Las vallas de Oklahoma

Actualizado 2:00 A.M. (hora local)

La Habana, sábado 1 de diciembre de 2007. Año 11 / Número 332

Lianet Arias Sosa

Más de 1 000 kilómetros de doble vallado entre Estados Unidos y México no fueron suficientes; tampoco la idea "brillante" de algún ingenioso que quiso, a tono con los tiempos de Internet y lo cíber, crear un "cerco virtual" para controlar el flujo de inmigrantes hacia el Norte. En días pasados, Oklahoma puso en práctica una iniciativa más, incluida por muchos entre las medidas de mayor impacto contra los indocumentados en Estados Unidos.

La Ley HB 1804 prohíbe transportar o acoger a los que no tienen documentos legales. Rentarles un domicilio podría terminar costando entre 1 000 dólares de multa y un año de prisión.

En ese Estado norteño, las empresas están obligadas a velar por la situación migratoria de sus empleados, pues la Disposición impide a los aludidos trabajar; y solo en casos de emergencia, podrán acceder a los favores del gobierno en lo que concierne al bienestar social y a la salud.

Las barreras impuestas a todo indocumentado para satisfacer sus necesidades básicas en Oklahoma, arrojan luz sobre la finalidad de la Ley; aunque el gobernador republicano del lugar, Brad Henry, asegure que solo se trata de una vía temporal para lidiar con el problema de los inmigrantes ilegales. La "solución", por el momento, obligó a más de 30 000 personas a abandonar el Estado.

Frente a la ausencia de una reforma migratoria nacional que resuelva el destino de 12 millones de ilegalizados, el costo humano de la Ley aprobada en Oklahoma es innegable. Sin embargo, el sector empresarial, sobre todo el de los servicios, expresó su preocupación al gobernador en torno a los efectos económicos de la medida, especialmente la posible escasez de mano de obra y su encarecimiento.

Aunque existen más de 300 organizaciones antinmigrantes en la América norteña y varios estados han aplaudido con no poca candidez los bríos discriminatorios de Oklahoma, mueve a la risa triste que un contratista involucrado en la fabricación del cerco entre San Diego (California) y Tijuana pagara en diciembre pasado casi cinco millones de dólares por emplear a trabajadores indocumentados.