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07 agosto, 2008

Quito notifica a Washington que desaloje base de Manta en el 2009

QUITO, 29 de julio.— Ecuador notificó a Estados Unidos su decisión de dar por concluido el Acuerdo que permite a militares de ese país el uso de la base de Manta.

En un comunicado, según AP, la cancillería señaló que el gobierno "notificó de manera oficial a la embajada de los Estados Unidos... su decisión de dar por concluido el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos", concerniente al acceso y uso por parte de Washington de las instalaciones de la base de la fuerza aérea ecuatoriana en Manta.

Señaló que "en conversaciones mantenidas con funcionarios estadounidenses se acordó que las operaciones que se realizan amparadas en el mencionado Acuerdo, terminen en el mes de agosto de 2009; y que culmine el proceso de retiro del personal extranjero de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta en el mes de noviembre de ese mismo año".

Añadió que conforme a las estipulaciones del acuerdo "las instalaciones... serán transferidas a la autoridad correspondiente" de la fuerza aérea de Ecuador.

Una de las promesas del presidente Rafael Correa en su campaña electoral en el 2006 fue no renovar el convenio.

06 marzo, 2008

La dignidad de Correa

Arturo Arango (especial para La Jornada)

La masacre de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la grosera invasión de Bogotá a territorio de Ecuador obedece a la decisión de Washington de reventar el proceso de liberación de rehenes de la organización guerrillera a pedido del presidente venezolano, Hugo Chávez. El hecho había llevado al renacimiento de la esperanza por una salida negociada al conflicto armado que desangra el país andino hace décadas, recolocando esa posibilidad en la agenda política nacional e internacional y puesto de relieve la vocación pacífica y de fraternidad latinoamericana de Caracas. Ello amenazaba con desactivar la estrategia estadunidense de prolongar indefinidamente la guerra civil en el país andino con el propósito de justificar su creciente presencia militar en el área y, llegado el momento, regionalizar las hostilidades para convertir a América del sur en otro escenario de la "guerra contra el terrorismo" que yugule los cambios políticos en marcha hacia la independencia, la integración y la unidad latinoamericanas.

Uribe no se hubiera atrevido a semejante osadía de no contar con la complicidad de la potencia del norte y una operación de estas características únicamente podía hacerse con la sofisticada tecnología y, probablemente, el personal estadunidense y, hasta aviones, de sus bases militares en Manta (Ecuador) y Tres Esquinas (Colombia) bajo el paraguas del Plan Colombia/Patriota. La ubicación del comandante Raúl Reyes era monitoreada desde hacía días en ese país; como afirmó el presidente Rafael Correa, para asesinarlo no había por qué esperar a que se internara en Ecuador; a todas luces en misión de paz.

Ahora se ve muy clara la intención yanqui de insertar a América Latina en el carril pos 11/9 mediante la inclusión de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en la lista de organizaciones terroristas, que maneja a su antojo, mientras arrastraba a la Unión Europea y demás socios a hacer lo mismo, cuando esas organizaciones habían conseguido un tácito reconocimiento internacional como lo que realmente son: fuerzas beligerantes dentro de un conflicto provocado e incentivado por el Estado colombiano. En este esquema, Colombia tiene asignado en Suramérica el papel de verdugo del imperialismo que desempeña Israel en Medio Oriente y la incursión de sus tropas en Ecuador es una operación de tanteo con el fin de evaluar la viabilidad de continuar actuando en ese carácter si América Latina no presenta resueltamente un frente político unido que le ponga freno.

Por lo pronto la reacción de Correa ha sido la que cabía esperar de un patriota latinoamericano: digna, firme y prudente, condenando sin cortapisas el ominoso precedente en los foros internacionales, rompiendo relaciones diplomáticas con Colombia y movilizando efectivos militares hacia la frontera con ese país, pero a la vez empleándose a fondo en la diplomacia. En su gira por varios países hermanos ha llamado las cosas por su nombre y reiterado que no hay justificación posible a la agresión uribista, violatoria de los principios de soberanía, autodeterminación, integridad territorial y no intervención y apoyada en una sarta de mentiras. Con su actitud, Correa presta un invaluable servicio a América Latina y a la humanidad en momentos en que Estados Unidos intenta convertir al mundo en una réplica del far west, donde la única razón que impera es la ley del revólver. Ergo, Kosovo.

En la OEA, señal de los nuevos vientos que soplan en América Latina, Washington, el único que apoyaba a Colombia, no pudo impedir la condena, más que implícita, a la peligrosísima agresión a Ecuador.

La voz del pueblo se escuchará hoy en la gran marcha de los colombianos contra el terrorismo narcoparamilitar y de Estado de las fosas comunes, los trucidados por las motosierras, los millones de desplazados, presos políticos y decenas de miles de muertos y desaparecidos.

04 marzo, 2008

Las razones de Michelle Bachelet para apoyar explícitamente a Ecuador

La alianza ''informal'' con Quito es histórica, al punto que Rafael Correa mantiene a firme un viaje a Chile para celebrar el segundo año en La Moneda de la Presidenta, ocasión reservada para firmar un amplio acuerdo de asociación.

En diplomacia, se entiende que los mejores aliados son aquéllos que comparten límites con los países vecinos, una máxima que les cabe a Ecuador y Brasil en el caso de Chile y explica, en parte, el cerrado apoyo de La Moneda a Quito luego de que tropas colombianas traspasaran sus fronteras en la operación que acabó con la muerte de "Raúl Reyes", el segundo de a bordo de las FARC.

Apenas comenzado el siempre agitado primer lunes tras las vacaciones, el canciller Alejandro Foxley debió salir en varias oportunidades del consejo de gabinete en La Moneda para contestar las llamadas que le hacían sus colegas latinoamericanos para analizar la creciente tensión a la cual se sumó Venezuela. Es "esencial e indispensable" respetar la soberanía territorial de los países, diría más tarde.

La cercanía de Chile con Ecuador es muy antigua y se ha ido consolidando por la históricamente mala relación con Perú, después de la Guerra del Pacífico. Esta alianza "informal" se ha mantenido siempre en términos políticos y, especialmente, militares. No sólo se le han vendido armas en plena Guerra del Cóndor (1995), sino que además existe un intercambio de oficiales para que estudien en ambos países.

Otro aspecto destacable es que recientemente Chile reparará los submarinos ecuatorianos por US$ 120 millones en Asmar, lo que se convierte en el mayor negocio bilateral en el plano de la defensa y se tiene previsto adjudicarle las ex fragatas Lynch y Condell a la armada quiteña.

A esto se suma que hay una cierta afinidad ideológica entre los presidentes de Ecuador y Chile, al punto que Rafael Correa aún mantiene a firme su visita a Santiago para conmemorar los dos años de gobierno de Michelle Bachelet, con quien firmará un acuerdo de asociación el próximo 12 de marzo, que busca institucionalizar y profundizar la relación bilateral no sólo en el ámbito económico, sino que también en lo político-social y cultural.

El problema entre Ecuador y Colombia se produce ad portas del primer encuentro entre los equipos jurídicos de Chile y Perú en el Tribunal de La Haya por el diferendo de los límites marítimos, que ocurrirá el próximo 14 de marzo.

Fuentes diplomáticas comentaron que ambos hechos no se pueden vincular, pero debe prestársele atención a la estrategia de Lima, ya que –si bien se considera remota- existe la posibilidad de que Alan García aproveche la coyuntura para plantearle a Correa una solución fronteriza definitiva.

En otro flanco, tampoco debe descuidarse el rol de Luiz Inácio Lula da Silva, quien como buen conocedor de los vínculos chileno-ecuatorianos sugiera a Michelle Bachelet asumir un papel mucho más protagónico en la región.

