| Actualizado 3:00 A.M. (hora local) | La Habana, viernes 22 de junio de 2007. Año 11 / Número 173 |
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GINEBRA, SUIZA, (PL).— Cuba renovó su rechazo a la actitud de Estados Unidos de reiterados incumplimientos sobre la sección 211 del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El ministro consejero de la misión permanente cubana en Ginebra, Jorge Ferrer, subrayó que los incumplimientos de las recomendaciones y conclusiones de los órganos resolutorios se han convertido en una de las mayores debilidades del mecanismo del OSD.
"Estados Unidos tiene la responsabilidad de que la credibilidad del sistema haya sido puesta en entredicho, por el récord de recomendaciones incumplidas", recalcó.
El diplomático indicó que ya son cuatro los diferendos pendientes de cumplimiento por parte de Washington.
La Casa Blanca se atreve, incluso, a tomar represalias ante un fallo adverso del OSD, burlando sus obligaciones mediante el retiro de compromisos asumidos en negociaciones anteriores, acotó.
Respecto a la Sección 211, Ferrer apuntó que el gigante norteño sigue dispuesto a afectar a empresarios estadounidenses que poseen marcas registradas en la isla caribeña, "si Cuba decide darles el mismo trato que su gobierno concede a las marcas cubanas".
"Violan su propia ley de propiedad intelectual, con tal de perpetuar disposiciones que le permitan a la Compañía Bacardí librarse de sus competidores", explicó.
Añadió que Cuba continuará insistiendo, "aún cuando el presidente norteamericano ha reiterado por diversas vías su intención de vetar cualquier proyecto de Ley que apruebe el Congreso dirigido a flexibilizar o eliminar las medidas ilegales unilaterales".
Según el sitio web Cuba vs el bloqueo, durante seis años ininterrumpidos, la isla ha denunciado ante la ONU la aplicación por parte de Estados Unidos de la denominada Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Consolidadas Suplementarias y de Emergencia.
Dicha normativa afecta a los titulares cubanos o sus sucesores, entre ellas las empresas extranjeras con intereses en Cuba.
Concretamente, les impide el reconocimiento y disfrute en el territorio norteamericano de sus derechos sobre marcas o nombres comerciales registrados y protegidos en Cuba, vinculadas a antiguas propiedades nacionalizadas por el gobierno revolucionario.
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