SEÑORA
MICHELLE BACHELET
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE.
MISIÓN PERMANENTE DE CHILE ANTE LA ONU
Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
GINEBRA – SUIZA
Zürich, 30 de mayo de 2007
Excelencia,
Es con muchísima preocupación y con un matiz de amargura que nuestra organización se dirige a Ud. para recordarle, decirle y solicitarle lo que, a continuación, sigue:
1. Es causa y motivo de particular desasosiego el hecho que si, hoy, el Consejo de derechos humanos de la ONU tuviera que adoptar una resolución a propósito de los pueblos indígenas de Chile debería retomar la última resolución que adoptó la, desaparecida, Comisión de derechos humanos contra el régimen anterior; es decir: solicitar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; exigir la liberación de los presos mapuches que luchan por sus derechos; y, exigir la devolución de las tierras usurpadas y el respeto de todas las dimensiones de las culturas indígenas. A la mencionada resolución sólo habría que agregar: la disolución de la policía privada de las compañías forestales; poner fin a la represión y a los allanamientos de comunidades indígenas; el respeto de las disposiciones internacionales con respecto a la administración de la justicia; y, reclamar la, prometida, ratificación del Convenio N°169 de la OIT.
2. Chile es el único país latinoamericano, con importante presencia de pueblos indígenas, que no reconoce, constitucionalmente, la existencia física y cultural de dichos pueblos.
3. La ratificación del Convenio N°169 de la OIT es una promesa hecha a los pueblos indígenas de Chile desde 1989 y es utilizada como consigna política para elecciones presidenciales, parlamentarias e, incluso, municipales; es utilizada también cada vez que hay movilizaciones o reclamos de o a propósito de indígenas, así (leyendo la prensa chilena) la promesa de ratificación del instrumento se hace con una regularidad media de 68 días y los diplomáticos chilenos la han, formalmente, prometido 11 veces ante organismos internacionales desde 1992. Ninguna de las presentaciones gubernamentales para la ratificación en el Parlamento ha ido acompañada de una argumentación sólida y de los cabildeos que la situación exige. Es de lamentar que el ordenamiento internacional no prevea la prohibición de utilizar con fines electoreros un precioso instrumento de derechos humanos.
4. Chile es el único país latinoamericano, con importante presencia de pueblos indígenas, que no ha ratificado el Convenio N°169 de la OIT.
5. Cada vez que los órganos encargados de la vigilancia de los tratados de derechos humanos (Comités) de la ONU, han preguntado por, sugerido o recomendado la ratificación del Convenio N°169 de la OIT o el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los diplomáticos chilenos han respondido que "sólo faltan algunos días para finalizar los trámites". Cada vez que los informes de Chile han sido cuestionados o rechazados por asuntos relativos a pueblos indígenas, los diplomáticos chilenos han respondido (¡desde 1992!) que, "sin ninguna duda, la pronta ratificación del Convenio y la reforma constitucional que están, actualmente, en tramitación darán satisfacciones a la preocupaciones del Comité".
6. Las recomendaciones del Informe de la visita a Chile del Relator Especial de
7. Todo indica que los derechos básicos a la justicia, (independiente, imparcial y calificada) cuando se trata de indígenas, en Chile, no se respetan. Así lo demuestran las irregularidades de los procesos: derecho a una defensa adecuada; testigos detrás de una cortina; ausencia de resarcimiento por errores judiciales; ausencia de amonestación a los jueces que cometieron, reconocidos, errores; los abusos de poder; los malos tratos; las condiciones vejatorias de detención; y, el hecho que la prensa presente la acusación, sugiera la condena y editorialice sobre la "necesidad de la ejemplaridad de la pena" son situaciones y hechos condenados y rechazados por el derecho internacional. Un análisis detallado de los juicos revela que, sin ninguna duda, no se han respetado las reglas mínimas de administración de justicia previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
8. Los allanamientos a las comunidades mapuches son verdaderos asaltos donde los malos tratos; los golpes (incluidos a niños y ancianos); los robos de joyas tradicionales, relojes, pequeños aparatos de recepción de radio y algo de dinero; la destrucción de alimentos de sembrados y cosechas; y, la matanza de animales domésticos "son normales". Dichos asaltos son decididos y llevados a cabo (algunas veces con decisión "judicial") por la policía privada de las compañías forestales acompañada de carabineros y personal de la policía civil. La policía privada de las compañías forestales no está prevista en la Constitución y ninguna ley la autoriza a acusar en la prensa, detener, interrogar y entregar a los tribunales a personas ni mucho menos a realizar allanamientos a las comunidades mapuches.
