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Ana María Larrea Maldonado
"La Patria ya es de todos" es el slogan de la publicidad gubernamental. Recuperar la patria tiene un doble significado. Por una parte la necesidad de recobrar el Estado, dejado en soletas por el neoliberalismo, recuperar la patria de los intereses privatizadores y oligárquicos, desprivatizar el Estado y construir una sociedad donde quepamos todos y todas, una sociedad donde la riqueza se redistribuya de mejor manera y en donde se propicie la igualdad.
La segunda dimensión del slogan gubernamental nos habla de la necesidad de recuperar la soberanía. Una patria capaz de autodeterminarse y escoger de manera autónoma hacia dónde quiere ir, sin la presión del dominio imperial. Los ejes para la construcción de soberanía giran alrededor de la soberanía petrolera, energética, alimentaria y financiera y propugnan importantes procesos de integración regional sudamericana. Se trata entonces, de impulsar activamente la construcción de la patria grande como un proyecto antiimperialista capaz de disputar el actual orden hegemónico mundial.
En este marco, el flamante gobierno ecuatoriano no ha tenido ningún reparo en explícitamente mostrar sus intenciones de consolidar el eje Caracas – Quito – La Paz auspiciando activamente el proceso de integración sudamericana y generando mecanismos de cooperación basados en la solidaridad. La integración es vista como un proceso de los pueblos, que va más allá de los acuerdos comerciales e implica múltiples dimensiones, las sociales, culturales, ambientales. Pero además, la integración es vista como el mecanismo más apropiado de inserción inteligente en el mundo contemporáneo eliminando la dependencia hacia el norte y propiciando interrelaciones con nuestros vecinos.
Esta opción marca una ruptura muy grande con la historia de dependencia y subordinación característica de los gobiernos ecuatorianos. El Ecuador es un país, cuyos gobernantes decidieron abandonar voluntariamente su moneda, perdimos la moneda nacional y ahora el dólar es el medio de circulación monetaria. El Ecuador cedió sin ningún condicionamiento, territorio ecuatoriano para el establecimiento de una Base Militar Norteamericana. En varias coyunturas políticas, ha bastado la palabra del embajador o embajadora de turno de los Estados Unidos en el Ecuador para desencadenar los acontecimientos políticos internos. La relación entre Ecuador y los Estados Unidos ha sido totalmente desigual, signada por súplicas y dádivas, como lo demuestran claramente las últimas decisiones del Congreso de los Estados Unidos de prorrogar las preferencias arancelarias a Ecuador y Bolivia tan solo por ocho meses. Es, sin duda, un intento claro de mantener una puerta abierta para la presión interna. La injerencia de los Estados Unidos en la política interna del Ecuador ha sido una constante. También el sentimiento anti-imperialista que poco a poco ha ido alimentando la población, tanto es así que Bolivia y Ecuador son los países sudamericanos con mayor rechazo al intervencionismo de la potencia del norte.
La región andina se ha convertido en un núcleo de conflictividad de enorme significación geopolítica, como lo fue el Cono Sur en la década de los setenta, o Centroamérica en los ochenta (ICCI, 2004: 3). La revolución bolivariana de Chávez sigue prendiendo por los países andinos y se expande en el continente, lo que sin duda constituye una amenaza para los intereses norteamericanos en la región, que en Sudamérica actualmente solo se expresan en los gobiernos de Colombia y Perú, que estuvieron prontos a firmar sin cuestionamientos el TLC con los Estados Unidos.
En este marco, la elección de Correa como presidente en el Ecuador ha reforzado las posiciones anti-imperialistas, con planteamientos claros frente a la integración regional y a la necesidad de consolidar la soberanía nacional.
La política exterior ecuatoriana se ha caracterizado por un excesivo unilateralismo con los Estados Unidos, país que actualmente es el principal socio comercial del Ecuador, descuidando enormemente el comercio con los países vecinos y con otras latitudes. La balanza comercial ecuatoriana presenta enormes déficits frente a sus países vecinos y a los países sudamericanos. El actual gobierno se ha propuesto diversificar las relaciones comerciales tanto dentro como fuera del continente.
