La increible historia de Gonzalo Boye

NEWSLETTER | Edición sábado 11 de agosto de 2007

La justicia española lo condenó como uno de los autores materiales del secuestro de un empresario por parte de ETA y el MIR en 1988. Estuvo preso durante más de siete años en Madrid, y estudió Derecho a distancia. En libertad desde 2002, hoy el abogado Gonzalo Boyé es uno de los protagonistas del más bullado juicio que ha habido en España: el proceso por los atentados del 11-M, donde defiende a la viuda de la única víctima chilena. Ésta es la historia del hombre que pasó del banquillo de los acusados a la tribuna de los acusadores. Por  Paula Comandari Foto  Maglio Pérez

Así lucía Gonzalo Boyé cuando fue condenado como uno de los autores materiales del secuestro que perpetraron ETA y el MIR a un empresario español, en 1988. Dice que ser uno de los abogados del juicio del 11-M -como se bautizó al atentado del 11 de marzo de 2004 en la estación Atocha de Madrid- es, literalmente, su mayor revancha. Representando a Angélica Jeria, viuda de la única víctima chilena en los ataques, el viñamarino Gonzalo Boyé (41) hoy trabaja codo a codo con la misma fiscal que 11 años atrás lo sentenció a 14 años de cárcel, acusado de ser uno de los autores materiales del secuestro de un empresario español que, en 1988, perpetró el grupo terrorista vasco ETA, en conjunto con el MIR chileno. Durante siete años, 11 meses y 23 días -como él mismo especifica- estuvo encerrado en diversas prisiones de la capital española, hasta que recuperó su libertad en 2002. Hasta hoy insiste en su inocencia. "¿Cómo pude haber participado del delito si en ese tiempo estaba celebrando las bodas de plata de mis padres en Chile?", dice Boyé, a quien la justicia le redujo la pena a la mitad, por haber estudiado Derecho desde la cárcel -en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED-. Mientras entonces la prensa española calificó al chileno de "terrorista", hoy su nombre aparece en los medios como uno de los letrados que mejor conocen el 11-M, el mayor proceso judicial en la historia de España, con un sumario de 200 mil folios. Un columnista del diario El Mundo -de conocida tendencia conservadora- describió así el interrogatorio en que Boyé desacreditó un testimonio: "Con preguntas cortas, cortantes y seguidas, acosó sin piedad a uno de los testigos, debilitando su declaración". En el proceso, Boyé no sólo se encontró con la magistrada que lo condenó en 1996. Los mismos policías que entonces lo llevaron al banquillo de los acusados -como uno de los miristas implicados en el delito- hoy son sus "testigos clave". A través de sus testimonios, el abogado ha condenado al Estado español como responsable civil de la matanza por su negligencia y falta de vigilancia en el atentado que les costó la vida a 191 personas y en el cual 1.842 quedaron heridas. Varios otros abogados han adherido a esa misma teoría. "El gordo cabrón de la esquina" -como dice Boyé que lo han apodado- siempre es el último en intervenir en la causa, sentado al final de la "gran sala" que comparten tres jueces, un secretario judicial, la fiscal, el abogado que defiende al Estado, 29 defensores y una veintena de abogados acusadores. "Aquí hay 29 inculpados, además del Estado, lo que quedó en evidencia cuando el propio jefe de la unidad central de información -el mismo que me interrogó en el pasado- afirmó en el juicio que aunque vigilaban a estas personas, siempre 'fuimos un paso detrás de ellos'. O cuando el mismo policía le contestó que 'habían fallado casi en todo' para prevenir el ataque", explica Boyé, quien dejó su escrito de acusación de más de 300 páginas en España y se trasladó la semana pasada a Chile para tomarse un mes de vacaciones. ¿Miembro del MIR? Los pasajes más amargos de la vida de Boyé ocurrieron en diversas celdas de Madrid. La primera etapa fue en 1992, cuando estuvo preso durante un año y algunos meses hasta que consiguió la libertad provisional y se trasladó a Inglaterra junto a su mujer y sus dos hijas. Pero aún le esperaban otros seis años en la cárcel, a la que regresó en 1996, cuando se dictó la sentencia final, y se dictaminó que, como "miembro activo del MIR", había formado parte del "comando terrorista" que organizó el secuestro junto a ETA. Boyé asegura que sólo era simpatizante del movimiento y que lo vincularon al plagio por ser socio de René Valenzuela -ex MIR también condenado en el proceso- en Ecoworld, una empresa comercializadora de químicos con sede en Madrid que operó entre 1989 y 1991. "Entonces el MIR estaba en franca decadencia", asegura el abogado. Aunque reconoce que las instalaciones penitenciarias eran bastante buenas y contaban con piscina, campos deportivos y biblioteca, su estadía allí ha sido "el gran trauma" de su vida. "Fue como enfrentarse a una especie de muerte diaria", agrega. Convencido de que había sido condenado injustamente, decidió estudiar Derecho y refugiarse en los más de 300 libros que fue recolectando. Textos que, agrega, los gendarmes registraban casi a diario en busca de algún "papel en clave". Como ya había estudiado Economía y Ciencias Políticas en Heidelberg, Alemania -país al que viajó tras egresar del colegio Mackay, de Viña, en 1983-, asegura que fue sencillo que lo aceptaran en la UNED. Sacó la carrera en cuatro años y tuvo que esperar hasta salir libre para colegiarse y ejercer. Los mismos profesores que se encargaron de examinarlo hoy dictan clases junto a Boyé en el Colegio de Abogados, donde el chileno prepara a los alumnos que pretenden realizar el turno de oficio, algo así como la defensoría pública de Chile. Allí también enseña a desarrollar estrategias para interrogar a los testigos en los juicios, una herramienta que Boyé, dice, maneja bien.  