GOBERNAR SIN CIUDADANOS

            Habitualmente se entiende el ejercicio del Gobierno como el ejercicio de equilibrar los objetivos de los distintos grupos de presión en la sociedad tanto entre sí como en relación a ese concepto casi abstracto que es el bien común, pero ello supone que todos los estamentos tienen la misma capacidad para ejercer presión.

 

            Un claro ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con los distintos gremios del transporte y sus exigencias por obtener compensaciones a raíz del aumento en el precio de los combustibles.  Los camioneros hicieron un paro de dos días y bastó con la amenaza de una prolongación indefinida para que el Gobierno cediera con la buena voluntad que no había querido mostrar pocas horas antes.  Luego, y antes de la posibilidad siquiera de una paralización, se entregó otro beneficio para los colectivos.   A la locomoción colectiva no es necesario darle nada porque ya está funcionando con uno de los subsidios más altos de la historia nacional a través del Transantiago.

 

            ¿Y los automovilistas particulares? Nada, por la simple razón de que no tienen capacidad de presión.  Al margen de la validez técnica de asignar recursos a unos y no a otros, lo que ha primado es el criterio político de mantener el orden social y evitar el descontento popular.   Eso es política y no economía, aunque se disfrace con argumentos técnicos de difícil comprensión para el público.

 

            Sin embargo, de lo que no se da cuenta la ciudadanía es que las personas comunes tienen la más poderosa arma de presión de todos los grupos y si no la utilizan es por la sencilla razón de que carecen de la organización para actuar con eficiencia, y eso demuestra que la ciudadanía no tiene la madurez necesaria para actuar como contrapeso frente al Estado, limitándose a concurrir a votar cuando se la invita a ello.

 

            La ciudadanía olvida que las autoridades son sus empleados, ellos están mandatados a proteger al ciudadano común y velar por sus intereses, y si no lo hacen deberían poder ser despedidos por una decisión ciudadana.   Una democracia sana debería contemplar mecanismos para la expresión de la voluntad popular en momentos distintos a las elecciones y generados de forma autónoma por la gente. Lo lógico sería que esa labor la asumiera el Parlamento, en su condición de representante del pueblo, pero ello no ocurre en la práctica porque, salvo contadas excepciones, senadores y diputados están preocupados de defender o atacar al Gobierno sin importar dónde esté el sentido común o la verdad.   Lo sano entonces sería que, a partir de la voluntad de un determinado número de personas, se pusiera en marcha un proceso de consulta abierto a todos los ciudadanos para que resolvieran sobre los asuntos que interesan al conjunto de la sociedad y que son suficientemente serios como para que no se puedan definir por medio de encuestas.

 

            Mientras ello no sea posible, se podría considerar que el Gobierno se ejerce sin ciudadanía, que viene a ser casi lo mismo que decir que el Gobierno se manda solo sin mayor responsabilidad.

 

 

ANDRÉS ROJO T.

Periodista

afrojo@vtr.net

9-9798239

andresrojotorrealba.blogspot.com   

¿Por qué tanto revuelo por el acuerdo?

NEWSLETTER | Edición sábado 4 de agosto de 2007

Carlos Osorio. ¿Por qué tanto revuelo por el acuerdo? Esta pequeña tormenta es un botón de muestra de un desconocimiento en el tema que a pocos les pareciera importar. Por  Carlos Osorio y Ángel Jiménez de Luis

¿Por qué tanto revuelo por el acuerdo de Microsoft con el gobierno de Chile? Vamos a analizar las posiciones. Antes, sin embargo, hago un disclosure: trabajé en parte del acuerdo como asesor por unos meses del ministro de Economía. No trabajo ni he trabajado para Microsoft, sólo soy académico y usuario de software propietario y de fuente abierta. Sepa además que durante mis años en Harvard y el MIT investigué, publiqué y presenté en América Latina, Europa y EE.UU. las bondades del software libre en general, en especial para el gobierno digital. Ahora seguimos con el tema. Por un lado, el gobierno y Microsoft dicen que el acuerdo sólo es un marco de entendimiento en que MS hace una donación a Chile en el contexto de responsabilidad social empresarial y el gobierno se compromete a actuar de contraparte. Por otro lado, la oposición al acuerdo mediante blogs y declaraciones ha mencionado que el gobierno se vendió a Microsoft, que todo se hizo a escondidas, que se hipotecó "el principio de neutralidad tecnológica" y que se habría regalado la información de todos los chilenos a la empresa. Son palabras fuertes, pero ¿tienen sustento? La formalidad del acuerdo. Todo comienza con una declaración de Alejandro "Wikipedia" Navarro. El 18 de julio, citando su sitio como fuente, se dirigió en la 36a sesión del Senado diciendo que "este acuerdo, joint venture o sociedad, como es definido en el Acuerdo Marco...". Aquí nace parte del problema. El pacto establece que "nada en este Acuerdo será interpretado como estableciendo una sociedad, joint venture (en Chile, similar a la unión transitoria de empresas), agencia, empleo u otra relación similar entre las Partes". Por alguna razón, el senador leyó mal, no entendió lo que leyó, o decidió tomarse algunas libertades al hablar del tema. El acuerdo no obliga a Chile. "El acuerdo se hizo en secreto". La firma fue en mayo y salió en la mayoría de los diarios. Lamentablemente, y para variar, el sistema de comunicaciones del gobierno no brilló por su excelencia. ¿Se quiso esconder? No, pero el gobierno debería hacer un mea culpa -una vez más- por una política comunicacional a media máquina. El acuerdo vulnera el principio de neutralidad tecnológica. Antes que nada ¿existe tal cosa? Las primeras referencias a esto aparecieron en los 70 (la tecnología debe ser neutra y libre de valores. No es buena ni mala, sino lo que importa es cómo la utilizamos). Entre otros, Weizenbaum -desde la computación en 1976- y Ihde -desde la filosofía en 1979- argumentaron que no existe tal neutralidad. Uno no sólo "utiliza" la tecnología, sino que sin quererlo se decide por patrones de comportamiento.  Otra cosa es la "imparcialidad tecnológica". El gobierno no debe preferir a priori un sistema o proveedor sobre otro. Se dice que el acuerdo estaría favoreciendo a Microsoft, sin embargo una de las premisas fue que debería ser agnóstico al tipo de soluciones en la administración pública, mediante la utilización de estándares de compatibilidad e interoperabilidad de sistemas. Si no es interoperable, entonces no ha lugar. ¿El acuerdo obligaría al Estado a utilizar soluciones Microsoft? Tampoco es verdadero. ¿Se podría decir entonces que el Gobierno estaría obligando o incentivando a que pymes, personas y escuelas usen sistemas Microsoft? Tampoco. parte de la imparcialidad tecnológica tiene que ver con que, si una empresa viene y dice "quiero donar plata para ayudar a pymes y personas" uno no tenga por qué decirle que no a priori; igualmente no hay por qué negárselo a ninguna otra empresa ya sea Oracle, Sun, IBM, o RedHat. ¿Microsoft tomaría control de nuestros datos personales? No sólo es legalmente imposible, sino que la idea del portal del ciudadano es que la información llegue a una casilla correo.  Si no quiero usar Hotmail, sólo tengo que revisar todo desde mi Gmail. Nadie obliga a nada. Por último, hay quienes se han sorprendido -"Wiki" incluido- por la firma del acuerdo, dado que el mismo Ministerio de Economía tiene proyectos andando en temas de software libre y de fuente abierta.  Aquí hay que hacer un párele, porque la conversa comienza a darse más en términos absolutistas que respecto de los objetivos de la tecnología. El tema no es sólo una cuestión del precio de la licencia, sino que cada tipo de software tiene propósitos y requiere competencias distintas. Esta pequeña tormenta es un botón de muestra de un desconocimiento en el tema que a pocos les pareciera importar. Éste se debe a falta de información, pero, más importante aún, a falta de capacidad y educación para entender tecnología, estrategia y política tecnológica. Lo anterior, unido a la tendencia cada vez más común en Chile de importar la opinología desde la farándula a la política, no augura buenos resultados.

La rebelión de los empresarios

NEWSLETTER | Edición sábado 4 de agosto de 2007

Todos los dardos empresariales hoy apuntan al ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Se le reprocha ser un promotor de las negociaciones multisectoriales y le critican "una actuación ambigua" en el caso Codelco. Por eso habló esta semana Eliodoro Matte y por eso el miércoles 25 de julio se vivió una tensa reunión en la Sofofa. Los asociados criticaron la actuación de Andrade y, en privado, se quejan por cierta parsimonia de Bruno Philippi a la hora de hacer públicas las molestias de los gremios. Una vez más el mensaje del timonel de la Sofofa fue que confíen en la presidenta. Por  Myriam Mellado y Lorena Ampuero Foto  Mabel Maldonado