El fortalecimiento de la soberanía nacional está fundamentado en reivindicaciones de larga data en el país, como la necesidad de no involucrar al país en el conflicto colombiano, la no renovación del convenio entre Ecuador y Estados Unidos para mantener la Base Militar Norteamericana en Manta, la decisión de no firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte América, la no injerencia de las instituciones de Bretton Woods en la política financiera nacional y la denuncia del tratado de protección de inversiones con Estados Unidos.
La necesidad de construir un bloque regional relativamente independiente de la influencia de los Estados Unidos es imperiosa en el actual momento político que vive América Latina y se constituye en uno de los principales ejes de cambio que intentan generar relaciones más horizontales con Estados Unidos y afectar hondamente la estrategia imperialista de dominación de los países latinoamericanos. La integración es entonces una vía adecuada para romper la opresión y recuperar la patria grande.
En el campo petrolero se hace imprescindible la inversión pública para la producción de derivados, pues mientras el Ecuador exporte petróleo para importar derivados, la extracción petrolera es una llave abierta que corre sin dejar beneficios al país y ocasiona profundos daños ambientales, sociales y culturales en el país. En segundo lugar, la propuesta de soberanía petrolera apunta a una relación radicalmente distinta con las empresas transnacionales y al fortalecimiento de la empresa estatal de petróleos. La renta petrolera en el Ecuador en los últimos años ha beneficiado a las compañías extranjeras en desmedro de los intereses nacionales. La participación del Estado en los beneficios petroleros ha llegado a cifras tan irrisorias como el 15% para el Estado ecuatoriano y el 85% de las utilidades para las empresas petroleras.
En relación a la integración petrolera, se han suscrito convenios con el gobierno venezolano para intercambiar petróleo por derivados y para la construcción de una nueva refinería en la provincia de Manabí. Uno de los cuellos de botella de la economía ecuatoriana es que el Ecuador, pese a ser un país exportador de petróleo, no produce derivados, por lo que tiene que importar combustibles. Los convenios con Venezuela buscan atacar frontalmente este cuello de botella, a partir de una lógica de cooperación basada en la solidaridad y reciprocidad y a partir de relaciones horizontales. Fue muy significativo que en medio de la primera crisis energética que tuvo que enfrentar el nuevo gobierno, llegara a las costas ecuatorianas el barco venezolano "Manuela Sáenz" que contenía la primera carga de diesel fruto del convenio de intercambio de petróleo por derivados.
En el 2009 vence el convenio suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos, en el que el país cedió parte de su territorio para la instalación de una base militar norteamericana que tenía como objetivo la lucha contra el narcotráfico. El nuevo gobierno ha sido claro al anunciar que este convenio no será renovado y que la Base de Manta pasará a manos del Estado ecuatoriano.
La integración financiera ocupa un lugar central en la estrategia de integración latinoamericana y para el Ecuador reviste una importancia en dos sentidos: el primero, la necesidad de marcar distancia con las presiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en la política económica del país. En este sentido el actual gobierno ha sido muy firme. Incluso pidió la salida del país del representante del Banco Mundial. La creación del Banco del Sur, como un mecanismo que permita a los Estados latinoamericanos una mayor independencia frente a los designios de Washington es esencial, pues no se puede hablar de soberanía si los recursos para el desarrollo vienen condicionados. El gobierno nacional se ha planteado, como una de sus metas para los próximos 3 años, que la inversión social sea financiada con recursos propios, pues gran parte de la inversión social en el país provienen de la deuda externa.
El segundo aspecto por el cual para el Ecuador es estratégica la integración financiera, tiene que ver con el hecho de que el país perdió su política monetaria. El propiciar una moneda común latinoamericana se perfila en las actuales condiciones que vive el país, como la única salida posible a la dolarización, en el marco de un esfuerzo de consolidación de la región.