Rafael Correa por Fidel Castro

 Recuerdo cuando nos visitó, meses antes de la campaña electoral donde pensaba presentarse como candidato a la Presidencia de Ecuador. Había sido Ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio, médico cirujano con prestigio profesional, que también nos había visitado en su condición de Vicepresidente, antes de acceder a la presidencia, por situaciones imprevistas que se dieron en Ecuador. Este había sido receptivo a un programa de operaciones oftalmológicas que le ofrecimos como forma de cooperación. Existían buenas relaciones entre ambos gobiernos.

Correa, no hacía mucho, había renunciado al Ministerio de Economía. Estaba inconforme con lo que calificó de corrupción administrativa promovida por Oxy, empresa extranjera que exploró e invirtió importantes sumas, pero que se quedaba con cuatro de cada cinco barriles de petróleo extraído. No habló de nacionalizar, sino de cobrarle elevados impuestos que asignaba de antemano a inversiones sociales pormenorizadas. Ya había aprobado las medidas y un juez las declaró válidas.

Como no mencionaba la palabra nacionalizar, pensé que experimentaba temor al concepto. No me extrañaba, porque era economista graduado con grandes reconocimientos por una conocida universidad de Estados Unidos. No me ocupé mucho en profundizar, lo acosaba con preguntas del arsenal acumulado en la lucha contra la deuda externa de América Latina en 1985 y de la propia experiencia cubana.

Existen inversiones de riesgo sumamente altas y de sofisticada tecnología, que ningún país pequeño como Cuba y Ecuador podría asumir.

Como estábamos ya en el año 2006 decididos a impulsar la revolución energética, que fuimos el primer país del planeta en proclamar como cuestión vital para la humanidad, le había abordado el tema con especial énfasis. Me detuve, había comprendido una de sus razones.

Le conté la conversación que hacía poco había sostenido con el presidente de la empresa española REPSOL. La misma, asociada a otras empresas internacionales, acometería una operación costosa para perforar en el fondo del mar, a más de 2 000 metros de profundidad, con empleo de sofisticadas tecnologías, dentro de las aguas jurisdiccionales de Cuba. Dije al jefe de la empresa española: ¿Cuánto vale un pozo exploratorio? Le hago la pregunta porque queremos participar aunque sea en el uno por ciento del costo, deseamos saber lo que ustedes quieren hacer con nuestro petróleo.

Correa, por su parte, me había contado que de cada cien dólares que extraían las compañías, solamente veinte iban para el país; ni siquiera entraban en el presupuesto, expresó, se dejaban en un fondo aparte para cualquier cosa menos para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Yo derogué el fondo, me dijo, y asigné 40 por ciento para educación y salud, desarrollo tecnológico y vial, el resto para recomprar la deuda si el precio de la misma nos favorecía, o de lo contrario invertirlo en otra cosa más útil. Antes teníamos que comprar cada año una parte de esa deuda que se encarecía.

En el caso del Ecuador —me añadió— la política petrolera rayaba en traición a la patria. ¿Por qué lo hacen?, le pregunto. ¿Por miedo a los yanquis o presión insoportable? Me responde: Si tienen un Ministro de Economía que les dice que privatizando mejora la eficiencia, usted puede imaginarse. Yo no hice eso.

Lo estimulo a seguir y me explica con calma. La compañía extranjera Oxy es una empresa que ha roto su contrato y de acuerdo con la ley ecuatoriana se requiere la caducidad. Significa que el campo operado por esa empresa tiene que pasar al Estado, pero por presiones de los yanquis el gobierno no se atreve a ocuparlo, se crea una situación no contemplada por la legislación. La ley dice caducidad y nada más. El juez de primera instancia, que era presidente de PETROECUADOR, lo hizo así. Yo era miembro de PETROECUADOR y nos llamaron de urgencia a una reunión para expulsarlo del cargo. Yo no asistí y no pudieron despedirlo. El juez declaró la caducidad.

¿Qué querían los yanquis?, pregunto. Querían una multa, explica él rápido. Escuchándolo comprendí que lo había subestimado.

Yo estaba apurado por multitud de compromisos. Lo invité a presenciar el encuentro con un numeroso grupo de profesionales cubanos altamente calificados que partirían para Bolivia, a fin de integrarse a la Brigada Médica; esta cuenta con personal para más de 30 hospitales, entre otras actividades 19 posiciones quirúrgicas que pueden realizar más de 130 mil operaciones oftalmológicas por año; todo bajo forma de cooperación gratuita. Ecuador dispone de tres centros similares con seis posiciones oftalmológicas.

La cena con el economista ecuatoriano fue ya entrada la madrugada del 9 de febrero de 2006. Apenas hubo puntos de vista que yo no abordara. Le hablé hasta del mercurio tan dañino que las industrias modernas esparcen por los mares del planeta. El consumismo fue por supuesto un tema enfatizado por mí; el alto costo del kiloWatt/hora en las termoeléctricas; las diferencias entre las formas de distribución socialista y comunista, el papel del dinero, el millón de millones que se gasta en publicidad sufragado forzosamente por los pueblos en los precios de las mercancías, y los estudios realizados por brigadas sociales universitarias que descubrieron, entre los 500 mil núcleos de la capital, el número de personas ancianas que vivían solas. Expliqué la etapa de universalización de los estudios universitarios en que estábamos envueltos.

Quedamos muy amigos, aunque tal vez se llevara la imagen de que yo era autosuficiente. Si eso ocurrió, fue realmente involuntario por mi parte.

Desde entonces observé cada uno de sus pasos: proceso electoral, enfoque de los problemas concretos de los ecuatorianos, y victoria popular sobre la oligarquía.

En la historia de ambos pueblos hay muchas cosas que nos unen. Sucre fue siempre una figura extraordinariamente admirada junto a la de El Libertador Bolívar, quien para Martí, lo que no hizo en América está por hacer todavía, y como exclamó Neruda, despierta cada cien años.

El imperialismo acaba de cometer un monstruoso crimen en Ecuador. Bombas mortíferas fueron lanzadas en la madrugada contra un grupo de hombres y mujeres que, casi sin excepción, dormían. Eso se deduce de todos los partes oficiales emitidos desde el primer instante. Las acusaciones concretas contra ese grupo de seres humanos no justifican la acción. Fueron bombas yanquis, guiadas por satélites yanquis.

A sangre fría nadie absolutamente tiene derecho a matar. Si aceptamos ese método imperial de guerra y barbarie, bombas yanquis dirigidas por satélites pueden caer sobre cualquier grupo de hombres y mujeres latinoamericanos, en el territorio de cualquier país, haya o no guerra. El hecho de que se produjera en tierra probadamente ecuatoriana es un agravante.

No somos enemigos de Colombia. Las anteriores reflexiones e intercambios demuestran cuánto nos hemos esforzado, tanto el actual Presidente del Consejo de Estado de Cuba como yo, de atenernos a una política declarada de principios y de paz, proclamada desde hace años en nuestras relaciones con los demás Estados de América Latina.

Hoy que todo está en riesgo, no nos convierte en beligerantes. Somos decididos partidarios de la unidad entre los pueblos de lo que Martí llamó Nuestra América.

Guardar silencio nos haría cómplices. Hoy a nuestro amigo, el economista y presidente del Ecuador Rafael Correa, quieren sentarlo en el banquillo de los acusados, algo que no podíamos siquiera concebir aquella madrugada del 9 de febrero de 2006. Parecía entonces que mi imaginación era capaz de abarcar sueños y riesgos de todo tipo, menos algo parecido a lo que ocurrió la madrugada del sábado 1º de marzo de 2008.

Correa tiene en sus manos los pocos sobrevivientes y el resto de los cadáveres. Los dos que faltan demuestran que el territorio de Ecuador fue ocupado por tropas que cruzaron la frontera. Puede exclamar ahora como Emilio Zola: ¡Yo acuso!

Fidel Castro Ruz
Marzo 3 de 2008
8 y 36 p.m.

