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SANTIAGO. - El gobierno chileno confirmó su intención de reactivar por seis meses, las labores efectuadas por las comisiones Rettig y Valech, para la calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990).
La creación de esta nueva instancia será mediante un artículo transitorio incorporado al proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, que fue ingresado al Parlamento en junio de 2005 -durante el gobierno de Ricardo Lagos- y que, desde el 14 de agosto pasado, es tratado con "suma urgencia".
"Presentamos una indicación para que en especial las personas que fueron objeto de torturas o de prisión en la época de la dictadura y que no alcanzaron a presentar sus antecedentes por diversos motivos, puedan hacerlo", afirmó el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
La indicación crea una comisión asesora que calificará casos de desaparición forzada de personas y ejecutados políticos, en que aparezca comprometida la responsabilidad del Estado, y que no fueron calificadas por la comisión que en 1991 dirigió el abogado Raúl Rettig (1991).
Además, la faculta para calificar casos de prisión política y tortura que no fueron presentados a la comisión presidida por el sacerdote Sergio Valech, en 2004.
Viera-Gallo afirmó que la decisión es parte del compromiso adquirido por el gobierno de Michelle Bachelet con las organizaciones de derechos humanos.
Añadió que en los casos en que los afectados no presentaron antecedentes o éstos estaban incompletos, el nuevo Instituto de Derechos Humanos se hará cargo de hacer valer esos informes en un plazo acotado de seis meses.
El ministro precisó que el Instituto de Derechos Humanos actuará como ente receptor de los antecedentes.
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