El caso Palamara y la censura a su libro "Ética y Servicios de Inteligencia", puso sobre la mesa la fragilidad de la institucionalidad chilena en lo relativo a las libertades democráticas. Y en cierta medida, dejó claro que a pesar de haber superado su etapa autoritaria, todavía subsisten en Chile instituciones o "enclaves" que funcionan como si la dictadura aún existiera. El fallo de la Corte Interamericana para este controversial caso, en alguna medida respalda lo que prestigiosas instituciones independientes vienen sosteniendo desde hace años; como la Human Rights Watch, que en su informe oficial de 1998 señaló que "las restricciones legales a la libertad de expresión (en Chile) son más extensas que en ningún otro país democrático del hemisferio occidental".
LOS HECHOS
El 15 de febrero de 1993, Palamara, comentó a su jefe, el comandante de la tercera zona naval Hugo Bruna, que estaba a punto de distribuir un libro sobre ética e inteligencia. Bruna le expresó que para hacer esto, debía "seguir los cauces institucionales". Hacía alusión al artículo 89 de la ordenanza de la Armada, donde se prohíbe a sus miembros "publicar artículos que envuelvan una crítica a los servicios de la Armada", así como escritos que "se refieran a asuntos de carácter secreto".
A los pocos días, Palamara le hizo entrega a Bruna de cuatro ejemplares del libro, además de una carta. En ésta, junto con solicitar permiso, informaba del contenido de la publicación, aclarando que "no contenía ninguna información clasificada". El primero de marzo, el comandante Bruna comunicó a Palamara que el "Mando Naval" había decidido prohibirlo por estimar que su contenido "atentaba contra la seguridad y defensa nacional". Se le ordenó entregar todos los ejemplares. Palamara se negó. Bruna lo denunció inmediatamente ante el juzgado Naval de Magallanes, lo que originó el procedimiento penal N° 464 por desobediencia (por no acatar orden de no publicar) e incumplimiento de deberes militares (por publicar sin pedir autorización)
La noche de ese primero de marzo, un grupo de oficiales llegó fuertemente armado a su casa. "Se llevaron a mi marido (...) Incautaron los libros (...) se metieron en su computador y lo borraron todo sin que presentaran ningún papel que autorizara nada", declaró en el proceso su ex esposa, Anne Stewart. Sustrajeron, así mismo, toda la documentación que estaba en el sustrato argumental del libro: "Perdí el trabajo de una vida", dijo en entrevista con El Ciudadano, el exoficial de la Armada. Ésta se realizó en el Terranova, bar de Viña del Mar que administra y a donde ha ido a decantar sus días
Desesperados por acabar con todo rastro del libro, un grupo de marinos acudió a la imprenta Ateli, donde se habían impreso y encuadernado los 1.007 ejemplares de la cuestionada autoedición. Se llevaron la matricería electrostática y los discos donde estaba respaldado el libro, así como los pocos ejemplares que allí quedaban.
Al margen de lo procesal, Palamara fue marginado del mundo en el que se desenvolvía toda su vida de militar: le prohibieron a él y a su familia el ingreso a los recintos de la Armada, le quitaron la casa donde vivían, lo trataron de "traidor" y lo exoneraron de su empleo. Posteriormente, se vio imposibilitado de trabajar en su profesión de ingeniero naval, ya que la Armada le impuso un veto que fue respetado por las empresas navieras. Debió viajar a Viña del Mar, donde su madre le dio acogida. Todo esto, por pretender aportar una dimensión ética al trabajo de inteligencia.
EL LIBRO Y SUS CAPITULOS
Pero, ¿qué es lo que este libro revela, que originó un deseo tan insaciable de censura por parte de la Armada chilena? El Ciudadano, que tuvo acceso a "Ética y Servicios de Inteligencia", intenta dilucidar esta duda. Y lo hace apoyándose en un documento interno de la Armada: el informe pericial de censura, contenido en el documento Investigación Sumaria Administrativa (Reservado), Nº 1590; ordenado por la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval, con sede en Punta Arenas, y que se desarrolló entre marzo y mayo de 1993, en paralelo a la investigación llevada a cabo por la Justicia Militar. En el informe de censura se trasluce, así mismo, la ideología dominante en ésta rama de las fuerzas armadas chilenas, que se ha caracterizado históricamente por su férrea vinculación con la oligarquía y la derecha.
Haciendo historia, no podemos olvidar que fue la Armada la que encabezó la tentativa sediciosa que derrocó al gobierno progresista de José Manuel Balmaceda en 1891 y la que realizó los principales preparativos del golpe contra Salvador Allende en 1973.