03 marzo, 2008

Ecuador anunció movilización de tropas y expulsó al embajador colombiano

Radio Cooperativa
Radio Cooperativa - Noticias del Día
Rafael Correa no aceptó las explicaciones de Alvaro Uribe y afirmó que habló con sus pares sudamericanos, incluyendo a Bachelet, "para compartir con ellos la gravedad de la situación".

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció la "expulsión inmediata" del embajador de Colombia en Quito, Carlos Holguín, tras la retirada de su embajador en Bogotá, Francisco Suéscum, y solicitó la reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para tratar la incursión militar colombiana en su territorio.

En cadena nacional de televisión, Correa informó de que había ordenado la "movilización de tropas" a la frontera con Colombia y exigió al presidente de ese país, Alvaro Uribe, no sólo disculpas, sino "compromisos firmes y formales ante la comunidad internacional que garanticen que no se repetirán estos inaceptables hechos".

Correa remarcó que en este caso prevé llegar hasta las últimas consecuencias para hacer respetar la soberanía del país.

Para el jefe del Estado ecuatoriano, quedó demostrado que, en sus explicaciones sobre el ataque del sábado, "el Ministerio de Defensa de Colombia, la Cancillería de dicho país y el propio presidente Uribe, más aún, cuando me informó del hecho vía telefónica, le están mintiendo al Ecuador y al mundo".

"Esta es la más grave, artera y verificada agresión que el Gobierno del presidente Uribe ha ocasionado a Ecuador. No permitiremos que este hecho quede en la impunidad. Llamamos a la solidaridad de la comunidad internacional y particularmente regional", dijo Correa.

El mandatario indicó que había hablado con los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, "para compartir con ellos la gravedad de la situación".

"También hemos solicitado de igual manera, por medio de gobiernos amigos, la convocatoria del Mercosur", dijo Correa.

Además, Correa ha "planteado la elaboración conjunta de una propuesta dirigida a detener este tipo de conductas e impedir la internacionalización del conflicto colombiano".

"Lo que ocurrió fue claramente una acción deliberada dentro de nuestro territorio, la cual atenta contra nuestra soberanía, los acuerdos bilaterales con Colombia y contra el derecho internacional", dijo Correa, para quien las explicaciones dadas por el Gobierno de Bogotá son "claramente una burla".

En su intervención, Correa afirmó que "el territorio ecuatoriano ha sido bombardeado y ultrajado intencionadamente por parte de un gobierno extranjero" con el ataque colombiano a un campamento de las FARC, en el que resultó muerto el portavoz internacional de esa Guerrilla, Luis Edgar Devia Silva, más conocido como "Raúl Reyes".

El ataque según Correa

En el ataque, según la información de Correa, murieron 20 guerrilleros, de los que se han encontrado 18 cuerpos en Ecuador, mientras otros dos, el de Reyes y Guillermo Enrique Torres, conocido como "Julián Conrado", un ideólogo de las FARC, fueron llevados a Colombia por los militares de ese país.

Otras tres guerrilleras fueron encontradas heridas y ya están en Quito ingresadas en el Hospital militar, una de ellas una mexicana estudiante de Filosofía.

Correa aseguró que los militares y autoridades del Gobierno ecuatoriano confirmaron "irrefutablemente" en el lugar, a tres kilómetros de la frontera, que "Ecuador sufrió un planificado ataque aéreo y una posterior incursión de tropas colombianas, con plena conciencia de que estaban violando nuestra soberanía".

"El ataque aéreo y terrestre deja 20 miembros de las FARC fallecidos en nuestro territorio, casi todos en ropa de dormir, lo que descarta cualquier versión en el sentido de que fuera una persecución en caliente y en legítima defensa, contrariando la versión oficial colombiana".

Para el gobernante ecuatoriano, "fue una masacre: Los aviones colombianos ingresaron al menos 10 kilómetros en nuestro territorio para realizar el ataque desde el sur. Luego llegaron tropas transportadas en helicópteros que culminaron la matanza, incluso se hallaron cadáveres con tiros en la espalda".

Ecuador, según Correa, "conoce la gravedad del conflicto interno colombiano" y ha manifestado su "condena a las acciones y métodos de las FARC", pero "no aceptaremos que, a pretexto del combate a lo que ellos llaman terrorismo, se implanten doctrinas y prácticas inaceptables de irrespeto a la soberanía de los estados".

"No hay justificación alguna para una acción militar foránea en nuestro territorio independientemente del motivo", dijo Correa, quien se mostró seguro de que Colombia no aceptaría "una acción similar de nuestra parte".

"El Derecho Internacional exigía que nos informasen y que fuera la Fuerza Pública ecuatoriana la que realice la captura, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones, siempre con respeto absoluto a los derechos humanos", añadió el gobernante. (EFE)

05 mayo, 2007

El debate prohibido en Ecuador

Pablo Dávalos



Una espada de Damocles amenaza a la democracia ecuatoriana y al multitudinario apoyo del pueblo ecuatoriano para la realización de la Asamblea Constituyente. Una amenaza que, paradójicamente, es vista como oportunidad e incluso como una garantía de estabilidad. Se trata de la dolarización.

Desde el año 2000 en el que se impuso la dolarización, su tarea ha sido la de ir minando al país: ha destruido la pequeña producción campesina poniendo en riesgo la soberanía alimentaria. Ha destruido la pequeña y mediana producción industrial, generando desempleo y pérdidas de ingreso a miles de familias. Ha desquiciado al sistema de precios con distorsiones que han multiplicado por diez a la canasta familiar en menos de una década y ha destrozado la capacidad adquisitiva del salario que apenas cubre menos de un tercio de esta canasta básica.

Ha provocado un profundo intercambio desigual entre el sector rural y el sector urbano. Ha incentivado una deriva consumista que se refleja en el mayor déficit comercial en toda la historia del país, un déficit oculto por los altos precios del petróleo. Ha provocado una enorme migración de ecuatorianos en búsqueda de trabajo en el extranjero.

Ha polarizado la concentración del ingreso, al extremo que el 20% más rico de la población dispone de más del 50% de la renta nacional, mientras que el 20% más pobre no llega a participar ni del 4% de la renta nacional. Ha incentivado los comportamientos rentistas de sectores medios de la población, y la demanda de asistencialismo en los sectores más pobres. Ha transformado el mercado financiero doméstico que ahora cobra tasas de interés desmesuradas en dólares, e incentiva la fuga de divisas y el endeudamiento externo agresivo por parte del sector privado, que recuerda a aquel proceso de los años setenta que condujo a la crisis de la deuda externa.

En el altar de la estabilidad el país sacrificó sus opciones y para salvar la moneda se sacrificó a la sociedad. Empero, y de manera paradójica, el debate sobre la dolarización es una cuestión casi prohibida. Se convierte en tema tabú. Se discute sobre la Asamblea Constituyente con una pasión democrática que es correlativa y proporcional al silencio que se impone a la discusión sobre la dolarización.

Es como si la dolarización no existiese. Como si al ser tocada por la discusión sobre la Asamblea Constituyente, la magia de la estabilidad económica pudiese desaparecer de forma instantánea.

Pero los hechos son tenaces, decía alguien cuyo nombre en estos tiempos de socialismo del siglo XXI es preferible obviar. Y esos hechos nos muestran una economía en descalabro y una sociedad fracturada, y un esquema monetario que empieza a hacer aguas y cuyo colapso, a más de inminente, parece más próximo de lo que quisiéramos.

Es de preguntarse entonces: ¿por qué tanto silencio sobre un tema tan importante? ¿Por qué tanto miedo por algo que nos compromete de manera tan radical? ¿Por qué el debate sobre la Constituyente excluye un tema tan crucial para el país como la dolarización?

Si la dolarización está destruyendo la economía y la sociedad ecuatoriana ¿por qué no aprovechar el momento político creado por la Constituyente para una salida ordenada de la dolarización? ¿Por qué aquellos que antes denostaban la dolarización, y con justa razón además, ahora por el hecho de estar en el gobierno aparecen como sus más tenaces defensores? ¿Es la dolarización solamente un tipo de cambio fijo basado en la sustitución monetaria, o es algo más? ¿Si cambiar la moneda de un país fuese buen negocio, porqué ningún país de América del Sur lo ha intentado?