En los pocos meses de gobierno, el apoyo decidido del país a los procesos de integración latinoamericana le ha colocado en la Presidencia de la Comunidad Andina de Naciones y en la Secretaría General de la UNASUR (Unión de Naciones de América del Sur).
El Ecuador frente al conflicto colombiano
Dentro de la geo-estrategia norteamericana, el conflicto colombiano juega un papel clave, pues permite militarizar la región y usar la política del miedo, de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico como puntales para mantener las anclas de la dominación y la dependencia. Las posibilidades de atacar las causas del conflicto y buscar una salida negociada al mismo, son cada vez más lejanas en el marco del la alianza entre Bush y Uribe.
Para el gobierno ecuatoriano, la política fronteriza tiene una relevancia especial. La relación con el gobierno colombiano ha sido particularmente difícil. En el año 2006, Colombia y Ecuador suscribieron un acuerdo en el que el gobierno colombiano se comprometía a suspender la fumigación de cultivos ilícitos por aspersión aérea en la frontera con Ecuador. El 14 de enero de 2007, un día antes de que el presidente electo, Rafael Correa, se posesionara en su nuevo cargo, el gobierno colombiano inició nuevamente las aspersiones aéreas con glifosato. Los primeros seis meses de gobierno han estado fuertemente marcados por las constantes negociaciones con el gobierno colombiano para que se suspendan las aspersiones aéreas. Se formó una comisión para realizar estudios sobre los efectos de las aspersiones en las poblaciones. Sin embargo, no se ha podido solucionar el problema y el Ecuador ha presentado una demanda en la corte internacional de La Haya.
La campaña de fumigaciones financiada por el Plan Colombia no ha beneficiado a nadie. El gobierno colombiano durante los últimos años ha gastado más de cuatro billones de dólares para erradicar los cultivos ilícitos y, según estimaciones, se calcula que por cada 67 hectáreas de tierra fumigada en el sur de Colombia, solamente se ha logrado eliminar una hectárea de coca. La producción de coca no ha disminuido, por el contrario ha aumentado, lo que demuestra la ineficacia de la estrategia adoptada. Mientras tanto las poblaciones de frontera se han visto afectadas por serios problemas de salud y graves problemas de contaminación ambiental.
El número de desplazados colombianos ha aumentado significativamente en los últimos años, pasando de 413 en el año 2000 a 6.270 en el año 2002, provocando una crisis humanitaria de hondas consecuencias. El actual gobierno se ha planteado una política de acogida a los colombianos desplazados por el conflicto armado y un plan de desarrollo fronterizo, que permita atender de manera conjunta los graves problemas que se viven en la frontera colombo – ecuatoriana. El Plan Ecuador, presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, intenta enfrentar estos problemas. Según declaraciones de la propia ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, la respuesta colombiana frente a los planes fronterizos de desarrollo conjunto ha sido "muy tímida y hasta desinteresada" (Espinosa, 2007: 54).
Los asesinatos a pobladores ecuatorianos en la zona fronteriza por parte de grupos paramilitares aumenta día a día y hasta el momento, pese a los ofrecimientos de reparación por parte del gobierno colombiano, estos casos han quedado en el olvido.
La política del gobierno ecuatoriano ha sido muy clara frente al conflicto colombiano y recoge el sentir mayoritario, por no decir casi unánime, de la población del país, que rechaza cualquier tipo de involucramiento del Ecuador en el Plan Colombia. El Plan Ecuador, sin duda, ayudará en la construcción de un nuevo tipo de relaciones bilaterales basadas en la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua, la promoción de la paz basada en la justicia social como valores indeclinables.
Bibliografía
Espinosa, María Fernanda 2007. "A la cancillería hay que ponerle un poco de poesía y de verde", entrevista realizada por Virgilio Hernández, en: Revista Entre Voces Nº 10 Correa: Una apuesta por el cambio, Quito: Grupo Democracia y Desarrollo Local, enero – febrero.
