Amnistía afirma que Chile se expone a ser acusado ante la Corte Interamericana

Domingo, 26 agosto 2007 IBLNEWS, AGENCIAS Chile puede ser acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento de compromisos internacionales, en el caso de que la Corte Suprema de Justicia ratifique el fallo que rechazó la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori, afirmó hoy Amnistía Internacional (AI). El director de la sección peruana de Amnistía Internacional, Ismael Vega, declaró a la agencia estatal Andina que si Chile emite un fallo contrario a la extradición de Fujimori "proyectará la imagen de incumplimiento de los tratados suscritos". "Si no colabora podría ser acusado ante la Corte Interamericana. Aún es muy pronto para lanzar esta opción, pero esperemos que el fallo sea a favor de la extradición", añadió. Recordó que Chile y Perú son Estados que forman parte de la Convención contra la Tortura, y por ello tienen la obligación de procesar a los presuntos responsables de haber cometido u ordenado tortura y delitos relacionados a agravios contra derechos humanos, y no avalar la impunidad en esos casos. "No veo razón alguna para rechazar la extradición de Fujimori porque, además de suficientes indicios de responsabilidad, hay una serie de aspectos y jurisprudencia contemplados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son favorables al pedido del Estado peruano", precisó Vega. El portavoz agregó que si la justicia rechaza la extradición en segunda instancia, el Estado chileno estaría en la obligación de juzgar al ex mandatario, bajo el principio de jurisdicción universal. El juez chileno Orlando Álvarez rechazó la extradición de Fujimori por presunta falta de pruebas, decisión que fue apelada por la justicia peruana. La última semana terminaron las audiencias previas a la lectura del fallo definitivo, que no tiene plazo para su emisión. En opinión de Vega, "una nueva negativa hará sentir a todos los jefes de Estado que han violado derechos humanos que pueden protegerse y gozar de una impunidad que les dan los sistemas judiciales, en donde no tienen claro qué es lo que tienen que hacer cuando hay acusaciones tan graves como las de Fujimori". El ex mandatario (1990-2000) es acusado de delitos de violación a los derechos humanos y corrupción, a raíz de la mafia creada por su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.
© IBLNEWS. New York 2007

Amnistía Internacional advierte maltrato a mapuches en Chile

SANTIAGO (Reuters) - Amnistía Internacional advirtió el miércoles sobre la "hostilidad y persecución" a los pueblos indígenas mapuches en Chile y condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en manifestaciones protagonizadas por estudiantes durante el año pasado.

El organismo lamentó además, en su informe anual, las condiciones penitenciarias en el país, y alertó sobre el hacinamiento en las cárceles, maltrato a los presos y la corrupción en el sistema, que persisten pese a la puesta en marcha de nuevos complejos carcelarios.

"Los pueblos originarios siguen siendo objeto de hostilidad y persecución," dijo el organismo, que puso como ejemplo una violenta incursión policial el año pasado en una comunidad mapuche del sur del país.

En esa oportunidad, algunos miembros del grupo acataban una huelga de hambre contra la aplicación de leyes antiterroristas que consideraban injustas, cuando la policía allanó la comunidad y les disparó gas lacrimógeno y balas de goma, según Amnistía.

"Al finalizar el año no se tenía noticia de que se hubiera iniciado ninguna investigación," dijo el organismo.

Amnistía Internacional recordó también las masivas protestas de estudiantes en mayo, junio y octubre del año pasado en demanda de una reforma del sistema educativo y condenó la actuación de la policía para reprimirlas.

El organismo ratificó además su pedido de que el ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien permanece en Santiago desde fines del 2005, sea extraditado a su país o juzgado en Chile por abuso a los derechos humanos y corrupción.

Amnistía Internacional denuncia desapariciones forzadas en Pakistán en el marco de la "guerra contra el terrorismo"