Esta negación a debatir sobre una salida ordenada de la dolarización acota los términos de la reforma política que se pretende realizar al tenor de la próxima Asamblea Constituyente. Porque no sería justo para el enorme movimiento ciudadano que lo respalda y por todas las expectativas que se han provocado, que la Asamblea solamente trate temas de forma, como la despolitización de los órganos de control, de justicia o de elecciones; y deje de lado los temas de fondo como la dolarización y el modelo económico.

Porque la dolarización no es solamente un esquema monetario que otorga certezas para decisiones económicas en el corto y mediano plazo, sino que es el centro de gravedad del modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal no se reduce a un conjunto de recomendaciones en política fiscal, sino a la readecuación de las relaciones de poder en beneficio del capital financiero. Porque si no se sale de la dolarización en forma ordenada, no se ha cambiado el modelo económico neoliberal y las relaciones de poder que le son inherentes.

Quizá esto pueda parecer retórica, y quizá no pueda visualizarse la complejidad de lo que significa el modelo económico neoliberal, hasta que la dolarización finalmente colapse. Solo en esa circunstancia quizá pueda entenderse lo que significa realmente el modelo neoliberal, cuando los sectores medios de la población sean los más golpeados por la salida de la dolarización, y hayan descubierto que la Asamblea Constituyente, en la que tanto empeño y energías pusieron, finalmente no les servirá para defenderlos en esa crisis.

El colapso de la dolarización, si la Asamblea Constituyente no toma al respecto los correctivos necesarios, implicaría, al menos, tres fenómenos de alto costo para los mismos ciudadanos que ahora se movilizan por la Constituyente: el primero es el enorme costo de seguir asumiendo y pagando deudas en moneda dura, en la ocurrencia el dólar, con una moneda débil, es decir, la moneda que reemplazaría al dólar. Para cubrir esa diferencia, la única posibilidad es reducir el consumo familiar e incrementar los ingresos, en un ambiente de recesión económica, es decir, de pérdidas de empleos por falta de inversión.

El segundo fenómeno, hace referencia a la presión por la devaluación que harán los grupos de poder sustentados en la agroexportación; y, el tercero, es la crisis del endeudamiento externo privado que transferiría los costos de ese endeudamiento al Estado, un proceso que el país ya lo vivió a inicios de la década de los ochenta con la sucretización de la deuda externa privada. Hay que indicar, además, que los bancos no van a perdonar sus créditos en dólares y que serán los primeros en trasladar los costos de la devaluación a la tasa de interés, provocando más recesión y encareciendo más los créditos.

Para solventar los costos de esa crisis el gobierno tendría que adoptar un paquete de ajuste estructural, de aquellos definidos precisamente por el FMI, si no quiere que el costo de la salida de la dolarización implique una hiperinflación. Y el riesgo de la hiperinflación es real porque aquello que da sustento a la producción interna y que puede garantizar la estabilidad de la moneda nacional, ha sido destruido precisamente por la dolarización.

Las clases medias ecuatorianas intuyen el descalabro que significaría el fin de la dolarización. Estas clases medias, que son el soporte del movimiento ciudadano que presiona por la Asamblea Constituyente, quieren que la reforma política les garantice algo imposible: la estabilidad económica de la mano de la dolarización.

Por ello han puesto entre paréntesis a la dolarización. Porque saben que la estabilidad a la que apelan tiene su fundamento en el esquema monetario de la dolarización. Por ello también su insensibilidad con otros sectores de la población que ven en la dolarización una amenaza, como los campesinos, el subproletariado y los indígenas.

Estos sectores han sido invisibilizados del debate sobre la reforma política, porque sus intereses no coinciden con aquellos de las clases medias. Empero, las clases medias confunden su deseo con la realidad. No porque hayan cerrado toda discusión posible sobre la dolarización, ésta va a mantenerse de manera indefinida. No porque la hayan puesto entre paréntesis, la dolarización continuará dando piso al consumo y al rentismo de las clases medias. Hay límites para ello, y las clases medias lo intuyen. La historia conspira contra ellas. Los tipos de cambio fijo no son eternos. La estabilidad tan cara para sus expectativas es apenas una ilusión momentánea que se genera desde el poder.

En efecto, el sistema mundo capitalista ya conoce las consecuencias de lo que significan los tipos de cambios fijo, y la dolarización es uno de ellos. Estado Unidos no pudo sostener su tipo de cambio fijo basado en el patrón oro. Argentina tampoco pudo sostener la convertibilidad. No existe en la historia moderna, una sola sociedad que haya podido sostener de manera indefinida un tipo de cambio fijo. La experiencia empírica nos dice que los tipos de cambio fijo se agotan en el tiempo, cuando han cubierto todas las expectativas creadas y cuando se acaba el sacrificio que la sociedad hizo para financiarlo.

¿Entenderán las clases medias ecuatorianas las lecciones de la historia? Si la dolarización colapsa en medio de su búsqueda desesperada de estabilidad, ¿harán de la "izquierda" que ahora está en el gobierno la víctima propiciatoria de sus propios errores? ¿buscarán en la derecha más retrógrada el amparo para su estabilidad perdida y harán tabula rasa del texto constitucional de aquella Asamblea Constituyente que ellas mismas ayudaron a crear?

- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.


http://alainet.org/active/17259&lang=es

04 mayo, 2007

Ecuador se niega a participar en maniobras con EE.UU.

QUITO, 2 de mayo.— Ecuador confirmó hoy su negativa a participar en las maniobras UNITAS 2007, debido a la inaceptable actitud de Estados Unidos.

Una nota de la Cancillería quiteña revela que esta nación no aceptó imposiciones y negativas de control al ingreso al espacio marítimo de tropas estadounidenses para la realización de los ejercicios.

Tal decisión motivó que el Comando Sur de esa nación cancelara la sede en Ecuador de dichas operaciones militares y las traslade a Colombia.

"Ante estas inusuales, unilaterales, inconsultas e inaceptables determinaciones", se resolvió no participar en dichos entrenamientos, que también se realizan en Chile y Perú, señala el comunicado.

Según el Ministerio del Exterior, Ecuador se retiró de los ejercicios debido a que Estados Unidos ignoró su pedido para que los buques extranjeros envíen una señal protocolar cuando ingresen a sus aguas por la frontera sur con Perú.

Dicha propuesta se ceñía al protocolo que siguieron los países en el 2003, cuando fue anfitrión de los operativos.

Estos inconvenientes determinaron que el presidente del país, Rafael Correa, refrendara la decisión de cancelar la participación en tal encuentro. (PL)

08 abril, 2007

Chile/Ecuador.- Un informe policial chileno revela una venta secreta de armas a Ecuador durante el conflicto con Perú

SANTIAGO DE CHILE, 8 Abr. (EP/AP) -  

   Un informe policial sobre la venta de armas secreta de Chile a Ecuador, durante el conflicto bélico ecuatoriano-peruano en 1995, revela que la operación se realizó de Gobierno a Gobierno y que fue solicitada por el temor ecuatoriano a una invasión peruana, según dio a conocer el domingo el diario 'La Tercera'.

   Según el diario el informe, al cual dice haber tenido acceso, fue elaborado por la Policía de Investigaciones (la Policía civil) para ser entregado al juez Juan Escobar, quien investiga la venta clandestina de armamento.

   De acuerdo con la información, el entonces agregado militar de Ecuador, coronel Nairo Fernando Velazco, sostuvo que el ministro de Defensa le solicitó la venta de armas al embajador chileno en Ecuador, Roberto Pizarro. Y que Velazco le solicitó ayuda al director de inteligencia del ejército para materializar el envío de armas.