ICCI, 2004. Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 72, Marzo
- Ana María Larrea Maldonado es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
La segunda dimensión del slogan gubernamental nos habla de la necesidad de recuperar la soberanía. Una patria capaz de autodeterminarse y escoger de manera autónoma hacia dónde quiere ir, sin la presión del dominio imperial. Los ejes para la construcción de soberanía giran alrededor de la soberanía petrolera, energética, alimentaria y financiera y propugnan importantes procesos de integración regional sudamericana. Se trata entonces, de impulsar activamente la construcción de la patria grande como un proyecto antiimperialista capaz de disputar el actual orden hegemónico mundial.
En este marco, el flamante gobierno ecuatoriano no ha tenido ningún reparo en explícitamente mostrar sus intenciones de consolidar el eje Caracas – Quito – La Paz auspiciando activamente el proceso de integración sudamericana y generando mecanismos de cooperación basados en la solidaridad. La integración es vista como un proceso de los pueblos, que va más allá de los acuerdos comerciales e implica múltiples dimensiones, las sociales, culturales, ambientales. Pero además, la integración es vista como el mecanismo más apropiado de inserción inteligente en el mundo contemporáneo eliminando la dependencia hacia el norte y propiciando interrelaciones con nuestros vecinos.
Esta opción marca una ruptura muy grande con la historia de dependencia y subordinación característica de los gobiernos ecuatorianos. El Ecuador es un país, cuyos gobernantes decidieron abandonar voluntariamente su moneda, perdimos la moneda nacional y ahora el dólar es el medio de circulación monetaria. El Ecuador cedió sin ningún condicionamiento, territorio ecuatoriano para el establecimiento de una Base Militar Norteamericana. En varias coyunturas políticas, ha bastado la palabra del embajador o embajadora de turno de los Estados Unidos en el Ecuador para desencadenar los acontecimientos políticos internos. La relación entre Ecuador y los Estados Unidos ha sido totalmente desigual, signada por súplicas y dádivas, como lo demuestran claramente las últimas decisiones del Congreso de los Estados Unidos de prorrogar las preferencias arancelarias a Ecuador y Bolivia tan solo por ocho meses. Es, sin duda, un intento claro de mantener una puerta abierta para la presión interna. La injerencia de los Estados Unidos en la política interna del Ecuador ha sido una constante. También el sentimiento anti-imperialista que poco a poco ha ido alimentando la población, tanto es así que Bolivia y Ecuador son los países sudamericanos con mayor rechazo al intervencionismo de la potencia del norte.
La región andina se ha convertido en un núcleo de conflictividad de enorme significación geopolítica, como lo fue el Cono Sur en la década de los setenta, o Centroamérica en los ochenta (ICCI, 2004: 3). La revolución bolivariana de Chávez sigue prendiendo por los países andinos y se expande en el continente, lo que sin duda constituye una amenaza para los intereses norteamericanos en la región, que en Sudamérica actualmente solo se expresan en los gobiernos de Colombia y Perú, que estuvieron prontos a firmar sin cuestionamientos el TLC con los Estados Unidos.
En este marco, la elección de Correa como presidente en el Ecuador ha reforzado las posiciones anti-imperialistas, con planteamientos claros frente a la integración regional y a la necesidad de consolidar la soberanía nacional.
La política exterior ecuatoriana se ha caracterizado por un excesivo unilateralismo con los Estados Unidos, país que actualmente es el principal socio comercial del Ecuador, descuidando enormemente el comercio con los países vecinos y con otras latitudes. La balanza comercial ecuatoriana presenta enormes déficits frente a sus países vecinos y a los países sudamericanos. El actual gobierno se ha propuesto diversificar las relaciones comerciales tanto dentro como fuera del continente.