LONDRES, 29 (ATB Y AGENCIAS) Amnistía Internacional (AI) denunció hoy los "abusos sistemáticos contra los Derechos Humanos", tanto de paquistaníes como de extranjeros, registrados en Pakistán en el contexto de la participación del Gobierno de Islamabad en la llamada guerra contra el terrorismo dirigida por Estados Unidos. La organización presentó hoy el informe de cien páginas 'Los Derechos Humanos no cuentan en la guerra contra el terror', en el que advierte del incremento de las desapariciones forzadas de personas detenidas y recluidas en régimen de incomunicación en lugares secretos y cuyas detenciones son negadas oficialmente por las autoridades. Estas personas corren peligro de sufrir tortura y ser transferidas de manera ilegal a terceros países. "El camino a Guantánamo empieza literalmente en Pakistán", declaró el director general de Investigación de Amnistía Internacional, Claudio Cordone. "Cientos de personas han sido detenidas en operaciones masivas, muchas de ellas han sido vendidas como 'terroristas' a Estados Unidos simplemente porque así lo afirmaban sus captores, y varios cientos han sido trasladadas a la bahía de Guantánamo, a la base aérea de Bagram o a centros secretos de detención controlados por Estados Unidos", añadió. Según Amnistía, la práctica sistemática de ofrecer recompensas de miles de dólares estadounidenses por presuntos terroristas sin identificar ha facilitado la detención ilegal y la desaparición forzada. "Cazadores de recompensas", entre los que figuran agentes de policía y vecinos del lugar, han capturado a individuos de diversas nacionalidades, parece ser que a menudo eligiéndolos al azar, y los han entregado a la custodia estadounidense. El informe señala que más del 85 por ciento de las personas detenidas en la bahía de Guantánamo no fueron aprehendidas por efectivos estadounidenses sino por miembros de la Alianza del Norte afgana, y su detención tuvo lugar en Pakistán, donde se estaban pagando en ese momento recompensas de hasta 5.000 dólares por cada "terrorista" entregado a Estados Unidos. Con frecuencia, prosigue el informe, el único motivo para la detención fueron las acusaciones de sus captores, mantenidas a toda costa para obtener la recompensa. Alrededor de 300 personas, anteriormente calificadas de "terroristas" y "asesinos" por el Gobierno estadounidense, ya han salido de Guantánamo en libertad sin cargos, la mayoría en dirección a Pakistán o Afganistán. DESAPARICIONES FORZADAS "En Pakistán apenas se conocían las desapariciones forzadas antes de que empezara la 'guerra contra el terror' dirigida por Estados Unidos; ahora son un fenómeno creciente, se han extendido más allá de los presuntos terroristas y afectan a nacionalistas baloches y sindis y también a periodistas", aseguró la investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Meridional, Angelika Pathak. Debido al carácter clandestino de la "guerra contra el terror", es imposible saber con exactitud cuántas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias de otra clase y homicidios ilegítimos se han cometido en Pakistán. Aun así, el portavoz del Ejército de Pakistán, el general de división Shaukat Sultan, manifestó en junio de 2006 que desde el año 2001 se había dado muerte a 500 "terroristas" y se había detenido a más de 1.000. Según Amnistía, las personas detenidas en secreto por presuntos delitos de terrorismo están especialmente expuestas a sufrir tortura en Pakistán. La víctima suele ser suspendida cabeza abajo, golpeada y privada de alimentos y del sueño. Al parecer, agentes de Estados Unidos y otros países han tenido conocimiento o incluso han estado presentes en interrogatorios de personas detenidas arbitrariamente y recluidas en secreto. Por otra parte, prosigue el informe, los familiares de las personas secuestradas tienen pocos sitios a los que acudir en su busca. La Policía se niega a investigar y a registrar las denuncias, y quienes impugnan la detención ante tribunales superiores provinciales se encuentran con que las fuerzas de seguridad niegan tener conocimiento del paradero de la persona y los jueces no suelen poner en duda esa negativa. Aparte, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, entidad no gubernamental, ha señalado nuevos índices de tolerancia de los abusos contra los Derechos Humanos y ha insinuado que podrían atribuirse al "impacto de la guerra contra el terrorismo en la psique de la colectividad pública". CASOS CONCRETOS Amnistía Internacional advierte en el informe de que se sigue sin dar explicaciones respecto a muchas personas detenidas, por lo que se desconoce la suerte que han corrido y su paradero. Por ejemplo, tres mujeres y cinco menores fueron detenidos en julio de 2004 junto al presunto terrorista tanzano Ahmed Khalfan Ghailani en la provincia de Punyab. Entre estas personas había, según informes, un bebé y un saudí de 13 años llamado Talha. Más de dos años después, no se sabe nada de la suerte y el paradero de Talha y los demás niños y mujeres. Ahmed Ghailani estaba entre los 14 individuos transferidos en septiembre de 2006 a la bahía de Guantánamo desde lugares secretos de detención de la CIA. "Éstos y otros menores han sido detenidos como parte de la 'guerra contra el terror' en la que colabora Pakistán; la presunción de inocencia y la posibilidad de impugnar la legalidad de la detención no existen ni siquiera para los menores, ya no digamos para los adultos", denunció Angelika Pathak. "Así que han estado encarcelados durante meses, incluso años, sin haber sido juzgados", advirtió. El informe relata también el caso del paquistaní Jalid Mehmood Rashid, ciudadano, quien fue entregado a agentes paquistaníes en Sudáfrica el 6 de noviembre de 2005 y trasladado en avión a Pakistán. Desde entonces no se le ha vuelto a ver. A pesar del reconocimiento oficial de que está bajo custodia del Gobierno paquistaní, el Ministerio del Interior no ha respondido a las preguntas de su familia sobre su paradero. A juicio de AI, la clase política, los medios de comunicación y la sociedad civil de Pakistán deben pronunciarse y obligar al Gobierno a rendir cuentas para que se ponga fin a esta práctica y se esclarezcan la suerte y el paradero de todas las víctimas. "El Gobierno de Pakistán debe establecer un registro central de personas detenidas y publicar listas periódicas de todos los lugares de detención reconocidos, para que en el futuro nadie pueda ser encarcelado en secreto y quedar expuesto a la tortura y demás abusos que conlleva la detención secreta", aseveró Angelika Pathak. "Los Gobiernos de Estados Unidos y otros países deben investigar todas aquellas denuncias sobre actos de tortura en que sus agentes puedan haber sido cómplices", añadió.