   Según 'La Tercera', el informe policial sostiene que en la operación actuaron conjuntamente el ejército y la fuerza aérea. El transporte de fusiles, ametralladoras, cohetes Law, municiones, visores nocturnos y raciones de combate, fue efectuado la madrugada del 31 de enero de 1995 en momentos en que Perú y Ecuador libraban un enfrentamiento bélico en la zona del Cenepa que se extendió por 33 días. Dos aviones de transporte ecuatorianos trasladaron el armamento, según el informe.

   Chile, que era uno de los garantes de la paz entre ambos países, negó inicialmente esta venta, pero el pasado Gobierno de Ricardo Lagos admitió el hecho y se le dieron explicaciones a Perú.

   Aunque el informe implica al Gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual presidente del Senado, el envío de armas fue una operación secreta que se realizó sin autorizaciones, por lo que es investigado por la justicia.

24 febrero, 2007

Conferencia Internacional No Bases en Ecuador: Desafío al gorila de mil libras

- - - Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -

Eduardo Tamayo G.

ALAI AMLATINA, 23/02/2007, Quito.- Activistas, académicos y políticos de todas las regiones del mundo comprometidos con la paz se reunirán en Quito y Manta, Ecuador, del 5 al 9 de marzo, en el marco de la Conferencia Internacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras.

Un 95 por ciento de las bases militares que existen en el mundo son de Estados Unidos y el restante 5 por ciento pertenece a Francia, Reino Unido, India y otros países. Aunque el enfoque principal de este evento internacional estará centrado en la presencia militar del imperio estadounidense, el objetivo de la Conferencia es más general y amplio y analizará “el rol de las bases militares extranjeras y otras formas de presencia militar extranjera dentro de las estrategias de dominación mundial y sus impactos sobre la población y el medio ambiente”.

Otro objetivo de la Conferencia, es formalizar y fortalecer la red mundial no bases integrada por 300 organizaciones civiles de todo el mundo que nació en el seno del Foro Social Mundial. “Esta es la primera vez que la red articulada a nivel electrónico se reúne físicamente para establecer planes concretos de aquí al 2010 y al 2015 sobre cómo potenciar las luchas contra las bases a nivel local y a nivel global”, señala Anabel Estrella, coordinadora de la Conferencia. En un mundo globalizado, es “necesario debatir cómo una red global puede fortalecer a una red local y viceversa y cómo se puede dar la articulación de las luchas y las resistencias”, agrega Estrella.

La tarea de esta red de activistas es gigantesca si se toma en cuenta que está desafiando con protestas pacíficas la política guerrerista de Estados Unidos, ese gorila de mil libras, como lo suele llamar el intelectual Noam Chomsky. En este desafío están empeñadas millones de personas de todo el mundo que han llevado a cabo multitudinarias marchas y movilizaciones contra la guerra en Irak en los últimos cinco años.

Algunos de los representantes de este movimiento anti-guerra estarán presentes en Quito y Manta, entre ellos, la activista estadounidense Cindy Sheeham, madre del soldado Casey Sheeham que perdió la vida en la guerra de Irak; el académico filipino Walden Bello; la investigadora mexicana Ana Esther Ceceña; la novelista y activista política africana Lindsey Collen; el activista australiano por la paz Hannah Middleton; la profesora de Puerto Rico Deborah Santana; el griego europarlamentario Athansios Pafilis, de la Izquierda Unida Europea.

Imperio global

Durante la conferencia se podrá vislumbrar el alcance, la complejidad, los objetivos y los impactos de esa telaraña mundial de carácter militar que ha establecido en los últimos cincuenta años Estados Unidos, la potencia que con su poderío económico y militar tiene las pretensiones de conformar un imperio mundial por primera vez en la historia de la humanidad. Algunos de los datos adelantados por los activistas de la Red No bases permiten vislumbrar la dimensión de la maquinaria de guerra estadounidense. Elsie Monge, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ecuador, dice que en el 2005 existían 735 bases militares de Estados Unidos repartidas en los cinco continentes. Estas tienen un valor aproximado de 127.000 millones de dólares. El total del personal militar estadounidense, incluyendo las bases de Estados Unidos, es de 1’840.062, apoyado por 473.306 empleados civiles del Departamento de Defensa y 230.328 empleados locales. El Pentágono es uno de los mayores terratenientes del mundo pues sus bases ocupan 12 millones 726 mil 668 hectáreas. (1)

Pero estas 735 bases que reconoce oficialmente el Pentágono no incluyen los llamados acuerdos de acceso y cooperación (denominados Puestos Avanzados de Operaciones o Centros de Seguridad Cooperativa) firmados con gobiernos serviles que ha permitido extender la presencia militar estadounidense a más de 1000 puntos en todo el planeta. Esa presencia no consiste solamente en soldados armados, sino que se disfraza con misiones de ayuda humanitaria, misiones médicas, misiones de construcción de escuelas, etc. que buscan ganarse a la población civil, como ahora mismo está sucediendo en Guatemala y otros países.

En América Latina, hasta 1999, Estados Unidos tenía la base de Howard en Panamá, pero con los acuerdos Torrijos Carter ésta y otras se cerraron, sostiene Helga Serrano, integrante de la Coalición No Bases del Ecuador y de la Asociación Cristina de Jóvenes-YMCA. “Entonces, Estados Unidos buscó otros países para asentar sus bases o sus militares estableciendo cuatro bases: Compalapa en El Salvador, Reina Beatriz en Aruba, Hato Rey en Curazao y Manta en Ecuador. En estos cuatro casos se firmaron acuerdos similares, llamados de cooperación para el uso de instalaciones militares y se destinaron recursos del Plan Colombia para los mismas”, agrega. A esto hay que añadir la base de Guantánamo en Cuba, un enclave que mantiene Estados Unidos desde comienzos del siglo XX y que ahora es utilizado como campo de detención y de tortura de prisioneros denominados “enemigos no combatientes”. En Puerto Rico, tras una fuerte resistencia de la población local, se cerró Vieques pero aún se mantienen otras en su territorio. En Honduras, está la base de Soto Cano/Palmerolas. En Perú, Colombia y otros países, Estados Unidos ha instalado 17 radares.

En América Latina “hay dos áreas muy importantes para Estados Unidos: la región andina que tiene que ver con la situación de Colombia y la presencia de la guerrilla, y en el sur, la Triple Frontera, en donde están las economías más fuertes de América del Sur y la mayores reservas de agua dulce. Por ello, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Paraguay, donde pretende instalar una nueva base”, agrega Serrano.

El fin de las bases y de los llamados acuerdos de cooperación militar es proteger los intereses de Estados Unidos y sobre todo las inversiones de sus transnacionales. Pero también Estados Unidos busca no solo acceder sino controlar la biodiversidad y el petróleo, siendo que Colombia y Venezuela están entre sus mayores proveedores.

Mujeres contra las bases

El 5, 6 y 7 de marzo, la Conferencia no bases se desarrollará en Quito, pero para el 8 de marzo está previsto la realización de una Caravana de mujeres por la paz contra las bases militares, que partirá de Quito con dirección a Manta, ciudad de 200.000 habitantes situada a orillas del Océano Pacífico, con paradas en las ciudades de Santo Domingo, Chone, Portoviejo y Montecristi, donde se realizarán actos simbólicos. El viernes 9, habrá un encuentro con los movimientos sociales locales y una gran marcha hacia la base militar.