El martes pasado, Eliodoro Matte asistió a la entrega del premio Visión Empresarial que le otorgó la Asociación Chilena de Seguridad. Su entorno más cercano sabía de antemano que el presidente de la CMPC aprovecharía la tribuna para, como pocas veces, romper su bajo perfil público y alzar su voz lanzando una dura crítica al clima antiempresarial que a su juicio hoy existe en Chile. "Apenas le dijeron que debía hacer un discurso, tuvo claro que se referiría a los dos temas más candentes del momento: el ambiental y el laboral". "Noto que hay muchos actores de la vida política que frente a la ocurrencia de problemas laborales o ambientales de determinadas empresas, favorecen con sus declaraciones un clima antiempresarial, sin al menos hacer los necesarios distingos", dijo Matte. Entre la concurrencia lo observaba otro de los invitados al evento: el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. En él se han centrado en los últimos dos meses las fuertes críticas de los gremios empresariales que le endilgan promover la negociación interempresas, actitud que se habría visto reflejada en su postura frente a la huelga de los contratistas de Codelco, un hecho que para los hombres de negocios podría sentar "un nefasto precedente". Andrade, a quien le tocó hablar después de Matte, rehuyó la controversia y se remitió a destacar la importancia del diálogo entre trabajadores y empresarios. El ministro sabe que estos últimos lo tienen en la mira. En privado, muchos de los hombres de negocios dicen que esperan su salida del gabinete. De hecho, la actuación de Andrade fue el comentario central en una de las más agitadas reuniones que ha tenido la Sofofa en el último tiempo. El miércoles 25 de julio se vivió el preludio de lo que vendría después con las declaraciones de Eliodoro Matte. Miércoles tenso Como todos los últimos miércoles de cada mes, el Consejo de la Sofofa se reunió en el edificio del organismo gremial para revisar los temas que están en la agenda noticiosa y que le incumben. A las 17.30, el timonel Bruno Philippi dio el vamos. Siguiendo la tradición establecida por este último habría un invitado. En esta ocasión, el expositor sería José Pablo Arellano, director ejecutivo de Codelco. Sin embargo, el conflicto que arrastraba la cuprífera con sus trabajadores lo obligó a suspender la cita. Philippi entonces les explicó la situación a los asistentes -que bordeaban las 60 personas- y aprovechó de expresar su preocupación por la forma en que se estaba interpretando la ley laboral. Específicamente, señaló que era contrario a la negociación interempresas. Cercanos a Philippi han señalado que "al sentarse Codelco en una mesa con trabajadores de sus contratistas validó una instancia que no está contemplada en el mercado legal chileno, dejando un precedente peligroso para otras negociaciones". Esto fue suficiente para que el resto de los asistentes se alineara con la preocupación del timonel. Específicamente los representantes de las grandes empresas tomaron la palabra y lanzaron sus dardos contra la forma en que el gobierno, en general, y Andrade, en particular, han manejado el tema laboral. Gonzalo García, secretario ejecutivo de la CMPC; Alfonso Swett, dueño de Forus; Jorge Matetic, propietario de Carnes Ñuble e Inchalam; y Nicolás Abumohor, ligado a SN Holding (Parque Arauco, Puerto Velero, Balthus, entre otros), fueron algunos de los que expresaron abiertamente -y duramente, según asistentes- su malestar. La mayoría coincidió con el análisis de que "hay una acción dirigida por alguien para establecer la negociación por área". Otros consejeros criticaron lo que ellos llaman "un discurso ambivalente" de Andrade y de cómo la postura de éste influía, por ejemplo, en los secretarios regionales ministeriales del Trabajo. Además le endilgaron que se manejaba con una "agenda propia", bien distinta, por ejemplo, a la de su subsecretario, Zarko Luksic. Pero, sobre todo,  el malestar se centraba en el rol y la postura que tuvo Andrade en el conflicto de Codelco. "Es cierto: lo miramos con suma desconfianza", dice un directivo de un organismo gremial. Abogado de profesión y militante socialista, Andrade se ha dedicado por 30 años a asesorar sindicatos. Ha sido crítico de la ley de subcontratación y de la flexibilidad laboral. Desde que asumió en el gobierno validó el movimiento sindical, lo que se reflejó en el caso Codelco, al impulsar el diálogo entre los trabajadores subcontratados y la firma. Ya en abril de 2006 el primer punto de inquietud entre los empresarios era el proyecto que regula la subcontratación laboral porque rigidizaba el mercado del trabajo, perjudicando a las pymes y por sus posibles efectos sobre el desempleo. "El ministro ha interpretado la ley de subcontratación a su entero antojo", dice un consejero de la Sofofa. Y esto es un síntoma grave para los empresarios, que aprovecharon esta reunión para expresar su desconfianza. La postura de Philippi El timonel de la Sofofa escuchó las críticas de sus asociados. En su entorno explican que la molestia y el tenor de las opiniones no es de extrañar: "Si organizas una reunión donde hay más de 10 empresarios, el tema obviamente que va a salir y también es obvio que se armará un debate candente". Según cuenta un asistente, Philippi una vez más puso paños fríos a la molestia frente al gobierno y específicamente defendió la actuación de la presidenta Michelle Bachelet y pidió confianza en su gestión. "Nos dijo que Bachelet había heredado de Lagos una ley de subcontratación bien deficiente y que se la había jugado por vetarla y que al final logró cambiarla para mejor", dice el miembro de un organismo gremial. Además, según esta fuente, les dio a entender que había que separar aguas entre Andrade y Bachelet y que esta última más que formar parte del problema, formaba parte de la solución. "Bruno nos trató de decir que pese a que muchos creían que ella titubeaba y era vacilante, al final, nos dijo, 'siempre atina'". La postura de Philippi nuevamente ha sido blanco de críticas por algunos miembros de la tribu empresarial, que más de alguna vez le han enrostrado su escasa figuración pública y parsimonia a la hora de defender los intereses del sector y su cercanía con los últimos dos gobiernos de la Concertación. "Bruno tiene como política escuchar a todos y propende al consenso...ahora no sé si estará esperando que la Virgen del Carmen lo ayude", ironiza un consejero ligado a la industria. De hecho, otro consejero, del sector alimenticio, dice que ante el silencio público de Philippi, las palabras de Matte fueron un alivio. "Por fin alguien se atrevió a decir lo que pensamos. Y cuando Matte habla es porque el escenario está muy complicado". Por eso, al término de la ceremonia del martes pasado en la ACHS, la reacción de los asistentes a la advertencia de Matte no se dejó esperar: varios se acercaron a felicitarlo por su intervención. El entorno de Philippi precisa que la  cúpula de la Sofofa es "más bien escéptica frente a los dichos de Andrade, que se ha desligado de los conflictos entre empresas y trabajadores" y consideran que la situación que hoy se está dando es ilegal. Frente a las críticas por la escasa figuración y el mutismo del timonel, esgrimen que la vocería del gremio empresarial radica en Alfredo Ovalle, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). "En él se han canalizado las demandas. Ahora, por cierto que informalmente siempre existen canales e instancias que sirven para que la Sofofa le haga ver al gobierno su inquietud por ciertos temas". Los Luksic también se mueven Para miembros del consejo de la Sofofa lo cierto es que "hay en Chile un antes y un después del caso Bosques Arauco". Este conflicto comenzó a dibujarse a mediados de marzo pasado. Entre el 12 de ese mes y el 8 de mayo se llevó a cabo la negociación sindical de los contratistas de Bosques Arauco con Celco, del grupo Angelini. A juicio de varios empresarios esto sentó un precedente importante, porque finalmente negociaron trabajadores y empleadores en distintos niveles. O sea, los subcontratistas lograron nada menos que poner en la mesa la negociación interempresa algo prohibido desde hace 30 años. Esta experiencia ayudó para que los 12 mil contratistas de la Confederación de Trabajadores del Cobre se lanzaran con todo para que accedieran a sus peticiones. En la práctica las casi cuatro semanas de negociaciones con Codelco implicaron también airadas protestas, tomas de caminos y pérdidas por US$ 100 millones para la cuprífera.  Por eso, Matte en su discurso de seis páginas del martes pasado, señaló que "últimamente hemos sido testigos de una decidida acción de agitación laboral tendiente a promover por la vía de los hechos cambios en la legislación laboral (?) presionar a las empresas mandantes para que se sienten a negociar con trabajadores de contratistas, junto con ser un procedimiento ilegal es altamente inconveniente para el sano desenvolvimiento de la empresa (?)". El miércoles 25 en la citada reunión de la Sofofa, un cercano a la Papelera expresó una fuerte crítica por el clima laboral porque, a su juicio, en los casos de Codelco y Bosques Arauco "se están vulnerando las normas legales sobre la subcontratación y eso produce un tremendo caos", señaló a sus pares. La espiral que se podría producir como réplica de Codelco ha puesto en alerta al mundo empresarial. El martes pasado, al unísono del discurso de Matte, la CPC se reunió con Andrade a puertas cerradas. A la salida del encuentro, Alfredo Ovalle, titular del ente gremial, dijo que les había quedado claro "que no está en la agenda del ministerio la negociación interempresas". Ya el martes 24, Jean Paul Luksic, presidente de Antofagasta Minerals y vicepresidente del Consejo Minero, le presentó, en una reunión privada, sus reparos al secretario de Estado sobre cómo se estaba llevando el proceso de negociación de Codelco y el temor de que esta fórmula se transformara en una situación habitual. En la cita argumentó que una escalada de demandas salariales podría afectar la competitividad de la industria a futuro cuando los precios del cobre bajen. ¿Qué pasará en este conflicto? Entre los empresarios de la Sofofa hay desconfianza. Afirman que "Andrade es un fabricante de conflictos". Y temen que su actitud genere incertidumbre en las inversiones. "No hay un lineamiento claro en el gobierno, más aún considerando que el caso Codelco se desarrolló en el marco legal vigente", reconoce un ejecutivo del área minera. Además existe el temor de que la situación se irradie a otros sectores, como el retail. Andrade, por su parte, tras su reunión de esta semana con la CPC fue lacónico: dijo que le había servido para aclarar "malentendidos que se suscitan".

El FSLN de nuevo en el gobierno... no en el poder

Sergio Ferrari

El 19 de julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) conquistaba el poder en Nicaragua luego de tan largos como difíciles años de lucha guerrillera. De la dirección nacional colegiada, entre los nueve comandantes de la revolución, se proyectaba particularmente Daniel Ortega Saavedra, quien 28 años más tarde, el 10 de enero del 2007, llegaría de nuevo al gobierno del país, esta vez a través de elecciones. Entre uno y otro momento se sucedieron once años de revolución sandinista –una de las experiencias sociales más transformadoras en todo el continente latinoamericano. Y dieciséis años de tres sucesivos gobiernos "neoliberales" que sentenciaron el retroceso social de Nicaragua, convertido hoy en el segundo país más empobrecido del continente. Balance de la dinámica nicaragüense a seis meses de la victoria electoral del FSLN.

Nueva etapa... ¿pero cuál?

Un balance de estos seis primeros meses exige de antemano preguntarse si se trata de un gobierno revolucionario –al estilo del sandinismo de los años ochenta- o de una democracia "formal" o "normal", de las que existen en tanto países del mundo. Una vez respondido ese interrogante, se puede avanzar entonces en el análisis de lo que se puede esperar del gobierno actual del FSLN.

Tras la reflexión del periodista William Grigsby, se esconde la disyuntiva esencial de la coyuntura de ese país centroamericano. Y la auto-respuesta del director de la Radio La Primerísima no deja lugar a dudas: "no hay una correlación de tipo político para pensar que hoy se puede implementar una revolución como en los ochenta. Sin embargo, hay una oportunidad de oro para sentar las bases para salir de la miseria profunda que aqueja al país", subraya.

"No espero una revolución, lo que espero es que sea un buen gobierno. Que ataque las causas y las consecuencias de la miseria. Y que pueda articular un programa de desarrollo nacional", enfatiza Grigsby, uno de los más agudos analistas políticos del país. Su programa diario, "Sin Fronteras", transmitido a las diez de la noche, constituye uno de los escasos puntos de referencia para el análisis político, en un país donde hoy predominan medios de comunicación superficiales y amarillistas.

Lo hecho y lo que falta hacer

Una de las primeras medidas de Daniel Ortega consistió en decretar la gratuidad de la educación y la salud, decisión de alto valor simbólico en un país en el cual en los tres últimos lustros la privatización de buena parte de los servicios públicos hizo explotar la brecha social entre ricos y pobres.

