Fwd: FW: Por los 43 de Iguala

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De: Yolanda Soto Vergara

ATENTAMENTE

L.Bork

Los 43 desaparecidos de Iguala, México

A casi dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México envío un artículo dramático de Iris Aceitón Venegas.
Y como decía un letrero de una de las madres de los desaparecidos:
“La indiferencia del mundo es nuestra peor tragedia”
Por favor lo hacen circular en su red de contactos
Por los 43 de Iguala
Siento asco, mucho asco. A medida que pasan los días esta repugnancia se me va convirtiendo en estertores con nauseas. No consigo vomitar la pudrición que me atora y que se va apoderando de todo lo que me rodea.
Quisiera tener en todas las terrazas de mi departamento maceteros con cannabis floreciendo a pleno sol. Confeccionar mis propios porros para atenuar los dolores de mi fibromialgia que me agobia y me atrofia más aun mis gastados huesos y, así no regalarles un puto peso a los nefastos traficantes que lucran con el dolor ajeno.
No es depresión la que sufro. Esto de no creer en nadie…Es muy potente sentir que los sueños se disipan o no existen, cuando se han atesorado tantos y se ha luchado tanto por ellos.
¿Dónde están? ¿Dónde están?
Observo los rostros morenos, tatuados de surcos por años de sufrimiento y explotación, con la huella de los años pasados, del sol azteca, inundados de lágrimas y desesperanzas. Son mujeres y hombres que buscan desesperados a sus hijos allá en el “México lindo y querido” como dice la canción. En ese México de Octavio Paz: “Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”
Fueron secuestrados por la autoridad. Quemados, algunos vivos… Enterrados, algunos vivos… Ese infalible método de exterminio lo conocemos de tan cerca. ¿Será por eso que nuestra capacidad de asombro se desvanece cada día?
Quisiera oír a la Presidenta, a las Iglesias chilenas, a la Camila, al Giorgio, al Boric, a la Karol, porque ellos fueron estudiantes también, aunque hoy sean parlamentarios. Quisiera oír a todos los actuales dirigentes de las organizaciones estudiantiles de Chile, llamar a una multitudinaria concentración.
Que se sumen a esta convocatoria los trabajadores, con sus gremios y sindicatos. Que se unan por una vez y marchen juntos la CUT y las demás centrales sindicales. Los colegios profesionales  y los cesantes también.
Que los homosexuales que tanto lucha por sus justos derechos, dejen de mirarse el ombligo. Los travestis, las prostitutas. Los discapacitados que no tienen cabida en la mediática Teletón y, también los que tienen el privilegio de pertenecer a ella. Todos se unan para clamar por los 43 muchachos de Iguala.
Que los políticos y politólogos chilenos detengan sólo por unas horas sus verborreas trasnochadas que ya nadie les cree… Que dejen de alimentar su ego y de escucharse a si mismos y alguna vez escuchen. Y exijan desde sus madrigueras de mármol, justicia verdadera al gobierno narco y títere de México.
Que las mujeres, que somos las que parimos y que sólo nosotras sabemos lo que es amar a los hijos, estemos, a pesar de la distancia física junto a esas madres que los buscarán eternamente.
Que este clamor a rostro descubierto, sin cabida para los encapuchados, crezca como un reguero de pólvora y se extienda para todo el país, el continente, por todo el planeta.
A este llamado acudiríamos todos los padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, todos los seres humanos que verdaderamente defendemos la vida.
Los 43 jóvenes de Iguala no pueden ni deben ser olvidados. Solamente así vamos a terminar con esta costumbre de torturar, desaparecer, de matar… Sólo así, en este mundo va a valer la pena vivir.
Iris Aceitón Venegas

La operación del "Mamo" que complica a RN

Por L. Nárvaez /A. Carmona / La Nación Domingo

La denuncia de nuevos "falsos desaparecidos" hecha por la diputada RN Karla Rubilar abrió un flanco difícil para su partido, y su candidato presidencial Sebastián Piñera, que ya evalúa pedirle que deje la presidencia de la comisión de DDHH de la Cámara. Respaldada por documentos que le entregó Javier Gómez, asesor del ex director de la DINA, Manuel Contreras, la diputada enfrenta peticiones de renuncia y demandas de las víctimas. La semana pasada solicitó audiencia reservada con el ministro Carlos Gajardo, que investiga los casos de "falsos detenidos desaparecidos". Sus correligionarios piden que cierre la boca y en la UDI, que pida perdón.