La presencia militar de Estados Unidos en Manta se remonta a 1999 cuando los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo con una duración de 10 años para operaciones de monitoreo y control del tráfico aéreo de drogas. Posteriormente, este objetivo fue cambiando y Estados Unidos ha utilizado la base y el Puerto de Manta para el control migratorio y para proveer de inteligencia en tiempo real a las fuerzas militares colombianas para el combate a la guerrilla. (2)

Según las propias informaciones oficiales de Estados Unidos, unos 8.000 migrantes que han partido desde las provincias de la Costa ecuatoriana con rumbo a Centroamérica y Estados Unidos han sido detenidos por los guardacostas estadounidenses. Pese a que el convenio de la base de Mata establece que la interdicción solo será realizada por la Armada del Ecuador, los buques de Estados Unidos han hecho 45 abordajes ilegales de barcos que llevaban a migrantes o estaban en faenas de pesca. Entre el 2001 y junio del 2005 se ha causado destrozos o se ha hundido a 8 embarcaciones. (3)

“Hay una denuncia no resuelta de la desaparición de 18 pescadores del barco Jorge IV en junio de 2002 que, según los familiares, habría sido abordada por una fragata de Estados Unidos”, señaló Lina Cahuasquí del Comité Andino de Servicios. Otro barco, el Daiquirí Mariu, fue destruido en busca de drogas pero no se encontró nada. Por este caso se está siguiendo un juicio en una Corte de la Florida contra el Comando Sur del ejército estadounidense.

“En el año 2000, la población mayoritariamente estaba a favor de la base de Manta porque llegó con la idea de vender progreso, seguridad, sin embargo, en el 2007 la percepción de la gente ha cambiado sustancialmente por los impactos económicos, sociales y culturales”, agrega Cahuasquí. Los campesinos fueron desalojados, el puerto militarizado y los pescadores no pueden realizar sus faenas, el trabajo no llegó, el costo de la vivienda y de la vida se han disparado. Lo que si han proliferado son la prostitución infantil, la drogadicción y los negocios nocturnos.

En el 2009 vence el convenio de la base de Manta. El Presidente Rafael Correa, quien ha sido invitado para la inauguración de la Conferencia, ha señalado que no se renovará el mismo como lo desea Estados Unidos. La Coalición No Bases del Ecuador, integrada por unas 18 organizaciones, continuará vigilante para espera que esto se cumpla, pero también aspira a que la próxima Asamblea Nacional Constituyente que elaborará una nueva Constitución incluya un artículo que declare al Ecuador país de paz y prohíba la instalación de tropas extranjeras en el territorio nacional.

Notas

(1) 737 U.S. Military Bases = Global Empire, by Chalmers Johnson
http://www.alternet.org/story/47998

(2) Militares de EE.UU. en Manta: Esperando que se vayan, Eduardo Tamayo
G. http://alainet.org/active/15986&lang=es

(3) Derechos del Pueblos, CEDHU, # 157, p. 5, Quito, febrero 2007

10 febrero, 2007

Correa quiere contrarrestar el 'Plan Colombia' y prepara una demanda en La Haya

 10/02/2007 - 21:26
IBLNEWS, AGENCIAS

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró hoy que su Gobierno emprenderá medidas para contrarrestar la política "militarista" de Colombia e insistió en que presentará una demanda en el Tribunal Internacional de La Haya contra las fumigaciones antidrogas que hace Bogotá cerca de la frontera común.

En su programa radial sabatino, Correa recriminó al gobierno colombiano por las fumigaciones aéreas, que según Quito afectan también a la salud de los habitantes y a la naturaleza en su territorio, y dijo que esa operación es parte de una estrategia militarista de Colombia para enfrentar su conflicto interno.

Pese a que Colombia anunció la suspensión de las aspersiones aéreas en su lado de la frontera y anunció la erradicación manual de los cultivos de coca, Correa aseguró que tales aspersiones con glifosato llegaron a Ecuador arrastradas por el viento y afectaron a sus pobladores y al ambiente.

"Utilizaremos mano dura contra lo que consideramos una agresión y por eso, entre otras cosas, vamos a demandar penalmente a Colombia ante el Tribunal Internacional de La Haya, por el daño que nos ha causado la decisión unilateral de bombardear con glifosato la frontera norte ecuatoriana", remarcó Correa.

Asimismo, reiteró que su Gobierno presentará próximamente el denominado "Plan Ecuador", en oposición al "Plan Colombia" que ejecuta Bogotá, con el apoyo de Estados Unidos, para combatir el narcotráfico y a los grupos guerrilleros de ese país.

"Vamos a lanzar al mundo el 'Plan Ecuador', en respuesta al plan de violencia, de muerte, de militarismo de Colombia", añadió el jefe del Estado ecuatoriano, tras indicar que su estrategia será "de paz, de justicia, de desarrollo".

"Empezaremos poniendo muchos más recursos y eficiencia en el desarrollo de la frontera norte", dijo Correa, tras señalar que su administración estudia también legalizar la situación de unos 500.000 colombianos que residen en el país, muchos de los cuales han solicitado la condición de refugio.

"En lugar, cómo espera la comunidad internacional y Colombia, de expulsar a los colombianos, por el contrario, legalizaremos a los colombianos que ya están en el país y les daremos el estatus de refugiados", a los que lo soliciten, remarcó el mandatario.

Todo esto, dijo Correa, forma parte de una serie de acciones que emprenderá Ecuador "para contrarrestar la política militarista de Colombia".

Las fumigaciones aéreas colombianas, así como varios incidentes fronterizos, han mantenido tensas las relaciones diplomáticas entre los dos países en los últimos meses.

Ecuador asegura que el glifosato ha causado mucho daño en su territorio, mientras que Colombia sostiene que el herbicida que usa en las aspersiones es "inocuo".

04 febrero, 2007

Cambios en cúpula del ejército por muerte de Ministra en Ecuador

QUITO, 2 de febrero.— El presidente de Ecuador, Rafael Correa, posesionó a la nueva ministra de Defensa, la catedrática Lorena Escudero, tras la muerte de Guadalupe Larriva, que motivó la destitución del comandante del ejército y de otro funcionario de esa fuerza.

Foto: APEl presidente Rafael Correa felicita a la nueva ministra
de Defensa en el Palacio
 de Gobierno de Quito.

El ministro de Economía, Ricardo Patiño, quien hasta hoy era el ministro de Defensa encargado, informó que el mandatario solicitó la baja del coronel René Vásquez, comandante de la brigada de aviación de la ciudad de Manta, donde ocurrió el supuesto choque de helicópteros en el que falleció Larriva, reporta ANSA.

Correa dispuso el jueves la baja del comandante del Ejército, Pedro Ma-chado, quien será reemplazado por el general Guillermo Vásconez.

La nueva Ministra dijo que impulsará "el sueño bolivariano de una patria americana unida, digna, fuerte y pacífica, capaz de tener su peso y voz propia en el concierto de las naciones".

"No sé mucho sobre las artes de la guerra, pero estoy firmemente convencida de que la defensa implica poner en el centro de nuestra preocupación el paradigma de la paz", dijo Escudero, de 41 años, quien tiene un doctorado en estudios políticos latinoamericanos y es especialista en investigaciones de asuntos políticos.


01 febrero, 2007

Los errores políticos de las últimas dos décadas resquebrajan Ecuador

La pugna abierta entre el Gobierno y el Congreso tiende a agravar la tensión en el país, tal y como se demostró el pasado martes con la protesta de partidarios del presidente Correa

EFE/QUITO
f. arroyo león (efe) / quito

La inestabilidad institucional que ha soportado Ecuador en las dos últimas décadas ha pasado factura a la tradicional clase política del país, abocada ahora a cambios radicales impulsados por el Ejecutivo y la sociedad civil.

Ése es el criterio de analistas y expertos, que advierten de que la pugna entre el Gobierno y el Congreso tiende a agravar la tensión social en el país, como se vio el pasado martes en Quito, donde grupos de manifestantes intentaron ocupar el Legislativo y se enfrentaron con la Policía.

La violenta manifestación, en la que miles de personas exigieron que se agilice la Asamblea Constituyente promovida por el presidente, Rafael Correa, es una expresión de la «polarización» de posiciones en el país, según el catedrático Mauro Cervino.

Cervino comentó que el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo «se veía venir, con el riesgo de que se radicalice a cada momento». «En esta pugna de poderes, ni por parte del Ejecutivo ni del Legislativo ha habido señales, aunque sea débiles, de acercarse y de establecer condiciones para una concertación o un diálogo que impida esta confrontación», añadió.