Tal como lo indica un balance de los primeros cien días del nuevo gobierno elaborado por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), el ahorro del gasto público y la condonación de la deuda con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), permitieron aumentar hasta un 3.21 % el presupuesto para el 2007, con respecto a la propuesta presentada por el presidente anterior. De ese aumento, un 18 % fue destinado a la salud, un 54 % a la educación y casi un 24 % al Bono Productivo Alimenticio, tres de las áreas esenciales de la política social que comienza a implementar el FSLN.

Y si la lucha contra la pobreza constituyó una de las principales banderas electorales sandinistas, el Programa "Hambre Cero" –que retoma el nombre de un plan similar implementado por Lula en Brasil- se perfila como la propuesta esencial de ese combate en las regiones rurales más marginadas.

Con un presupuesto de 30 millones de dólares anuales, Hambre Cero tiene como objetivo beneficiar anualmente a 15 mil familias –75 mil en cinco años-, asegurándole a cada una 2 mil dólares a través de la entrega de una vaca y ganado menor, semillas, y otros medios para promover la recuperación de la producción campesina. Eligiendo para comenzar la implementación, las regiones rurales más marginadas.

Para el sociólogo Orlando Nuñez, padre teórico de este programa, una idea esencial del sandinismo 2007 "es de pasar de un Estado con el perfil de Gobierno+corporaciones (privadas), a un Estado con el perfil Gobierno+ asociaciones. La lucha para lograrlo no será sólo política sino también económica y habrá que organizarse no sólo políticamente sino económicamente, incluso aprovechando las reglas impuestas estos años por la derecha".

Reflexión que explica las propuestas organizativas centrales que tiende a promover el Gobierno en sus próximos cinco años. La primera, las asociaciones de pequeños y medianos productores, con un acento gremial, que permita recrear un sujeto económico prácticamente desaparecido como consecuencia de tres lustros de políticas neoliberales que beneficiaron únicamente a los grandes productores.

La otra propuesta, más en el terreno político, son los Consejos de Poder Ciudadano, implementados en todo el país, desde barrios y comarcas, pasando por municipios, departamentos y culminando a nivel nacional.

La consigna "el Pueblo Presidente" y la democracia directa que impulsa el sandinismo "va mucho más allá de un discurso político. Es un nuevo esquema organizativo basado en leyes de participación votadas en gobiernos anteriores", explica Harold Urbina, colaborador de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La coherencia entre objetivos y medios participativos aparece en el argumento del joven militante. Debe recrearse la forma de participación a nivel nacional para poder implementar las tres metas inmediatas del programa del FSLN. "El bienestar ciudadano a partir de la recuperación de los servicios públicos desmantelados y privatizados; la reactivación económica y productiva; y las transformaciones sociales para combatir la pobreza". Para ello, insiste Urbina, es importante además una nueva lógica de política y cooperación internacional, "sobre la base del comercio justo, la igualdad entre naciones, el respeto entre Estados. Y por eso apostamos a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), promovida especialmente por Venezuela".

La reciente instalación en Nicaragua del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) con más de 10 millones de dólares de capital inicial proveniente de ese país -con la óptica de reactivar al campesinado- y el apoyo de Venezuela en petróleo para dar respuesta a una de las peores crisis energéticas que soporta Nicaragua, son resultados pragmáticos de esta nueva referencia de política internacional en marcha. Caracas ha prometido financiar el 50 % de la factura petrolera nicaragüense para permitir liberar fondos que deberán ser destinados a proyectos sociales.

Una oposición al acecho

La victoria del FSLN en las elecciones de noviembre 2006 fue ajustada. Su 38 % de votos, aunque le permitió alzarse con el triunfo, no le asegura invulnerabilidad en el parlamento donde su bancada es minoritaria. Las dos fracciones liberales sumaron 52 % de los votos y la disidencia sandinista reunida alcanzó un 9 %.

En estos seis primeros meses de gobierno las críticas cotidianas de la oposición han ido aumentando el tono. Prácticamente no hay anuncio o actividad gubernamental que no sea fuertemente criticada. Y no son secretas las discusiones entre los tres sectores opositores para impulsar lo que ellos denominan "una alianza anti-Ortega".

A pesar del esfuerzo inicial "moralizante" de Daniel Ortega de reducir los megasalarios del ejecutivo y sus ministros, a fines de mayo fue revelado un publicitado caso de extorsión contra inversionistas europeos-norteamericanos en turismo. Según la revista ENVIO, de la Universidad Centroamericana, "la extorsión la realizaba el ex alcalde y ex diputado del FSLN y actual cónsul nicaragüenses en Liberia (ciudad del norte de Costa Rica), Gerardo Miranda, señalado ya por corrupción en su gestión municipal..."

Dicho escándalo, todavía en vías de investigación judicial, animó aún más a la oposición no sólo política sino también de centros de estudios, ONG, redes y plataformas.

La Coordinadora Civil, creada en 1998 luego del huracán Mitch que azotó el país –fuertemente opositora hacia los dos últimos gobiernos liberales- se ha venido convirtiendo también en los primeros meses del 2007 en portavoz de la actual crítica anti-sandinista que propician algunos sectores medios. Compuesta por unas 600 organizaciones, sigue reivindicando la denuncia a todo conato de corrupción y se preocupa ante la falta de claridad del FSLN en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las instituciones financieras.
La falta de información sobre ciertas áreas y políticas de Gobierno, así como los repetidos cambios de ministros –especialmente mujeres- en estos primeros meses de gestión, conspiran contra la consolidación del Gobierno de Daniel Ortega. Así lo explicaba el IPADE en su documento-balance de los primeros meses: "la ausencia de información del Gobierno genera une estado de incertidumbre y una percepción negativa ante la ciudadanía...".
Por otra parte, ciertos aspectos "formales" de la vida política, como la decisión de Ortega de no ocupar la antigua Casa de Gobierno -argumentando medidas de ahorro- y de desempeñar sus funciones en la sede de su partido, irritan sobre manera las sensibilidades de la oposición. Que critica además el rol protagónico de Rosario Murillo, esposa del presidente, designada secretaria del Concejo de Comunicación y Ciudadanía, función que la convierte en la principal portavoz gubernamental junto con el mandatario.

Los desafíos de futuro

Dos momentos políticos a mediano plazo se perfilan como trascendentes. El primero, en enero del año que viene, cuando se vencerá la prórroga de la decisión de las reformas constitucionales y se reabrirá un acalorado debate nacional a partir del cual la oposición intentará disminuir los poderes del ejecutivo.

El segundo, las elecciones municipales de noviembre del 2008, a las que la oposición intentará transformar en un plebiscito contra el FSLN.

En esa perspectiva, los retos de cara al próximo año y medio son desafiantes para el sandinismo. Que debe asegurar una buena gestión de gobierno, asumiendo la responsabilidad de un Estado que ha sido literalmente diezmado por las administraciones anteriores. Dando respuestas a demandas sensitivas de los sectores más marginados del campo y la ciudad; materializando una recuperación económica efectiva; resolviendo la ya aguda crisis energética –con cortes de electricidad que en junio llegaron en algunos barrios capitalinos a las 8-10 horas diarias- e imaginando pistas para la creación de nuevos empleos, consigna que constituyó durante la campaña una promesa electoral movilizadora.

Por otra parte, y en paralelo, numerosas energías deberán ser dirigidas para implementar el nuevo concepto de participación ciudadana –los Consejos- que tanta desconfianza crea entre los sectores medios y la oposición político-social. Una pista participativa cuyo éxito o fracaso dependerá, esencialmente, de la capacidad de la militancia sandinista para comprenderla como una oportunidad y no como un privilegio verticalista y autoritario.

No menos importante será también para el Gobierno dotarse de una pedagogía de comunicación todavía ausente, que impacte en la gente, aclare las dudas, movilice y entusiasme. En una sociedad donde no hay euforia y donde los estragos de tres gobiernos neoliberales se perciben tanto en la vida cotidiana como en la conciencia y en la débil organización de la gente.

Lejos están los años 80, su euforia participativa y la capacidad –casi automática- de convocatoria del sandinismo en el poder. En una nueva era en la cual el FSLN es "solamente" Gobierno.

- Sergio Ferrari, de regreso de Nicaragua
Colaboración E-CHANGER y periódico " Le Courrier", Suiza

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las conclusiones del Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea sobre Cuba

Actualizado 3:00 A.M. (hora local)

La Habana, viernes 22 de junio de 2007. Año 11 / Número 173

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea adoptó el 18 de junio varias decisiones sobre Cuba.

El documento, difundido por la Unión Europea bajo el título "Conclusiones sobre Cuba", contiene una propuesta de "diálogo político integral y abierto con las autoridades cubanas¼ sobre bases recíprocas e interés mutuo" de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha tomado nota y considera que se trata de una rectificación necesaria.

Sin embargo, dicho documento no menciona las llamadas sanciones que la Unión Europea trató de aplicar a Cuba, injusta e irreflexivamente, en el 2003 y que desde hace dos años, por soberbia, mantiene sólo "suspendidas".

Con Cuba, sólo será posible un diálogo entre soberanos e iguales, sin condiciones ni amenazas pendientes. Si la Unión Europea desea algún diálogo con Cuba debe eliminar definitivamente dichas sanciones, que desde entonces resultaron inaplicables e insostenibles.

Las "Conclusiones" tampoco mencionan la llamada "Posición Común", acordada de manera apresurada por los Ministros de Finanzas de la UE en 1996 bajo la presión de Aznar y a partir de un borrador escrito en el Departamento de Estado norteamericano.

Después de tantos errores y fracasos, la única conclusión obvia que correspondería sacar a la Unión Europea es que la llamada "Posición Común" debe desaparecer, porque no hubo ni hay razón alguna para que exista y porque impide sostener una relación normal, mutuamente respetuosa y de interés común con nuestro país.

Debe reconocerse que un grupo de influyentes naciones europeas han realizado esfuerzos para cambiar esta ridícula situación. Otros, como la República Checa, se han consagrado como peones norteamericanos en el mapa europeo.

Por otra parte, las "Conclusiones del Consejo" se inmiscuyen de manera calumniosa en asuntos estrictamente internos cubanos, emiten juicios y anuncian actos injerencistas e hipócritas que Cuba considera ofensivos, inaceptables y rechaza enérgicamente.

No reconocemos autoridad moral alguna a la Unión Europea para juzgar ni aconsejar a Cuba.

Si cuando el Consejo alude a la delegación temporal de las funciones del Presidente Fidel Castro al compañero Raúl Castro y lo califica como "una nueva situación", expresa la ilusión de que existan contradicciones o diferencias entre los líderes de la Revolución y división entre los revolucionarios cubanos, se equivoca nuevamente. La Revolución es más sólida y está más unida que nunca.