El libro Ética y Servicios de Inteligencia, es un texto que da a conocer en forma pedagógica los objetivos, fundamentos y procedimientos de la inteligencia; filtrados desde una dimensión ética, sustentada en el respeto a los derechos humanos. Este libro no contiene información clasificada, ni secretos militares se basa exclusivamente en fuentes abiertas. Aún así, su contenido deja entrever un manejo acabado del autor de los sistemas de inteligencia, situación que hizo operar la censura, atentando contra la libertad de expresión del autor.
En el primer apartado, Palamara expresa que la inteligencia debe concentrarse exclusivamente en el conocimiento de las capacidades defensivas y actividades de las "potencias enemigas". Y señala que, "muchos clientes de inteligencia autoritarios o corruptos se oponen a que el personal se guíe por principios éticos, debido a que esto impone límites a su capacidad de servirse a su voluntad de la actividad de inteligencia". Esto, debido a que la inteligencia puede explotar las vulnerabilidades que las personas tienen para extorsionarlos o cortarles su carrera profesional o política. El informe reservado Nº 1590 dice en relación a esto: "Al abordar el tema de la búsqueda de la información, la crítica del autor apunta a los usuarios de la inteligencia, es decir al Alto Mando y sus superiores, calificando como poco ético la contrainteligencia interna. Con ello desconoce que el bien común de su nación o el de su institución están por sobre el bien particular de quienes pertenecen a ella". La Armada chilena, según estas críticas, parece aceptar como normal la inteligencia interna y el espionaje político.
En el capítulo dos del libro, se sostiene que el verdadero cliente de la inteligencia es el "pueblo"; hacia quien, en último término, deben dirigirse las lealtades. Bajo esta premisa, los jefes políticos y militares que demandan información de inteligencia -al igual que todas las autoridades democráticas-, serían subordinados de este "pueblo soberano", por lo que la inteligencia que manejan la deberían utilizar teniendo como horizonte el bien común de la nación. Expresa también, que los delitos contra la humanidad no se justifican por el hecho que el ofensor haya actuado cumpliendo órdenes de un superior. "Este principio, que siempre ha existido en la ley civil, a partir de los juicios de Nüremberg (ha sido) integrado paulatinamente por los estados, como parte de sus leyes militares". Estas interpretaciones son rechazadas por los autores del informe pericial de censura, quienes en el punto 12 expresan: "Desconoce –Palamara- la estructura jerarquizada de las FFAA y la delegación de autoridad de la cadena de mando, así como el concepto de lealtad entre el subalterno y el superior, sustento de la cohesión vertical en toda institución castrense". El informe reservado cuestiona que se desconozca la verticalidad del mando, aún en casos en que las órdenes emanadas constituyan crímenes de lesa humanidad.
Citando el artículo 5 de la declaración universal de los derechos humanos, que sostiene que, "nadie será sometido a torturas y tratos crueles o degradantes", Palamara describe la forma en que a su entender los interrogatorios pueden ser un instrumento efectivo de obtener información sin que para ello se recurra a la tortura, "Es conveniente que en (ellos) participen las personas que al interior de la organización de inteligencia tengan mayores conocimientos respecto del enemigo, debido a que es el mecanismo más efectivo para determinar si el prisionero está aportando información verdadera. Por lo demás es el más ético", señala.
En el capítulo tres, propone un código de conductas para los espías, que está destinado fundamentalmente a proteger a los informantes. En él se señala que el espía debe ser "el confesor y el paño de lágrimas de su informante", si este se angustia por haber "vendido" a su patria. Dice que un espía nunca debe delatar a sus informantes aunque estos se nieguen a continuar entregando información, y que no debe involucrarse sentimentalmente con ellos; porque se corre el riesgo de pasar de manipulador a manipulado. La "censura" estima que éste código es de "dudosa aplicabilidad".
En el capítulo final, que trata sobre la guerra sucia, que es el más extenso y político del libro, Palamara señala que,"han sido los servicios de inteligencia quienes han debido soportar gran parte del esfuerzo de la guerra sucia, arriesgando la vida de sus hombres y su prestigio, en una actividad que; como su nombre lo indica, la ética ha sido relegada a un segundo plano". Respecto de éste tema, Palamara dijo al proceso que "desgraciadamente los militares dieron la razón a las interpretaciones marxistas que señalaban que las fuerzas armadas son un instrumento de la burguesía para someter al proletariado". Y lo dice con un dejo de angustia, puesto que a su entender los militares "deben representar al pueblo, porque de él provienen", expresa.
ODIO NAVAL AL MARXISMO
El ex agente dice que,"si bien la Doctrina de Seguridad Nacional fue el marco de referencia en donde se produjeron las violaciones a los derechos humanos, fue el antimarxismo la ideología que los legitimó". Dice que esta posición política busca "la neutralización del marxismo mediante su total exterminio". Y agrega,"esta ideología es propugnada por individuos cuya personalidad se caracteriza por un profundo complejo de inferioridad y por tener simpatías con ideas nazistas". El informe secreto señala en relación con esto que Palamara, "descarta el deber de luchar contra el error marxista con el uso de la recta razón". Y agrega que el autor se ubicaría "en una posición a lo menos transigente con el marxismo y contraria al mercado", señalando también que "desconoce la necesaria acción del pronunciamiento militar chileno del 11 de septiembre de 1973".