El lunes, pasadas las 13 horas, Bárbara Cepeda recibió una llamada a su celular.

Mi nombre es Javier Gómez, soy asesor judicial de la diputada Karla Rubilar. La llamo porque tengo una declaración jurada firmada por usted donde dice que vio con vida a su papá en 1977 dijo el hombre, quien prometió mandarle por mail el documento .

Primero, Bárbara pensó que se trataba de una broma. Después, comenzó el miedo, retroceder 30 años el dolor, volver exactamente al momento en que Horacio Cepeda, militante del PC desapareció en 1976. Una idea comenzó a rondarle la cabeza: "Desde ese instante supe que Manuel Contreras estaba detrás de todo esto", grita desconsolada.

Según ella sus sospechas se confirmaron cuando Cepeda recibió el papel y una amiga reconoció que era el mismo que figuraba como Anexo 42 del libro "La verdad histórica ¿Desaparecidos?", escrito por el general (R) Manuel Contreras Sepúlveda en cautiverio. Una declaración jurada de la que ella no reconoce ortografía, firma ni gran parte del contenido.

La obsesión de Contreras por aclarar que nunca hubo secuestros en el país porque según él la inexistencia de los cuerpos demuestra lo contrario es histórica, e incluso ha hecho desertar a sus colaboradores.

"No quise involucrarme en propuestas de defensa que yo no podría realizar como abogado", recuerda Juan Carlos Manns, ex abogado de Contreras, que abandonó su equipo jurídico en 2005 y quien habla por primera vez de este tema. El abogado cuenta que ya en ese tiempo Gómez y Contreras planteaban impugnar testimonios del Informe Rettig, un argumento que a él "no le constaba; no había fundamento para ello", pero que de igual modo se puso en marcha. Con la incorporación del abogado Fidel Reyes a la cabeza de la defensa del "Mamo", operó la estrategia de Gómez.

Pese a sólo ser egresado de la carrera de Derecho y estar "habilitado" para ejercer algunas funciones como procurador, Gómez ha colaborado con los dos abogados que ha tenido el ex director de la DINA en los últimos cuatro años: Juan Carlos Manns (hasta 2005) y Fidel Reyes.

Su labor ha sido cooperar en la redacción de escritos y recursos judiciales tendientes a intentar revertir los numerosos procesamientos y condenas que le han sido impuestas por crímenes cometidos mientras dirigió el organismo represivo.

También participó en la defensa del grupo neonazi "Martillos del sur" y de Paul Schäffer, el líder de la disuelta Colonia Dignidad. "Es un tipo inteligente y muy estudioso, que redacta buenos escritos jurídicos", señala Manns. Otro abogado lo describe como la contraparte de Fidel Reyes, que es muy extravertido. "Gómez es más bien parco, un hombre de pocas palabras y muy bien informado", comenta un abogado.

El perfil de Gómez quedó claro el viernes en la noche en una entrevista que dio a Canal 13, donde reafirmó la estrategia de su defensa: "¿Dónde están los secuestrados para que se tipifique el delito? Esas personas tienen que estar en algún lado, por eso yo emplazo a los ministros de fuero que investigan estas causas para que le digan al país dónde están secuestradas estas personas", dijo Gómez, refiriéndose a los detenidos desaparecidos.

El procurador también señaló que nunca "consideró relevante" decirle a Rubilar que formaba parte de la defensa de Manuel Contreras.

Su férrea protección al director de la DINA de quien es íntimo amigo es conocida desde su época de estudiante en la Universidad del Mar, en Valparaíso, donde ingresó a Leyes en 1993.

Un compañero lo recuerda como un tipo "pinochetista, muy católico y más hincha de Contreras que su abogado", pero que a pesar de sus ideas de extrema derecha siempre fue respetuoso con sus compañeros. Su círculo siempre ha estado ligado a la derecha y su hermano, Carlos Gómez, a quien le decían "el facho", fue concejal por Viña y actualmente es presidente regional de RN y juez de policía local de Limache.