Nuestro país ha arriesgado su propia existencia, ha librado una resistencia heroica y ha luchado denodadamente por más de un siglo para defender su independencia. Cuba es un país independiente y soberano y la Unión Europea se equivoca si cree que puede tratarlo de otra manera que como a un igual.

La Unión Europea ha mostrado una persistente y humillante subordinación a los Estados Unidos que la incapacita para sostener posiciones basadas en los intereses europeos y la hace cómplice, aunque diga lo contrario, del criminal e inhumano bloqueo que este aplica contra el pueblo cubano, y del que las "Conclusiones" no se atreven a decir una palabra. En la declaración de la Cumbre que sostuvo en abril con Estados Unidos, la Unión Europea se plegó para cuestionar a Cuba y aceptó una mención que reconoce legitimidad al "Plan Bush". Son conocidos sus conciliábulos con mensajeros del imperio, incluso con el espurio interventor nombrado por los Estados Unidos para Cuba, y es frecuente la presencia de sus funcionarios en eventos anticubanos en Miami o celebrados en Europa pero presupuestados en Washington.

La Unión Europea es vergonzosamente hipócrita cuando se dirige, injustamente, a Cuba pero calla sobre las torturas norteamericanas en la ilegal Base Naval de Guantánamo, que usurpa territorio cubano, y en Abu Ghraib, que se aplican incluso a ciudadanos europeos. Calla impúdicamente sobre los secuestros de personas por parte de los servicios especiales estadounidenses en terceros países y ha prestado su territorio para colaborar con los vuelos secretos de la CIA y para cobijar cárceles ilegales. No ha dicho nada tampoco sobre las decenas de personas desaparecidas en esas circunstancias ni sobre los cientos de miles de civiles asesinados en Iraq.

Es a la Unión Europea a quien corresponde rectificar los errores cometidos con Cuba. Todo paso en la dirección correcta tendrá adecuada acogida. Pero no hay apuro: tenemos todo el tiempo del mundo.

La Habana, 22 de junio de 2007

Chávez reitera que fracasará la ofensiva opositora para derrocar a su gobierno

10/06/2007 - 21:33
IBLNEWS, AGENCIAS

El presidente venezolano, Hugo Chávez, señaló hoy que los nuevos intentos por derrocar a su administración, que, según dijo, son impulsados por el gobierno estadounidense, están condenados al fracaso.

Chávez se refirió durante su programa dominical "Aló Presidente" al conflicto surgido tras la salida del aire, el 27 de mayo, del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV).

El gobernante reiteró que el caso de RCTV está siendo utilizado como pretexto para intentar desestabilizar el país y crear las condiciones para desencadenar un nuevo golpe de Estado.

"Es más fácil que caigan sobre Caracas cinco bolas de fuego que derroquen a este gobierno", afirmó el presidente.

Chávez sostuvo que las manifestaciones de estudiantes organizadas a partir del 28 de mayo no son ni espontáneas ni apolíticas, porque forman parte de un "golpe suave o de mecha corta" para tratar de tumbar el gobierno.

Sostuvo que esos estudiantes, que dicen actuar por iniciativa propia, están siendo utilizados como "carne de cañón" por quienes están coordinando el plan.

Recordó que el "golpe suave" consiste en organizar sucesivas acciones de calle, calificadas de pacifistas, hasta que en alguna de ellas se desate un incidente emocionalmente fuerte que, magnificado por los medios de comunicación, cree un estado de conmoción nacional que dé pie a un levantamiento interno o a una intervención exterior.

Chávez explicó que la estrategia opositora está al descubierto y que las fuerzas que apoyan el proyecto revolucionario bolivariano están alertas para sofocar cualquier intento por romper el proceso.

Bachelet asegura que mapuches no son "presos políticos"

El Ciudadano. Periódico mensual, año 3, número 44, fundado en marzo del 2005

"Los presos mapuches son personas que buscaron la manera de solucionar las cosas de una manera que no es la democrática ni la pacífica. Cometieron delitos, incendiaron propiedades", argumentó la Mandataria en la segunda jornada de su primera visita de Estado a Suiza, durante una conferencia de prensa junto a la presidenta helvética, Micheline Calmy-Rey. A través de cartas, organismos sociales europeos emplazaron a la primer mandataria por la situación mapuche.

SUIZA / La Presidenta Michelle Bachelet aseguró el pasado fin de semana en Suiza que "en Europa hay una mirada equivocada" sobre la situación de los numerosos presos mapuches que en hay en la zona centro-sur de Chile, señalando que "no son prisioneros políticos" sino personas que han "cometido delitos". "Yo he sido una presa política y sé lo que es eso", subrayó la Presidenta, al remarcar que "nosotros no tenemos prisioneros políticos en Chile".

"Los presos mapuches son personas que buscaron la manera de solucionar las cosas de una manera que no es la democrática ni la pacífica. Cometieron delitos, incendiaron propiedades", argumentó la Mandataria en la segunda jornada de su primera visita de Estado a Suiza, durante una conferencia de prensa junto a la presidenta helvética, Micheline Calmy-Rey.

Luego de haber iniciado su gira presidencial el martes en Helsinki, Finlandia, Bachelet se dirigió a Oslo, Noruega y este viernes a Suiza, en un recorrido que "responde a invitaciones de los respectivos presidentes o primeros ministros, pero también a las excelentes relaciones históricas que hemos tenido con los tres países y a las perspectivas comunes que compartimos en distintas áreas", asentó la presidenta chilena antes de iniciar un periplo europeo no exento de contra manifestaciones y emplazamientos por la situación mapuche.

Denuncian control policial

En el Hotel Intercontinental de Ginebra y mientras sostenía una reunión con un grupo de chilenos invitados por la Embajada en Suiza, la primer mandataria recibió formalmente una carta firmada por la Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos (DIDEPU), la Asociación Tierra y Libertad para Arauco, la Asociación Pueblo y la Federación Sindical Mundial - Región América, entre otras instancias sociales europeas y sudamericanas, "concientes de los graves problemas de violación de los derechos humanos que existen en Chile y de la represión sistemática del Estado chileno contra el Pueblo Mapuche", según manifestaron en la misiva.

"Su visita a Suiza con la cual se pretende demostrar y vanagloriar los avances del Estado chileno en materia de derechos humanos, nos conlleva a una reacción de preocupación, decepción e indignación", señalaron las organizaciones, esto debido a que "la represión y la persecución política contra cualquier organización social que se oponga al modelo neoliberal, es práctica cotidiana por parte de la policía chilena y los aparatos de seguridad del Estado, quienes utilizan sofisticados métodos y tecnología cuyos costos, paradójicamente, son solventados gracias al pago de tributos de quienes el Estado reprime y persigue".

"Durante su gestión la represión, hostigamiento y persecución política contra las comunidades mapuche, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado con el objetivo de desarticular y dividir el movimiento que lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales y por ejercer el derecho a la autonomía y libre determinación. Derecho ampliamente reconocido en tratados y pactos internacionales que el Estado chileno ha firmado y ratificado", subrayaron los firmantes. "En la actualidad -agregaron- su gobierno ha incrementado el control policial en territorio mapuche a través de personal de Carabineros de Malleco y de organismos de inteligencia provenientes de la capital".

A juicio de las organizaciones, que protagonizaron una contra manifestación con lienzos y gritos de consignas en contra de la primer mandataria en la "Place de Nations", frente a la sede central de Naciones Unidas (ONU), innumerables podrían ser los atropellos contra comunidades que podrían ser mencionados y que sustentan las denuncias en Europa, hechos sobre los cuales Bachelet tendría cabal conocimiento. "Las promesas electorales no quedaron sólo en promesas, sino que se han transformado en nuevos engaños a los cuales el pueblo mapuche ya está acostumbrado por parte de los diferentes gobiernos de la alianza denominada Concertación de Partidos por la Democracia", señalaron.

Carta de INCOMINDIOS

Ya el pasado viernes, el Comité Internacional para los Indios de las Américas (INCOMINDIOS Suiza) se dirigió a la presidenta también por medio de una carta donde, entre otras cosas, le recuerdan que "Chile es el único país latinoamericano, con importante presencia de pueblos indígenas, que no reconoce, constitucionalmente, la existencia física y cultural de dichos pueblos". La misiva hizo también referencia a la ratificación del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, una promesa hecha a los pueblos indígenas de Chile desde 1989 y de acuerdo al organismo "utilizada como consigna política para elecciones presidenciales, parlamentarias e incluso municipales".

La organización denuncia, a partir de una acuciosa revisión de la prensa chilena, que la promesa de ratificación de este importante instrumento de derechos humanos se hace con una regularidad media de cada 68 días, mientras que diplomáticos chilenos la han, formalmente, comprometido en 11 ocasiones ante organismos internacionales desde el año 1992. La última promesa en este sentido la hizo la propia presidenta, cuando anunció en acto público en La Moneda el pasado 31 de marzo los cinco ejes de su política indígena, donde se considera dar urgencia al proyecto de ratificación que se encuentra estancado en el Congreso.

Las irregularidades en los procesos seguidos en contra de personas mapuche y la invocación y aplicación de disposiciones antiterroristas en el marco de sus legítimas reivindicaciones territoriales, fueron otros de los aspectos abordados por INCOMINDIOS Suiza, así como los constantes allanamientos a sus comunidades. La misiva fue remitida también a la oficina de la Ministra de los Asuntos Exteriores de Suiza, Micheline Calmy-Rey, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Louise Harbour, ambas personeras con quienes Bachelet se reunió este sábado en Berna.

Ley Antiterrorista

A juicio de diversos organismos, las declaraciones de Bachelet en Suiza revisten mayor gravedad al considerar que se desentiende de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité en su sesión 89, de 15 de marzo de 2007, expresó su "preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. Preocupa también al Comité que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social".

"El Estado parte -agrega el Comité- debería adoptar una definición mas precisa de los delitos de terrorismo de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respectadas". Para ello, el Comité de Naciones Unidas dio plazo de un año al Estado de Chile para que informe del cumplimiento de ésta y otras recomendaciones.

Cabe recordar que hace un año atrás, en otra gira europea de la Presidenta, el Premio Nóbel portugués, José Saramago, invitó a Bachelet en un acto cultural celebrado en la ciudad de Madrid a "mirar a los mapuches, los primeros habitantes de Chile", en directa alusión a la situación de los dirigentes encarcelados por demandas territoriales no resueltas. Tras su regreso a Chile y como consecuencia de tales emplazamientos, la primer mandataria anunció que bajo su administración no sería aplicada la polémica Ley Antiterrorista 18.314, precisamente la legislación que permitió condenar a gran parte de los comuneros hoy recluidos.

