Sorprendentes, por decir lo menos, han sido las continuas declaraciones del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre sobre nuestra historia reciente, a propósito de la renuncia del General Santelices, vinculado con actos atentatorios a los derechos humanos. ...
por Carlos Gutiérrez P*
Sorprendentes, por decir lo menos, han sido las continuas declaraciones del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre sobre nuestra historia reciente, a propósito de la renuncia del General Santelices, vinculado con actos atentatorios a los derechos humanos.
El debate público que ha generado este posicionamiento político nos muestra en toda su crudeza las aristas y el carácter de nuestra democracia: la arrogancia de la corporación militar que, desde el púlpito de la neutralidad, encara al conjunto del sistema político por sus responsabilidad en el quiebre de la democracia; la pusilánime actitud de los gobiernos de la Concertación que no han encarado en profundidad una reforma a las instituciones militares para su apego intachable a la democracia; la visión parcial sobre los derechos humanos, que lo han hecho un tema del pasado, en vez de la enorme carga de futuro que tiene en la construcción de una sociedad democrática; el blanqueamiento de la derecha golpista, que en su travestismo político no duda en asumir una faceta autoritaria o republicana según su conveniencia; la consolidación de una élite política-militar-económica que ha instalado la idea hegemónica de un gobierno militar que realizó una obra refundacional para instalar un Chile exitoso, en la cual solo se lamentan los excesos cometidos, casi como daños colaterales.
El conjunto de opiniones de Cheyre constituyen casi un ordenamiento doctrinario del pensamiento de la familia militar, que sigue siendo un obstáculo real para una consolidación democrática. La piedra angular está dada por el carácter de "Obra" que asumen con el Golpe Militar y, por lo tanto, como institución que está por sobre las contingencias políticas, que las llevó a plantearse constitucionalmente como garantes de nuestra institucionalidad.
Las recientes declaraciones de los ex comandantes en jefe de la Armada, Jorge Arancibia y Miguel Vergara, muestran aún con mayor nitidez esta falsedad ideológica que prima entre las instituciones castrenses.
Si no se desmitifica el Golpe de 1973, difícilmente podremos llegar a constituir pilares sobre el "nunca más". Para eso, es necesario poner en el tapete el carácter autoritario de la derecha chilena que, ante el peligro de la pérdida de cuotas de poder, no trepidó en usar la conspiración nacional e internacional; el rol que tiene Estados Unidos en la conformación ideológica de nuestra región, que se vive a diario, como lo demuestran las actuales experiencias políticas heterodoxas; que hay una consideración fundamental sobre el rol político de los militares, teniendo en cuenta que un levantamiento contra la Unidad Popular y su candidato presidencial Salvador Allende se venía construyendo desde fines de los años sesenta, como lo demuestran documentos de la CIA, el levantamiento del General Viaux, el asesinato del comandante en jefe, René Schneider, etc.; que las Fuerzas Armadas deben hacerse cargo de ese profundo sentimiento anti izquierdista incubado durante todo el siglo XX, que fue codificado en la doctrina de la Seguridad Nacional que regó de violaciones a los derechos humanos por todo el hemisferio; que las Fuerzas Armadas realizaron un acto inédito al violentar un gobierno constitucional, legítimamente amparado en la soberanía popular y que todo su accionar se enmarcó en los cánones legales de la época.
Por eso que es absolutamente inconducente la insistencia de Cheyre del "empate moral" sobre la crisis de 1973. Una cosa es haber sido un actor protagónico en un período de crisis del modelo de desarrollo chileno, pero otra muy distinta es haber actuado dirigida y planificadamente para interrumpir un proceso constitucional y llevar adelante un genocidio de su propio pueblo. Para esto es bueno recordar que en el seno de las Fuerzas Armadas y de grupos ultraderechistas se crearon instituciones de inteligencia y represión interna, de coordinación internacional con grupos terroristas europeos, como lo demuestran los juicios llevados adelante en Italia, España y Francia, la coordinación del cono sur con la Operación Cóndor y acciones terroristas de asesinatos de líderes en distintas partes del mundo.
