti, instalada tras el secuestro y expulsión de Zelaya a manos de militares.
El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, según Morales, es responsable del golpe de estado en Honduras y por ello abrió una campaña internacional para seguir el ejemplo de Bolivia que suspendió el envío de militares becarios a los cursos organizados por esa fuerza extranjera.
El presidente Chávez, a su vez, respaldó a Morales y aseguró que los militares hondureños actuaron con el beneplácito del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.
"No es posible que en este milenio, haya grupos de militares dependiendo del Comando Sur y no es posible que Fuerzas Armadas de Estados Unidos dirijan golpes de Estado", afirmó.
Morales declara cumplida la tarea de "descolonizar" a Bolivia de militares estadounidenses con el cierre de una base militar que operaba en el Chapare, en el central departamento de Cochabamba, donde, según el presidente, se organizaba el control político sobre los países de la región. La nueva Constitución no acepta la instalación de ninguna base militar extranjera en Bolivia, recordó.
"A nombre de nuestros antepasados que lucharon por la independencia, por una nueva sociedad, por derechos e identidad, debemos plantearnos: ¡nunca más bases militares de Estados Unidos en Latinoamérica", expresó.(
POLÍTICA-AMÉRICA CENTRAL: El despertar de los golpistas
SAN SALVADOR, jul (IPS) - En caso de mantenerse la dictadura de Roberto Micheletti en Honduras, la derecha centroamericana recobraría fuerzas y se abriría la posibilidad de más golpes de Estado, aprovechando la fragilidad de las democracias surgidas en las dos últimas décadas, advierten analistas.
Las fuerzas democráticas y la comunidad internacional deben ejercer presión para restablecer el orden constitucional en Honduras y permitir el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia, cuyo mandato termina en enero de 2010, reclamaron los expertos de distintos países de la región consultados por IPS.
Ernesto Rivas Gallont, quien fue embajador salvadoreño en Estados Unidos entre 1981 y 1989, considera que las implicaciones del golpe cívico-militar hondureño en varios países de América Central se acentuarían si Micheletti se consolida en el poder.
"Si los golpistas llegaran a prevalecer en Honduras, no hay duda que eso envalentonaría a las derechas centroamericanas", aseguró a IPS el diplomático.
Aunque "cuesta admitirlo, (Fidel) Castro y (Hugo) Chávez tienen razón" cuando señalan que, en caso de prosperar la dictadura hondureña, "se puede desatar una cadena de golpes de Estado contra gobiernos en la región", escribió Rivas Gallont en su blog en referencia a lo expresado a comienzos de este mes por el líder cubano y el mandatario venezolano.
"Es más que obvio que el golpe (…) ha exacerbado las diferencias entre izquierda y derecha. Y no sólo en Honduras", aseveró.
Zelaya fue sacado en pijamas de su residencia por un centenar de militares la madrugada del 28 de junio y enviado a Costa Rica, concretándose así el golpe de Estado pergeñado por las Fuerzas Armadas, la dirigencia política de los dos partidos históricos y el gran empresariado.
Fue la culminación de semanas de forcejeos políticos públicos a causa de los planes del gobierno de Zelaya de hacer una consulta popular, no vinculante, ese domingo. Pero analistas señalan que el derrocamiento fue impulsado por algunas de las políticas sociales de Zelaya y su realineamiento internacional con gobiernos de izquierda más radicales de América Latina.
En la encuesta, como la llamó Zelaya porque se instrumentaría por fuera del sistema legal en razón de que no se permiten plebiscitos ni referendos en año electoral, se le preguntaría a la población si estaba a favor o en contra de instalar una asamblea constituyente. En caso de que hubiera sido favorable, sus componentes serían elegidos en los comicios del 29 de noviembre.
Los sectores golpistas aseguran que Zelaya promovía la asamblea con la intención de reformar la Constitución para habilitar la reelección presidencial, hoy prohibida tanto consecutiva como alternada, y perpetuarse así en el poder. El mandatario depuesto alega que nunca expuso que esa fuera su propuesta ni estaba expuesto en la convocatoria.
Micheletti, quien lideró la movida política para el derrocamiento militar de la democracia desde su cargo de presidente del Congreso legislativo, ha asegurado que no cederá ante las presiones internacionales. Hoy encabeza un gobierno que no ha sido reconocido por ningún país y recibe la condena de los más representativos organismos mundiales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Unión Europea (UE) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre otros, han condenado el golpe de Estado en Honduras y demandan enfáticamente el regreso de Zelaya a la presidencia.