Su Facebook también entrega detalles; entre sus contactos figuran Francisco Chahuán (diputado RN), Lucía Pinochet Hiriart (hija del ex dictador), Manuel Contreras hijo, el senador RN Sergio Romero, Eduardo Riquelme Portilla (abogado de la bancada RN) y el medio electrónico ultraderechista Despierta Chile.

Javier Gómez es conocido en el mundo de los derechos humanos y su relación con Contreras es un secreto a voces. Por eso, a los familiares de las víctimas de la dictadura y al mundo judicial les cuesta creer que la diputada Karla Rubilar (RN) no supiera la intención ni la procedencia de la información que le hizo llegar, luego que el Gobierno reconociera la existencia de tres falsos detenidos desaparecidos.

"Ella se ha prestado para ser un instrumento de una operación de inteligencia originada en los círculos del ex director de la DINA, Manuel Contreras", asegura el diputado Sergio Aguiló.

Según fuentes judiciales no es un secreto tampoco que desde el penal Cordillera, Contreras envía constantemente recados a los jueces que investigan sus causas.

"Siempre lanza advertencias como váyanse con cuidado o esta cosa se va a dar vuelta. No me extraña que él esté detrás de todo esto", comenta una fuente de tribunales.

Toda esta información siembra más dudas sobre la figura de Rubilar. "A mí me cuesta creer que la diputada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, no supiera de dónde venían sus denuncias", afirma Bárbara Cepeda, quien evalúa presentar una querella contra quien resulte responsable del documento que aparece firmado por ella y que niega rotundamente.

TERROMOTO EN RN

El viernes, cerca de las 13 horas, una llamada telefónica alertó a los funcionarios judiciales que trabajan con el ministro Carlos Gajardo. En el cuarto piso del Palacio de los Tribunales, un funcionario atendió la llamada.

Del otro lado de la línea, con la voz agitada, la diputada Karla Rubilar (RN) pedía una audiencia reservada con el magistrado designado para esclarecer la situación de los "falsos desaparecidos". A pesar de su premura, no hubo respuesta.

Había sido una jornada dura para la diputada. Su denuncia sobre desaparecidos entregada a la Subsecretaría del Interior y conocida a comienzos de semana habían reabierto las heridas de los familiares de las víctimas que las calificaron de brutales.

La información de la diputada, entregada a las autoridades, daba cuenta de dos nuevos casos de falsos detenidos desaparecidos y dos víctimas de violencia política que según ella nunca lo fueron: Horacio Cepeda, Luis Emilio Recabarren, Eric Juica y Guillermina Guzmán.

Cercanos a Rubilar creen que ante Gajardo la parlamentaria podría reafirmar los antecedentes que entregó a La Moneda, sin embargo, hay quienes piensan que la parlamentaria debería olvidarlo.

El presidente de RN, Carlos Larraín, señaló que la relación del abogado de Contreras con las denuncias de Rubilar los tomó por sorpresa, "porque nada de esto era conocido por nosotros. Nosotros no solemos tener contactos con quienes representan a Manuel Contreras".

Las declaraciones de Rubilar han generado un terremoto en RN. Rubilar recibió en primera instancia el respaldo del propio Sebastián Piñera y de su amiga y secretaria general del partido, Lily Pérez: "En Renovación Nacional hemos apoyado a Karla Rubilar porque sabemos que ha actuado bajo el principio de la buena fe (...) y por eso nosotros hoy día decimos también que, a nuestro juicio, esto ya salió del ámbito político y está en el ámbito judicial", afirmó la diputada Pérez.

Pero en los almuerzos de bancada del martes y el miércoles se evaluaron negativamente las declaraciones de Rubilar y, a pesar de la estima con que cuenta la parlamentaria, tantean medidas.

"Estamos evaluando que renuncie a la presidencia de la Comisión de DDHH, aunque esto no afectaría para nada su cupo en la planilla parlamentaria", comenta un legislador de la misma tienda que también reconoce que la desazón se debe a que la comisión que preside Rubilar era calificada como "emblemática" por el partido y, en un escenario que era desfavorable para el oficialismo por los últimos casos de falsos detenidos desaparecidos, ella metió un autogol.