La propia presidenta Bachelet reconocido el año pasado que la Ley 18.314 define de modo demasiado amplio los tipos penales de "terrorismo", no correspondiendo incluir bajo ese rótulo los actos contra la propiedad, principales delitos investigados por los tribunales en el caso de las movilizaciones mapuches. Por este motivo envió al Congreso un proyecto de Ley (Boletín 4298, de 5-07-2006) para reformar la Ley 18.314 y así ajustarla a las normas de derechos humanos y debido proceso, dejando fuera de la calificación terrorista aquellos actos que afectan cosas y no a vidas. En su mensaje del proyecto de ley Bachelet reconocía que:

"La ley N°18.314, como antes se señalara, protege variados bienes jurídicos, entre los cuales hoy se encuentra el de propiedad. Dicha protección a través de esta legislación especial no aparece adecuada". El proyecto proponía que "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, sólo constituirán delitos terroristas aquellos que afecten la vida, la integridad física, la libertad y la salud pública". El proyecto de ley Boletín 4298, presentado con la firma de la presidenta Bachelet el 5 de julio de 2006, quedó sin embargo abandonado en el Congreso Nacional / Azkintuwe

Por Pedro Cayuqueo

Sarkozy, contra la globalización

ANDREU MISSÉ - Bruselas - 26/05/2007 El Pais.com

Llegó como un torbellino. Bronceado, arrollador, seguro de sí mismo, Nicolás Sarkozy abrió los brazos como diciendo "aquí me tenéis". Era un gesto de complicidad con los periodistas de un avezado comunicador en su primer viaje a Bruselas, el pasado miércoles, desde que fue elegido presidente de Francia. A pesar de que había ganado las elecciones hace más de 10 días, seguía con el estilo trepidante de la campaña. Con un lenguaje directo y desenfadado, Sarkozy alegró la tarde de los sufridos reporteros, más acostumbrados a los soporíferos informes y al prudente lenguaje institucional.

Para el presidente, Europa debe dar preferencia a los productos de la Unión

Inmediatamente captó la atención de todos cuando, como un molinete, empezó a repartir mandobles, que alcanzaron con más o menos intensidad a Turquía, la política de liberalización comercial y al Banco Central Europeo. La pasión con que se confesó europeísta y su compromiso de lograr a toda costa un tratado, aunque sea "simplificado", en junio hicieron el resto.

Esto fue sólo el entremés de su puesta en escena europea. Luego por la tarde, el plato fuerte se sirvió en una cena reducida con José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, y otros altos responsables como el vicepresidente y comisario de Transportes, Jacques Barrot, o el comisario de Asuntos Económicos y Sociales, Joaquín Almunia. Acompañaron al líder francés el ministro de Exteriores, Bernard Kouchner; el secretario de Estado para Europa, Jean-Pierre Jou-yet, y el embajador plenipotenciario de Francia ante la UE, Pierre Sellal, entre otros.

Impregnado todavía por la euforia del éxito electoral, el líder francés acaparó toda la conversación, en la que sólo recibió puntuales y precisas observaciones de Barroso y Almunia. Kouchner y Jouyet escucharon. Durante los 90 minutos que duró el ágape, Sarkozy se despachó a gusto tanto al exponer sus ideas sobre el nuevo tratado como en su manera de afrontar la globalización.

La primera parte de la cena fue de agradable digestión. El equipo de la Comisión celebró el "impulso y el entusiasmo" que aportó Sarkozy para sacarles las castañas del fuego en la cuestión del tratado. Su empeño para lograr un acuerdo en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 21 y 22 de junio se recibió como agua de mayo.

Los postres fueron más largos e indigestos. Sarkozy expuso a la brava sus ideas sobre la manera de afrontar la globalización. Su teoría de la "preferencia comunitaria" dejó una honda preocupación. Para el presidente francés, Europa debe establecer un sistema de preferencia de los productos comunitarios frente a los de los otros países. Se trata de una visión que muchos interpretaron como proteccionista y que se desmarca del discurso de la Comisión Europea, y especialmente de Alemania, el primer exportador mundial, y del Reino Unido, que ven en la apertura de los mercados y la globalización más una oportunidad que un riesgo.

También fueron inquietantes sus comentarios sobre la manera en que se llevan a cabo las negociaciones en la OMC y, sobre todo, sus ideas sobre la protección de la agricultura. El presidente francés es partidario de volver a una Política Agrícola Común más intervencionista, basada en precios subvencionados, lo que supone desandar la dirección de la UE de los últimos años que acentuaba las ayudas a las pequeñas explotaciones.

Mayor "preocupación" despertaron sus consideraciones sobre el supuesto "dumping fiscal y social" que pueden desarrollar los nuevos Estados miembros, para atraer inversiones. También inquietó a algunos comensales "la agresividad" de sus planteamientos sobre la fiscalidad, cuando en la UE las cuestiones fiscales se adoptan por unanimidad. Para rematar, su insistencia en precisar las fronteras de Europa despertaron el temor de provocar nuevas inestabilidades por los desaires que puede suponer al Gobierno de Ankara, cuyas negociaciones de adhesión se iniciaron con el pleno respaldo de Francia.

Por sus imprevistas reacciones se le teme aunque, como le espetó, a una periodista: "Me gusta ser temido". Inquietan sus posibles reacciones cuando aparezca un país que se resista al consenso. Hay temor de que su llegada instale una dinámica de tensiones donde ha predominado la búsqueda de consensos. Nadie olvida sus ideas de directorio, la Europa del G-5 o G-6, en las que sólo los grandes países juegan en primera división.

Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba [ante la libertad definitiva del terrotista Luis Posada Carrilles en EEUU]

11 de mayo del 2007

Nuestro pueblo ha conocido con indignación que en horas de la tarde del día 8 de mayo, la Jueza Kathleen Cardone dispuso la liberación definitiva del terrorista Luis Posada Carriles y desestimó todos los cargos que el gobierno de los Estados Unidos había interpuesto en su contra el pasado 11 de enero por fraude y por mentir en las entrevistas que realizara con el Servicio de Inmigración y Aduanas del gobierno de los Estados Unidos para obtener su naturalización en dicho país.

En esta ocasión, Cuba reafirma, con más fuerza aún, la condena de nuestro pueblo a esta maniobra que, como dijera la Declaración del Gobierno Revolucionario del pasado 19 de abril de 2007, "es un insulto al pueblo cubano y a los pueblos que perdieron a 73 de sus hijos con el derribo, frente a las costas de Barbados, de un avión civil de Cubana de Aviación".

En su Declaración del pasado 15 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores había dicho que esperaba que "esta instrucción de cargos al terrorista Posada Carriles por delitos de carácter migratorio de menor entidad, no se convierta en una cortina de humo para extenderle impunidad por el grave delito de terrorismo, en un pretexto para seguir ignorando la solicitud de extradición de Posada Carriles presentada el 15 de junio de 2005 por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por su responsabilidad en la voladura del avión de Cubana de Aviación y sobre la cual no ha dado respuesta todavía".

La secuencia de los hechos desde el momento en que Posada Carriles ingresara en el territorio de los Estados Unidos en la embarcación Santrina, como denunciara oportunamente nuestro Comandante en Jefe, demuestra con claridad que todas las acciones emprendidas por el gobierno norteamericano desde ese momento respondieron a un plan aprobado por el presidente Bush y diseñado para crear, precisamente, una "cortina de humo" que impidiese el procesamiento de Luis Posada Carriles como lo que realmente es: un terrorista.

Al gobierno de los Estados Unidos le habría bastado con aplicar su propia Ley Patriota y reconocer que la liberación del terrorista "amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad de la comunidad o de cualquier persona" para impedir su liberación. Le habría bastado con que su Servicio de Inmigración y Aduanas decretara que la liberación de Posada Carriles constituía una amenaza a la comunidad y que se corría el riesgo de que se fugara, tal como dice claramente la Declaración del Gobierno Revolucionario del pasado 19 de abril.

El gobierno norteamericano dispone de todas las pruebas que se derivan de su vieja relación con el terrorista y de las que Cuba le ha suministrado en el año 1998 y en fechas recientes.

La manipulación que ha conducido a este desenlace, la protección que recibió el terrorista desde su ingreso al territorio norteamericano, su instrucción de cargos por delitos de menor entidad, los vaivenes en la custodia del terrorista de una agencia federal a otra y de un tribunal a otro, y, finalmente, la decisión de la jueza Cardone del pasado día 8 de mayo, muestran que el plan de Washington era, precisamente, impedir que éste hablara de las acciones vandálicas que cometió contra los pueblos cubano y venezolano y contra otros pueblos de nuestra América cuando actuaba bajo las órdenes de la CIA y, particularmente, del padre del actual Presidente de los Estados Unidos, que dirigió esa agencia de espionaje y subversión del gobierno norteamericano en los años 1975 y 1976, período en que las acciones terroristas contra Cuba fueron más violentas y despiadadas, y cuando actuaba como Vicepresidente de los Estados Unidos durante la década de 1980, período en que se desarrolló la guerra sucia contra el pueblo nicaragüense.

Pero, quizás, el hecho más ilustrativo de que dicho plan estaba en marcha, fueron la solicitud formulada al tribunal por el gobierno de los Estados Unidos, el pasado 27 de abril, de que no aceptara evidencias, testimonios y otras pruebas que vincularan a Posada Carriles con la Agencia Central de Inteligencia, y la respuesta del terrorista, quien argumentó que había actuado bajo las órdenes de la CIA durante más de 25 años, lo que se confirma con el papel que desempeñó como agente de esta en las acciones del gobierno de los Estados Unidos contra Nicaragua durante la década de 1980.

Con su decisión de no certificar a Posada Carriles como terrorista, el gobierno de los Estados Unidos no sólo ha violado su propia legislación y el compromiso que supuestamente adquirió en su autoproclamada "guerra contra el terrorismo", sino también sus obligaciones internacionales.

El gobierno norteamericano ha vulnerado de manera aviesa, no sólo la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que él mismo promovió, sino también los tratados sobre terrorismo de que es parte, muy particularmente el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que entrara en vigor el 23 de mayo de 2001, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que entrara en vigor el 26 de enero de 1973.

De conformidad con dichos instrumentos, el gobierno de los Estados Unidos debió haber juzgado a Posada Carriles por terrorismo, o haber accedido a la solicitud de extradición formulada en toda regla por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que a casi dos años de haber sido presentada, sigue sin respuesta.

