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El fallo, que se conoce pocos días después de la inspección del buque de la Armada, ordena a Eliana Quezada terminar las causas el 31 de diciembre, sin importar su estado de avance.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la jueza Eliana Quezada, quien investiga casos violaciones a los derechos humanos a bordo del Buque Escuela Esmeralda, cerrar los procesos el 31 de diciembre, aunque las indagatorias no han terminado, informaron fuentes judiciales.
"No podemos entender esta resolución del pleno de la corte de la ciudad, porque va en contra de todo sentido de justicia", afirmó Enrique Núñez, presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de Valparaíso.
"Solo podemos comprenderlo porque suponemos que la Armada presionó a estos jueces (Apelaciones de Valparaíso) para que dicten esa decisión, ahora que la jueza está avanzando en las investigaciones sobre lo que ocurrió a la Esmeralda", manifestó el dirigente.
Según explicó Núñez, este martes, junto a una delegación de ex víctimas de la dictadura militar (1973-1990), concurrirán a la corte porteña para protestar por la resolución del pleno y solidarizar con la magistrado por las amenazas de muerte que recibió y por la que ahora cuenta con protección policial.
El dirigente adelantó además su intención de recurrir ante el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, para que derogue la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En tanto, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentó un escrito ante el tribunal de alzada de Valparaíso en el cual se señala que el cierre de la investigación de lleva Quezada es "ilegal y arbitraria" porque, entre otras cosas, viola el Derecho Penal Internacional.
La jueza Quezada, quien el miércoles de la semana pasada inspeccionó la Esmeralda, investiga el asesinato del sacerdote británico Miguel Woodward, preso y torturado a bordo de la nave tras el golpe militar de 1973.
El sacerdote fue detenido por personal de la Marina en octubre de 1973 y, según consta en el proceso, fue torturado y asesinado a bordo del navío, que durante algunas semanas fue utilizado como cárcel de prisioneros políticos.
Organismos de derechos humanos de la región de Valparaíso expresaron su "extrañeza" por la decisión de la corte de cerrar los procesos precisamente en el tiempo en el que la jueza ha avanzado en las investigaciones y prepara los procesamientos en contra de oficiales retirados de la Armada por el caso del sacerdote Woodward. (EFE)
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