"Logró dar vuelta la tortilla", comentan con molestia en RN. "La idea es poder alejarse de la figura de Contreras y no seguir ahondando en las denuncias", dice otro parlamentario.

No es el primer caso que vincula a RN con organismos represores de la dictadura. El diputado Gabriel Ascencio recuerda que hace nueve años dio cuenta de un caso similar.

"El 2000 denuncié que el señor Pablo Fernández, asesor de la bancada de RN y, especialmente, de la diputada Lily Pérez y de los entonces diputados Baldo Prokurica y Arturo Longton, además era asesor del encarcelado Álvaro Corbalán, condenado por ser ejecutor de las políticas de represión y exterminio de Manuel Contreras".

El boomerang lanzado por Rubilar no sólo afecta su posición en la Cámara, sino que también el acuerdo que llevaría a Rodrigo Álvarez (UDI) a la presidencia de ésta. "Si la derecha no revisa esta conducta que ha tenido la diputada Rubilar y la posición que ha tenido su candidato presidencial, Sebastián Piñera, yo creo que no va a haber acuerdo mayoritario para que presida la UDI", dijo el diputado Fidel Espinoza (PS).

"Qué garantía nos dan si esta señorita que ha presidido esta comisión ha hecho este show. Me imagino al señor (Rodrigo) Álvarez presidiendo la Cámara, quizás qué van a hacer en temas tan sensibles como éste. Yo no estoy por darle mi voto, como familiar de detenido desaparecido y de ejecutado político", concluyó Espinoza.

En la UDI saben que este nuevo escenario podría perjudicar la llegada de Álvarez y por eso el secretario general del partido Víctor Pérez la emplazó a reconocer su equivocación: "Lo que cabe es reconocer que cometió un error y pedir disculpas", afirmó el senador, quien sostuvo que la diputada no cumplió con la "rigurosidad, responsabilidad y seriedad" que se requiere cuando se trata de temas tan "complejos y difíciles" como son los derechos humanos.

En una entrevista a un matutino, Rubilar admitió que podría "renunciar si la Alianza me lo pide para mantener la presidencia de la cámara baja", una dimisión que se resolvería esta semana.

Rubilar enfrenta además una petición de censura para dejar su puesto en la Comisión de DDHH, una posible citación en el comité de ética y los familiares de detenidos desaparecidos han pedido que declare en las causas que se investigan.

OTRA VEZ LA HERIDA

Tanto Renovación Nacional como la diputada Rubilar han desconocido el nexo con Javier Gómez, pese a que en un primer momento la diputada reconociera el lazo: "Efectivamente conozco a Javier Gómez, un abogado, que es amigo de un gran amigo mío del partido. A mí me comentó que existían antecedentes de personas que habían visto detenidos desaparecidos y yo le dije que cualquier información tenía que ser cotejada", dijo.

Bárbara Cepeda aún guarda en su celular los mensajes de texto que le envió la diputada y en ninguno de ellos señala que tenga dudas de la información que entregó. En el último que le envió, la parlamentaria le dice a Cepeda que si tiene dudas "está en libertad de presentar acciones legales", pero nunca se retracta de sus denuncias.

"Gómez ha dicho que no me amedrentó y tampoco me ha hecho daño emocional, pero eso es falso. Sí me amedrentó y me generó un grave daño, porque llevo una semana completa llorando. Y Karla Rubilar se prestó para esto.

Tengo terror que me persigan o que mientras conduzco mi auto por la carretera venga otro auto que me choque. Tengo pánico porque así opera esta gente", dice Bárbara Cepeda al borde de las lágrimas.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentará una demanda por "apología al terrorismo" y las familias de Luis Emilio Recabarren y Horacio Cepeda evalúan acciones por separado para dilucidar los hechos y encontrar a los culpables que han reabierto sus heridas.

Un abogado ligado al mundo de los derechos humanos resume el sentimiento de los familiares de las víctimas: "Lo realmente grave es que Contreras siga defendiendo desde la cárcel la tesis de que los desaparecidos son una ficción y que haya parlamentarios que se presten a su juego".