El fortalecimiento de la soberanía nacional está fundamentado en reivindicaciones de larga data en el país, como la necesidad de no involucrar al país en el conflicto colombiano, la no renovación del convenio entre Ecuador y Estados Unidos para mantener la Base Militar Norteamericana en Manta, la decisión de no firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte América, la no injerencia de las instituciones de Bretton Woods en la política financiera nacional y la denuncia del tratado de protección de inversiones con Estados Unidos.
La necesidad de construir un bloque regional relativamente independiente de la influencia de los Estados Unidos es imperiosa en el actual momento político que vive América Latina y se constituye en uno de los principales ejes de cambio que intentan generar relaciones más horizontales con Estados Unidos y afectar hondamente la estrategia imperialista de dominación de los países latinoamericanos. La integración es entonces una vía adecuada para romper la opresión y recuperar la patria grande.
En el campo petrolero se hace imprescindible la inversión pública para la producción de derivados, pues mientras el Ecuador exporte petróleo para importar derivados, la extracción petrolera es una llave abierta que corre sin dejar beneficios al país y ocasiona profundos daños ambientales, sociales y culturales en el país. En segundo lugar, la propuesta de soberanía petrolera apunta a una relación radicalmente distinta con las empresas transnacionales y al fortalecimiento de la empresa estatal de petróleos. La renta petrolera en el Ecuador en los últimos años ha beneficiado a las compañías extranjeras en desmedro de los intereses nacionales. La participación del Estado en los beneficios petroleros ha llegado a cifras tan irrisorias como el 15% para el Estado ecuatoriano y el 85% de las utilidades para las empresas petroleras.
En relación a la integración petrolera, se han suscrito convenios con el gobierno venezolano para intercambiar petróleo por derivados y para la construcción de una nueva refinería en la provincia de Manabí. Uno de los cuellos de botella de la economía ecuatoriana es que el Ecuador, pese a ser un país exportador de petróleo, no produce derivados, por lo que tiene que importar combustibles. Los convenios con Venezuela buscan atacar frontalmente este cuello de botella, a partir de una lógica de cooperación basada en la solidaridad y reciprocidad y a partir de relaciones horizontales. Fue muy significativo que en medio de la primera crisis energética que tuvo que enfrentar el nuevo gobierno, llegara a las costas ecuatorianas el barco venezolano "Manuela Sáenz" que contenía la primera carga de diesel fruto del convenio de intercambio de petróleo por derivados.
En el 2009 vence el convenio suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos, en el que el país cedió parte de su territorio para la instalación de una base militar norteamericana que tenía como objetivo la lucha contra el narcotráfico. El nuevo gobierno ha sido claro al anunciar que este convenio no será renovado y que la Base de Manta pasará a manos del Estado ecuatoriano.
La integración financiera ocupa un lugar central en la estrategia de integración latinoamericana y para el Ecuador reviste una importancia en dos sentidos: el primero, la necesidad de marcar distancia con las presiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en la política económica del país. En este sentido el actual gobierno ha sido muy firme. Incluso pidió la salida del país del representante del Banco Mundial. La creación del Banco del Sur, como un mecanismo que permita a los Estados latinoamericanos una mayor independencia frente a los designios de Washington es esencial, pues no se puede hablar de soberanía si los recursos para el desarrollo vienen condicionados. El gobierno nacional se ha planteado, como una de sus metas para los próximos 3 años, que la inversión social sea financiada con recursos propios, pues gran parte de la inversión social en el país provienen de la deuda externa.
El segundo aspecto por el cual para el Ecuador es estratégica la integración financiera, tiene que ver con el hecho de que el país perdió su política monetaria. El propiciar una moneda común latinoamericana se perfila en las actuales condiciones que vive el país, como la única salida posible a la dolarización, en el marco de un esfuerzo de consolidación de la región.
