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04 enero, 2008

La hoja de coca, símbolo de resistencia de los pueblos andinos

Evo Morales propone que entre al escudo de la nación sudamericana; ahí se vende como cualquier producto. Impulsan en la ONU levantamiento a la prohibición de producirla. Simpatizantes ponderan sus virtudes nutricionales y la facilidad para sembrarla y cosecharla

Guillermo García Espinosa (Especial para La Jornada)

Cusco, Perú. El aroma de la hoja de coca se expande en el ambiente. Salas de espera de autobuses y trenes, oficinas de servicios públicos, locales comerciales y el aliento de mujeres y hombres quechuas y aymaras está generalmente permeado por la fragancia amarga de un arbusto de la cordillera de los Andes, nacido silvestre, ahora casi proscrito.

Confundida con la cocaína y sometida a una visión prejuiciosa y errada que la equipara con la causa de una adicción, la hoja de coca es al mismo tiempo el eje de un movimiento de resistencia cultural, de expresiones contraculturales y de aplicaciones tecnológicas en las industrias alimentaria y farmacéutica.

Todo eso, a pesar de que la llamada Guerra contra las drogas la tiene en la mira desde hace tres décadas y criminalizó su imagen.

Cualquier rincón de los Andes es territorio cocalero. En estanquillos de Cusco o Lima, junto a botanas de maíz, hay dulces envueltos en celofán, con una etiqueta donde destaca una hoja ovalada de tono verde olivo y un anuncio que dice: "revigoriza".

En mercados de ciudades andinas, como Potosí, Bolivia, la hoja de coca está a la vista y se vende como cualquier otro artículo.

La gente prepara infusiones o mastica el vegetal para extraerle, junto con su sabor amargo, intenso, todas sus propiedades alimenticias y estimulantes; se trata de un uso ancestral que en Perú y Bolivia denominan con la palabra quechua acullico, cuyas evidencias arqueológicas se ubican en el año 2200 antes de nuestra era, en las tierras bajas de Valdivia, cerca de la frontera entre Ecuador y Perú.

"Es algo autóctono, de nuestros ancestros; por eso reivindicamos la coca, porque es un producto que está en nuestros genes", dijo Fredy Olivera, dueño de una pequeña fábrica de caramelos hechos a base de la hoja, en Cusco, quien sostiene que la industrialización es parte de la defensa cultural.

La coca es un vegetal que crece entre los 400 y mil 800 metros sobre el nivel del mar, pero la producción mundial de alrededor de 300 mil toneladas se concentra en los Andes, sobre unas 180 mil hectáreas, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Es una planta resistente, capaz de sobrevivir en temporada de secas, en tierras de pobres nutrientes. La yerba (científicamente conocida como Erythroxylum coca) es sobre todo generosa, no sólo porque sus hojas se pueden cosechar tres o cuatro veces al año, sino porque es portadora de vitaminas A, B y C, calcio, hierro y fósforo.

Salvo excepcionales plantíos en Brasil, Guyana, Venezuela, India y Madagascar, la mayoría de los cultivos están en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Perú es el país donde se asienta la mayoría de las pequeñas empresas que industrializan la planta, con una compañía estatal a la cabeza de ese proyecto, la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), que tiene el monopolio legal de la comercialización a granel e industrializa productos como el té de coca, que es de lo más común en los anaqueles de tiendas de abarrotes.

Más que una superstición

"Para muchos (la coca) podría ser sólo una tradición o una superstición. Pero es uno de los vegetales más alimenticios del mundo. Esto lo descubrieron científicos de la Universidad de Harvard, y el Instituto Boliviano de la Altura ha encontrado que los efectos son sumamente benéficos. Regula la circulación de la sangre, evita la trombosis. Hay mayor absorción de oxígeno en el cerebro, cura y previene la osteoporosis", dijo Sdenka Silva, socióloga, cofundadora del Museo de la Coca en La Paz.

La industrialización de la coca se ha extendido también a la producción de galletas y panes de harina de coca, tan populares en Perú y Bolivia como en Colombia, donde inclusive hay empacadoras.

Pero si Perú ha tomado una posición más agresiva en la producción industrial, Bolivia ha tomado la iniciativa diplomática para revertir una decisión de la ONU de 1961, que impuso límites a la producción de coca en los Andes, donde la cultura aymara de Tiwanaku, a orillas del lago Titicaca, consagró la hoja de coca hace dos mil 500 años.

Un estudio patrocinado en 1951 por un banquero de apellido Fonda llevó sin objeciones de los gobiernos boliviano y peruano de entonces a la conclusión de que la coca era causa de retraso mental. Con base en esa información, Naciones Unidas lanzó una campaña de erradicación en Perú y Bolivia, aduciendo que era el origen de la pobreza en esos países y de la drogadicción en el mundo.

Un siglo antes, la valoración de la coca era diferente. Los europeos la importaban en grandes contenedores de barco para producir el vino Mariani, en Francia, y como derivado de esta idea, el farmacólogo John Pemberton, en Atlanta, Estados Unidos, creó la bebida que finalmente se transformaría en la Coca-Cola.

Las industrias farmacéuticas europea, estadunidense y japonesa, que es junto con Coca Cola la principal compradora de la hoja, también redescubrieron las propiedades anestésicas que las antiguas culturas andinas le dieron para realizar trepanaciones con fines rituales y religiosos.