El silencio de los soldados que condujo a los errores de los "desaparecidos"

Por Beatriz Michell y Gloria Godoy / La Nación

Cuatro nuevos casos reabrieron una discusión que parecía estar sellada: la legitimidad de las comisiones de derechos humanos. Incluso, sectores de derecha volvieron a cuestionar la veracidad de las detenciones forzadas y asesinatos cometidos en la dictadura. Aquí, personas que trabajaron en las causas dan a conocer los motivos que llevaron a estos errores.

Abusadores", "frescos", "sinvergüenzas", "estafadores". Son algunos de los epítetos que algunos chilenos lanzaron en la web contra los familiares de las cuatro personas calificadas por error por la Comisión Rettig y la Corporación de Reparación y Reconciliación. Jorge Correa Sutil trabajó en ambas instancias y considera que el revuelo que ha causado esta noticia es desproporcionado. "La sociedad chilena demoró 20 años en darse cuenta de que había estado moralmente enferma e identificó la patología en la muerte de personas inocentes. Al cabo de 18 años se descubre que la comisión que estuvo a cargo de documentar y dar cuenta de esta historia, cometió cuatro o cinco errores. La pregunta es: ¿De qué nos irán a acusar de estar patológicamente enfermos a los chilenos de hoy? Nos pueden acusar de estar enfermos por sentarnos en esos cuatro errores, en vez de concentrarnos en lo que es realmente problemático: que una sociedad no haga esfuerzos para que las personas que saben qué suerte corrieron los detenidos desaparecidos, respondan", advierte el ex subsecretario de Interior.

El dardo que lanza Correa Sutil a los militares es el mismo que declaran la mayoría de los miembros de la Comisión de Verdad y Reconciliación: el silencio de las Fuerzas Armadas.

Incluso los que no son ni remotamente de izquierda, como la abogada Laura Novoa, indica que ésta es una de las principales dificultades que llevaron a los errores. "Del Ejército no se obtuvo nada, cero. Hicimos el esfuerzo de conseguir información, pero nos encontramos con una muralla. Obviamente eso dificultó el trabajo. No cabe duda de que hubo maniobras de algunos mandos militares para ocultar información. En Calama era muy penoso ver a los familiares, después de tantos años, buscando huesitos en el desierto. Hubo acciones destinadas a borrar las huellas de lo que había ocurrido", explica Novoa, que todavía se emociona al recordar su experiencia en la Comisión Rettig.

Con todo este revuelo, no han faltado los cuestionamientos de quienes pusieron en duda todo el trabajo de estas comisiones e incluso, unos pocos han extendido un manto de duda sobre la veracidad de la existencia de tantos detenidos desaparecidos. Ahí es donde a las personas que han trabajado para reconstruir la historia de la violación de derechos humanos durante la dictadura, les surge la indignación máxima.

"Errores o no, la situación es la siguiente: personas que usaron el aparato del Estado, que mataron, torturaron, tiraron al mar a personas, durante años han mantenido silencio. Aquí lo que se hizo fue un trabajo contra todo el aparato del Estado, que ocultó los crímenes y por cuatro o cinco errores tenemos que armar este escándalo", cuestiona el senador radical y precandidato presidencial José Antonio Gómez, que participó en la Comisión Valech y cuyo hermano aparece en la Rettig porque murió baleado por Carabineros en 1979.

Los documentos incinerados

Los comisionados citaron por escrito a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y a Carabineros, además de instituciones de derechos humanos, de la sociedad civil y de la Iglesia. "La fuerza Aérea colaboró enviando los expedientes de los juicios de guerra. La respuesta del resto de las FFAA y Carabineros era que conforme a la legislación vigente a marzo de 1990, la documentación había sido incinerada", recuerda Jorge Correa Sutil. Se refiere a la Ley 18.771 de agosto de 1989, que mandó que la documentación del Ministerio de Defensa y de los demás organismos relacionados a él pudiera ser eliminada según la reglamentación ministerial e institucional respectiva. Así, se hicieron desaparecer muchos documentos fundamentales para esclarecer la verdad.