El quiebre profesional, legal y moral de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una herencia muy pesada que todavía subyace en las instituciones. Sigue siendo una tarea pendiente la "despinochetización", que no se ha resuelto con las mesas de diálogo, ni con medidas parciales que efectivamente se llevaron a cabo bajo la conducción de Cheyre. No es viable el perdón sin la verdad y la justicia. Y todos sabemos que las Fuerzas Armadas han colaborado en forma insuficiente con la verdad, que solo sigue siendo posible justamente por la epopéyica labor de las personas e instituciones vinculadas a los derechos humanos.
La búsqueda de la verdad y la justicia no es un acto de odiosidad, sino de convicción ética y política como fundamento de la sociedad democrática. Para esto tenemos innumerables ejemplos contemporáneos que nos dan los juicios sobre los nazis en varias democracias occidentales, o como la reciente Ley sobre la memoria promulgada en España que después de más de treinta años de transición y democracia se sigue preguntando por sobre su pasado y se atreve a reparar histórica y moralmente a la república española interrumpida por militares golpistas y una derecha integrista.
Si bien la convicción democrática es una exigencia real para todos los actores del sistema político, es perentoria para el caso de los militares, justamente por el carácter de su función pública. No basta la formalidad de la subordinación al poder político democrático, sino su absoluta intachabilidad que debe estar permanentemente abierta al escrutinio público. Tenemos varios ejemplos, en plena transición, que nos dejan dudas sobre la honorabilidad, integridad y convicción democrática de muchos oficiales.
El debate sigue abierto. Pero debemos estar atentos a dos fenómenos negativos: por una parte el impacto que puede tener sobre los actuales alumnos de las escuelas matrices de las fuerzas armadas, las recientes declaraciones públicas emitidas por ex comandantes en jefe de sus respectivas instituciones que siguen insistiendo en tesis que avalan el Golpe Militar; y por otra parte que los acontecimientos y discursos realizados por Cheyre y Santelices no signifiquen un reposicionamiento de los sectores más retrógrados al interior de las fuerzas armadas, que pueden estar cantando victoria por esta cuña entre el oficialismo y el comandante en jefe que fue glorificado como la personificación de la modernización.
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Carlos Gutiérrez P. Director del Centro de Estudios Estratégicos
por Carlos Gutiérrez P*
Sorprendentes, por decir lo menos, han sido las continuas declaraciones del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre sobre nuestra historia reciente, a propósito de la renuncia del General Santelices, vinculado con actos atentatorios a los derechos humanos.
El debate público que ha generado este posicionamiento político nos muestra en toda su crudeza las aristas y el carácter de nuestra democracia: la arrogancia de la corporación militar que, desde el púlpito de la neutralidad, encara al conjunto del sistema político por sus responsabilidad en el quiebre de la democracia; la pusilánime actitud de los gobiernos de la Concertación que no han encarado en profundidad una reforma a las instituciones militares para su apego intachable a la democracia; la visión parcial sobre los derechos humanos, que lo han hecho un tema del pasado, en vez de la enorme carga de futuro que tiene en la construcción de una sociedad democrática; el blanqueamiento de la derecha golpista, que en su travestismo político no duda en asumir una faceta autoritaria o republicana según su conveniencia; la consolidación de una élite política-militar-económica que ha instalado la idea hegemónica de un gobierno militar que realizó una obra refundacional para instalar un Chile exitoso, en la cual solo se lamentan los excesos cometidos, casi como daños colaterales.
El conjunto de opiniones de Cheyre constituyen casi un ordenamiento doctrinario del pensamiento de la familia militar, que sigue siendo un obstáculo real para una consolidación democrática. La piedra angular está dada por el carácter de "Obra" que asumen con el Golpe Militar y, por lo tanto, como institución que está por sobre las contingencias políticas, que las llevó a plantearse constitucionalmente como garantes de nuestra institucionalidad.
Las recientes declaraciones de los ex comandantes en jefe de la Armada, Jorge Arancibia y Miguel Vergara, muestran aún con mayor nitidez esta falsedad ideológica que prima entre las instituciones castrenses.