Independientemente de cualquier juicio de valor que nos merezca el dictamen de la jueza Cardone del pasado 8 de mayo, la misma jueza que, en su dictamen anterior del 6 de abril concedió la libertad bajo fianza al terrorista a la par que reconoció que a éste se le acusa "¼ de haber estado involucrado en, o de estar asociado con algunos de los hechos más infames del Siglo Veinte. (¼ ) Algunos de estos hechos incluyen la invasión de la Bahía de Cochinos, el escándalo Irán-Contras, el derribo del vuelo 455 de Cubana de Aviación, las bombas de 1997 en centros turísticos de La Habana y, según algunos teóricos de la conspiración, en el asesinato del Presidente John F. Kennedy", la total culpabilidad por la libertad de Posada Carriles y la total responsabilidad por lo que de ella pudiera derivar, recae sobre el gobierno de los Estados Unidos.

Incluso, la jueza Cardone, en su dictamen del 8 de mayo, dice que "el centro de este caso no es (¼ ) el terrorismo. Es el fraude migratorio. El terrorismo y la decisión de si un individuo debe ser o no clasificado como terrorista, descansa en la discreción de la rama ejecutiva" y agrega que no está dispuesta a dar solución a lo que califica en su dictamen como "una papa caliente" para el gobierno norteamericano.

Asimismo, el propio dictamen de la jueza Cardone, en otra de sus partes, deja claro el absurdo de que, de haber sido procesado por fraude y por mentir en un proceso de naturalización, cargos que debían haber sido juzgados el próximo 11 de mayo, la condena máxima de que habría sido acreedor el terrorista era de entre seis y doce meses de prisión, que ni siquiera habría cumplido.

La actuación del gobierno de los Estados Unidos y este desenlace, forman parte del compromiso permanente del actual inquilino de la Casa Blanca con la mafia terrorista cubanoamericana de Miami, y tiene un sospechoso paralelo con la liberación del terrorista Orlando Bosch cuando el padre del actual Presidente dirigía el gobierno norteamericano.

Esta nueva desvergüenza es congruente con los actos de un gobierno que, en su momento, se negó a deportar a Posada Carriles a Cuba o a Venezuela porque en nuestros países, según ellos, "sería torturado", mientras mantiene su prisión en la porción del territorio ocupado a Cuba en Guantánamo y mantiene prisiones secretas a lo largo y ancho del planeta donde se cometen los actos más aberrantes e inhumanos.

Para el pueblo cubano es inaceptable que hoy se deje en libertad al terrorista más notorio y sanguinario que jamás ha existido en este hemisferio y permanezcan en cruel e injusta prisión cinco jóvenes cubanos cuyo único delito ha sido el de luchar contra el terrorismo.

No podemos dejar de recordar que, en sus reflexiones publicadas el pasado 8 de mayo, nuestro Comandante en Jefe alertó, una vez más, que la impunidad estimula el terrorismo, y dijo que "bastó la insólita liberación del conocido terrorista, y de nuevo la muerte visitó nuestros hogares".

Al presidente Bush se le acaba el tiempo. Perdió la oportunidad de mostrar aunque fuera un ápice de dignidad, vergüenza y ética. El clamor de los pueblos contra esta decisión será indetenible. Los secretos que Posada Carriles conoce saldrán a la luz pública más tarde o más temprano y el gobierno norteamericano tendrá que responder por su doble moral y su falta de voluntad política para luchar en serio contra el terrorismo.

Habrá que ver ahora qué hace la Casa Blanca, que aún tiene la opción, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, de detener a Luis Posada Carriles y extraditarlo a la República Bolivariana de Venezuela para que responda por sus crímenes.

La Habana, 9 de mayo de 2007

El joven obrero y el brazo armado de los empresarios

Sandra Trafilaf

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"fueron asesinados otros hombres,
otros que como tú se llamaban Rodrigo"
Pablo Neruda

Rodrigo Cisternas Fernández, un joven obrero forestal, de 26 años, era uno más de los cinco mil trabajadores de Bosques Arauco, que el 30 de abril, después de más de un mes de negociaciones, decidieron votar la huelga y movilizarse para conseguir mejores salarios y condiciones laborales dignas.

Rodrigo Cisternas Fernández, despachador de grúas desde hace dos meses trabajaba para el gran imperio de los Angelini, él pedía un sueldo que le alcanzara para tener una vivienda digna junto a su esposa y a su hijo de cinco años. El pedía que se eliminara el falso concepto de subcontratación y que Angelini, amparado en sus empresas fantasmas, diera la cara.

El joven Rodrigo Cisternas, se enfrentó a una de las familias más poderosas de Chile, el grupo Angelini, a través de la Empresa Bosques de Arauco, uno de los mayores productores de harina de pescado, que por añadidura controla el rubro de combustibles y que también es propietaria del negocio forestal a través de su filial Celulosa Arauco, no sólo a nivel nacional, sino también mundial, que supera un valor bursátil de US$ 19.000.-millones, (según cifras oficiales que entregan ellos en sus informes) todo esto sin mencionar que además poseen activos en los sectores pesqueros, minero y de generación eléctrica.

Este obrero, de tan solo 26 años junto a otros miles de trabajadores se manifestaron, tomándose la ruta 160 de la provincia de Arauco, después de intentar ante sus patrones, una negociación que no dio ningún resultado positivo frente a sus demandas.

La respuesta, ha sido la misma que han recibido todos aquellos que se han organizado y se han movilizados por sus demandas justas. Cientos de policías, con refuerzos de tres ciudades, acudieron al llamado de estos poderosos empresarios, que vieron peligrar sus intereses.

Rodrigo Cisternas Fernández, uno de los tantos trabajadores humildes de este país, quiso cambiar el rumbo de una historia sembrada de denigración y represión, se subió a uno de los vehículos cargadores de la empresa y sin más ánimo que frenar la locura de balazos y bombas lacrimógenas en las que estaban envueltos, las emprendió contra quienes aún, actúan con plena impunidad.

La respuesta de las fuerzas policiales, quienes se han convertido hoy en el brazo armado del gran empresariado, no se dejó esperar, y tres balas certeras, una de ellas directa a la cabeza, lo dejó arriba de su herramienta de trabajo, cegando sus sueños, sus demandas y su alegría de pensar que una petición justa, tendría como recompensa, un futuro distinto para su familia que esperaba tranquila en casa, el final del conflicto.

La Presidenta Michelle Bachelet ha declarado hoy que "la muerte de Rodrigo es la derrota de todos", una frase extraña, pues nada podría justificar la muerte de este obrero. La Presidenta de Chile debió haber precisado que este tipo de "hechos", de asesinatos, es producto de una cultura de la impunidad de la que los gobiernos de la concertación se han hecho cómplices.

Más de 15 mil personas, despidieron a Rodrigo en el cementerio de Curanilahue, una localidad del sur de Chile, las casas sencillas del sur lluvioso, despidieron a Rodrigo con banderas enlutadas a media asta, mientras Pascual Sagredo, presidente del Sindicato de Trabajadores Forestales manifestaba "uno de nosotros ha caído, pero se levantaran miles de trabajadores humildes y sencillos de la provincia de Arauco".

Los trabajadores movilizados no son parte de su derrota señora Presidenta, ellos, los más sencillos, los más humildes, exigen justicia, exigen un trabajo digno, demandan la inmediata retirada de las fuerzas policiales. Un joven trabajador, ha caído en esta larga lucha contra las desigualdades sociales. Otro obrero más ha sido asesinado y las plazas de todo Chile hoy tendrán su nombre escrito, Rodrigo Cisternas Fernández, estará en las pancartas, en las voces de hombres y mujeres que seguirán esta marcha que no termina con su muerte, que continuará con su ejemplo de valentía y de vida.


http://alainet.org/active/17317&lang=es

DEMANDAN A GOBIERNO CHILENO POR ASESINATO DE TRABAJADOR FORESTAL

El Ciudadano, Periódico mensual, año 3, número 44, fundado en marzo del 2005

Organizaciones sociales y sindicales junto a sus dirigentes, acompañados por los partidos que integran el Juntos Podemos hicieron entrega esta mañana, en el Palacio de la Moneda, de una copia de la demanda presentada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del Gobierno chileno

Con motivo del asesinato, el jueves pasado del trabajador forestal Rodrigo Cisternas Fernández (26), a tiros por parte de efectivos de Carabineros durante una protesta en el frontis de la dependencia de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), se presentó una demanda el día 6 de mayo donde además se acusa al Gobierno por la violación de los convenios 87 y 98 de la OIT relativo a la libertad sindical y el resguardo del derecho a negociar colectivamente "Reclamamos… en vista de los siguientes actos violatorios sobre libertad sindical, protección del derecho de negociar colectivamente, y del derecho a huelga cometidos por el gobierno de Chile". Los que suscribieron la demanda exigieron la renuncia del Ministro del Interior, y el Gobernador de Arauco.

La Secretaria General del Partido Humanista de Chile, Susana Córdova, indicó que es imperdonable este tipo de situaciones en la cual muere una persona en manos de carabineros por exigir sus derechos "es demasiada la violencia que recae siempre en los trabajadores que solamente luchan por tener una mejor calidad de vida haciendo uso de sus derechos a huelga y negociación que son constantemente burlados por algunos empresarios inescrupulosos que lo único que buscan es enriquecerse a costa del trabajo ajeno, obligándolos a movilizarse para que el Gobierno les escuche sus demandas."

Y respecto a la demanda que se presentó a la OIT este 6 de mayo añadió "Que el gobierno debe dar una respuesta seria y responsable haciendo respetar los acuerdos internacionales que suscribe y hacer fiscalizar, mediante el Ministerio del Trabajo a los inescrupulosos y no, traspasar las responsabilidades a los trabajadores.

El presidente del Partido Comunista Acción Proletaria (PC-AP), Eduardo Artes, calificó la situación como grave e indicó que "dentro de los trabajadores existe una disconformidad y no solamente por el sueldo, sino que por el trato y la demagogia con que se trata a los trabajadores".

Con motivo de la situación que viven los trabajadores en Chile los firmantes de la demanda convocaron hoy a las 19:00 a una marcha desde Plaza de Armas hasta el Palacio de la Moneda en solidaridad con los familiares del asesinado obrero.

Se espera dijo Artes que "se reúna a todos los trabajadores y los luchadores que están por dar termino a las violaciones de los derechos sindicales ya que no pueden crear un sindicato porque se les despide, si forman uno y quieren negociar colectivamente se le arrincona y se le hostiga… Esta muerte no ha sido en vano, la paradoja es que la democracia llego hace 17 años atrás y aun sigue la dictadura instalada en las fabricas".

La OIT posee un comité de libertad sindical que da un servicio internacional que atiende las denuncias de los trabajadores. La finalidad del OIT es promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de empleo digno, optimizar la protección social y fortalecer el diálogo frente a temas relacionados con el trabajo.