El 14 de noviembre de 1989, un extraño incendio afectó a la Escuela de Educación Física del Ejército, donde se encontraban "en almacenamiento transitorio" un cúmulo de documentos de la Fiscalía Militar, según lo que informó el entonces subsecretario de Guerra, Ricardo Izurieta, al vicecomandante en jefe del Ejército, mediante un documento archivado como "secreto". Ese fue el argumento que dio el coronel Carlos Molina Johnson en 1991 para no entregar información sobre los procesados por la Fiscalía Militar durante la dictadura.

En muchos casos de víctimas no se encontraron fotos, ni expedientes, ni RUT, ni certificado de defunción, ni nada. Como si no hubieran estado detenidos. Por eso, el trabajo fue duro y el tiempo se hizo escaso. Los que trabajaron en estas comisiones pasaron largas horas entrevistando, revisando la Biblioteca Nacional, recorriendo ciudades, solicitando información y encajando antecedentes. Según recuerda Correa Sutil, había varios sacos de dormir en las salas de la comisión para la gente que pasaba horas trabajando.

El instituto de la discordia

Los militares no fueron el único problema. Miedo a declarar de parte de las víctimas y falta de recursos para las investigaciones también dificultaron el trabajo. "Yo jamás me atrevería a cuestionar las comisiones y sus contenidos, porque es más el número de personas que no son reconocidas y que son víctimas, que estas pocas personas que aparecieron", explica Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Los comisionados aseguran que la posibilidad de cometer errores siempre estuvo presente y por lo mismo, fueron muy estrictos para que éstos fueran menos y no se pusiera en duda el trabajo. "Hay que tener presente que en la Corporación el grupo de personas que había era de distintas sensibilidades políticas. Estaba don Carlos Raymond que en esa época era vicepresidente de RN, estaba yo que era políticamente independiente. En casi el 86,4% de los casos la decisión fue unánime. Éramos un grupo completamente heterogéneo y lo único que nos unía a todos era la búsqueda de la verdad", recuerda Rodolfo Armas.

Por su parte, la directora del programa de Derechos Humanos de Interior, María Luisa Sepúlveda, le quita dramatismo al asunto. "Que haya un porcentaje de error no es el escándalo, si no que deberíamos ver que una situación como ésta no enlode el trabajo serio de dos comisiones, ni que los familiares sientan que se cuestiona la calidad de víctima de sus seres queridos", asegura.

Los casos se filtraron a la prensa el sábado 27 de diciembre, tres días antes de la fecha que La Moneda había fijado para dar a conocer los errores. La primicia se adelantó y después de algunos análisis, el Gobierno decidió presentar una denuncia en tribunales y en el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco y estafa. Además, reactivó la idea del Instituto de Derechos Humanos que tanto disgusta hoy a la Agrupación. Cuando la iniciativa se presentó en el Parlamento, en junio de 2005, todos estaban de acuerdo, menos la derecha. Ahora, el consenso es entre Alianza y Gobierno.

"Este proyecto perdió legitimidad cuando se negoció con la derecha. Viera-Gallo negoció con Alberto Espina y Andrés Chadwick lo mejor de este Instituto: la facultad de querellarse, y establecer que se deben respetar los derechos humanos, por ejemplo", explica Lorena Pizarro. La agrupación demanda, por un lado, un Instituto de Derechos Humanos autónomo, con capacidad para querellarse, de demandar la aprobación de tratados internacionales y de re-calificar víctimas. Por otro lado, piden la creación de la subsecretaría del ramo, para que el Estado se haga cargo de educar en derechos humanos, prevenir que se vuelvan a cometer estos crímenes y proteger hacia el futuro.

Con respecto a esta férrea oposición, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, asegura no entender las razones de la AFDD y que si bien "en eso podría haber opiniones diferentes, claramente sería un avance poder crear este Instituto" [ver página 7].

