 La legitimidad de un sistema de gobierno –y de las fuerzas que lo ejercen– se origina en un acuerdo social. Legítimo fue aquel que condujo al país al plebiscito que supuso el fin de la dictadura; por lo menos dudas surgen luego y a partir de las elecciones que iniciaron el "proceso concertacionista" –porque se negoció y se tomaron compromisos a nombre del pueblo de Chile.
¿Qué legitimidad, pues, tiene un edificio institucional cuyas bases son la mentira y el secreto?
Nada de lo que se relata a continuación está enterrado en el pretérito; al contrario, son espectros que se guardan muy bien en el armario que custodian –con celo– la Concertación y la Alianza por Chile. Como en tantos otros asuntos, fue la revista Punto Final la que develó esta realidad indigna.
Fred Bennetts*
I. Encubrimientos
El Estado de Chile, al participar en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO , se comprometió a "preservar y difundir documentos que ayudarán a Chile y a otros países entender y superar un pasado marcado por la violación sistemática de los derechos humanos." No está cumpliendo sus obligaciones con la comunidad internacional ni tampoco a sus propios ciudadanos. Sucesivos gobiernos de la democracia chilena han permitido que un proceso de encubrimiento que se inició con la Comisión Rettig continúe hasta el día de hoy.
Se ha destapado recientemente un caso paradigmático de este proceso. Centrado en la V Región , sus implicaciones son de envergadura nacional, abarcando:
– La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A pesar de su importancia histórica, la Comisión ha sido una fuente de datos envenenada. Uno de sus comisionados lo utilizó para manipular informes, hacer desaparecer testimonios, ocultar crímenes que debían haberse denunciado a la justicia y reducir a la mitad el numero de victimas estimado por el equipo de abogados de la Comisión.
– La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH). Un informe de la Comisión del año 1986 hizo un balance de los detenidos desaparecidos en la V Región , identificándolos todos, a base de entrevistas con sus familiares. Una copia fue entregada a la Comisión Rettig en 1990 y poco después las demás copias fueron robadas. El Informe Rettig identificó 29 detenidos desaparecidos en la V Región. El Informe de la CCHDH –a lo cual el Informe Rettig no hizo referencia –los había cifrado en 89.
– Las primeras pruebas tangibles de lo que se trató de ocultar: el hallazgo en los últimos meses de los cuerpos de personas asesinadas y enterradas clandestinamente por la Armada que nunca habían sido "contabilizados" oficialmente.
En cuanto a la Comisión Rettig , no se les puede culpar a sus miembros el hecho de que no identificasen públicamente los responsables de los crímenes investigados: no tenían autorización para ello. Sin embargo, sí tenían la obligación de denunciar a la justicia a todos esos responsables y eso tampoco lo hicieron. Permitieron, además, que un comisionado suyo actuara de forma desleal en connivencia con el entonces comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez Busch.
El protagonista principal del encubrimiento ha sido Gonzalo Vial Correa, comisionado de la Comisión Rettig , y la prueba directa de su culpabilidad acaba de conocerse. Se ha encontrado dentro del Archivo Rettig el informe preparado por Pedro Aylwin Chiorrini, el abogado responsable del equipo investigador de la V Región , que fue sujeto a extensas manipulaciones antes de ser publicado en el Informe Rettig. Las anotaciones al informe original, escritas a mano, fueron de la autoría del Comisionado Vial.
En una entrevista antes de que fuera encontrado su informe en los Archivos Rettig, el abogado Aylwin dijo que se había sentido "deslegitimado" por el Comisionado que revisó su texto. No quiso identificarlo, alegando razones de ética profesional.
El Informe Rettig en su parte introductoria trató con deferencia a la Armada, alegando que habían respondido a todas las solicitudes de la Comisión y que habían enviado material "de gran utilidad". Para no poner en duda esta afirmación había sido necesario suprimir una parte del texto del abogado Aylwin que indicaba justo lo contrario. Aún más grave, se hizo desaparecer el acta de una entrevista en que un alto mando, capitán de navio Carlos Fanta, denunció actos que comprometían a la Armada.