Para el analista, «lo más peligroso, más allá de los signos violentos de la pugna, sería que los dos bandos consideren que tienen la legitimidad para mantenerla» y justifiquen desde su propia óptica todo lo que suceda.

«Ecuador está pagando las consecuencias de los errores cometidos durante 20 años de historia en el país», en el que los partidos tradicionales tienen una «nefasta representación política que ya ha colapsado», agregó.

El Gobierno acusa al Congreso, dominado por los partidos políticos tradicionales, de impedir la consulta para una Asamblea Constituyente con plenos poderes, con la que quiere «recuperar la Patria» perdida en la última década de inestabilidad.

Desde hace 10 años se han sucedido en la jefatura del Estado ocho presidentes, cuatro de ellos elegidos en las urnas, de los que tres fueron destituidos por la Cámara Baja.



Multitudinaria protesta. El Ejecutivo rechazó los actos violentos ocurridos el pasado martes ante el Parlamento, pero responsabilizó a los diputados de la oposición y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, afines a los partidos derechistas que controlan en el Congreso, de ser los responsables de la reacción popular.

El presidente condenó la violencia de los manifestantes, pero justificó las movilizaciones pacíficas de los ciudadanos contra un organismo que apenas goza de un 10 por ciento de confianza de la población.

Correa considera que la Cámara Baja no puede bloquearle la consulta popular que ordenó para el próximo 18 de marzo, con la que prevé instaurar la Asamblea Constituyente, que es apoyada por el 77 por ciento de los ecuatorianos.

Sin embargo, la mayoría parlamentaria, en la oposición, ve actitudes dictatoriales en el mandatario, por insistir en formar el citado órgano que, si se instala, podría disolver la Cámara.

El diputado opositor Federico Pérez, uno de los líderes de la mayoría, pidió la renuncia del ministro del Interior, Gustavo Larrea, por no controlar las manifestaciones contra el Congreso.

Mientras, los movimientos sociales afines a Correa han amenazado con radicalizar las protestas en los próximos días si la Cámara bloquea la consulta popular, y han advertido de que los actos de apoyo al gobernante se extenderán por todo el país.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró ayer que el Congreso debe apagar el fuego que ha encendido en el país, al impedir que se agilice su convocatoria a una consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente de plenos poderes.

Correa condenó los hechos violentos ocurridos el pasado martes en la sede del Parlamento, cuando decenas de manifestantes irrumpieron en la sede del Legislativo, de donde previamente habían sido desalojados los diputados, para exigir la consulta popular y la Constituyente, promovidas por el Ejecutivo. «Es muy fácil que en estas protestas masivas se haya infiltrado gente que quiera crear el caos, pero por eso digo que estamos jugando con fuego», remarcó Correa a los periodistas.

Sin embargo, el jefe del Estado aseguró que «le corresponde a los diputados del Congreso, que iniciaron este incendio, apagarlo».

El fuego sigue encencido.

25 enero, 2007

La ministra de Defensa de Ecuador fallece en un accidente al chocar dos helicópteros

Foto
La ministra de Defensa de Ecuador, Guadalupe Larriva, la primera mujer y socialista que ocupaba esa cartera de Estado, murió esta noche en un accidente aéreo en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad costera de Manta, en el oeste del país.

EFE

Según informes preliminares, el accidente, en el que murieron siete personas, se produjo por el choque entre dos helicópteros de tipo "Gacela" que efectuaban una maniobra militar, para probar un sistema de visión nocturna.

En el primer helicóptero, según fuentes militares consultadas por Efe, viajaba la ministra de Defensa, su hija, Claudia Ávila, y los pilotos, el capitán Celso Acosta y un teniente de apellido Herrera.

El segundo helicóptero, según esas fuentes, era ocupado por el capitán Richard Jurado, el capitán Byron Zurita y un teniente coronel de apellido Gortaire.

Más de 150 efectivos de las Fuerzas Armadas y de otros organismos de socorro de Ecuador se han desplegado en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Manta para rescatar las víctimas.

El accidente tuvo lugar en una zona aledaña del aeropuerto de Manta, cuando el helicóptero en que viajaba la ministra chocó en el aire con el otro, lo que hizo que ambos estallaran y se precipitaran a tierra.

Además, según fuentes oficiosas, en el momento del accidente sobrevolaban también otro helicópteros que participaban en las maniobras para probar sistemas de visión nocturna.

El helicóptero en el que viajaba la ministra pertenecía a la Aviación del Ejército y el accidente se produjo cerca del lugar donde se encuentra una base de vigilancia usada por efectivos de Estados Unidos, para el control de narcotráfico en la región.

Una fuente militar indicó a Efe que el cuerpo de la ministra recibirá mañana, jueves, un funeral con honores castrenses en el palacio presidencial de Carondelet.

Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, al enterarse de la noticia, aseguró que este es "un momento muy difícil" para el país.

"Sólo pido al pueblo ecuatoriano rezar por la ministra, su hija y los pilotos", dijo Correa en cortas declaraciones a periodistas, visiblemente consternado por la noticia.

El dirigente socialista Víctor Granda, que recordó que Larriva era la máxima dirigente del Partido Socialista de Ecuador (PSE), exigió al Gobierno que emprenda "prolijas investigaciones" ante el "extraño" accidente en que murió la ministra.

"Los socialistas estamos profundamente consternados por esta noticia", dijo Granda tras insistir en que "resulta extraño" que pueda darse un accidente de esas características cerca de una base militar "tan debidamente establecida, tan monitoreada, tan técnicamente montada" por parte de las fuerzas aéreas de Ecuador y EEUU.

Granda recordó que en la Base de Manta funciona desde 1999 un centro de operaciones de EEUU, dotado de equipos de alta tecnología para luchar contra el narcotráfico en la región.

La ministra Larriva fue una mujer socialista durante toda su vida y no ocultó su admiración por la revolución bolivariana del presidente venezolano, Hugo Chávez.

Larriva, de 53 años de edad, nacida en la ciudad sureña ecuatoriana de Cuenca, llegó al Ministerio de Defensa la semana pasada.

La infortunada ministra fue también maestra de colegio y catedrática universitaria en su ciudad nata, además de dirigente sindical y de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Fue candidata a la alcaldía de Cuenca, diputada por la provincia de Azuay, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Congreso, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y presidenta del Foro de Parlamentarias.

Al tomar posesión la semana pasada anunció que en su administración fortalecería un proyecto de fronteras vivas, mediante la adopción de programas que colaboren con el desarrollo de la comunidad en las líneas divisorias con Colombia y Perú.

Hija de Deifilio Larriva y Teresa González, la ministra estuvo casada con Rodrigo Ávila, que murió hace ocho años y con el que tuvo una hija, la ahora fallecida Claudia.

18 diciembre, 2006

Ecuador: Trasnacionales mineras a la ofensiva


Eduardo Tamayo G.

ALAI AMLATINA, 15/12/2006, Quito.- Comunidades de cinco provincias afrontan la arremetida de transnacionales mineras, que, en su afán de apoderarse del cobre, oro, molibdeno y otros metales, han procedido a dividirlas e incluso a agredirlas a través de grupos armados privados, se denunció en los Foro de los Pueblos Afectados por la Minería, que se realizó en la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de Quito.

El Ecuador , al igual que otros países de América Latina, (1) está en la mira de poderosas transnacionales mineras que despliegan sus actividades protegidas por una ley de minería aprobada en el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2002) bajo los auspicios del Banco Mundial. Un 20 por ciento del territorio ecuatoriano se encuentra concesionado para minería, lo que equivale a 5 millones y medio de hectáreas aproximadamente, de las cuales 2 millones se encuentran en bosques protectores "con funciones ecológicas irremplazables", sostiene la organización ecologista Acción Ecológica.