"La estrategia de la Guerra contra las drogas impulsada por el gobierno estadunidense desde finales de los años 70 se basa en la erradicación de la hoja, con el supuesto de que es la causa de que exista la cocaína y también proponiendo que es la manera de acabar con el consumo", dijo Silva

La socióloga suele ejemplificar la confusión sobre la coca y la cocaína con un símil entre la hoja y la uva.

"Te puedes comer las uvas que quieras y no terminas borracho. Por eso es que a nadie se le ocurriría prohibir la producción de uva. Pero en los Andes está limitado el cultivo de la hoja de coca y su comercio internacional está prohibido, salvo para el monopolio de la Coca-Cola y de 32 países –ninguno latinoamericano– que tienen el derecho a producir legalmente la cocaína", explicó la socióloga.

Fracasa política de erradicación

A la fecha, informes oficiales de la ONU muestran que la política de erradicación sólo ha logrado que las plantaciones sean intensivas. En la década de los 90 la superficie plantada disminuyó de 280 mil a 180 mil hectáreas, pero el volumen de producción se mantuvo en alrededor de 300 mil toneladas, lo que abarca tanto la cosecha considerada ilegal, como la autorizada para alimentos y rituales andinos.

El Museo de la Coca, que difunde información desprejuiciada sobre la hoja y marca la diferencia con la adictiva cocaína, ocupa un espacio pequeño, sin lujos, donde los visitantes pueden degustar la hoja mientras observan las mamparas.

Hasta este año, el museo había sido un puntual símbolo de la resistencia cocalera dentro y fuera de Bolivia, con exposiciones itinerantes. Pero desde septiembre del año pasado fue el presidente boliviano, Evo Morales, quien llevó hasta la ONU la defensa de la coca y la necesidad de revertir la política restrictiva de 1961.

También es Morales, un líder cocalero de ascendencia aymara, quien propuso en abril pasado que la hoja de coca pase a formar parte de los iconos del escudo nacional de Bolivia, al lado de la llama y el cerro mineral de Potosí.

"El hecho de pasar al escudo de Bolivia representaría un reconocimiento a lo indígena, porque el escudo boliviano ha tenido siempre simbolismos europeos (laureles, por ejemplo). No es casual que el primer presidente indígena en América del Sur, Evo Morales, llegara a ese sitial (en enero de 2006) defendiendo la hoja de coca", dijo la socióloga.

Morales formó un movimiento político en la región del Chapare, una de las dos principales productoras de coca, junto a Los Yungas, convertidas en el blanco central de la Guerra contra las drogas en Bolivia.

Cocalero, documental de 94 minutos del brasileño Alejandro Landes, estrenado en mayo pasado en Bolivia y Argentina –programado para México en febrero de 2008–, es una muestra de la lucha de Morales, quien hizo de la hoja su medio de vida y una bandera contra la injerencia externa en los asuntos de los bolivianos.

La gran batalla contra la política de erradicación de la coca tendrá lugar en la ONU en 2008 y para ello, Bolivia –y en menor medida Perú y Ecuador– preparan sus argumentos en contra de los límites a la producción y el monopolio comercial mundial, encabezado por Estados Unidos, Alemania, Francia y Holanda.

Esperan menos restricciones

Industriales andinos como Oliveira saben que la producción de más mercancías a base de coca está sujeta a las decisiones en la ONU y al monopolio comercial de Enaco, en el caso de Perú, pero tienen la expectativa de menores restricciones.

"El problema es que hay degeneración cuando utilizan la hoja para producir cocaína. Lo que tenemos que hacer es promover el consumo de manera más científica, con orden", dijo el empresario, que dice vender un millar de paquetes diarios de los caramelos Vida.

Pero además de la industrialización, la resistencia cultural y la lucha política, la hoja de coca también se ha convertido en un símbolo de contracultura.

Conductores de minibuses en La Paz, negros colombianos, campesinos brasileños o jóvenes bolivianos de las ciudades recurren a la coca como un alimento alternativo; mujeres jóvenes en varios países de Sudamérica usan aretes hechos con hojas de coca envueltos en plástico cristalino.

Aunque con elementos comerciales, la batalla contra la desinformación causada por la Guerra contra las drogas también se refleja en la venta de playeras estampadas que en el pecho muestran una hoja de coca, con una leyenda que advierte: "La hoja de coca no es droga".

"El uso de la coca es creciente", consideró Silva. "Esas camisetas que venden estampadas con hojas de coca podrían ser parte de la contracultura; las hacen muchas personas, pequeñas empresas, buscando quizá una redición del concepto de cultura. Ojalá que más allá del concepto de consumo y comercio, se reconozcan también las raíces indígenas."

29 noviembre, 2007

Reeligen a consejero nacional indígena

La Estrella de Arica - Noticias del Día
Jueves 29 de noviembre de 2007

Luego de la digitalización de los votos, correspondientes al 100% de las mesas escrutadas, la Conadi dio a conocer los resultados de la IV Consulta Nacional a través de la cual los pueblos indígenas eligieron a sus representantes para integrar el Consejo Nacional de la Corporación durante los próximos cuatro años.

Este resultado está sujeto a dos condiciones de validación estipuladas para este proceso, que son, el plazo de reclamación al pueden hacer uso todos los candidatos que participaron y la revisión de las actas por parte del Fiscal Nacional como Ministro de Fe de la Consulta.

TENDENCIAS

Las tendencias mostradas el pasado lunes se mantuvieron las primeras mayorías de votación para la elección de Consejeros Nacionales Indígenas, resultando reelectos los consejeros Zenon Alarcón, aymara; José Llancapan, representante de los indígenas urbanos; Miguel Liguiempi, mapuche del Bío Bío; Hilario Huirilef y José Sanos Millao, mapuche de La Araucanía y Emilia Nuyado, mapuche huilliche de Los Ríos y Los Lagos; en tanto, Rubén Reyes, atacameño y Rafael Tuki, rapa nui, fueron elegidos para integrar por primera vez el Consejo Nacional de la Conadi.

