Según la presidenta de la colectividad, Carolina Tohá, el gobierno podría darle un uso abusivo a la herramienta, realizando un seguimiento personalizado de las opiniones de los ciudadanos.
La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, anunció hoy que solicitarán que el Consejo de Transparencia y el Instituto de Derechos Humanos se pronuncien sobre el plan de monitoreo de redes sociales del gobierno.
El objetivo es que dichos organismos establezcan si esta decisión del Ejecutivo "atenta, restringe o amenaza las libertades públicas, la propiedad sobre los datos personales y la libre expresión de los ciudadanos".
"Nuestra objeción a esta política es por la posibilidad que se abre a que las autoridades de gobierno hagan un seguimiento personalizado de las opiniones de los ciudadanos, de sus relaciones y de sus desplazamientos geográficos. Un uso abusivo de esta información puede acarrear una situación de intimidación en los funcionarios públicos y en las personas que aspiren a serlo", explicó la dirigenta.
Tohá añadió que aún cuando el gobierno no pretenda dar un uso abusivo a esta información, "el sólo hecho que realice y anuncie este monitoreo tiene un efecto inhibitorio en las forma en que las personas se expresan en la web".
La líder del PPD sostuvo además que el desarrollo de esta estrategia de monitoreo financiada con fondos públicos es muy cuestionable, puesto que "los ciudadanos financiamos al Estado para que proteja nuestros derechos y proteja nuestras libertades y no para que vigile las formas legítimas en que las ejercemos".
Finalmente anunció que su partido va a propiciar que se reabra la discusión sobre la ley que regula el derecho a la intimidad, para que establezca un marco jurídico que proteja a las personas ante un uso indebido de información que les afecte.
El Gobierno, previa licitación pública y pago anual de 14 millones de pesos, contrató los servicios de la empresa BrandMetric para monitorear los comentarios en la web que tengan relación con su administración.
La vocera Ena von Baer explicó ayer que esta herramienta busca que "el Gobierno pueda ir respondiendo a las necesidades de las personas e ir ajustando las políticas públicas".
"No entiendo por qué se estaría vulnerando la libertad de expresión, por favor. Lo único que estamos haciendo y es lógico que el gobierno lohaga, es saber lo que opina la gente", aseveró la autoridad.
La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, anunció hoy que solicitarán que el Consejo de Transparencia y el Instituto de Derechos Humanos se pronuncien sobre el plan de monitoreo de redes sociales del gobierno.
El objetivo es que dichos organismos establezcan si esta decisión del Ejecutivo "atenta, restringe o amenaza las libertades públicas, la propiedad sobre los datos personales y la libre expresión de los ciudadanos".
"Nuestra objeción a esta política es por la posibilidad que se abre a que las autoridades de gobierno hagan un seguimiento personalizado de las opiniones de los ciudadanos, de sus relaciones y de sus desplazamientos geográficos. Un uso abusivo de esta información puede acarrear una situación de intimidación en los funcionarios públicos y en las personas que aspiren a serlo", explicó la dirigenta.
Tohá añadió que aún cuando el gobierno no pretenda dar un uso abusivo a esta información, "el sólo hecho que realice y anuncie este monitoreo tiene un efecto inhibitorio en las forma en que las personas se expresan en la web".
La líder del PPD sostuvo además que el desarrollo de esta estrategia de monitoreo financiada con fondos públicos es muy cuestionable, puesto que "los ciudadanos financiamos al Estado para que proteja nuestros derechos y proteja nuestras libertades y no para que vigile las formas legítimas en que las ejercemos".
Finalmente anunció que su partido va a propiciar que se reabra la discusión sobre la ley que regula el derecho a la intimidad, para que establezca un marco jurídico que proteja a las personas ante un uso indebido de información que les afecte.
El Gobierno, previa licitación pública y pago anual de 14 millones de pesos, contrató los servicios de la empresa BrandMetric para monitorear los comentarios en la web que tengan relación con su administración.
La vocera Ena von Baer explicó ayer que esta herramienta busca que "el Gobierno pueda ir respondiendo a las necesidades de las personas e ir ajustando las políticas públicas".
"No entiendo por qué se estaría vulnerando la libertad de expresión, por favor. Lo único que estamos haciendo y es lógico que el gobierno lohaga, es saber lo que opina la gente", aseveró la autoridad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario