Amnistía Internacional pide que la Constitución española prohíba expresamente la pena de muerte
MADRID, 10 (ATB Y AGENCIAS)
Al menos 2.148 ejecuciones se registraron en 2005 en 22 países del mundo, el 94 por ciento de las cuales se produjeron sólo en cuatro, China, Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos, según indica un informe de Amnistía Internacional difundido hoy con motivo de la celebración del Día Mundial Contra la Pena de Muerte y en el que la organización reclama que la Constitución española prohíba expresamente la pena de muerte y que España ratifique el protocolo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el que se quiere convertir a Europa en una zona libre de la pena capital.
"Es llamativo que el 94 por ciento de estas ejecuciones se produjera en cuatro países: China (1.770 ejecuciones conocidas, aunque según cálculos de expertos chinos, todos los años son ejecutadas entre 8.000 y 10.000 personas), Irán (94 ejecuciones conocidas), Arabia Saudí (86 ejecuciones conocidas) y Estados Unidos (60 personas)", indicó la organización.
En todo caso, a pesar de que en 68 países se mantiene la pena de muerte, en los últimos 30 años se ha registrado una tendencia clara hacia su abolición en todo el mundo y a lo largo de 2006 la tendencia ha continuado, según AI, ya que Filipinas y Moldavia se han unido a la lista de países abolicionistas. Un total de 43 Constituciones en el mundo prohíben expresamente la pena de muerte.
"Sin embargo", lamenta Amnistía, "hay que lamentar que en países como Estados Unidos se siga condenando a muerte y ejecutando a personas con enfermedad mental y que en otros como Irán y Pakistán se haya ejecutado a menores durante 2006".
"Los países que utilizan la pena de muerte lo hacen de una forma injusta, vulnerando las leyes y normas internacionales", afirmó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. "La pena de muerte no es aceptable nunca, en ningún caso, y cada ejecución constituye una violación extrema del derecho a la vida", prosiguió. "Y esta violación se agrava cuando el Estado quita la vida a un ser humano por medio de un proceso judicial injusto", añadió.
PAÍS POR PAÍS
Según Amnistía, China destaca "por su terrible historial de violaciones de Derechos Humanos" y es el país donde más ejecuciones se realizan al año. "Se condena a muerte a presos en juicios injustos, sin que se respete la presunción de inocencia y con la tortura como medio para obtener testimonios", denuncia la organización.
Aunque se sigue ejecutando con un tiro en la nuca, cada vez es más común el uso de la inyección letal, lo que facilita la extracción de órganos. En marzo de 2006, asegura el informe, varios especialistas chinos en transplantes estimaron que los órganos procedentes de presos ejecutados suponen alrededor del 99 por ciento del total de órganos transplantados.
En cuanto a Estados Unidos, desde 1977 han sido ejecutadas 1.047 personas en este país (43 en 2006). Además, en Estados Unidos se sigue ejecutando a personas con enfermedades mentales. Desde 1977 hasta hoy han sido ejecutadas al menos un centenar.
Las ejecuciones en Irán continúan a "un ritmo alarmante", según el informe, que denuncia las lapidaciones y las ejecuciones de menores en este país. Amnistía Internacional ha tenido noticia de al menos 108 ejecuciones en lo que va de año, aparte de que Irán ha reanudado este años las ejecuciones por lapidación, algo que no sucedía desde diciembre de 2002, cuando el presidente de la Magistratura anunció una moratoria en el uso de este método. Actualmente, hay al menos siete mujeres iraníes en riesgo de ejecución por lapidación.
Otro país destacado en el informe es Indonesia, que llevaba más de un año sin efectuar ningún homicidio judicial hasta que el pasado 21 de septiembre ejecutó a los católicos Fabianus Tibo, Dominggus da Silva y Marinus Riwu. A día de hoy hay otras 90 personas condenadas a muerte.
Por otra parte, al menos 51 personas han sido ejecutadas en Iraq en 2006. "La pena de muerte fue aplicada ampliamente por el gobierno de Sadam Hussein, en 2003 fue abolida por parte de la Autoridad Provisional y fue restablecida en agosto de 2004", señala AI.
Asimismo, Pakistán es el único país que, junto a Irán, que ha ejecutado a menores en 2006. Actualmente, al menos 70 personas han sido ejecutadas en distintas provincias del país.
En lo que llevamos de año al menos tres personas han sido ejecutadas en Somalia, según el informe. El pasado mes de mayo, Omar Hussein fue atado a un poste, encapuchado y apuñalado hasta morir por un muchacho de 16 años, el hijo del hombre que Hussein había admitido haber matado. Esto se producía horas después de un juicio que de acuerdo con la 'sharia' no permite la asistencia letrada al acusado ni tampoco el derecho a apelación.
Por otra parte, al menos 13 personas han sido ejecutadas este año en Vietnam, aunque otras fuentes elevan esta cifra a 25. Actualmente, una persona puede ser ejecutada en este país por delitos económicos tales como el fraude y la malversación de fondos, el contrabando, la falsificación y el soborno. El pasado mes de febrero se presentó una propuesta para revisar el número de delitos punibles con la pena capital.
El informe llama la atención sobre el caso de Perú, cuyo Congreso están analizando tres proyectos de ley que ampliarían el ámbito de aplicación de la pena de muerte, ahora limitada a las personas declaradas culpables de terrorismo o por traición en caso de guerra, invirtiendo la tendencia abolicionista mundial. Asimismo, el pasado mes de julio el presidente del Gobierno polaco, Lech Kaczynski, hizo unas declaraciones en las que abogaba por la reinstauración de la pena de muerte no sólo en Polonia, sino en toda Europa.
A juicio de Amnistía Internacional, "este Día Mundial ofrece a los defensores de la pena de muerte la oportunidad de replantearse su apoyo a esta forma de castigo".
"El movimiento en contra de la pena de muerte ha sido espectacular y los pocos Estados que siguen realizando ejecuciones deberían preguntarse qué es lo que han conseguido con un acto tan brutal como matar a un preso indefenso", añade la organización.
ESPAÑA
El informe indica que el Código Penal Militar español derogó la posibilidad de aplicar la pena de muerte en tiempos de guerra, pero la Constitución española sigue haciendo una mención expresa a la pena de muerte en el artículo 15. Para Amnistía Internacional esta mención "debería ser eliminada e incorporar una prohibición expresa del uso de la pena de muerte en España".
Por otra parte, España aún no ha ratificado el protocolo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el que se quiere convertir a Europa en una zona libre de pena de muerte, lamenta AI. Este Protocolo ha sido ratificado hasta la fecha por 33 Estados.
El informe llama también la atención sobre los dos españoles condenados a muerte en el extranjero, Pablo Ibar en Estados Unidos y Nabil Manakli en Yemen. Pablo Ibar fue condenado en el año 2000 a la pena capital. Desde entonces parmanece en el corredor de la muerte de la Penitenciaría de Starke (Florida). El 9 de marzo 2006 el Tribunal Supremo de Florida confirmó la sentencia. Actualmente, la familia está intentando que se repita el juicio.
En Yemen, Nabil Manakli, español de origen sirio, fue condenado a pena de muerte en 1997 acusado de organizar un grupo armado. Según Amnistía Internacional, Manakli pudo ser sometido a torturas antes del juicio, en el que admitió los cargos. Desde septiembre de 2003, fecha en que se le confirmó la condena, puede ser ejecutado en cualquier momento.
Amnistía se felicita de la reciente conmutación de la pena de muerte para otro ciudadano español, Paco Larrañaga, quien ha sido condenado en Filipinas a cadena perpetua.
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