Cabe mencionar que en esta IV versión de la Consulta Nacional para la Elección de Consejeros Nacionales Indígenas, la participación aumentó en cerca 10 mil votos, lo que da muestra de un creciente interés y compromiso de participación por parte de los pueblos indígenas para la elección de sus representantes ante la Conadi.

05 septiembre, 2007

Mártir y heroína de la lucha contra un régimen inhumano

La Estrella de Arica - Noticias del Día
Miércoles 5 de septiembre de 2007 

 
Bartolina Sisa Vargas es considerada un fenómeno no solo por sus dotes de belleza natural, que la configuran como una mujer muy atractiva, morena, de facciones uniformes y seductoras, hermosos ojos negros, jóven e inteligente, sino también por sus características y talento innato que hacen a un comandante político-militar. En 2004, el gobierno de Bolivia la declaró heroína nacional. Su esposo, Julián Apaza (Tupac Katari) también fue reconocido como héroe nacional.

UNA CRUDA REALIDAD

De la fecha de su nacimiento aún no esclarecida existen dos versiones: la primera afirma que fue el 24 de Agosto de 1753 en la comunidad de Sullkawi del Ayllu del mismo nombre, y la otra menciona el 12 de Agosto de 1750 en la comunidad de Q"ara Qhatu, situada en la actual provincia Loayza del departamento de La Paz, Bolivia.

Sus padres José Sisa y Josefa Vargas la vieron nacer en la época de la más sañuda e inmisericorde opresión y despojo colonialista española contra los indígenas de los Andes.

Desde muy jóven, Bartolina junto a sus progenitores, y luego de unos años ya con su esposo, el gran caudillo aymara Tupaj Katari (Julián Apaza), se dedicó al comercio de la hoja de coca y de tejidos nativos, desplazándose de este modo por innumerables lugares entre ayllus, poblados, comunidades y ciudades de la inmensa y árida altiplanicie andina y los valles yungueños del departamento de La Paz.

Esta febril actividad permitió a Bartolina Sisa liberarse de la condición de servidumbre y esclavitud a la que fue sometida su nación originaria por los colonialistas y señores feudales de orígen europeo.

Observó con sabiduría el terrible sometimiento del que eran objeto sus hermana(o)s de raza, quienes no solo sufrían los vejámenes y ultrajes de los blancos europeos que fungían de autoridades, clérigos, militares, etc., sino también de los criollos y cholos mestizos serviles de los colonialistas.

INSURRECCION INDIGENA

Con motivo de la rebelión indígena iniciada en 1780 en Perú por Tupac Amaru, en el Alto Perú (actual Bolivia), la insurrección fue liderada por Julián Apaza, quien se hizo llamar Tupac Katari. Junto a él luchaba su esposa, Bartolina Sisa Vargas.

Finalmente el levantamiento fue derrotado. Poco podían lograr los indios sin armas (tenían tan sólo piedras y lanzas de madera y tampoco contaban con caballos) enfrentando al ejército realista.

EJECUTADOS

Tupac Katari, es apresado y condenado a ser descuartizado. Bartolina también es apresada y condenada a morir en la horca.

La sentencia se cumplió el 5 de septiembre de 1781. A los 26 años, Bartolina moría ahorcada no sin antes sufrir una horrenda tortura física y moral, flagelada, violada, azotada, arrastrada a puntapiés en un inmenso charco de sangre. Posteriormente fue paseada desnuda montada en un burro, en la plaza colonial de La Paz, hoy Plaza Murillo.

También le cortan los pechos. La arrastran por la plaza y le arrancan la lengua. Luego de morir en la horca, es descuartizada y su cabeza clavada en un palo y llevada a los ayllus y caminos testigos de su lucha, hasta ser quemada en Jayujayu-Marka. No conformes con ello, los españoles envían sus extremidades a Tinta-Marka, una comunidad situada en la actual República del Perú.

20 agosto, 2007

Dirigentes aymaras rechazan posible explotación minera en Parinacota

EL CIUDADANO. Periódico mensual, año 3, número 46, fundado en marzo del 2005

A través de una declaración pública, el Consejo Nacional Aymara, CNA, de la comuna de Arica y la Comisión de Derecho Indígena manifestó su rotundo rechazo a la autorización otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente, CONAMA Tarapacá, para la exploración cuprífera en la Reserva Nacional de las Vicuñas a la Sociedad Contractual Minera Vilacollo S. A., por considerarlo atentatorio a los derechos territoriales del pueblo Aymara de las Provincias de Arica y Parinacota, arriesgando la flora y fauna de la Reserva Nacional de las Vicuñas y atentar contra los derechos humanos de las comunidades aymaras.


Según los dirigentes aymaras, Richard Fernández, CNA Arica y Juan Medina, Comisión de Derecho Indígena, esta acción es "una manera de propiciar e impulsar la desafectación del Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional de las Vicuñas y el Monumento Natural Salar de Surire en beneficio de las transnacionales mineras". Añadiendo que "teniendo presente el derecho a la libre determinación que tienen los pueblos indígenas, reconocidos en la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el CNA Arica, realizará todas las acciones que le permitan declarar de ilegal y arbitrario la autorización de este proyecto, y denunciar ante los organismos internacionales de derechos humanos las acciones de los organismos públicos que atenten a la existencia del pueblo aymara y de la biodiversidad que es única en esta zona".