Los antecedentes expuestos en otra acta, inculpatoria del almirante (r) Guillermo Aldoney, no fueron denunciados por la Comisión y hasta el día de hoy no han sido transmitidos a la justicia.
 Gonzalo Vial es abogado, historiador y periodista. Fue uno de los redactores del Libro Blanco del régimen militar, que adujo entre las justificaciones del golpe la existencia del legendario Plan Z; se basaba en documentación espuria facilitado por la Armada. Más tarde Vial fue designado Ministro de Educación dentro del gobierno militar. Su nombramiento por el presidente Aylwin a la Comisión Rettig se debió a motivos puramente políticos, para complacer al comandante en jefe Pinochet, quien años más tarde, haciendo referencia a los miembros de la Comisión, diría: "el único que se salvaba era Gonzalo Vial que había sido Ministro mío".
Con tales antecedentes resulta particularmente difícil entender como Gonzalo Vial pudo ser nombrado en 1999 a la Mesa del Diálogo, a no ser que la invitación fuera atribuible al papel destacado de la Armada en promover esa iniciativa. Esa persona que había ocultado información referente a los detenidos desaparecidos dentro de la Comisión Rettig, no tuvo reparos en aseverar que el tema primordial de la Mesa del Dialogo debía ser:
"...Ubicar y entregar a las familias los restos mortales del mayor número de detenidos desaparecidos que sea posible (...) Y respecto de los que no sea posible, establecer y proporcionar a las familias la fecha, el lugar y las circunstancias en que murieron".
Aún más incongrua fue la designación de Gonzalo Vial por el Presidente de la República al Consejo de Defensa del Estado. Esa entidad tiene la misión de contribuir "a la mantención del Estado de Derecho" y "defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado de Chile". Como Abogado Consejero fue inamovible en el cargo hasta cumplir los 75 años en 2005.
Hoy en día Vial es profesor de Historia de Chile en la Universidad Finis Terrae, vinculada con el fundamentalismo católico de los Legionarios de Cristo Rey. Además, entre otras actividades, es columnista de La Segunda. Ese diario hace pocos meses publicó un extenso artículo sobre el funcionamiento interno de la Comisión Rettig en que se indicó que la redacción final de la mayoría de los textos que componían el Informe Rettig eran de la autoría de dos personas, uno de ellos Gonzalo Vial.
Dentro del Ministerio del Interior es la División Jurídica que guarda celosamente el Archivo Rettig, sólo proporcionando a sus colegas del Programa de Derechos Humanos (PDH) una documentación selectiva. En consecuencia el PDH ni siquiera ha podido cumplir con su obligación legal de proveer, a petición de los jueces instructores, toda la documentación relevante sobre los casos de violaciones de derechos humanos.
Las denuncias a este respecto ante sucesivos subsecretarios de Interior no han tenido efecto. Sin embargo, las mismas denuncias, presentadas ante la Conservadora del Archivo Nacional, que custodia otra copia del Archivo Rettig, recibieron una contestación valiente. En una carta fechada cinco de noviembre de 2005 a los familiares del Padre Miguel Woodward, lamentó lo ocurrido y dijo:
"En lo que respecta a nuestra institución, nosotros colocaremos al pie de página de los inventarios remitidos por la Corporación (Justicia y Democracia), la advertencia que haga referencia a la carta que usted a hecho llegar al Archivo Nacional".
II. Los textos manipulados del Informe Rettig
Señalamos abajo únicamente esos cambios al informe del abogado Aylwin que fueron realizados por Gonzalo Vial. Otros cambios, realizados por uno de los ex-abogados de la Comisión , sólo tenían el fin de pulir el texto y asegurar su consistencia con el resto del Informe.
Los cambios señalados no se pueden explicar ni por esos motivos ni por una eventual falta de antecedentes. Eran, como queda evidente abajo, burdas manipulaciones que fueron realizadas a un texto que exponía datos comprobados por el equipo profesional. Su fin sólo podría haber sido ocultar y minimizar el papel de la Armada de Chile en los asesinatos y torturas que tuvieron lugar en esa zona.
