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El pasado 21 de octubre, una milicia armada contratada por la trasnacional de transgénicos Syngenta, invadió el campamento Terra Livre en Paraná, Brasil, matando de dos tiros a quemarropa a Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno, militante del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), de 34 años, padre de tres hijos. Además hirió gravemente a otras personas del mismo movimiento.
Como lo expresa el MST, "Keno era uno entre centenares de militantes de la Vía Campesina que hace más de un año, hicieron públicos para Brasil y el mundo, los crímenes ambientales de Syngenta", cosa que la trasnacional no podía dejar pasar.
En marzo del 2006, al mismo tiempo que se reunía en Paraná el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas y su Protocolo Internacional de Bioseguridad -que regula los movimientos transfronterizos de transgénicos-, Vía Campesina Brasil ocupó los campos experimentales de transgénicos de Syngenta en Santa Teresa do Oeste, ilegales por estar en el área de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú que alberga las famosas cataratas de mismo nombre.
Según la ley de bioseguridad en Brasil, estaba prohibido sembrar transgénicos en una extensión de 10 kilómetros de un área natural protegida. Gracias a la notoriedad de la ocupación y a la denuncia de las organizaciones sociales, la autoridad ambiental, IBAMA, sentenció a Syngenta a pagar una multa de 500 mil dólares, cosa que la multinacional nunca efectuó. Más tarde, el gobierno de Lula da Silva cambió la ley, reduciendo el área de amortiguamiento a solamente 500 metros. Syngenta aprovechó el favor que le hizo Lula para apelar el pago. No existe aún sentencia definitiva en el caso.
Para el MST y la Vía Campesina, la ocupación del campo experimental es una denuncia por la impunidad con que se manejan las multinacionales de los agronegocios, invadiendo zonas naturales únicas como el Parque Iguazú, con transgénicos y uso intensivo de agrotóxicos. Pero además, el campo experimental de Syngenta es vecino de un asentamiento del MST que ya estaba allí anteriormente, colocando en alto riesgo de contaminación transgénica a sus variedades criollas de maíz.
La propuesta de Vía Campesina, desde el comienzo de la ocupación, fue transformar el campo contaminante de Syngenta en un centro de investigación y producción de semillas agroecológicas, con variedades campesinas, accesibles a todos y sin patentes.
En función de esto, en noviembre de 2006, el gobernador del estado de Paraná, Roberto Requiao, emitió un decreto para desapropiar el área del campo de Syngenta y establecer un Centro Paranense de Referencia en Agroecología. Syngenta se amparó frente a la justicia del Estado -dominada por los grandes latifundistas- y consiguió más tarde una suspensión provisoria del decreto y el derecho de reintegración del área.
Frente a un orden judicial de desalojo y en un clima de amenazas y violencia por parte de matones y guardias de seguridad contratados por la empresa Syngenta, las 70 familias que estaban ocupando, decidieron abandonar el área en julio de 2007, y trasladarse al asentamiento vecino Olga Benário, en espera de la resolución definitiva.
En octubre, volvieron a ocupar el campo -obviamente sin armas- para retomar sus actividades a favor de las semillas criollas y la agroecología, como una medida de presión para una resolución legal del conflicto. Es en este momento, cuando fueron atacados salvajemente, con armas de fuego disparadas directamente contra la gente, por la empresa de seguridad NF contratada por Syngenta.
La transnacional admite que contrató a NF, pero no se responsabiliza por el uso de armas, que es ilegal. Sin embargo, la organización Terra de Direitos explica que desde septiembre presentaron una denuncia legal a la Policia Federal y a Syngenta, de que la empresa de seguridad NF estaba usando armas de fuego. La policía detuvo incluso a una mujer dueña de la empresa, por tenencia ilegal de armas. Syngenta, enterada de todo esto, siguió con el contrato y ordenó el ataque asesino, con pleno conocimiento de la situación.
La organización Terra de Direitos denuncia también que dos militantes del MST, Celso Barbosa y Celia Lourenco, están amenazados de muerte y fueron perseguidos por los mismos pistoleros, y que la situación de violencia y amenaza en la región es grave, debido a la escalada de violencia que han tomado la guardia armada contratada por Syngenta y latifundistas de la región. Ya en diciembre pasado, en una agresión organizada por los grandes propietarios rurales contra militantes del MST en la localidad de Cascavel, en Paraná, los agredidos reconocieron a funcionarios de Syngenta. El 20 de julio, la guardia contratada por Syngenta invadió, fuertemente armada, el asentamiento Olga Benário, amenazando directamente a varias personas y descargando finalmente sus armas contra una bandera del MST, todo lo cual consta en una denuncia policial.
El MST, Vía Campesina y Terra de Direitos, junto a decenas de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos en Brasil condenan los hechos y exigen que se responsabilice a Syngenta por este asesinato, que la multinacional de transgénicos pague sus culpas ambientales y sociales, entregue el campo experimental y abandone el país. Demandas justas que merecen el apoyo de todos, así como el profundo reconocimiento y solidaridad a los movimientos en Brasil, por mostrar al mundo los crímenes ambientales y humanos que cometen los que promueven los transgénicos y pretenden monopolizar las semillas, la tierra y el agua.