Si bien La Moneda intentó aplacar el terremoto que se produjo por los cuatro errores reactivando el proyecto del Instituto, la idea abrió una nueva polémica sobre cómo debe ser el organismo que prevenga violaciones de los derechos humanos, como las que se vivieron en Chile entre 1973 y 1990. Así, se evitarían algo más que errores en la clasificación de las víctimas. //LND

Verdad cuestionada

Por Daniela Estrada

SANTIAGO, ene (IPS) - La reapertura o no de las comisiones de la verdad sobre víctimas de la dictadura (1973-1990) está en el centro del debate en Chile tras la confirmación de cuatro casos de falsos detenidosdesaparecidos.

"Hay miles de casos (acreditados) de personas muertas, torturadas y desaparecidas. Si ha habido cuatro errores, no es nada", declaró a IPS el retirado juez Juan Guzmán Tapia, hoy director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Central.

Para el magistrado que procesó infructuosamente al ahora fallecido dictador Augusto Pinochet (1915-2006), se ha magnificado desproporcionadamente la noticia de los errores de calificación con el objetivo de "vilipendiar políticamente" a todas las personas que han colaborado en la búsqueda de las personas desaparecidas y de sus torturadores y asesinos.

Desde su perspectiva, la polémica también busca "mancillar" a la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición en el gobierno desde la recuperación de la democracia en 1990, y a su futuro candidato o candidata presidencial para los comicios de diciembre.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 1991, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de 2004, creadas por gobiernos de la Concertación, identificaron a más de 3.000 opositores asesinados y detenidos-desaparecidos durante los 17 años de dictadura del general Pinochet y a 35.000 torturados en el mismo periodo.

El plenario de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el 29 de diciembre, en fallo dividido, acceder a la petición del gobierno de Michelle Bachelet de designar un ministro en visita, el juez Carlos Gajardo, para investigar los cuatro casos.

Los posibles delitos asociados a los falsos detenidos desaparecidos también serán indagados por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado.

El portavoz de gobierno, Francisco Vidal, informó el 30 de diciembre que la presidenta Bachelet decidió no reabrir por decreto las dos comisiones de verdad. Cualquier nuevo antecedente que aparezca seguirá siendo revisado por el Programa de Derechos Humanos, que depende del Ministerio del Interior, especificó.

No obstante, continuará en el parlamento la tramitación del proyecto para crear el Instituto de Derechos Humanos, el cual considera la reapertura de las comisiones por un periodo de seis meses para estudiar los casos de detenidos desaparecidos y presos políticos que hayan sido excluidos en los procesos anteriores. Pero éstas no revisarán los casos ya acreditados, aclaró Vidal.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) "propone la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que se encargue de calificar casos en forma permanente", señaló a IPS Mireya García, secretaria general de la entidad.

La AFDD se opone al Instituto "porque no es una instancia que vaya a dar respuesta a lo que nosotros necesitamos, que es una política integral de derechos humanos, que considere todos los aspectos involucrados, entre ellos, la justicia", acotó.

García coincide con el ex juez Guzmán en términos de que se ha inflado excesivamente la noticia de los cuatro casos falsos detenidos desaparecidos.

"Es bueno que se transparenten los errores, no tenemos problemas con ello, pero creemos que se está magnificando" una situación puntual en desmedro de "los cientos de casos que no han podido ser denunciados hasta ahora", apuntó.

"Lo que de verdad es escandaloso es que a 35 años del golpe militar todavía no encontramos a los detenidos desaparecidos. Eso es una fuente de preocupación permanente para nosotros", subrayó la dirigente de la AFDD.

La polémica partió en noviembre, cuando Germán Cofré, un supuesto detenido desaparecido en 1973, ingresó al país proveniente desde Argentina, donde había vivido los últimos 35 años. Hasta entonces, su familia en Chile recibía los beneficios económicos otorgados a las víctimas de la dictadura.

Luego se supo la historia de Carlos Rojas, quien también estaría vivo y residiendo en Argentina, y de Edgardo Palacios, un ex preso político socialista que falleció en 2006 en estado de indigencia. Ambas familias, que obtuvieron reparación del Estado, aseguran que desconocían totalmente el destino de estos hombres.

Distinta es el caso de Emperatriz Villagra, dada por detenida desaparecida tras el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno democrático de Salvador Allende, pero que en realidad había fallecido en 1955. Sus familiares no recibieron apoyo económico alguno. El propio Guzmán debió aclarar la confusión en su momento.