En los pocos meses de gobierno, el apoyo decidido del país a los procesos de integración latinoamericana le ha colocado en la Presidencia de la Comunidad Andina de Naciones y en la Secretaría General de la UNASUR (Unión de Naciones de América del Sur).
El Ecuador frente al conflicto colombiano
Dentro de la geo-estrategia norteamericana, el conflicto colombiano juega un papel clave, pues permite militarizar la región y usar la política del miedo, de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico como puntales para mantener las anclas de la dominación y la dependencia. Las posibilidades de atacar las causas del conflicto y buscar una salida negociada al mismo, son cada vez más lejanas en el marco del la alianza entre Bush y Uribe.
Para el gobierno ecuatoriano, la política fronteriza tiene una relevancia especial. La relación con el gobierno colombiano ha sido particularmente difícil. En el año 2006, Colombia y Ecuador suscribieron un acuerdo en el que el gobierno colombiano se comprometía a suspender la fumigación de cultivos ilícitos por aspersión aérea en la frontera con Ecuador. El 14 de enero de 2007, un día antes de que el presidente electo, Rafael Correa, se posesionara en su nuevo cargo, el gobierno colombiano inició nuevamente las aspersiones aéreas con glifosato. Los primeros seis meses de gobierno han estado fuertemente marcados por las constantes negociaciones con el gobierno colombiano para que se suspendan las aspersiones aéreas. Se formó una comisión para realizar estudios sobre los efectos de las aspersiones en las poblaciones. Sin embargo, no se ha podido solucionar el problema y el Ecuador ha presentado una demanda en la corte internacional de La Haya.
La campaña de fumigaciones financiada por el Plan Colombia no ha beneficiado a nadie. El gobierno colombiano durante los últimos años ha gastado más de cuatro billones de dólares para erradicar los cultivos ilícitos y, según estimaciones, se calcula que por cada 67 hectáreas de tierra fumigada en el sur de Colombia, solamente se ha logrado eliminar una hectárea de coca. La producción de coca no ha disminuido, por el contrario ha aumentado, lo que demuestra la ineficacia de la estrategia adoptada. Mientras tanto las poblaciones de frontera se han visto afectadas por serios problemas de salud y graves problemas de contaminación ambiental.
El número de desplazados colombianos ha aumentado significativamente en los últimos años, pasando de 413 en el año 2000 a 6.270 en el año 2002, provocando una crisis humanitaria de hondas consecuencias. El actual gobierno se ha planteado una política de acogida a los colombianos desplazados por el conflicto armado y un plan de desarrollo fronterizo, que permita atender de manera conjunta los graves problemas que se viven en la frontera colombo – ecuatoriana. El Plan Ecuador, presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, intenta enfrentar estos problemas. Según declaraciones de la propia ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, la respuesta colombiana frente a los planes fronterizos de desarrollo conjunto ha sido "muy tímida y hasta desinteresada" (Espinosa, 2007: 54).
Los asesinatos a pobladores ecuatorianos en la zona fronteriza por parte de grupos paramilitares aumenta día a día y hasta el momento, pese a los ofrecimientos de reparación por parte del gobierno colombiano, estos casos han quedado en el olvido.
La política del gobierno ecuatoriano ha sido muy clara frente al conflicto colombiano y recoge el sentir mayoritario, por no decir casi unánime, de la población del país, que rechaza cualquier tipo de involucramiento del Ecuador en el Plan Colombia. El Plan Ecuador, sin duda, ayudará en la construcción de un nuevo tipo de relaciones bilaterales basadas en la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua, la promoción de la paz basada en la justicia social como valores indeclinables.
Bibliografía
Espinosa, María Fernanda 2007. "A la cancillería hay que ponerle un poco de poesía y de verde", entrevista realizada por Virgilio Hernández, en: Revista Entre Voces Nº 10 Correa: Una apuesta por el cambio, Quito: Grupo Democracia y Desarrollo Local, enero – febrero.
ICCI, 2004. Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 72, Marzo
- Ana María Larrea Maldonado es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
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