"Tenemos varios ejemplos de cómo en forma irracional se ha dañado la flora y fauna y el medio ambiente en la región, ejemplo: Coposa, Salar de Huasco, Mamiña, Huatacondo, Quillagua, Oasis de Pica, Río Loa, etc., debido a una legislación débil en lo que respecta a la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas", enfatizan.

Asimismo lamentaron que la intendenta regional, Antonella Sciaraffia "se haya convertido en la impulsora de la instalación de las empresas mineras en áreas silvestres protegidas en la provincia de Parinacota y en donde le ha puesto bastante énfasis, haciendo oídos sordos al Consejo Nacional Aymara que representa a las comunidades aymaras de la provincia de Arica y Parinacota de la inconveniencia de la minería en los territorios de las comunidades aymaras, expresados en Putre y en Arica", puntualizaron.


Código Minero antidemocrático

En la declaración, los dirigentes explicaron que "el código minero es y ha sido un instrumento que en forma arbitraria permite la prospección en áreas silvestres protegidas, teniendo en cuenta que esta legislación y el permiso presidencial de 1986 aludido por la directora regional de CONAMA, Sandra Peña, fue generado en tiempos donde no existía la democracia en este país, lo cual lo hace ilegal. Esto demuestra una vez más el grado de desprotección que tienen los pueblos indígenas con respecto a sus derechos territoriales, a la vulnerabilidad que están sujetos los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales en este país, de cómo leyes sectoriales, como el Código Minero, contrarias a la jurisprudencia internacional atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad".

Finalmente señalaron que "el Estado de Chile ha firmado el convenio sobre la Diversidad Biológica cuyo objetivos es establecer la conservación de la diversidad biológica, y que las recomendaciones del relator especial en asuntos indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen dio a Chile, establecen en materia de desarrollo sostenible que todo proyecto de desarrollo que se contemple en regiones y territorios, los indígenas deberán ser consultados previamente, como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, y sus opiniones y el respeto a sus derechos humanos deberán ser tomados en consideración por las autoridades y las empresas ejecutoras en todas las etapas de dichos proyectos. Además Chile ha firmado un convenio de protección de la Vicuña, que estaría en riesgo si se llegara a materializar la explotación cuprífera en la zona indicada".

Leyla Noriega

29 julio, 2007

BOLIVIA: Poder indígena y mestizo anida en La Paz

Análisis de Franz Chávez

LA PAZ, 24 jul (IPS) - Una marea humana movilizada en favor de mantener esta ciudad como sede del gobierno de Bolivia se convirtió en la mayor expresión de fuerza popular de la historia del país detrás del liderazgo aymara y mestizo, que cuestiona con energía el orden y sus autoridades formales.

Al abandonar el letargo y exponer su presencia pública y física, los habitantes del occidental departamento de La Paz desafiaron los cálculos políticos y demográficos para mostrarse de cuerpo entero como un conjunto urbano y rural, con una profunda raíz cultural aymara conjugada con un mestizaje asentado en medio de cumbres y altiplanicie.

Sin duda que los inmigrantes de los restantes ocho departamentos del país también se suman a ese conjunto humano libre del regionalismo excluyente y, por el contrario, caracterizado por una solidaridad nacida de las tradiciones comunitarias de los aymaras.

La Corte Nacional Electoral (CNE) registró en los comicios generales de diciembre de 2005 la presencia en las urnas de casi 3,7 millones de ciudadanos, 53,7 por ciento de los cuales hicieron posible la llegada por primera vez al gobierno de un descendiente de los pueblos originarios, el líder aymara Evo Morales, del izquierdista Movimiento al Socialismo.

Por eso algunos datos oficiales serán puestos en duda si se confirman los cálculos optimistas de asistencia de entre dos millones y 2,5 millones de manifestantes en el cabildo realizado el viernes pasado, cuando se dio el ultimátum a la Asamblea Constituyente para que saque de su agenda antes del 6 de agosto la propuesta de llevar la sede del gobierno a Sucre, la capital de Bolivia.

Por ejemplo, el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que en 2005 había en este departamento casi 2,6 millones de habitantes, 1,6 millones de los cuales se concentraban en La Paz y El Alto.

Pero la multitud del cabildo rompe las estimaciones y desvirtúa los comentarios de expertos sobre el debilitamiento del capital humano paceño debido a las masivas emigraciones hacia el departamento de Santa Cruz, donde, según datos oficiales, habitan 2,3 millones de personas.

Un razonamiento simple nos conduce a imaginar que, así como hubo una asistencia sólo motivada por un sentimiento común de defensa de un interés colectivo sin presiones institucionales o de grupo, también un gran número de ciudadanos no acudió a la concentración.

Esa cifra obliga a proyectar un número mayor de habitantes con capacidad de ejercer su derecho a votar y elegir autoridades.

Pacífica, colorida, dominada por la tricolor bandera boliviana, con la humildad del ciudadano del altiplano y el saldo de sólo un herido por accidente en la manipulación de un petardo y algún desmayo, la manifestación social del viernes pasado ya quedó impresa como la mayor en los 182 años de vida independiente de este país, según observadores locales.

Las imágenes aéreas que se difunden por la televisión sin cesar desde entonces muestran una concentración de personas que ocupan a plenitud el centro del cabildo de la altiplánica El Alto, contigua a La Paz, y varios kilómetros de la autopista que une a las dos ciudades, carreteras interdepartamentales de ocho carriles y calles menores.

El matutino local La Razón recurrió a una imagen satelital para describir los espacios llenados por esta multitud, que tres horas después del acto central aún tenía dificultades para abandonar el lugar por la infranqueable y compacta muralla humana.

Si las cifras de participantes difundidas por los organizadores de la movilización es cierta o aproximada, muchas cosas cambiarán en este país de 9,6 millones de habitantes, 67 por ciento de los cuales aún sufren la pobreza.

La multitudinaria concentración obliga a los estrategas políticos a revisar sus esquemas y considerar a La Paz como el sustento para futuras políticas de Estado, la elección de nuevas autoridades o conquistar el poder por la vía democrática.

La fortaleza de la región hasta ahora sólo estaba expresada por la combatividad de los habitantes de El Alto, que dieron por tierra en octubre de 2003 con los planes del gobierno de entonces de exportar gas natural a Estados Unidos y México a valores considerados perjudiciales para Bolivia.

El bloqueo de calles por 15 días, que costó la vida a por lo menos 60 de esos manifestantes, fue el remate de una serie de movilizaciones sociales en distintas partes del país que no sólo impidió el programa de exportación de hidrocarburos sino que derrocó al derechista de Gonzalo Sánchez de Lozada sólo un años después de asumir el gobierno, que ya había ejercido entre 1993 y 1997.

Ese episodio marcó un cambio en la política boliviana. Acabó con el viejo caudillismo y encumbró a decenas de anónimos vecinos de las polvorientas calles de El Alto y campesinos de localidades cercanas, que se lanzaron a liderar una corriente defensora de los recursos naturales y totalmente opuesta al modelo económico de libre mercado y a las privatizaciones.

Estos nuevos actores, los alcaldes de las dos ciudades y un grupo de ciudadanos de La Paz, volvieron ahora a la lucha en busca de conservar la actividad económica que genera la permanencia de las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Mientras, el jefe del gobierno departamental (prefecto) paceño, José Luis Paredes, jugaba su equilibrio político entre la región que lo eligió y los influyentes líderes del oriental departamento Santa Cruz que respaldan el traslado de la presidencia y del Congreso a Sucre.

Como celosos guardianes, 3.000 indígenas de la provincia Omasuyos, distante a 96 kilómetros al oeste de La Paz, se apoderaron del control de la testera de la manifestación y alejaron a los dirigentes políticos con el argumento de evitar una distorsión de los verdaderos propósitos de la concentración.

Su atuendo: un poncho de vivo rojo, gorro tejido a mano con multicolor lana de oveja y un garrote atado alrededor del cuerpo en señal de autoridad, rematado por un sombrero de fieltro negro, identificaba al insurgente grupo aymara conocido como "los ponchos rojos".

Asociado por el color a las corrientes izquierdistas y reconocidos por su estirpe de rebeldes luchadores contra la colonia española y el pongueaje (servidumbre) republicano, fueron la inspiración para grupos guerrilleros como el desaparecido Ejército Revolucionario Tupak Katari (EGTK), del cual fue líder e ideólogo el actual vicepresidente Álvaro García Linera.

Ese acto de tomar el palco principal e impedir el paso a políticos tradicionales, lleva una carga de ejercicio de fortaleza de los pueblos que habitan la altiplanicie, pero al mismo tiempo reflejó la ausencia de liderazgo expresado en un representante capaz de recoger las aspiraciones de un departamento.

Esa fuerza de asociación probablemente es también su debilidad por la ausencia de un conductor, aunque muchos observadores aseguran que esa imagen aún está reservada para el presidente Morales, quien prudentemente se abstuvo de apoyar el cabildo y se limitó sólo a reconocer su trascendencia.

Pero la interrogante sobre el líder con la capacidad de unir ideas e interpretar intereses de una población de indígenas, mestizos y sectores medios y ricos continuará irresuelta en una región que se descuelga de las altas cumbres, atraviesa el semitrópico y se extiende hasta la amazonía del norte paceño, donde se guarda una inmensa riqueza natural aún sin explotar.

El cabildo también fue el pretexto para el reencuentro de las culturas andinas con las afroyungueñas, aquellas incorporadas al contexto urbano en los últimos 10 años, llenas de tradiciones y ritmos ágiles al son de tambores.

Aguayos extendidos al sol, con una nutritiva comida abundante en papas en flor por la suavidad, maíz apetitoso, carne asada acompañada de queso y ají colorado, pescado y una amistosa invitación de las mujeres campesinas, sellaron ese difícil acercamiento entre los habitantes de la ciudad y las comunidades indígenas.

La música aymara de flautas, tambores y bombos, alegradas por los coros de adolescentes de la ciudad, marcaron este verdadero pacto por una región, pero con un futuro incierto a falta de proyecciones sociales y económicas mayores a la permanencia de la sede de gobierno en La Paz. (FIN/2007)

27 julio, 2007

Convocatoria a Seminario-taller : DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y DE MIGRANTES E INTERCULTURALIDAD EN CHILE

El Ciudadano. Periódico mensual, año 3, número 46, fundado en marzo del 2005

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, organización no gubernamental de promoción, documentación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, ha decidido convocar al Seminario-Taller "Derechos de pueblos indígenas y de migrantes e Interculturalidad en Chile", con el objeto de abordar los desafíos del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de los migrantes y de una convivencia intercultural, en un país donde estas temáticas no han sido adecuadamente asumidas a la fecha.