Las falsificaciones empiezan, de una forma llamativa, en el primer párrafo del texto. Refiriéndose a la V Región , el abogado Aylwin había escrito:
"....se estudiaron 80 casos de graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus agentes".
En el informe definitivo, sin embargo, el texto dice lo siguiente:
"....la Comisión conoció 41 casos de graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición de detenidos, que comprometen la responsabilidad del Estado, por la actuación de sus agentes."
Más adelante se encuentra un rotundo "NO" escrito a mano al lado de la siguiente frase del abogado Aylwin: "....contrario a lo sostenido por ciertas autoridades navales entrevistadas, el buque escuela Esmeralda también sirvió como lugar de detención". La frase no apareció en la versión definitiva del Informe. Evidentemente, la persona responsable de ese cambio, aunque sabiendo que en otra parte del Informe se admitía que se torturó en la Esmeralda, no quiso que se pusiera en cuestión la colaboración recibida de la Armada.
En referencia a Tejas Verdes, el abogado Aylwin escribió: "En este campo...se vivió por parte de los detenidos la aplicación de un verdadero estado de guerra". Este comentario hizo que el Comisionado que revisó su texto cuestionara ese "calificativo".
El informe final no incluyó esa frase –tan significativa en el contexto de la aplicación de la Convención de Ginebra–. Tampoco incluyó un extenso párrafo que el abogado Aylwin había redactado sobre la aplicación de la Ley de Fuga. Éste terminaba con la frase "Se conocieron en la Región 40 casos de muerte que se pueden incluir en esta categoría".
El caso del padre Miguel Woodward fue tratado por el abogado Aylwin en el último párrafo de su texto de la siguiente forma:
"......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto del lamentable estado físico en que se encontraba. Son circunstancias de convicción de lo anterior las siguientes: la autoridad naval reconoció su detención; se acredito el hecho de haber sido torturado; fallece en el Hospital Naval, habiendo llegado desde el Molo de Abrigo, lugar done tuvo que dársele atención médica por parte de un médico de la Armada ; la causa de la muerte es "paro cardio-respiratorio" producto del lamentable estado físico en que se encontraba".
En el Informe Rettig definitivo, sin embargo, se lee:
"......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio", producto del lamentable estado físico en que se encontraba. Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo torturaron en su lugar de detención".
El hecho de que fuera eliminado la frase que empieza con "....la Autoridad naval reconoció..." adquiere un significado especial al conocerse las peripecias (referidas arriba) por lo que pasaron las dos actas de entrevista en que se basaba. Esas actas, hasta el día de hoy, no han sido entregadas en su forma original a la justicia.
El resto del material que se ha encontrado en el Archivo Nacional consiste de información entregada a la Comisión Rettig por la Vicaria de Solidaridad actuando como coordinadora de varias organizaciones de derechos humanos en ocho ciudades de la Región. Incluye datos precisos sobre las personas responsables de la muerte o desaparición de víctimas.
Tras resumir los delitos denunciados, los informes añaden, en la mayoría de los casos, "se sugiere a la Comisión lo siguiente" seguido por varias peticiones que debían ser dirigidas a las autoridades militares. Extrañamente, sin embargo, y a pesar de que la Vicaría y el Equipo de Atención Jurídica del Arzobispado de Santiago ofrece a la Comisión "los documentos jurídicos que los fundamentan", ninguna de las denuncias dio como resultado final que el caso fuese denunciado a la Justicia.
Con el paso de los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave daño que ha sido causado por los encubrimientos iniciales. Se supo en 2006, por medio de Luis Bork, el antiguo Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en el año 1986 ese organismo elaboró un balance de detenidos desparecidos en colaboración con los familiares de las víctimas. Fueron identificados nada menos que 89 personas..
Una copia de ese informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990 y, poco después, todas las restantes copias fueron robadas al ser saqueada la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados en esa ocasión la totalidad de los archivos de la CCHDH incluido expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía Naval y los Juzgados Navales. En ese entonces se sospechaba que los responsables estaban vinculadas a la propia CCHDH. Hoy en día, conociendo la presencia en la Comisión Rettig del Comisionado que traicionó su juramento, hay que formularse otra hipótesis.