Los demandantes esperan que la OIT le exija al Estado chileno una explicación por el asesinato del joven trabajador y responda porque había policía armada en un conflicto que no lo requería.

El Dirigente de la Agrupación de Derechos Habitacionales (Andha Chile), Luis Mondaca manifestó que la visita que realizara el Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, a la Octava región es "tardía y su reacción frente a la situación es penosa". Al igual espera que "exista un pronunciamiento del Gobierno frente a la OIT".

"Nuevo asesinato encubierto por el Estado"

Rodrigo Alexis Cisternas de 26 años, fue asesinado de un balazo por las fuerzas policiales, mientras se manifestaba en contra de la Celulosa Arauco, la misma responsable de la contaminación en el santuario del Río Cruces.

Escrito por Cristian Díaz Fonseca

La maquinaria Arauco arremete nuevamente contra los trabajadores chilenos, no basta con mantenerlos en precarias condiciones laborales, ahora también les disparan a muerte, con la complacencia de los poderes del Estado.

¿Hasta cuándo las balas pagadas con el dinero del pueblo se devuelven contra éste?: Claudia López y Daniel Menco, estudiantes asesinados por la "democracia", Alex Lemún, comunero Mapuche asesinado por el Estado chileno, y ahora Rodrigo Cisternas, asesinado por Forestal Arauco.

Es así como Rodrigo Alexis Cisternas de 26 años, fue asesinado de un balazo por las fuerzas policiales, mientras se manifestaba en contra de la Celulosa Arauco, la misma responsable de la contaminación en el santuario del Río Cruces por alta concentración de cobre, cadmio y hierro, arrojados al río por sus desechos industriales; la misma responsable de la muerte y posterior migración de los cisnes de cuello negro, la misma que tiene comprado a muchos de nuestros "honorables senadores" como el señor Andrés Zaldivar, quien tiene acciones en la empresa pesquera Eperva, de propiedad de Angelini, el mismo propietario de Forestal Arauco; la misma que modificó de forma horrorosa el campo sureño, cambiando bosques nativos por pino y eucaliptos, capaces de acidificar y secar la tierra al punto de ser irrecuperable.


Manifestación

Al cumplirse el plazo de 45 días para que la forestal acepte el pliego petitorio de 23 puntos que reflejaban una mejora en el aumento de los salarios para todos los trabajadores que prestan servicio, no se logró avanzar.

Conforme lo señala el dirigente sindical Pascual Sagredo -quienes se mantenían desde el lunes en paro- el petitorio presentado por los obreros no habría sido reajustado debidamente, por lo que tomaron la decisión, en su justo derecho, de rechazar el nuevo ofrecimiento de la empresa.

Básicamente los dos puntos de mayor relevacia que faltaban no se tomaron en cuenta, el sueldo base de $135 mil pesos y el incremento en la remuneración de un 40%. Así, los trabajadores acordaron una nueva reunión para el jueves 3 a las 13.00 hrs. donde se llegó a un acuerdo por parte de la dirigencia que finalmente no fue aceptado por las bases.

Es dable señalar que Celco, en el año 2006 presentó utilidades de $629 millones de dolares, creciendo la empresa un 30%. No obstante ello el sueldo base de un motosierrista, por ejemplo, continúa siendo de $45.000 mensuales.


La Tragedia

Mientras los trabajadores, en repudio a la instauración de una nueva mesa negociadora, decidieron protestar a las afueras del complejo forestal, instalando algunos vehículos en medio del camino. Pasadas varias horas de enfrentamiento con las fuerzas represoras, quienes destruyeron por completo el vehículo del apodado "Gato" Cisterna, padre de una niña de 5 años, quien tomó la determinación de sustraer del interior de la planta un vehículo montacargas para dispersar a carabineros, donde incluso volcó un vehículo de ellos.

La situación hizo que Carabineros comenzara a disparar a quemarropa a los manifestantes, arrojando como víctima fatal al conductor de la máquina retroexcavadora.

Continuando con la revuelta, decenas de lesionados de diversa consideración fue el saldo del enfrentamiento entre los trabajadores y la policía, quién atacó desmesuradamente con balines de acero, que incluso dejó, extraoficialmente, dos pobladores heridos en Laraquete.

Por otra parte, durante la noche, tres jóvenes obreros ingresaron al Hospital de Concepción y todavía permanecen internados. Se trata de Gastón Abello Ortega, de 28 años, quien sufrió una herida compleja facial y estallido ocular izquierdo.

En tanto fueron trasladados durante la madrugada de hoy, Víctor Varela Gavilán, de 24 años, quien sufrió heridas de bala en uno de sus muslo y pie izquierdo y Moisés Faúndez Arriagada, de 23 años, que presenta fractura expuesta de pie derecho.

Cabe mencionar que los sucesos motivaron la detención de seis personas, que junto a la muerte de Cisternas serán investigados por el fiscal militar Fernando Grandón. Así, se suma otro asesinato civil durante la administración de la Concertación.

Por último, se informó que el cuerpo del obrero será trasladado desde Concepción hasta Curanilahue, en donde se espera un masivo funeral.


Esperadas pueden ser declaraciones de personas que digan que se lo merecía por su actuar provocativo y derechamente agresivo, pero claro, muchas de esas personas no conocen la desesperación que significa para un padre de familia verse tan fuertemente reprimido no sólo por Carabineros, sino por un modelo económico que no contempla a la clase trabajadora, sólo a los grandes conglomerados, permitiendo que trabajadores, como este corresponsal, tengamos sueldos bases de $45.000.

Domingo 06 de Mayo de 2007

 

