Habitualmente se entiende el ejercicio del Gobierno como el ejercicio de equilibrar los objetivos de los distintos grupos de presión en la sociedad tanto entre sí como en relación a ese concepto casi abstracto que es el bien común, pero ello supone que todos los estamentos tienen la misma capacidad para ejercer presión.
Un claro ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con los distintos gremios del transporte y sus exigencias por obtener compensaciones a raíz del aumento en el precio de los combustibles. Los camioneros hicieron un paro de dos días y bastó con la amenaza de una prolongación indefinida para que el Gobierno cediera con la buena voluntad que no había querido mostrar pocas horas antes. Luego, y antes de la posibilidad siquiera de una paralización, se entregó otro beneficio para los colectivos. A la locomoción colectiva no es necesario darle nada porque ya está funcionando con uno de los subsidios más altos de la historia nacional a través del Transantiago.
¿Y los automovilistas particulares? Nada, por la simple razón de que no tienen capacidad de presión. Al margen de la validez técnica de asignar recursos a unos y no a otros, lo que ha primado es el criterio político de mantener el orden social y evitar el descontento popular. Eso es política y no economía, aunque se disfrace con argumentos técnicos de difícil comprensión para el público.
Sin embargo, de lo que no se da cuenta la ciudadanía es que las personas comunes tienen la más poderosa arma de presión de todos los grupos y si no la utilizan es por la sencilla razón de que carecen de la organización para actuar con eficiencia, y eso demuestra que la ciudadanía no tiene la madurez necesaria para actuar como contrapeso frente al Estado, limitándose a concurrir a votar cuando se la invita a ello.
La ciudadanía olvida que las autoridades son sus empleados, ellos están mandatados a proteger al ciudadano común y velar por sus intereses, y si no lo hacen deberían poder ser despedidos por una decisión ciudadana. Una democracia sana debería contemplar mecanismos para la expresión de la voluntad popular en momentos distintos a las elecciones y generados de forma autónoma por la gente. Lo lógico sería que esa labor la asumiera el Parlamento, en su condición de representante del pueblo, pero ello no ocurre en la práctica porque, salvo contadas excepciones, senadores y diputados están preocupados de defender o atacar al Gobierno sin importar dónde esté el sentido común o la verdad. Lo sano entonces sería que, a partir de la voluntad de un determinado número de personas, se pusiera en marcha un proceso de consulta abierto a todos los ciudadanos para que resolvieran sobre los asuntos que interesan al conjunto de la sociedad y que son suficientemente serios como para que no se puedan definir por medio de encuestas.
Mientras ello no sea posible, se podría considerar que el Gobierno se ejerce sin ciudadanía, que viene a ser casi lo mismo que decir que el Gobierno se manda solo sin mayor responsabilidad.
ANDRÉS ROJO T.
Periodista
9-9798239
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