En su anuncio sobre ejes de la política indígena la Presidenta Michelle Bachelet planteó, entre otros aspectos, un proyecto de reforma constitucional que reconozca el carácter multicultural de la nación chilena; un proyecto de Ley General de Enseñanza para reconocer, respetar y valorar la diversidad étnica y cultural en la enseñanza básica y media; la apertura de 30 jardines infantiles con currículo intercultural y una política de salud intercultural. En todos estos anuncios está presente el concepto interculturalidad.

Pero ¿cuál es el real estado actual de la convivencia intercultural con los pueblos indígenas y con otros sectores étnica y culturalmente diversos que habitan en Chile como los migrantes? ¿Qué se entiende por interculturalidad? ¿Es esta posible en el contexto del país? ¿Cuáles son los obstáculos y las posibilidades? ¿En qué medida los derechos indígenas y de los migrantes ayudan al desarrollo de dicha convivencia? ¿Qué es lo que se espera de la sociedad chilena, de las políticas de Estado, de los pueblos indígenas y de los migrantes en esta materia? ¿Son realmente interculturales las políticas de estado en salud y educación?

Respecto al estado de los derechos indígenas, Chile es uno de los cinco países de América Latina que no cuenta con un reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos en la Constitución del 80, en que señala que el único pueblo existente es el chileno. Además no tienen participación en las instancias en las que se toman decisiones que les conciernen.

La actual ley indígena solo los reconoce como etnias, desconociendo derechos políticos como la libre determinación, autonomía, sistema de justicia propio, derechos territoriales y recursos naturales. A pesar que estos derechos están acogidos por el derecho internacional relativo a los pueblos indígenas (Convenio 169 OIT, Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Consejo de Derechos Humanos ONU 2006).

La exclusión de los pueblos indígenas en Chile no solo se manifiesta en el plano político, sino también en materia económica y social según se reconoce en las propias estadísticas oficiales.

Una realidad no muy distinta es la que viven los migrantes en Chile. Aunque según el Censo del 2002 dicha población alcanzaba a 200 mil personas, siendo la mayoría de ellos provenientes de Perú y Bolivia, las estadísticas extraoficiales hablan de una cifra mucho mayor (solo el primer semestre de 2005 ingresaron a Chile 131 mil personas del Perú). Un importante porcentaje de los migrantes ingresa al país en carácter clandestino, lo que los coloca en una situación de grave vulnerabilidad. La legislación que rige en el país para ellos no resguarda adecuadamente sus derechos. Aunque el gobierno ha propuesto adaptar esta legislación especialmente en lo relativo a derecho a residencia, derecho a locomoción y libre e igual acceso a la residencia, no se ha avanzado en la materia. (Informe de Derechos Humanos, UDP; 2006)

Uno de los ámbitos en que los derechos de los migrantes son objeto de graves violaciones a sus derechos humanos es en el campo laboral. Los trabajos a los que acceden son escasamente remunerados, y se caracterizan por las precarias condiciones laborales. Lo mismo cabe señalar en materia de derecho a la salud, dado que si bien el derecho a la salud no está limitado a extranjeros en el país, la práctica limita dicho acceso.

Otra de las duras realidades que deben enfrentar los migrantes es la de la discriminación por parte de la población chilena. El racismo de la sociedad chilena ha puesto de manifiesto la necesidad de que se impulsen políticas anti discriminación.

Chile está compuesto por una diversa gama de pueblos originarios e inmigrantes, por muchas culturas. Pero esta multiculturalidad es reconocida por el estado chileno solo nominalmente o en el discurso, como en los anuncios de la presidenta que únicamente establecen lineamientos de política indígena, pero no establecen derechos como los que los pueblos indígenas demandan.

Pero la construcción de una convivencia intercultural tampoco pareciera constituir una prioridad para los movimientos indígenas en Chile, a diferencia de lo que ocurre con algunos movimientos indígenas en Argentina o en Ecuador. Por ello también nos parece relevante impulsar una discusión sobre la relevancia de la interculturalidad para los movimientos indígenas ¿Qué buscan o esperan construir los pueblos indígenas? ¿Una sociedad indígena o una sociedad de convivencia intercultural?

La interculturalidad se expresa en diferentes niveles y lógicas. Por una parte están las relaciones interculturales, que pueden ser positivas, negativas, subordinadas, de dominación, de competencia, de complementariedad, cooperación, de conflicto, etc. Existen planteamientos políticos y filosóficos sobre la interculturalidad. Existen políticas de la interculturalidad y existen acciones interculturales (del estado o la sociedad civil).

Hay que diferenciar esos ámbitos pues no se puede confundir una política intercultural con la interculturalidad misma. Las relaciones interculturales existen más allá de las políticas, son parte de las relaciones humanas en sociedades diversas. El problema es si estamos dispuestos a hacer "algo" con ellas o queremos que sigan su curso. Si las relaciones interculturales implican desigualdad e injusticias para unos, entonces hay que abordarlas, los derechos indígenas son un camino.

La interculturalidad resulta fundamental para la construcción de una sociedad democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas que por ella se rijan, convendrán en encontrarse, conocerse y comprenderse con miras a cohesionar un proyecto político a largo plazo, especialmente con la importancia de los pueblos originarios como actores relevantes.

Chile ha sido una sociedad significativamente marcada por el conflicto y las relaciones asimétricas de poder entre los miembros de sus diferentes culturas. Un principio como el de la interculturalidad cobra todo su sentido y se torna imperativo si se desea una sociedad diferente y justa.