Los asistentes al foro de afectados por la minería acusaron a las empresas transnacionales canadienses Corrientes Resources y a la Asdendant Cooper Corporation de intimidar a los dirigentes, incumplir la ley, agredir a quienes se oponen a sus propósitos y de dividir a las comunidades mediante dádivas y sobornos. La primera opera bajo el nombre de Ecuacorrientes en la cordillera del Cóndor, al sur país, en la zona limítrofe con el Perú, y la segunda despliega sus actividades en la zona de Intag, provincia de Imbabura, sierra- norte del Ecuador, donde habría grandes reservas de cobre.

El foro pidió al gobierno del Ecuador que presente una demanda contra "el gobierno de Canadá y organismos internacionales, por la actuación de las empresas canadienses en las comunidades (…) por patrocinar distintas estrategias que han generado una conflictividad social violenta".

Persistente resistencia

En la región de Intag, la Asdendant Cooper obtuvo una concesión del Estado de 980 hectáreas y ha estado haciendo grandes inversiones para adquirir, en ciertos casos en 20 veces más de su valor, las tierras de los empobrecidos campesinos, según ha señalado la organización
ambientalista Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN).

El gerente de la Asdendant Cooper, Francisco Ventimilla, ha informado a la prensa que la empresa pretende invertir entre 870 y 1200 millones de dólares y que las reservas de cobre y molibdeno, que guarda la cordillera de Toisán, Intag, tendrían un valor de 73.000 millones de dólares, superando incluso a las de Chile. Su aspiración es explotar las minas durante 30 años. De darse la explotación minera, casi todo se llevaría la empresa canadiense pues, según la ley de minería vigente, las empresas mineras no pagan regalías y abonan apenas 16 dólares por patentes de exploración y explotación.

Las organizaciones sociales, sin embargo, acaban de frustrar el plan de la Asdendant Cooper de implantarse en el norte de Ecuador usando la fuerza. A partir del 2 de diciembre, grupos armados de la Asdendant Cooper, a través de su empresa terciarizadora Falericorp, han incursionado en varias ocasiones en la zona de Intag, considerada como una de las de mayor biodiversidad del país, para "tratar de posesionarse del área concesionada para entrar con sus ingenieros para hacer la fase de exploración", señala Polibio Pérez, presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario, que agrupa a 9 comunidades del sector.

Las comunidades campesinas capturaron a 56 hombres armados (entre los cuales hay ex militares, pero también 14 militares en servicio activo), los retuvieron por unos días y los entregaron luego a la policía nacional. Cabe indicar, que esta acción de los pobladores de Intag se inscribe en una larga trayectoria de lucha y resistencia: en 1997 expulsaron a la empresa japonesa Bushimets, subsidiaria de Mitsubishi Corporation, la cual, sin embargo, abrió el camino para que se estableciera la Asdendant Cooper.

Los campesinos aducen que la Asdendant Cooper ha incumplido el artículo 88 de la Constitución que determina que "toda decisión estatal que pueda afectar el medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley determina su participación". Es decir, autoridades provinciales, cantonales y actores locales no fueron previamente informados ni consultados, por lo que el Ministerio de Energía y Minas le pidió, el 8 de diciembre, que se abstenga de "realizar actividades mineras hasta que se apruebe el estudio de impacto ambiental" que la empresa no lo ha conseguido.

Los campesinos sostienen que las autoridades estatales deben suspender las actividades de la transnacional canadiense puesto que la actividad minera tendría graves impactos ambientales y sociales, afectando la flora y fauna de una de las regiones de mayor biodiversidad del país y se contaminarían las fuentes de agua de dos provincias. "En un estudio de impacto que se hizo en 1990 por parte de la empresa japonesa, Bushimets, hablaban de reubicar a 6 comunidades para comenzar el proyecto minero, ellos hablaban de la desertificación del suelo de toda la zona de Intag, entonces 7 parroquias del cantón Intag, con 14.000 habitantes, tendrían que desaparecer para dar paso al saqueo de una transnacional", sostiene el dirigente Polibio Pérez.

El cantón Cotacachi, donde opera la Asdendant Cooper, ha sido declarado por el Municipio encabezado por su Alcalde, Auki Tituaña, como cantón ecológico. Los pobladores y campesinos quieren que se respete esta decisión para seguir viviendo en paz de la agricultura y el ecoturismo.

El impacto es sobre todo social

Otro foco de conflictos sociales y ambientales es la Cordillera del Cóndor en donde las poblaciones se oponen a las actividades de la transnacional Ecuacorriente y de la empresa Hidroabanico, que generaría electricidad para las mineras. Ecuacorriente tiene una concesión de 60.000 hectáreas para un megaproyecto de minería de cielo abierto en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y que también es territorio del pueblo shuar.

Ecuacorriente engañó a las comunidades a fin de obtener la aprobación para sus proyectos. El dirigente poblacional Rodrigo Aucay dice que la transnacional canadiense "entró a la zona, obtuvo la licencia de medio ambiente pero la población y especialmente las comunidades ancestrales nunca ha sido consultadas. Un día, llevaron maquetas, pusieron películas bonitas y luego formaban filas de hombres a quienes les daban un sánduche y un refresco, y recogían las firmas… y eso había sido la autorización que había estado dando el pueblo. Cuando reclamamos el porque del engaño, empezó a comprar a líderes de todas las organizaciones grandes o pequeñas, de hecho o de derecho, y empezó a generar fuertes divisiones en el pueblo".

La trasnacional "esconde información, dice ante el público que quieren explotar cobre, pero en su página Web está que va a explotar oro, plata, zinc, en total 17 minerales, y por lo tanto ella simplemente va a moler y llevar el concentrado a su país ".

Tras largas y sacrificadas jornadas de paros y protestas de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, se firmó, el 12 de noviembre, un "acta compromiso" con el Ministro de Trabajo José Serrano, delegado del presidente Alfredo Palacio, en la que se acordó la suspensión inmediata de las actividades de la Corriente Resources, sin embargo esta continuó laborando. Cuando unos 2000 pobladores fueron a reclamar al campamento de la empresa fueron duramente reprimidos por los empleados de la misma que actuaron conjuntamente con los militares del batallón Gualaquiza. No solo se lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes y se hirió a varios de ellos sino que 13 fueron secuestrados por unas horas por efectivos militares que los trasladaron a las instalaciones de la Corriente Resources. Entre los secuestrados estuvo el diputado indígena Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutic, quien fue objeto de burlas racistas y maltrato.

Durante el foro de afectados por la minería, varios líderes comunitarios coincidieron en señalar que el Estado, con todas sus instituciones jurídicas, legislativa, militares, policiales, etc. siempre ha actuado en defensa de las transnacionales mineras y no de las poblaciones locales. Las transnacionales, con el enorme poder financiero que cuentan, son capaces de remover cualquier obstáculo que les impida apoderarse de las enormes riquezas que esconde el subsuelo ecuatoriano. Particularmente, se cuestionó la actividad de las Fuerzas Armadas, que según el dirigente Polibio Pérez, "están tergiversando su papel: ellas tienen que salvaguardar la soberanía nacional y lo que están haciendo es defender la soberanía de las transnacionales". Los líderes sociales, de otro lado, solicitaron que se declare la nulidad de todas las concesiones mineras otorgadas por el Estado. (2)

El diputado Quishpe dijo que la solución a los conflictos mineros no pasa por la reforma de la Ley Minera, ya que no se puede esperar nada de un Congreso como el actual e incluso del que se instalará el próximo mes de enero, pues está controlado por partidos tradicionales que defienden "la inversión extranjera". Según el diputado indígena se debe empujar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente electo Rafael Correa para lograr cambios sustanciales en los ámbitos de la minería y el medio ambiente.

(1) Ver "América Latina: Boom minero, desastres y resistencias", América Latina en Movimiento Nº 412, septiembre 2006.
http://alainet.org/active/15026

(2) Resoluciones del Foro de los Pueblos Afectados por la Minería
http://alainet.org/active/15029&lang=es


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