 III. Los crímenes institucionales de la Armada de Chile
Los datos "oficiales" de las víctimas en la V Región, los que fueron reconocidos por el Estado, provienen del Informe Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dan como detenidos desaparecidos a 36 personas.
En los últimos tiempos, sin embargo, se ha comprobado que la cifra real de detenidos desaparecidos es muchísimo más elevado. Así se desprende de otros informes que han sido deliberadamente ocultados, el reciente hallazgo de cuerpos de personas que fueron asesinadas y no "contabilizadas", las declaraciones de testigos que asistieron a los entierros de otros cuerpos y la propia documentación de la Armada.
En cuanto a este último punto, la Armada, aunque reconociendo en privado que existía documentación comprometedora, alega que todo fue destruido "en la época del Almirante Merino". Sin embargo, les ha traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los guardias de instalaciones navales y otros funcionarios sujetos a disciplina militar.
Los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos desaparecidos asesinados clandestinamente por la Armada pasaron por varios caudales. En cada caso, como se demuestra abajo, las acciones criminales eran sistemáticos y la responsabilidad institucional de la Armada era claro. Los altos mandos necesariamente estaban involucrados en planificar y coordinar la represión dentro de la Armada y, evidentemente, en desarrollar la colaboración con la DINA –que dio sus resultados en la Operación Colombo y Operación Kiwi y en el Sumario A-637 de la Justicia Naval–.
En cuanto a los que murieron en el Hospital Naval tras ser detenidos, estaban registrados en el libro de guardia del Hospital y, por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a la falsificación de certificados de muerte y de inscripciones en el Registro Civil. Luego procedieron a la inhumación ilegal de los cuerpos.
Sin embrago, en el caso de la mayoría de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados, la ocultación de cuerpos resultó más facil. Muchos fueron enterrados clandestinamente en el Cementerio de Playa Ancha, que había sido ocupado por la Armada el mismo día del golpe. Tres testigos independientes han dejado constancia en los últimos años que vieron en aquellos días a marinos descargando cuerpos desde vehículos navales y enterrándolos en el cementerio.
El más reciente de estos testigos, un antiguo sepulturero del cementerio, dio testimonio judicial en enero de 2007 que en dos ocasiones había sido obligado a acompañar a varios marinos que descargaron unos cuerpos en el Cuartel 14 del Cementerio. Con los marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. En el caso de algunos, estaba claro que habían muerto por impacto de bala en el pecho. Uno de ellos aún sangraba.
No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos. Ocurre, sin embargo, que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros de distancia del sitio señalado por el testigo, aparecieron durante unas excavaciones las osamentas de unos 15 cuerpos sin identificar, encontrándose una vainilla a su lado.
La policía determinó que la vainilla era de un calibre utilizado por las fuerzas armadas pero, por un descuido, cuando los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal para su peritaje, ni la vainilla ni el informe balístico fueron entregados a los forenses. Además, no habían sido informados de la declaración del nuevo testigo sobre los entierros en una zona lindante ni se les había facilitado una declaración formal por parte del administrador del cementerio sobre el área del hallazgo. En esas circunstancias, y citando falta de antecedentes, los forenses no quisieron opinar sobre la data de las muertes y dejaron inconclusas las demás cuestiones planteadas.
En todo caso, no podrían completarse el cotejo de identidades hasta saber el numero real de detenidos desaparecidos de la V Región y quienes eran. Sería un paso previo necesario para ampliar el existente banco de muestras de ADN, lo que permitiría un peritaje forénsico adecuado.
En resumen, no sólo se ha permitido que siga teniendo un efecto nocivo la falsificación de la historia si no que, a cambio de ventajas políticas a corto plazo, se ha permitido que el falsificador penetre al corazón de las instituciones democráticas.
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* Licenciado en Historia por la Universidad de Oxford. Ha trabajado como consultor para la ONU y los gobiernos de Reino Unido, España, y Portugal. | |
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