El asumir plenamente la interculturalidad implica confiar en que es posible construir relaciones más racionales entre los seres humanos. El mundo contemporáneo es cada vez más intercomunicado, y por ello más intercultural, pero en la práctica se tiende a imponer una sola voz. La apuesta por la interculturalidad como principio rector se opone radicalmente a esa tendencia homogenizante, culturalmente empobrecedora. De ahí la importancia de su aplicación y práctica, que plantea muchos desafíos, para todos los actores.
Objetivos

Frente a esta realidad, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, organización no gubernamental de promoción, documentación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, ha decidido convocar a este seminario taller con el objeto de:

* Abordar los desafíos del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de otros sectores étnica y culturalmente diferenciados, como los migrantes, así como los desafíos de una convivencia intercultural rica en un país donde estas temáticas no son asumidas.

* Analizar el estado de las relaciones interculturales, y la responsabilidad de los diversos actores en ello (visión indígena, visión de migrantes, visión del estado, y de la sociedad civil no indígena).

* Analizar los desafíos que surgen de este diagnóstico (también a partir de la visión de los distintos actores).

Metodología

El Seminario taller contará con un espacio para presentaciones de los actores involucrados así como de organizaciones vinculadas a ellas. Se propone también la realización de talleres de grupo para la reflexión en torno a estas temáticas y la elaboración de propuestas para su trabajo. Finalmente se considera una sesión de abierta plenaria para compartir conclusiones.
Perfil de los invitados

- Dirigentes representantes de organizaciones indígenas

- Dirigentes de organizaciones de migrantes

- Personas del mundo académico, profesionales, entidades internacionales

- Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil

- Representantes de entidades públicas que trabajan en temas de interculturalidad

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IMPORTANTE

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Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Patrocinan

Centro de Comunicación Jvfken Mapu, Red Chile País Multicultural, Asociación Indígena Likanantay Kauzama, Asociación Indígena Aymara Intimarka, Fundación Ideas, Asociación María Rapanui, Centro de Estudio para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Bolivariana, Programa Radial Mapuche Wixage Anai, Centro de Estudios de La Realidad Contemporánea CERC-UAHC, Observatorio Control Interamericano de Derechos de los y las Migrantes

Auspician

Fundación Avina

Fundación Ford

Lugar

Central Unitaria de Trabajadores CUT

Alameda 1346, Metro Estación Moneda

Fecha

Sábado 28 de julio de 2007

Hora

09 a 19 horas

Confirme su asistencia previamente con:

Elias Paillan C.

eliaspaillan@gmail.com

Cel:               08-3484152       

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Varas 428, Temuco Chile

Fono : (56 – 45) 213963

Email observatorio@observatorio.cl

www.observatorio.cl

22 julio, 2007

La silenciosa disputa del territorio en Parinacota

EL CIUDADANO.

Un alcalde encadenado dispuesto a la huelga de hambre, mujeres clamando justicia, autoridades al borde de los golpes…. En un "Todo vale" por la propiedad de la tierra, donde se enfrentan la legislación nacional con los derechos ancestrales no reconocidos en Chile.

liberar
Decir escandaloso, al parecer no sería una exageración. Al más puro estilo de protestas antiglobalizadoras, la autoridad comunal de Putre decidió encadenarse a las rejas de la Secretaria Regional de Planificación, oficina Arica. La mediática protesta fue por el rechazo al proyecto municipal de remodelación de la Escuela Internado de Ticnámar E-43, siendo suspendida la inversión por parte de la Serplac, puesto que existen litigios pendientes sobre el territorio.

En medio de la confusa situación, Francisco Humire, alcalde aymara, como él mismo se define, es acompañado por un grupo de ticnameño/as, quienes apoyando a la autoridad putreña, aseguraron que las diferencias sobre el futuro del pueblo tienen directa relación la propiedad del territorio.

Entonces el edil mostró fotocopias de títulos de los terrenos donde se ubica la escuela, demostrando a la opinión pública que la ejecución es viable, ya que es una propiedad privada, en este caso municipal, y no comunitaria y que por tanto, no estaría bajo la administración de la comunidad sucesorial territorial de Ticnámar. No obstante, el administrador pro indiviso, aclaró que ese supuesto título es posterior al de la comunidad sucesorial, por lo tanto, sería una superposición de título, aclarando que no se oponen a proyectos para el pueblo, sino que a estos documentos de dudosa procedencia.

¿Quién es quién?

En medio de la batahola de papeles legales e históricos, y detrás de "la noticia del día", aparece la comunidad indígena aymara de Ticnámar, que reclama sus derechos sobre los territorios comunitarios, es decir, que se les reconozca legalmente su calidad de comuneros tal como los tribunales chilenos se la han concedido a los integrantes de la comunidad sucesorial.

Esta disputa no es reciente, ya el cronista local, Renato Aguirre* relató que "aunque sus tierras habían sido arrebatadas quién sabe con qué artilugios por los caucásicos, en 1758, el "común de indios del Pueblo Tignamar" le compra a un par de godos, "para todo el tiempo y por siempre jamás", tres "guaicos de tierras" (cursos de ríos): Amachuma, Tumaya y Putawa. Como en 1903 seis comuneros protocolizan la compraventa y la inscriben como Escritura Pública en la Notaría de don Jovino Troncoso a nombre del delegado "y el común de indios del Pueblo de Ticnamar" (fojas 187 y Nº173), se configura una forma de posesión territorial que el capitalismo chileno no conoce: el ayllu. Para mayor abundamiento, en 1909 se inscribe la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces y hasta se reinscribe la propiedad en 1944".