Si bien la cárcel lo marcó, también le permitió acceder a sus primeros clientes. "Al principio ganaba una miseria y tuve que complementar mi actividad, repartiendo hielo en diversos bares españoles los fines de semana. Con ese trabajo compré mi primer computador para hacer los escritos", señala Boyé, quien hace cinco años formó su propia oficina de abogados: Boyé-Elbal y Asociados. Su estudio se encuentra en el corazón del barrio financiero madrileño, y ha tenido, según él, un rápido crecimiento: el año pasado llevó 130 juicios. "Creo que no me equivoco si digo que estamos entre los 10 estudios más importantes de España y que nos involucramos en la mayor parte de los grandes casos penales del país", asegura Boyé, quien factura anualmente cerca de 2 millones de euros. El 5% de los casos que lleva son de chilenos detenidos por robos, estafas, fraudes y delitos económicos, entre otros. Actualmente defiende a Rodrigo Lanza Huidobro -nieto del almirante Sergio Huidobro, quien fue el enlace entre Merino y Pinochet para el golpe-, un okupa chileno que supuestamente agredió a un policía. También tiene en la mira el caso de la chilena asesinada en Tenerife.  La mayor parte de las causas relacionadas con Chile le llegan por medio de la embajada, que continuamente le pide asesoría. "Son cosas domésticas, de cómo realizar diversos papeleos", explica el abogado. De hecho, fue el ex embajador Enrique Krauss quien lo contactó con la chilena Angélica Jeria, la viuda de Héctor Figueroa, quien murió en Atocha. "La embajada me llamó ese mismo día para preguntarme cómo se recuperaban los restos y, aunque estaba claro que la fiscalía española iba a acusar, se necesitaba hacerlo individualmente para defender los intereses de la familia chilena", explica Boyé, mientras aclara que hoy conversa regularmente con el embajador Osvaldo Puccio, quien le consulta sobre variados temas. Desde la embajada también le pidieron ayuda cuando el superintendente de Casinos de Chile, Francisco Javier Leiva, viajó a España en el contexto de preclasificación de las empresas interesadas en instalar casinos en el país. "Me pidieron que contactara expeditamente al juez Garzón, a quien conozco porque muchos de mis casos están en su juzgado", explica Boyé.  Reivindicando su imagen Aun cuando muchos lo vinculan con ETA, Gonzalo Boyé insiste en que sólo conoció a algunos de sus miembros mientras estuvo en prisión y que ha estado una sola vez en el País Vasco. De hecho, dice que la misma sentencia que lo condenó dejó por escrito que "no tenía relación orgánica con ETA". Por ello, el chileno le entrega a cada persona que entra a trabajar con él, una copia del escrito de condena. "Para que se sientan tranquilos", dice Boyé. Aunque nunca ha militado en un partido -"políticamente sólo participé del centro de alumnos de mi colegio"-, se reconoce de izquierda. En esa tendencia fue clave su padre, Gustavo, un radical que participó activamente en la revista Cauce, una de las publicaciones opositoras a Pinochet. "Por eso no me aceptaron en la Universidad Santa María, aun cuando fui el segundo seleccionado para entrar a Ingeniería Civil Informática. Pero no pasé el test político", agrega Boyé, quien afirma que por ello dejó el país para radicarse en Alemania, donde estuvo cerca de cuatro años. De allí se trasladó a España. "El país acababa de entrar a la Unión Europea y sonaba como el lugar de las oportunidades", señala. Al llegar, y junto a un argentino y un español, formó una consultora dedicada a asesorar a diversas empresas interesadas en invertir en el país. En esa época, y por medio de un viñamarino, conoció a los ex MIR Ramiro Silva y René Valenzuela, quien entonces vivía en Francia. Los tres se reunían con frecuencia. Fue precisamente esa amistad la que terminó pasándole la cuenta. "Todos los días hay alguien que me involucra con el MIR y con ETA", explica Boyé. De ahí la importancia que tiene para el abogado el juicio del 11-M: es la tribuna pública para reivindicar su imagen. No ha dejado ningún detalle al azar, ni siquiera en su look: se compró 59 corbatas para así no repetirse ninguna en las 59 sesiones del juicio oral, entre febrero y julio de este año. En octubre próximo volverá a lucir sus mejores trajes, cuando, espera, la justicia española le dé la razón al dictar sentencia en la causa más bullada en la historia española.