Como lo expresa el MST, "Keno era uno entre centenares de militantes de la Vía Campesina que hace más de un año, hicieron públicos para Brasil y el mundo, los crímenes ambientales de Syngenta", cosa que la trasnacional no podía dejar pasar.
En marzo del 2006, al mismo tiempo que se reunía en Paraná el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas y su Protocolo Internacional de Bioseguridad -que regula los movimientos transfronterizos de transgénicos-, Vía Campesina Brasil ocupó los campos experimentales de transgénicos de Syngenta en Santa Teresa do Oeste, ilegales por estar en el área de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú que alberga las famosas cataratas de mismo nombre.
Según la ley de bioseguridad en Brasil, estaba prohibido sembrar transgénicos en una extensión de 10 kilómetros de un área natural protegida. Gracias a la notoriedad de la ocupación y a la denuncia de las organizaciones sociales, la autoridad ambiental, IBAMA, sentenció a Syngenta a pagar una multa de 500 mil dólares, cosa que la multinacional nunca efectuó. Más tarde, el gobierno de Lula da Silva cambió la ley, reduciendo el área de amortiguamiento a solamente 500 metros. Syngenta aprovechó el favor que le hizo Lula para apelar el pago. No existe aún sentencia definitiva en el caso.
Para el MST y la Vía Campesina, la ocupación del campo experimental es una denuncia por la impunidad con que se manejan las multinacionales de los agronegocios, invadiendo zonas naturales únicas como el Parque Iguazú, con transgénicos y uso intensivo de agrotóxicos. Pero además, el campo experimental de Syngenta es vecino de un asentamiento del MST que ya estaba allí anteriormente, colocando en alto riesgo de contaminación transgénica a sus variedades criollas de maíz.
La propuesta de Vía Campesina, desde el comienzo de la ocupación, fue transformar el campo contaminante de Syngenta en un centro de investigación y producción de semillas agroecológicas, con variedades campesinas, accesibles a todos y sin patentes.
En función de esto, en noviembre de 2006, el gobernador del estado de Paraná, Roberto Requiao, emitió un decreto para desapropiar el área del campo de Syngenta y establecer un Centro Paranense de Referencia en Agroecología. Syngenta se amparó frente a la justicia del Estado -dominada por los grandes latifundistas- y consiguió más tarde una suspensión provisoria del decreto y el derecho de reintegración del área.
Frente a un orden judicial de desalojo y en un clima de amenazas y violencia por parte de matones y guardias de seguridad contratados por la empresa Syngenta, las 70 familias que estaban ocupando, decidieron abandonar el área en julio de 2007, y trasladarse al asentamiento vecino Olga Benário, en espera de la resolución definitiva.
En octubre, volvieron a ocupar el campo -obviamente sin armas- para retomar sus actividades a favor de las semillas criollas y la agroecología, como una medida de presión para una resolución legal del conflicto. Es en este momento, cuando fueron atacados salvajemente, con armas de fuego disparadas directamente contra la gente, por la empresa de seguridad NF contratada por Syngenta.
La transnacional admite que contrató a NF, pero no se responsabiliza por el uso de armas, que es ilegal. Sin embargo, la organización Terra de Direitos explica que desde septiembre presentaron una denuncia legal a la Policia Federal y a Syngenta, de que la empresa de seguridad NF estaba usando armas de fuego. La policía detuvo incluso a una mujer dueña de la empresa, por tenencia ilegal de armas. Syngenta, enterada de todo esto, siguió con el contrato y ordenó el ataque asesino, con pleno conocimiento de la situación.
La organización Terra de Direitos denuncia también que dos militantes del MST, Celso Barbosa y Celia Lourenco, están amenazados de muerte y fueron perseguidos por los mismos pistoleros, y que la situación de violencia y amenaza en la región es grave, debido a la escalada de violencia que han tomado la guardia armada contratada por Syngenta y latifundistas de la región. Ya en diciembre pasado, en una agresión organizada por los grandes propietarios rurales contra militantes del MST en la localidad de Cascavel, en Paraná, los agredidos reconocieron a funcionarios de Syngenta. El 20 de julio, la guardia contratada por Syngenta invadió, fuertemente armada, el asentamiento Olga Benário, amenazando directamente a varias personas y descargando finalmente sus armas contra una bandera del MST, todo lo cual consta en una denuncia policial.
El MST, Vía Campesina y Terra de Direitos, junto a decenas de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos en Brasil condenan los hechos y exigen que se responsabilice a Syngenta por este asesinato, que la multinacional de transgénicos pague sus culpas ambientales y sociales, entregue el campo experimental y abandone el país. Demandas justas que merecen el apoyo de todos, así como el profundo reconocimiento y solidaridad a los movimientos en Brasil, por mostrar al mundo los crímenes ambientales y humanos que cometen los que promueven los transgénicos y pretenden monopolizar las semillas, la tierra y el agua.
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