Cuatro nuevos casos reabrieron una discusión que parecía estar sellada: la legitimidad de las comisiones de derechos humanos. Incluso, sectores de derecha volvieron a cuestionar la veracidad de las detenciones forzadas y asesinatos cometidos en la dictadura. Aquí, personas que trabajaron en las causas dan a conocer los motivos que llevaron a estos errores.
Abusadores", "frescos", "sinvergüenzas", "estafadores". Son algunos de los epítetos que algunos chilenos lanzaron en la web contra los familiares de las cuatro personas calificadas por error por la Comisión Rettig y la Corporación de Reparación y Reconciliación. Jorge Correa Sutil trabajó en ambas instancias y considera que el revuelo que ha causado esta noticia es desproporcionado. "La sociedad chilena demoró 20 años en darse cuenta de que había estado moralmente enferma e identificó la patología en la muerte de personas inocentes. Al cabo de 18 años se descubre que la comisión que estuvo a cargo de documentar y dar cuenta de esta historia, cometió cuatro o cinco errores. La pregunta es: ¿De qué nos irán a acusar de estar patológicamente enfermos a los chilenos de hoy? Nos pueden acusar de estar enfermos por sentarnos en esos cuatro errores, en vez de concentrarnos en lo que es realmente problemático: que una sociedad no haga esfuerzos para que las personas que saben qué suerte corrieron los detenidos desaparecidos, respondan", advierte el ex subsecretario de Interior. El dardo que lanza Correa Sutil a los militares es el mismo que declaran la mayoría de los miembros de la Comisión de Verdad y Reconciliación: el silencio de las Fuerzas Armadas.
Incluso los que no son ni remotamente de izquierda, como la abogada Laura Novoa, indica que ésta es una de las principales dificultades que llevaron a los errores. "Del Ejército no se obtuvo nada, cero. Hicimos el esfuerzo de conseguir información, pero nos encontramos con una muralla. Obviamente eso dificultó el trabajo. No cabe duda de que hubo maniobras de algunos mandos militares para ocultar información. En Calama era muy penoso ver a los familiares, después de tantos años, buscando huesitos en el desierto. Hubo acciones destinadas a borrar las huellas de lo que había ocurrido", explica Novoa, que todavía se emociona al recordar su experiencia en la Comisión Rettig.
Con todo este revuelo, no han faltado los cuestionamientos de quienes pusieron en duda todo el trabajo de estas comisiones e incluso, unos pocos han extendido un manto de duda sobre la veracidad de la existencia de tantos detenidos desaparecidos. Ahí es donde a las personas que han trabajado para reconstruir la historia de la violación de derechos humanos durante la dictadura, les surge la indignación máxima.
"Errores o no, la situación es la siguiente: personas que usaron el aparato del Estado, que mataron, torturaron, tiraron al mar a personas, durante años han mantenido silencio. Aquí lo que se hizo fue un trabajo contra todo el aparato del Estado, que ocultó los crímenes y por cuatro o cinco errores tenemos que armar este escándalo", cuestiona el senador radical y precandidato presidencial José Antonio Gómez, que participó en la Comisión Valech y cuyo hermano aparece en la Rettig porque murió baleado por Carabineros en 1979.
Los documentos incinerados
Los comisionados citaron por escrito a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y a Carabineros, además de instituciones de derechos humanos, de la sociedad civil y de la Iglesia. "La fuerza Aérea colaboró enviando los expedientes de los juicios de guerra. La respuesta del resto de las FFAA y Carabineros era que conforme a la legislación vigente a marzo de 1990, la documentación había sido incinerada", recuerda Jorge Correa Sutil. Se refiere a la Ley 18.771 de agosto de 1989, que mandó que la documentación del Ministerio de Defensa y de los demás organismos relacionados a él pudiera ser eliminada según la reglamentación ministerial e institucional respectiva. Así, se hicieron desaparecer muchos documentos fundamentales para esclarecer la verdad.