De los cuatro casos confirmados por las autoridades, "ha habido un solo error, que yo sepa, donde ha habido un aprovechamiento ilícito, que es el caso de la familia Cofré", indicó el ex magistrado.

Sin embargo, Karla Rubilar, diputada de la opositora y derechista Renovación Nacional (RN), sostuvo días atrás que son ocho y no cuatro los falsos detenidos desaparecidos. El periodista Juan Manuel Bertolo sería uno de ellos.

Según su hija Solange, Bertolo murió de un paro cardíaco en 1990, pero en 1994 supo que su nombre figuraba en el memorial de los detenidos desaparecidos del Cementerio Nacional. El engaño lo atribuye a una ex pareja de su padre, militante del co-gobernante Partido Socialista.

Luego de arduas gestiones, Bertolo fue borrado del memorial, afirmó Solange al diario local La Tercera.

"Tanto como mujer que sufrió en carne propia ese dolor, pero a la vez por mi responsabilidad como presidenta de la República, no voy a aceptar el aprovechamiento ni mucho menos que se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia", declaró el 29 de diciembre Bachelet.

La mandataria instruyó a todas las autoridades responsables que culminen la revisión de los casos, que se viene realizando desde 2005, "para despejar toda duda posible".

"Aquí no se pueden confundir las cosas. La violación a los derechos humanos es una vergüenza nacional que ha quedado grabada para siempre en la historia de nuestro país y no vamos a permitir que se ponga en duda esa verdad histórica", remarcó.

En ese sentido, Bachelet llamó a todos los sectores políticos a no intentar sacar ventajas del escándalo y a "ser muy responsables con parte de nuestra historia".

Dirigentes de la oposición derechista han cuestionado la eventual reapertura de las comisiones de verdad.

"Siempre los gobiernos de la Concertación, y en particular la izquierda de la Concertación, pretenden usar los temas de derechos humanos con algún sesgo de carácter electoral para producir y mantener divisiones en nuestro país", declaró el diputado Felipe Salaberry, de la Unión Demócrata Independiente.

A juicio de la diputada Lily Pérez, de RN, ambas comisiones dieron "un reconocimiento oficial a la violación de los derechos humanos en nuestro país" y "repararon a las personas que fueron víctimas o a sus familias", "por lo tanto reabrirlas implicaría un cuestionamiento" a su accionar y a la "importancia tuvieron para nuestra convivencia nacional".

El escándalo de los falsos detenidos desaparecidos no está ayudando a "crear mayor solidaridad entre los chilenos y a que finalmente comience la reconciliación del país", observó Guzmán, quien aprueba la reapertura de las comisiones porque dice conocer "centenares de casos" que no fueron acogidos por esas instancias por diversas razones.

Masivo hallazgo de probables restos de desaparecidos estremece al país

SANTIAGO DE CHILE, 28 de noviembre. — Más de 300 restos óseos que al parecer pertenecen a desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, fueron encontrados en una localidad rural ubicada al sur de Santiago de Chile, informó DPA.

Con este hallazgo concluyó el rastreo de los restos de 22 ejecutados durante la dictadura, luego de tres meses de trabajo de peritos y forenses en una investigación especial que encabeza Héctor Solís, juez de la Corte de Apelaciones de San Miguel, según AP.

Los restos de los fusilados en octubre de 1973 fueron removidos entre 1978 y 1979, presumiblemente por orden del entonces gobernante militar, para borrar huellas de las ejecuciones sumarias y los cuerpos lanzados al mar, lagos y ríos, según determinó una comisión oficial.

La vocera de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, no descartó que se evalúe enviar los restos fuera de Chile, debido a que en el pasado hubo errores masivos en los procesos de identificación realizados por los organismos del Estado.

Según reportes extraoficiales, se ubicaron dos cráneos, 295 fragmentos óseos y 76 piezas dentales, además de ropas, proyectiles y vainas de fusil y revólver.

Las diligencias comenzaron a principios de septiembre en la quebrada de Los Arrayanes, en el sector de Los Quillayes, del Lago Rapel y concluyeron el pasado 26 de octubre.