En cambio y pese a estos fuertes pronunciamientos, sólo "las derechas centroamericanas han justificado el golpe utilizando a Chávez como pretexto", indican las fuentes consultadas por IPS.
Es el caso, por ejemplo dicen, de los sectores de esta corriente en El Salvador que acaban de dejar el gobierno ejercido por décadas para que pase a manos del izquierdista y otrora guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). "Pueden sentirse tentada a realizar acciones similares a las de Honduras, que han marcado nuestra historia", alertan.
La derechista y hoy opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó El Salvador de 1989 a junio de este año, aunque reprobó el "destierro" de Zelaya, nunca condenó el golpe de Estado.
"(…) También es cierto que el presidente Zelaya cometió graves violaciones constitucionales que llevaron a otros órganos del Estado" a su separación del cargo, señaló Arena en un comunicado publicado en medios locales en espacios pagados a comienzos de este mes.
En ese texto se exhorta al flamante presidente salvadoreño Mauricio Funes a "abstenerse" de tener protagonismo en la crisis hondureña, porque "podría afectar las relaciones entre ambos países".
El gobierno del FMLN encabezado por Funes condenó de inmediato el golpe y dos días después, junto a sus iguales de Guatemala y Nicaragua, en el marco de la reunión del SICA en Managua, acordaron cerrar por 48 horas sus fronteras con Honduras, el 1 y 2 de este mes, como medida de presión contra la dictadura de Micheletti.
El SICA está integrado por todos los países centroamericanos, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de República Dominicana como estado asociado.
Funes también fue anfitrión de los gobernantes Cristina Fernández, de Argentina, Rafael Correa, de Ecuador, y Fernando Lugo, de Paraguay, del presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel D'Escoto, y del secretario general de la OEA, el chileno Miguel Insulza, quienes esperaron en señal de respaldo en San Salvador el frustrado intento de Zelaya de volver a su país el 4 de julio.
Algunos empresarios, dirigentes políticos y columnistas de medios conservadores salvadoreños han señalado que Funes debería aprender de lo sucedido en Honduras y no intentar reformas constitucionales como las promovidas por Zelaya.
El analista Leonel Gómez coincidió con Rivas Gallont en que los acontecimientos en Honduras podrían derivar en más intentos de terminar con la democracia en la región.
"Lo peligroso de esto es que podría incentivar a otras fuerzas a cometer otros golpes de Estado como el sucedido en Honduras", manifestó Gómez, quien ha colaborado en investigaciones sobre corrupción y fondos para las dictaduras de la región con los legisladores estadounidenses Patrick Leahy y con el ahora fallecido Joe Moakley, ambos del gobernante Partido Demócrata.
El especialista subrayó que algunos militares guatemaltecos "están muy ansiosos de recibir una orden para proceder de forma similar" a sus colegas hondureños.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, debió salir a desmentir que se estuviera fraguando un golpe militar, luego que Chávez advirtiera que existía ese peligro. Pero la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, aseguró que sectores económicos de ese país podrían estar tramando un ataque al sistema de derecho.
Gómez, tras recordar que en el pasado Estados Unidos ha "escrito páginas negras en la historia centroamericana" al apoyar dictaduras y golpes varios, exhortó al actual gobierno de Barack Obama a "actuar de forma más firme y consecuente con sus postulados".
América Central, con excepción de Costa Rica, fue gobernada casi todo el siglo XX por regímenes militares o de fuerza impuestos por poderosos sectores económicos en connivencia con políticos conservadores y la asistencia o la directa intervención de Estados Unidos. En el último tramo de ese periodo se tiñó de guerras civiles con la aparición de guerrillas izquierdistas.
La excepcionalidad de Costa Rica se debe, según los historiadores, en especial a la disolución del ejército dispuesto el 1 de diciembre de 1948 por el entonces presidente José Figueres (1906-1990), quien incluso debió enfrentar un intento de golpe en 1949 poco antes de que entrara en vigor la medida.(
02 julio, 2009
Honduras: Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado
Leticia Salomón
A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.
B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:
1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.
3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.
C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.
2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.
3. El Presidente pretendía continuar en el poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.
4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.
5. El Presidente ha incumplido sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.
4. De candidato perdedor a presidente de facto
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.
F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de las instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.
2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.
3. Incapacidad política para lograr acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.
5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.
Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.
• Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
• Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
• Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009
Leticia Salomón es socióloga y economista, profesora-investigadora del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras e investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras
(CEDOH). Autora de varios libros de análisis político-social.