El 14 de noviembre de 1989, un extraño incendio afectó a la Escuela de Educación Física del Ejército, donde se encontraban "en almacenamiento transitorio" un cúmulo de documentos de la Fiscalía Militar, según lo que informó el entonces subsecretario de Guerra, Ricardo Izurieta, al vicecomandante en jefe del Ejército, mediante un documento archivado como "secreto". Ese fue el argumento que dio el coronel Carlos Molina Johnson en 1991 para no entregar información sobre los procesados por la Fiscalía Militar durante la dictadura.
En muchos casos de víctimas no se encontraron fotos, ni expedientes, ni RUT, ni certificado de defunción, ni nada. Como si no hubieran estado detenidos. Por eso, el trabajo fue duro y el tiempo se hizo escaso. Los que trabajaron en estas comisiones pasaron largas horas entrevistando, revisando la Biblioteca Nacional, recorriendo ciudades, solicitando información y encajando antecedentes. Según recuerda Correa Sutil, había varios sacos de dormir en las salas de la comisión para la gente que pasaba horas trabajando.
El instituto de la discordia
Los militares no fueron el único problema. Miedo a declarar de parte de las víctimas y falta de recursos para las investigaciones también dificultaron el trabajo. "Yo jamás me atrevería a cuestionar las comisiones y sus contenidos, porque es más el número de personas que no son reconocidas y que son víctimas, que estas pocas personas que aparecieron", explica Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Los comisionados aseguran que la posibilidad de cometer errores siempre estuvo presente y por lo mismo, fueron muy estrictos para que éstos fueran menos y no se pusiera en duda el trabajo. "Hay que tener presente que en la Corporación el grupo de personas que había era de distintas sensibilidades políticas. Estaba don Carlos Raymond que en esa época era vicepresidente de RN, estaba yo que era políticamente independiente. En casi el 86,4% de los casos la decisión fue unánime. Éramos un grupo completamente heterogéneo y lo único que nos unía a todos era la búsqueda de la verdad", recuerda Rodolfo Armas.
Por su parte, la directora del programa de Derechos Humanos de Interior, María Luisa Sepúlveda, le quita dramatismo al asunto. "Que haya un porcentaje de error no es el escándalo, si no que deberíamos ver que una situación como ésta no enlode el trabajo serio de dos comisiones, ni que los familiares sientan que se cuestiona la calidad de víctima de sus seres queridos", asegura.
Los casos se filtraron a la prensa el sábado 27 de diciembre, tres días antes de la fecha que La Moneda había fijado para dar a conocer los errores. La primicia se adelantó y después de algunos análisis, el Gobierno decidió presentar una denuncia en tribunales y en el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco y estafa. Además, reactivó la idea del Instituto de Derechos Humanos que tanto disgusta hoy a la Agrupación. Cuando la iniciativa se presentó en el Parlamento, en junio de 2005, todos estaban de acuerdo, menos la derecha. Ahora, el consenso es entre Alianza y Gobierno.
"Este proyecto perdió legitimidad cuando se negoció con la derecha. Viera-Gallo negoció con Alberto Espina y Andrés Chadwick lo mejor de este Instituto: la facultad de querellarse, y establecer que se deben respetar los derechos humanos, por ejemplo", explica Lorena Pizarro. La agrupación demanda, por un lado, un Instituto de Derechos Humanos autónomo, con capacidad para querellarse, de demandar la aprobación de tratados internacionales y de re-calificar víctimas. Por otro lado, piden la creación de la subsecretaría del ramo, para que el Estado se haga cargo de educar en derechos humanos, prevenir que se vuelvan a cometer estos crímenes y proteger hacia el futuro.
Con respecto a esta férrea oposición, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, asegura no entender las razones de la AFDD y que si bien "en eso podría haber opiniones diferentes, claramente sería un avance poder crear este Instituto" [ver página 7].
Si bien La Moneda intentó aplacar el terremoto que se produjo por los cuatro errores reactivando el proyecto del Instituto, la idea abrió una nueva polémica sobre cómo debe ser el organismo que prevenga violaciones de los derechos humanos, como las que se vivieron en Chile entre 1973 y 1990. Así, se evitarían algo más que errores en la clasificación de las víctimas. //LND
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