Aunque los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema dictaron castigos para los cinco ex agentes que conformaban el grupo, la figura jurídica fue la misma que vienen aplicando en los últimos tres años: penas que no superan los cinco años de cárcel, equivalente al presidio menor en su grado máximo.
Con ello, los magistrados dejan a los sentenciados dentro del rango de penas para concederles el beneficio de cumplir la condena bajo el régimen de "libertad vigilada". En el fondo, "los asesinos de nuestro hermano quedaron libres", concluye Fahra Nehgme, hermana de Jecar.
Es el mismo sabor a impunidad que dicen sentir familiares de las víctimas de la dictadura que han enfrentado este criterio jurídico compensatorio. O derechamente "arbitrario, ilegítimo y vergonzoso", como más de una vez lo ha calificado la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
Las penas por el caso de Jecar Nehgme venían bajas desde que el ministro Hugo Dolmestch (hoy integra la Sala Penal), que instruyó la investigación, dictó la sentencia de primera instancia. Luego, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones las mantuvo bajas.
En el 80 por ciento de las causas por violaciones de los derechos humanos, resueltas en última instancia por la Sala Penal, las "supremas rebajas" ocurren allí. Nadie aclara mucho por qué. Sus integrantes estrujan los códigos para fundamentar las resoluciones.
Para los abogados querellantes como Nelson Caucoto, Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra o Boris Paredes, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, con ese criterio los jueces violan los tratados internacionales comprometidos por el Estado de Chile, para perseguir efectivamente los crímenes de lesa humanidad.
Todo esto cobra mayor relevancia para los querellantes, especialmente cuando los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, defensores a ultranza de la amnistía y la prescripción de estos crímenes, encuentran un tercer voto para inclinar la balanza (son cinco magistrados) a favor de la absolución plena de los delincuentes. Pero el clamor no traspasa los muros de la ya, hace tiempo, remozada Sala Penal.
Alguna vez, un magistrado de ese tribunal confidenció en privado "y jamás lo diré en público", que "ya han pasado muchos años y el dolor ha sido grande, entonces es hora de empezar a compensar y cerrar heridas". Una suerte de reconciliación.
Si a esa opinión se suma que, desde hace un corto tiempo, la actual Sala Penal viene acogiendo la tesis jurídica de aceptar, dentro de la causa criminal, la demanda civil para otorgar una reparación económica a los familiares por el daño moral causado, el cuadro se ve más claro.
"Reparación económica para las familias, pero bajas penas para los criminales, esa es la doctrina Dolmestch, que se viene imponiendo", expresa el abogado Hugo Gutiérrez.
La aceptación de conceder esta reparación monetaria, contradice el criterio jurídico de otra instancia de la Corte Suprema, la Tercera Sala Constitucional. Cuando a esta instancia le ha correspondido fallar acerca de este tipo de demandas civiles, para reparar a los familiares, invariablemente resuelve que la acción civil invocada prescribe cuatro años después de producido el hecho por el cual se invoca.
LA OTRA SENTENCIA
"Estas decisiones arbitrarias enlodan más al Poder Judicial, de escasa credibilidad en la ciudadanía. Pero en esta búsqueda, Jecar y los miles de ejecutados y desaparecidos gozan de buena salud. Su semblanza se fortalece en la injusticia. Nuestros muertos son héroes en la esperanza de una vida distinta. No perdonamos a los criminales y denunciaremos esta decisión judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Es la otra sentencia de la familia Nehgme Cristi que el viernes anunció que recurrirá al tribunal internacional para que su máxima instancia, la Corte, vuelva a condenar al Estado de Chile por la denegación de justicia del Poder Judicial, en un crimen de lesa humanidad. Ya sucedió, el pasado 26 de septiembre de 2006 respecto del militante comunista Luis Almonacid Arellano, asesinado en septiembre de 1973.
Si bien el Estado chileno fue condenado por primera vez en 2006 por no hacer justicia en un crimen contra la humanidad, la Comisión Interamericana, instancia previa al dictamen de la Corte, ha demandado al menos en tres oportunidades a Chile para que respete la legislación penal internacional, a la que se encuentra obligada a través de tratados y convenciones firmados y ratificados.
LAS DOS ALMAS
En la edición del 1 de septiembre de 2007, LND publicó un artículo titulado "Supremas rebajas", acerca del mismo conflicto.
En esa crónica, el abogado Nelson Caucoto manifestaba que "el actuar de estos magistrados se debe a que están por dictar condenas simbólicas, para que nadie pueda reprocharles que no sancionaron los delitos de lesa humanidad. Pero esta es una muy mala señal, porque se pierde el verdadero valor de la vida y la libertad". Caucoto es querellante en la causa por el crimen de Jecar Nehgme.
Son las dos almas de la Sala Penal: la de la absolución total de los criminales por la vía de la amnistía o la prescripción que defienden los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura, buscando siempre el voto que les falta para triunfar con su tesis absolutoria que a veces logran; y, por otra parte, la "compensación benefactora" del resto. Matices más o menos.
Pero ahora las "excelentísimas señorías" (término con el cual los abogados deben referirse a los ministros, en estrados) se verán confrontadas a un problema no menor: qué hacer con las durísimas condenas dictadas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ratificadas íntegramente el jueves último por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
De esos nueve sentenciados, tres están ya en prisión cumpliendo otras condenas, incluyendo a Manuel Contreras. Pero sería la primera vez que, por ejemplo, el coronel (R) José Zara (aquel que acuñó la frase de los "corvos acerados" en defensa de Pinochet), o el escurridizo coronel (R) Christoph Willikie, un "as" poco conocido del crimen organizado, o el ex jefe de la temible Brigada Lautaro de la DINA, Juan Morales Salgado, quedarían definitivamente bajo la custodia de Gendarmería.
La rebaja considerable de estos castigos, por parte de la Sala Penal, sería una fuente vital y segura de un largo conflicto que tendría además ribetes internacionales.
Algunos se preparan ya para sondear qué destino podría tener en el Parlamento acusar constitucionalmente a los ministros de este tribunal.
Por otro lado, mantener estas duras penas y mandar a la cárcel a los autores del doble homicidio del matrimonio Prats Cuthbert, sería para otros un signo de que estos jueces esta vez no se atrevieron a meterse con la memoria del comandante en jefe del Ejército asesinado por la DINA.
La teleserie de la Sala Penal de la Corte Suprema continuará después de los abrasadores calores estivales de Santiago.
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