China estrena protección social

Los propósitos son buenos, pero su aplicación será muy problemática

Pekín. LaVanguardia.es Corresponsal | 24/01/2008 | Actualizada a las 08:21h

La necesidad de una mayor nivelación y armonía social comienza a traducirse en políticas concretas en China. Las dos primeras semanas del año han registrado una sucesión de leyes y medidas de clara factura social, que significan el estreno práctico de una nueva mentalidad de protección de la población, anunciada desde hace años por el discurso oficial.

Las diez prohibiciones del funcionario
Los funcionarios del Partido Comunista Chino deberán regirse por una lista de nuevas "diez prohibiciones" que la Comisión de Disciplina del Partido ha divulgado a todos los cuadros, en una reciente videoconferencia, informaba recientemente la agencia oficial "Xinhua". La lista expresa los complicados y voluntariosos propósitos "moralizadores" y anticorrupción, animados por el Presidente Hu Jintao. Su texto es el siguiente:

1 Utilización de diversas vías para obtener apoyos y ascensos, como efectuar visitas, enviar mensajes telefónicos, ofrecer banquetes y presentar regalos

2 Buscar la influencia de oficiales de rango superior para obtener la promoción

3 Distribuir folletos y ofrecer recuerdos sin autorización

4 Organizar actividades sociales con compañeros de promoción, colegas de trabajo, y compañeros de armas para formar clanes

5 Ofrecer mordidas en dinero, regalos y títulos financieros para comprar puestos gubernamentales

6 Aceptar sobornos o la participación en banquetes para obtener apoyos durante el ejercicio del cargo

7 Realizar actividades ilícitas en el ejercicio del cargo

8 Diseminar rumores, o utilizar cartas, pasquines y mensajes de teléfono o internet para calumniar

9 Usar intimidación o engaños para violar los derechos democráticos de los delegados o los miembros del comité

10 Prometer promociones

Una ley de seguridad alimentaria entregada en diciembre a la Asamblea Nacional Popular prevé reforzar los controles de calidad de importaciones y exportaciones alimentarias. Establece un sistema de marcaje e identificación que responsabiliza a los productores de la veracidad de la información sobre ingredientes, aditivos y caducidad de los productos. También crea un sistema de devolución y compensación por productos defectuosos, que estimulará la capacidad de acción de las asociaciones de consumidores que florecen por todo el país.

Gran campaña de seguridad alimentaria
En los últimos cuatro meses, como consecuencia de los escándalos con la comida de perros y los juguetes de origen chino registrados en Estados Unidos, se ha llevado a cabo en China una gran campaña de seguridad alimentaria. La codicia de importadores y exportadores, y las presiones de mercado, dentro y fuera de China, para conseguir los costes más competitivos, conducen a utilizar todo tipo de productos dañinos en la confección de alimentos y artículos de amplio consumo.

Los escándalos fueron un duro golpe al prestigio de las exportaciones chinas e hicieron peligrar la condición de China como "fábrica del mundo", lo que determinó una reacción enérgica de las autoridades. La muerte de perros y gatos americanos ha resultado ser, así, un desencadenante de medidas alimentarias que beneficiarán a la población china. Según una encuesta publicada por la agencia "Xinhua", más del 60% de los encuestados expresan preocupación por temas de seguridad alimentaria en este país.

Protección laboral
El mismo propósito de protección social tiene la nueva Ley de Contrato Laboral que ha entrado en vigor el 1 de enero. El texto fortalece el papel de los sindicatos e incide en los derechos laborales. La Federación Pekinesa de Sindicatos ha publicado un modelo de convenio colectivo que aunque no es obligatorio para las empresas, marca una línea estándar. El modelo establece, por ejemplo, la jornada laboral de ocho horas diarias, con una hora para comida y descansos de 15 minutos por cada cuatro horas de trabajo, escalas de aumentos salariales, etc.

En sanidad, ámbito en el que China ha experimentado un alarmante retroceso durante los últimos 25 años de apertura de mercado, el nuevo objetivo general es disponer de un sistema de seguridad social universal para el año 2020. El Ministro de Sanidad Chen Zhu ha escrito, en un artículo publicado esta semana, que, "los mecanismos de mercado no deben dominar el sistema sanitario", porque hacerlo conduciría a la desigualdad y al abandono de la china rural, donde vive la mayoría de la población china, y que el estado debe asumir el grueso de la financiación de la sanidad nacional. Esa tesis ha sido mantenida durante los últimos años por los representantes de la Organización Mundial de la Salud en China, en su diagnóstico sobre el pésimo estado de la sanidad aquí.

La tendencia de sostener a las instituciones médicas mediante la venta de medicamentos ha convertido a los pacientes chinos en víctimas del beneficio. En China la venta de medicinas supone el 44% de las facturas médicas, cuando en Europa la cifra es de alrededor del 15%. El coste de la sanidad, inabarcable para la mayoría de los chinos, es la principal preocupación de los ciudadanos, según una encuesta realizada entre más de 100.000 familias chinas de 31 provincias divulgada esta semana. El gobierno chino parece firmemente dispuesto a cambiar las cosas.

El régimen agrario mixto
En agricultura, el gobierno dejó claro, el miércoles, otra medida de protección social, reafirmando su oposición a la privatización de tierra agraria y el mantenimiento del actual régimen mixto (colectivista/familiar), poco productivo pero fundamental para la estabilidad y la seguridad alimentaria básica de más de la mitad de la población china.

Según algunas estimaciones, en los últimos 25 años, 6,6 millones de hectáreas de tierra cultivable se han perdido en China a costa de la especulación y la urbanización. La estimación del importe de las indemnizaciones a precios de mercado durante todo ese periodo ascendería a medio billón de euros, de los que los campesinos afectados solo recibieron el 10%. El resto, 450.000 millones de euros, fue a parar a los bolsillos de promotores, empresarios y funcionarios -estos últimos muchas veces emparentados con los anteriores- que se han enriquecido en el proceso.

El gobierno declara ahora que cualquier proyecto de construcción en zonas rurales solo podrá ser adjudicado a residentes rurales, mientras que los urbanos tendrán prohibida la compra de propiedad en el campo. Empresas e individuos no podrán alquilar u ocupar tierras de propiedad colectiva para propósitos especulativos o desarrollistas. Cualquier proyecto de convertir tierra agraria para uso no agrícola, solo podrá ser aprobado por el gobierno central. Como tantas cosas en China, el propósito es bueno, pero la aplicación muy problemática.