El documento censurador, señala en sus conclusiones que "lo más grave es que su autor demuestra el haber sufrido un proceso de desafección de los principios valóricos institucionales y una profunda asimilación de un humanismo cristiano pacifista y transigente con el marxismo, por encima de la tradición naval de amor a la patria, defensa a la Nación y servicio al Estado. Su peor defecto es carecer de lealtad con sus superiores y subalternos al amparo de una autoimpuesta obligación ética."
LA VOZ CENSURADA
Consultamos a Palamara, cómo se explica que un libro que intenta proponer pautas éticas, pudo ocasionar una reacción como la de la Marina, y nos cuenta,"Mi trabajo fue mal entendido por la Armada. ¿Por qué? Porque tenía un pasado de violaciones a los derechos humanos, y las personas que estaban dirigiéndola habían sido parte de este proceso y se sintieron vulneradas". Dijo que otra de las razones que contribuyó a que la Armada no quisiera que se conociera el contenido de este libro es que éste señala, en su capítulo 3, que un agente de inteligencia y un militar no está obligado a cometer un crimen, aunque un superior se lo ordene, y que lo que corresponde es desobedecer ese mandato.
Respecto de las motivaciones centrales que lo animaron expresó, "La razón de mi libro radica en que siempre la inteligencia se ha hablado de un modo muy doctrinario, pero no existía un libro donde fuera tratada de un modo ético... donde el agente sea ayudado a discernir. Y para que la persona que tiene que disponer (los jefes políticos y militares) sepa que hay un código ético, y que no por defender al Estado, pueda hacer lo que quiere. Esto, aprovechándose de la inteligencia".
EL FALLO DE LA CIDH
Chile solicitó tres prórrogas pero no llegó a presentar sus observaciones. En abril de 2004, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado del Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Francisco Cox, señaló en entrevista con El Ciudadano que Chile, "actuó con total despreocupación. Parecía que el tema no les importaba en lo absoluto". Cox señala que la negligencia en ésta materia llegó a tal nivel, que cuando se venció el plazo de la tercera prórroga, Chile se aprestaba a solicitar una cuarta, lo que no pudo hacer por entregar la solicitud un día fuera de plazo. La responsabilidad política de las negligencias y omisiones recaerían en el ex presidente Ricardo Lagos y en su canciller Soledad Alvear.
Durante el juicio, el Estado chileno enceguecido defendió lo obrado por la Justicia militar. Sostuvo que Palamara, al ser funcionario adscrito a la Armada y aunque fuera civil, era enjuiciable por tribunales castrenses. Negó que a Palamara se le haya vulnerado la libertad de expresión y desconoció que se le haya prohibido publicar el libro. Argumentó en este sentido que el autor alcanzó a comercializar 13 ejemplares. Y que fue de su responsabilidad la censura posterior que sufrió su libro, al no solicitar autorización previa, como lo estipulaba la ordenanza de la Armada. Chile también argumentó en su favor algunos avances legislativos que buscan cumplir con los requerimientos de la Convención Americana, como la aprobación en agosto de 2005 de la ley 20.048 que elimina la figura de desacato del Código Penal, aunque no del Código de Justicia Militar.
Estas explicaciones fueron consideradas insuficientes por la Corte Interamericana, la que recogiendo los argumentos de los "peticionarios" (demandantes) y de la CIDH, condenó a Chile. Y lo hizo por violar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión al imponer censura previa; por incluir en sus dispositivos legales, normas que atentan contra la libertad de expresión y por no haber adecuado su normativa interna a lo establecido por la Convención Americana. Asimismo, lo sancionó por haber vulnerado la propiedad privada de Palamara -al sustraerle libros y documentos- lo que infringe el artículo 21 de la citada Convención. El fallo, junto con ratificar las recomendaciones antes mencionadas hechas por la CIDH, ordena que se reduzca la competencia de la Justicia Militar.
Esto último, "fue lo más relevante del fallo", en opinión del abogado Cox. A su entender, a partir de ahora "y si Chile se toma en serio sus obligaciones internacionales", será muy difícil que un tribunal militar pueda juzgar a un civil. Debido a que la Justicia civil se sentirá inhibida de transferir causas a la justicia militar, con la facilidad que hasta ahora lo ha hecho. Sin embargo, Cox estima que para asegurar que injusticias como la ocurrida con Palamara, no continúen, es necesario que se reforme en profundidad la justicia castrense.
Francisco Marín
Fotos: Carolina Viveros