Es así, entre tanta inscripción y reinscripción el Estado chileno en una evidente política de 'desaymarización', fue desarticulando las entidades territoriales originarias. Y figuras como "común de indios" no son descritos en legislación alguna.

Según la administración pro indivisa, al momento de regularizar la sucesión territorial, de acuerdo a antecedentes históricos –acreditación de parentesco, archivos parroquiales, etcétera- y legales –títulos de propiedad-, lograron comprobar que de los seis troncales que se decía existir en registros históricos, sólo cuatro eran originarios de la comunidad. Por tanto, de acuerdo al Código Civil chileno en relación a hacer efectiva la posesión de bienes de más de un propietario, los herederos de los territorios comunitarios son los descendientes de los cuatro comuneros. Siendo esta determinación últimamente zanjada en los tribunales chilenos.

No obstante, la Comunidad Indígena de Ticnámar, autoproclamados como descendientes del común de indios, dicen que ello/as también tiene derechos sobre los territorios comunitarios, ya que el documento colonial junto con mencionar a Diego Apaza -que habría sido alguna autoridad indígena en su momento-, están el "común de indios", siendo válido su título también. Sumado a ello que la normativa ancestral reconocida por organismos internacionales atribuye la propiedad a los originarios, previos a la existencia de la república.

Cabe mencionar, que en demostrar quiénes son los "verdaderos" dueños del territorio, se han pasado décadas y décadas los ticnameño/as en distintas salas de la Corte de Apelaciones de Arica, significando inversiones millonarias en abogados para los litigantes, que en ocasiones ha marcado la diferencia entre uno y otro sector; como el acceso y manejo de la información, es decir, conocimiento y aplicación legal; cómo, cuándo y dónde recurrir para ejercer derechos.

Y aunque la administración de la sucesión territorial señaló que en su momento se les aviso a todos que regularicen sus títulos antes de hacer efectiva la herencia; la comunidad indígena negó que se les avisara directamente, es más aseguran que todas las acciones han sido entre cuatro paredes y ellos se han encontrado con las sorpresas en tribunales.

Ante tal escenario, el Estado pareciera "lavarse las manos", cuando estos conflictos fueron generados justamente en el intento de chilenizar la propiedad indígena, quedando en evidencia la inexistente legislación nacional para este tipo de casos, que no son aislados, ya son conocidos los "enredos" por el SNASPE en Chungara y las carreteras en General Lagos.

Sólo consideremos los datos del Ministerio de Bienes Nacionales, que dicen que en la provincia de Parinacota, comuna de General Lagos, las tierras aymaras representan el 95% de la superficie comunal y en Putre, son el 45%. Mientras que en la provincia de Arica, comuna de Camarones, representan el 10%.

Por consiguiente, aunque para un sector, es posible reconstituir el territorio ancestral sabiendo usar la legalidad chilena actual y enfrentar al Estado con sus propias leyes; para otros es necesaria la ratificación de instrumentos internacionales, como el Convenio 169 OIT –que reconoce propiedad de territorios y recursos naturales a los pueblos indígenas, entre otros aspectos- y así reivindicar derechos ancestrales existentes previos a los estados y no supeditar a los indígenas a leyes de una nación impuesta.

Leyla Noriega Zegarra

01 marzo, 2007

Busca una sicología para niños aymaras


La Estrella de Arica, Jueves 1 de marzo de 2007

Investigadora de la UTA, Liza Lagos Araya, desarrolla novedoso enfoque

La sicóloga de la UTA, Liza Lagos, desarrolla un completo estudio a partir de un doctorado en Genética Humana y Biología Molecular, dictado por la Universidad Autónoma de Madrid.

"Las pruebas que se han usado a nivel de salud mental no calzan. Uno no puede calzar a un niño con un manual, pero un niño no puede quedar fuera del sistema por ser de una etnia". Así concluye la sicóloga del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, Liza Lagos Araya, el primer horizonte de un completo estudio multidisciplinario sobre la etnia aymara.

A partir del doctorado en Genética Humana y Biología Molecular, dictado por la Universidad Autónoma de Madrid y con la asesoría del Premio Nacional en Ciencias, Francisco Rothhammer, la sicóloga temuquense, radicada en Arica, estudia a un grupo de 200 niños y jóvenes aymaras, del Liceo C-3 de Putre y el Liceo Agrícola Abelardo Núñez, en el contexto del sistema educacional occidentalizado.

A través de diferentes pruebas de distintas disciplinas, el material sicológico aplicado arrojó más de alguna sorpresa. Los manuales de diagnostico para el Síndrome de Déficit Atencional, sin o con hiperkinesia, incorpora criterios que se supone calzan de manera universal.

Sin embargo, en las conclusiones preliminares de la primera parte de la investigación, arroja reflexiones como que los niños y jóvenes aymaras poseen a nivel emocional un discurso y movilización característica "ni mejor ni peor, pero muy diferente a lo que tenemos en el sistema occidentalizado".

Es por eso que a partir de esos primeros atisbos, se advierte que si bien la sicología y la siquiatría utilizan manuales diagnósticos donde se considera la caracterización de fenómenos visibles (síntomas) que constituyen ciertas enfermedades o fallas, no hay estudios para resolver si existen o no diferencias asociadas a variables socioculturales.

A juicio de la sicóloga, la falencia estaría en el sistema, en el cual ya existen los métodos para tipificar una enfermedad, pero siempre desde una perspectiva occidentalizada.

En la titánica investigación que considera una numerosa muestra y la aplicación de manuales diagnósticos, han colaborado desinteresadamente académicos y alumnos de distintos niveles de la carrera de Sicología de la UTA.