Chile, institucionalidad. LA FALSIFICACIÓN DE LA HISTORIA

ir al contenido Revista latinoamericana de cultura y política

La legitimidad de un sistema de gobierno –y de las fuerzas que lo ejercen– se origina en un acuerdo social. Legítimo fue aquel que condujo al país al plebiscito que supuso el fin de la dictadura; por lo menos dudas surgen luego y a partir de las elecciones que iniciaron el "proceso concertacionista" –porque se negoció y se tomaron compromisos a nombre del pueblo de Chile. ¿Qué legitimidad, pues, tiene un edificio institucional cuyas bases son la mentira y el secreto? Nada de lo que se relata a continuación está enterrado en el pretérito; al contrario, son espectros que se guardan muy bien en el armario que custodian –con celo– la Concertación y la Alianza por Chile. Como en tantos otros asuntos, fue la revista Punto Final la que develó esta realidad indigna. Fred Bennetts* I. Encubrimientos El Estado de Chile, al participar en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO , se comprometió a "preservar y difundir documentos que ayudarán a Chile y a otros países entender y superar un pasado marcado por la violación sistemática de los derechos humanos." No está cumpliendo sus obligaciones con la comunidad internacional ni tampoco a sus propios ciudadanos. Sucesivos gobiernos de la democracia chilena han permitido que un proceso de encubrimiento que se inició con la Comisión Rettig continúe hasta el día de hoy. Se ha destapado recientemente un caso paradigmático de este proceso. Centrado en la V Región , sus implicaciones son de envergadura nacional, abarcando: – La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A pesar de su importancia histórica, la Comisión ha sido una fuente de datos envenenada. Uno de sus comisionados lo utilizó para manipular informes, hacer desaparecer testimonios, ocultar crímenes que debían haberse denunciado a la justicia y reducir a la mitad el numero de victimas estimado por el equipo de abogados de la Comisión. – La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH). Un informe de la Comisión del año 1986 hizo un balance de los detenidos desaparecidos en la V Región , identificándolos todos, a base de entrevistas con sus familiares. Una copia fue entregada a la Comisión Rettig en 1990 y poco después las demás copias fueron robadas. El Informe Rettig identificó 29 detenidos desaparecidos en la V Región. El Informe de la CCHDH –a lo cual el Informe Rettig no hizo referencia –los había cifrado en 89. – Las primeras pruebas tangibles de lo que se trató de ocultar: el hallazgo en los últimos meses de los cuerpos de personas asesinadas y enterradas clandestinamente por la Armada que nunca habían sido "contabilizados" oficialmente. En cuanto a la Comisión Rettig , no se les puede culpar a sus miembros el hecho de que no identificasen públicamente los responsables de los crímenes investigados: no tenían autorización para ello. Sin embargo, sí tenían la obligación de denunciar a la justicia a todos esos responsables y eso tampoco lo hicieron. Permitieron, además, que un comisionado suyo actuara de forma desleal en connivencia con el entonces comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez Busch. El protagonista principal del encubrimiento ha sido Gonzalo Vial Correa, comisionado de la Comisión Rettig , y la prueba directa de su culpabilidad acaba de conocerse. Se ha encontrado dentro del Archivo Rettig el informe preparado por Pedro Aylwin Chiorrini, el abogado responsable del equipo investigador de la V Región , que fue sujeto a extensas manipulaciones antes de ser publicado en el Informe Rettig. Las anotaciones al informe original, escritas a mano, fueron de la autoría del Comisionado Vial. En una entrevista antes de que fuera encontrado su informe en los Archivos Rettig, el abogado Aylwin dijo que se había sentido "deslegitimado" por el Comisionado que revisó su texto. No quiso identificarlo, alegando razones de ética profesional. El Informe Rettig en su parte introductoria trató con deferencia a la Armada, alegando que habían respondido a todas las solicitudes de la Comisión y que habían enviado material "de gran utilidad". Para no poner en duda esta afirmación había sido necesario suprimir una parte del texto del abogado Aylwin que indicaba justo lo contrario. Aún más grave, se hizo desaparecer el acta de una entrevista en que un alto mando, capitán de navio Carlos Fanta, denunció actos que comprometían a la Armada. Los antecedentes expuestos en otra acta, inculpatoria del almirante (r) Guillermo Aldoney, no fueron denunciados por la Comisión y hasta el día de hoy no han sido transmitidos a la justicia. Gonzalo Vial es abogado, historiador y periodista. Fue uno de los redactores del Libro Blanco del régimen militar, que adujo entre las justificaciones del golpe la existencia del legendario Plan Z; se basaba en documentación espuria facilitado por la Armada. Más tarde Vial fue designado Ministro de Educación dentro del gobierno militar. Su nombramiento por el presidente Aylwin a la Comisión Rettig se debió a motivos puramente políticos, para complacer al comandante en jefe Pinochet, quien años más tarde, haciendo referencia a los miembros de la Comisión, diría: "el único que se salvaba era Gonzalo Vial que había sido Ministro mío". Con tales antecedentes resulta particularmente difícil entender como Gonzalo Vial pudo ser nombrado en 1999 a la Mesa del Diálogo, a no ser que la invitación fuera atribuible al papel destacado de la Armada en promover esa iniciativa. Esa persona que había ocultado información referente a los detenidos desaparecidos dentro de la Comisión Rettig, no tuvo reparos en aseverar que el tema primordial de la Mesa del Dialogo debía ser: "...Ubicar y entregar a las familias los restos mortales del mayor número de detenidos desaparecidos que sea posible (...) Y respecto de los que no sea posible, establecer y proporcionar a las familias la fecha, el lugar y las circunstancias en que murieron". Aún más incongrua fue la designación de Gonzalo Vial por el Presidente de la República al Consejo de Defensa del Estado. Esa entidad tiene la misión de contribuir "a la mantención del Estado de Derecho" y "defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado de Chile". Como Abogado Consejero fue inamovible en el cargo hasta cumplir los 75 años en 2005. Hoy en día Vial es profesor de Historia de Chile en la Universidad Finis Terrae, vinculada con el fundamentalismo católico de los Legionarios de Cristo Rey. Además, entre otras actividades, es columnista de La Segunda. Ese diario hace pocos meses publicó un extenso artículo sobre el funcionamiento interno de la Comisión Rettig en que se indicó que la redacción final de la mayoría de los textos que componían el Informe Rettig eran de la autoría de dos personas, uno de ellos Gonzalo Vial. Dentro del Ministerio del Interior es la División Jurídica que guarda celosamente el Archivo Rettig, sólo proporcionando a sus colegas del Programa de Derechos Humanos (PDH) una documentación selectiva. En consecuencia el PDH ni siquiera ha podido cumplir con su obligación legal de proveer, a petición de los jueces instructores, toda la documentación relevante sobre los casos de violaciones de derechos humanos. Las denuncias a este respecto ante sucesivos subsecretarios de Interior no han tenido efecto. Sin embargo, las mismas denuncias, presentadas ante la Conservadora del Archivo Nacional, que custodia otra copia del Archivo Rettig, recibieron una contestación valiente. En una carta fechada cinco de noviembre de 2005 a los familiares del Padre Miguel Woodward, lamentó lo ocurrido y dijo: "En lo que respecta a nuestra institución, nosotros colocaremos al pie de página de los inventarios remitidos por la Corporación (Justicia y Democracia), la advertencia que haga referencia a la carta que usted a hecho llegar al Archivo Nacional". II. Los textos manipulados del Informe Rettig Señalamos abajo únicamente esos cambios al informe del abogado Aylwin que fueron realizados por Gonzalo Vial. Otros cambios, realizados por uno de los ex-abogados de la Comisión , sólo tenían el fin de pulir el texto y asegurar su consistencia con el resto del Informe. Los cambios señalados no se pueden explicar ni por esos motivos ni por una eventual falta de antecedentes. Eran, como queda evidente abajo, burdas manipulaciones que fueron realizadas a un texto que exponía datos comprobados por el equipo profesional. Su fin sólo podría haber sido ocultar y minimizar el papel de la Armada de Chile en los asesinatos y torturas que tuvieron lugar en esa zona. Las falsificaciones empiezan, de una forma llamativa, en el primer párrafo del texto. Refiriéndose a la V Región , el abogado Aylwin había escrito: "....se estudiaron 80 casos de graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus agentes". En el informe definitivo, sin embargo, el texto dice lo siguiente: "....la Comisión conoció 41 casos de graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus agentes." Más adelante se encuentra un rotundo "NO" escrito a mano al lado de la siguiente frase del abogado Aylwin: "....contrario a lo sostenido por ciertas autoridades navales entrevistadas, el buque escuela Esmeralda también sirvió como lugar de detención". La frase no apareció en la versión definitiva del Informe. Evidentemente, la persona responsable de ese cambio, aunque sabiendo que en otra parte del Informe se admitía que se torturó en la Esmeralda, no quiso que se pusiera en cuestión la colaboración recibida de la Armada. En referencia a Tejas Verdes, el abogado Aylwin escribió: "En este campo...se vivió por parte de los detenidos la aplicación de un verdadero estado de guerra". Este comentario hizo que el Comisionado que revisó su texto cuestionara ese "calificativo". El informe final no incluyó esa frase –tan significativa en el contexto de la aplicación de la Convención de Ginebra–. Tampoco incluyó un extenso párrafo que el abogado Aylwin había redactado sobre la aplicación de la Ley de Fuga. Éste terminaba con la frase "Se conocieron en la Región 40 casos de muerte que se pueden incluir en esta categoría". El caso del padre Miguel Woodward fue tratado por el abogado Aylwin en el último párrafo de su texto de la siguiente forma: "......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto del lamentable estado físico en que se encontraba. Son circunstancias de convicción de lo anterior las siguientes: la autoridad naval reconoció su detención; se acredito el hecho de haber sido torturado; fallece en el Hospital Naval, habiendo llegado desde el Molo de Abrigo, lugar done tuvo que dársele atención médica por parte de un médico de la Armada ; la causa de la muerte es "paro cardio-respiratorio" producto del lamentable estado físico en que se encontraba". En el Informe Rettig definitivo, sin embargo, se lee: "......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto del lamentable estado físico en que se encontraba. Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo torturaron en su lugar de detención". El hecho de que fuera eliminado la frase que empieza con "....la Autoridad naval reconoció..." adquiere un significado especial al conocerse las peripecias (referidas arriba) por lo que pasaron las dos actas de entrevista en que se basaba. Esas actas, hasta el día de hoy, no han sido entregadas en su forma original a la justicia. El resto del material que se ha encontrado en el Archivo Nacional consiste de información entregada a la Comisión Rettig por la Vicaria de Solidaridad actuando como coordinadora de varias organizaciones de derechos humanos en ocho ciudades de la Región. Incluye datos precisos sobre las personas responsables de la muerte o desaparición de víctimas. Tras resumir los delitos denunciados, los informes añaden, en la mayoría de los casos, "se sugiere a la Comisión lo siguiente" seguido por varias peticiones que debían ser dirigidas a las autoridades militares. Extrañamente, sin embargo, y a pesar de que la Vicaría y el Equipo de Atención Jurídica del Arzobispado de Santiago ofrece a la Comisión "los documentos jurídicos que los fundamentan", ninguna de las denuncias dio como resultado final que el caso fuese denunciado a la Justicia. Con el paso de los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave daño que ha sido causado por los encubrimientos iniciales. Se supo en 2006, por medio de Luis Bork, el antiguo Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en el año 1986 ese organismo elaboró un balance de detenidos desparecidos en colaboración con los familiares de las víctimas. Fueron identificados nada menos que 89 personas.. Una copia de ese informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990 y, poco después, todas las restantes copias fueron robadas al ser saqueada la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados en esa ocasión la totalidad de los archivos de la CCHDH incluido expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía Naval y los Juzgados Navales. En ese entonces se sospechaba que los responsables estaban vinculadas a la propia CCHDH. Hoy en día, conociendo la presencia en la Comisión Rettig del Comisionado que traicionó su juramento, hay que formularse otra hipótesis. III. Los crímenes institucionales de la Armada de Chile Los datos "oficiales" de las víctimas en la V Región, los que fueron reconocidos por el Estado, provienen del Informe Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dan como detenidos desaparecidos a 36 personas. En los últimos tiempos, sin embargo, se ha comprobado que la cifra real de detenidos desaparecidos es muchísimo más elevado. Así se desprende de otros informes que han sido deliberadamente ocultados, el reciente hallazgo de cuerpos de personas que fueron asesinadas y no "contabilizadas", las declaraciones de testigos que asistieron a los entierros de otros cuerpos y la propia documentación de la Armada. En cuanto a este último punto, la Armada, aunque reconociendo en privado que existía documentación comprometedora, alega que todo fue destruido "en la época del Almirante Merino". Sin embargo, les ha traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los guardias de instalaciones navales y otros funcionarios sujetos a disciplina militar. Los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos desaparecidos asesinados clandestinamente por la Armada pasaron por varios caudales. En cada caso, como se demuestra abajo, las acciones criminales eran sistemáticos y la responsabilidad institucional de la Armada era claro. Los altos mandos necesariamente estaban involucrados en planificar y coordinar la represión dentro de la Armada y, evidentemente, en desarrollar la colaboración con la DINA –que dio sus resultados en la Operación Colombo y Operación Kiwi y en el Sumario A-637 de la Justicia Naval–. En cuanto a los que murieron en el Hospital Naval tras ser detenidos, estaban registrados en el libro de guardia del Hospital y, por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a la falsificación de certificados de muerte y de inscripciones en el Registro Civil. Luego procedieron a la inhumación ilegal de los cuerpos. Sin embrago, en el caso de la mayoría de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados, la ocultación de cuerpos resultó más facil. Muchos fueron enterrados clandestinamente en el Cementerio de Playa Ancha, que había sido ocupado por la Armada el mismo día del golpe. Tres testigos independientes han dejado constancia en los últimos años que vieron en aquellos días a marinos descargando cuerpos desde vehículos navales y enterrándolos en el cementerio. El más reciente de estos testigos, un antiguo sepulturero del cementerio, dio testimonio judicial en enero de 2007 que en dos ocasiones había sido obligado a acompañar a varios marinos que descargaron unos cuerpos en el Cuartel 14 del Cementerio. Con los marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. En el caso de algunos, estaba claro que habían muerto por impacto de bala en el pecho. Uno de ellos aún sangraba. No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos. Ocurre, sin embargo, que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros de distancia del sitio señalado por el testigo, aparecieron durante unas excavaciones las osamentas de unos 15 cuerpos sin identificar, encontrándose una vainilla a su lado. La policía determinó que la vainilla era de un calibre utilizado por las fuerzas armadas pero, por un descuido, cuando los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal para su peritaje, ni la vainilla ni el informe balístico fueron entregados a los forenses. Además, no habían sido informados de la declaración del nuevo testigo sobre los entierros en una zona lindante ni se les había facilitado una declaración formal por parte del administrador del cementerio sobre el área del hallazgo. En esas circunstancias, y citando falta de antecedentes, los forenses no quisieron opinar sobre la data de las muertes y dejaron inconclusas las demás cuestiones planteadas. En todo caso, no podrían completarse el cotejo de identidades hasta saber el numero real de detenidos desaparecidos de la V Región y quienes eran. Sería un paso previo necesario para ampliar el existente banco de muestras de ADN, lo que permitiría un peritaje forénsico adecuado. En resumen, no sólo se ha permitido que siga teniendo un efecto nocivo la falsificación de la historia si no que, a cambio de ventajas políticas a corto plazo, se ha permitido que el falsificador penetre al corazón de las instituciones democráticas. ------------------------------------ * Licenciado en Historia por la Universidad de Oxford. Ha trabajado como consultor para la ONU y los gobiernos de Reino Unido, España, y Portugal.