Si no se desmitifica el Golpe de 1973, difícilmente podremos llegar a constituir pilares sobre el "nunca más". Para eso, es necesario poner en el tapete el carácter autoritario de la derecha chilena que, ante el peligro de la pérdida de cuotas de poder, no trepidó en usar la conspiración nacional e internacional; el rol que tiene Estados Unidos en la conformación ideológica de nuestra región, que se vive a diario, como lo demuestran las actuales experiencias políticas heterodoxas; que hay una consideración fundamental sobre el rol político de los militares, teniendo en cuenta que un levantamiento contra la Unidad Popular y su candidato presidencial Salvador Allende se venía construyendo desde fines de los años sesenta, como lo demuestran documentos de la CIA, el levantamiento del General Viaux, el asesinato del comandante en jefe, René Schneider, etc.; que las Fuerzas Armadas deben hacerse cargo de ese profundo sentimiento anti izquierdista incubado durante todo el siglo XX, que fue codificado en la doctrina de la Seguridad Nacional que regó de violaciones a los derechos humanos por todo el hemisferio; que las Fuerzas Armadas realizaron un acto inédito al violentar un gobierno constitucional, legítimamente amparado en la soberanía popular y que todo su accionar se enmarcó en los cánones legales de la época.
Por eso que es absolutamente inconducente la insistencia de Cheyre del "empate moral" sobre la crisis de 1973. Una cosa es haber sido un actor protagónico en un período de crisis del modelo de desarrollo chileno, pero otra muy distinta es haber actuado dirigida y planificadamente para interrumpir un proceso constitucional y llevar adelante un genocidio de su propio pueblo. Para esto es bueno recordar que en el seno de las Fuerzas Armadas y de grupos ultraderechistas se crearon instituciones de inteligencia y represión interna, de coordinación internacional con grupos terroristas europeos, como lo demuestran los juicios llevados adelante en Italia, España y Francia, la coordinación del cono sur con la Operación Cóndor y acciones terroristas de asesinatos de líderes en distintas partes del mundo.
El quiebre profesional, legal y moral de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una herencia muy pesada que todavía subyace en las instituciones. Sigue siendo una tarea pendiente la "despinochetización", que no se ha resuelto con las mesas de diálogo, ni con medidas parciales que efectivamente se llevaron a cabo bajo la conducción de Cheyre. No es viable el perdón sin la verdad y la justicia. Y todos sabemos que las Fuerzas Armadas han colaborado en forma insuficiente con la verdad, que solo sigue siendo posible justamente por la epopéyica labor de las personas e instituciones vinculadas a los derechos humanos.
La búsqueda de la verdad y la justicia no es un acto de odiosidad, sino de convicción ética y política como fundamento de la sociedad democrática. Para esto tenemos innumerables ejemplos contemporáneos que nos dan los juicios sobre los nazis en varias democracias occidentales, o como la reciente Ley sobre la memoria promulgada en España que después de más de treinta años de transición y democracia se sigue preguntando por sobre su pasado y se atreve a reparar histórica y moralmente a la república española interrumpida por militares golpistas y una derecha integrista.
Si bien la convicción democrática es una exigencia real para todos los actores del sistema político, es perentoria para el caso de los militares, justamente por el carácter de su función pública. No basta la formalidad de la subordinación al poder político democrático, sino su absoluta intachabilidad que debe estar permanentemente abierta al escrutinio público. Tenemos varios ejemplos, en plena transición, que nos dejan dudas sobre la honorabilidad, integridad y convicción democrática de muchos oficiales.
El debate sigue abierto. Pero debemos estar atentos a dos fenómenos negativos: por una parte el impacto que puede tener sobre los actuales alumnos de las escuelas matrices de las fuerzas armadas, las recientes declaraciones públicas emitidas por ex comandantes en jefe de sus respectivas instituciones que siguen insistiendo en tesis que avalan el Golpe Militar; y por otra parte que los acontecimientos y discursos realizados por Cheyre y Santelices no signifiquen un reposicionamiento de los sectores más retrógrados al interior de las fuerzas armadas, que pueden estar cantando victoria por esta cuña entre el oficialismo y el comandante en jefe que fue glorificado como la personificación de la modernización.
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Carlos Gutiérrez P. Director del Centro de Estudios Estratégicos
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