9. La regular aplicación e invocación de disposiciones antiterroristas (herencia del régimen anterior, pero implementadas y justificadas hoy día) para condenar reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas no debe considerarse como "un curioso anacronismo" sino como un hecho grave donde brillan por su ausencia, entre otros, la equidad en la administración de la justicia, la proporcionalidad de la pena, el derecho a la defensa, y, la presentación de testigos de cargo y de descargo. Querer recuperar o mantener, recrear, controlar, desarrollar, proyectar y transmitir a las generaciones futuras sus tierras y sus patrimonios culturales, no es terrorismo, es una de las más hermosas y dignas luchas para seguir existiendo en tanto pueblos indígenas.
10. Todo indica que la economía chilena está fuerte y se encuentra en una fase de expansión, pero en las zonas de mayor presencia indígena, los datos e informaciones de la ONU y de organizaciones internacionales de derechos humanos indican que las tazas de pobreza y extrema pobreza se mantienen y los indicadores de alfabetización, nutrición, salud elemental y mortalidad infantil muestran, con la cruda realidad de las cifras, el rostro discriminatorio de la sociedad chilena.
11. La división, parcelación y usurpación de tierras de las comunidades mapuches, para favorecer la industria forestal, durante la era de Pinochet, no sólo trajo consigo graves problemas medio–ambientales (monocultivos, pérdida de diversidad biológica, daños –catastróficos– al medio ambiente) sino que, además, arrebataron la base de subsistencia (cultural, social y económica) de dichas comunidades. Capitales del empresario suizo Stephan Schmidheiny alimentan una de las grandes empresas del sector forestal. A todo lo anterior se agrega la construcción de represas, aeropuertos, caminos, etc. con graves consecuencias para la población local y el medio ambiente.
12. Visto lo anterior es fácil concluir que para las instituciones que, desde el gobierno, se ocupan de "cuestiones indígenas" (Conadi (Corporación nacional de desarrollo indígena) y Proyecto Orígenes), la eficacia no es su característica principal; a este respecto, recientemente, la prensa chilena, citando a un ex–personero gubernamental ha afirmado que esas instituciones "son verdaderos cotos de caza de los partidos concertacionistas … Orígenes ha servido a muchas comunidades mediante la aplicación de políticas públicas, pero hoy representa la demostración más palpable del profundo sectarismo que existe en
Excelencia, por lo anterior le solicitamos hacer todo lo necesario para cumplir las, repetidas, promesas hechas a los pueblos indígenas sobre el reconocimiento constitucional y la ratificación del Convenio N°169 de la OIT; adoptar las medidas oportunas, adecuadas y eficaces para poner fin a la situación que hoy viven los pueblos indígenas de Chile; y, como primera medida concreta, la liberación de los presos mapuches que luchan por sus derechos, entre ellos, la lonko Juana Calfunao.
Excelencia, reciba nuestros saludos.
Christa Luginbühl
Directora ejecutiva, INCOMINDIOS Suiza
C.c: - Embajador de la República de Chile en Berna.
- Embajador de Chile ante la ONU
- Congreso chileno
- Louise Harbour, Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los DH
- Prensa
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