La Estrella de Arica, Miércoles 6 de junio de 2007
La comunicación por intermedio de las Naciones Unidas a más de 180 estados conlleva una indudable gravedad jurídica, pues caracteriza y hace público el desconocimiento de tratados de frontera vigentes.
El canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, reafirmó la semana pasada la decisión de formalizar en el curso de esta semana su cuestionamiento al límite marítimo vigente por medio siglo entre ambos países, contenido en tratados perfectos de frontera, practicado sostenidamente por ambos, y ejecutado y confirmado por toda suerte de actos recíprocos y reconocido por terceros.
La comunicación por intermedio de las Naciones Unidas a más de 180 estados conlleva una indudable gravedad jurídica, pues caracteriza y hace público el desconocimiento de tratados de frontera vigentes.
El canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, reafirmó la semana pasada la decisión de formalizar en el curso de esta semana su cuestionamiento al límite marítimo vigente por medio siglo entre ambos países, contenido en tratados perfectos de frontera, practicado sostenidamente por ambos, y ejecutado y confirmado por toda suerte de actos recíprocos y reconocido por terceros.
El 17 de mayo pasado, su gobierno envió a la Oficina del Mar de las Naciones Unidas el texto de la ley N° 28.621, promulgada en 2005. Entonces, ella fue oportunamente objetada y protestada por Chile. Tras el citado envío, nuevamente fue objetada y rectificada ante dicha oficina el 19 de mayo. Ahora, por esa misma vía, Perú quiere hacer pública en las Naciones Unidas la cartografía destinada a caracterizar ese desafío.
Se trata, en primer lugar, de algo jurídica y políticamente innecesario: a falta de ley de bases, rige la de más baja marea. Aquélla no es necesaria sino cuando existe geografía que aconseja líneas de base recta, que no es el caso del Perú. Informar sobre líneas de base y demarcación de espacios marítimos es una recomendación a sus miembros de la Convención del Mar, de la que Perú no es parte. Se trata, pues, de un acto estrictamente voluntario.
La comunicación por intermedio de las Naciones Unidas a más de 180 estados conlleva una indudable gravedad jurídica, pues caracteriza y hace público el desconocimiento de tratados de frontera vigentes. Es políticamente adverso, tanto por su carácter y énfasis como por ser innecesario, contradiciendo y afectando una relación normal y que se había querido enaltecer bajo los actuales gobiernos.
Si la formalización y difusión de la nueva cartografía peruana se llevan finalmente a cabo, serán necesarias, por cierto, una aclaración ante las Naciones Unidas; una protesta ante el gobierno del Perú, y una clara y enfática declaración pública. Junto con reafirmar los componentes de esta bien establecida definición limítrofe y la justificada protesta que merece el acto peruano, deberá igualmente dejarse en claro, como se hizo en 1995, que Chile continuará ejerciendo los derechos y deberes que le franquea el derecho internacional en los espacios marítimos de los que siempre ha estado en posesión.
Además, ante este escalamiento así consumado de acciones desafiantes, cabría considerar, esta vez, la posibilidad de un recurso unilateral chileno ante la Corte Internacional de Justicia, no para que se pronuncie sobre límites establecidos y espacios que poseemos en derecho, sino para que declare el serio desconocimiento de tratados de frontera vigentes y perfectos.
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