Crimen sin castigo en América Latina

Los desmanes de las dictaduras militares apenas fueron castigados, y hoy más del 90% de los delitos comunes escapan a la justicia

JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid - 25/03/2007

Después de haberlo intentado en junio del pasado año, el juez español Santiago Pedraz abandonó Guatemala sin haber podido interrogar a ninguno de los ocho acusados de delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, cometidos durante los 34 años de conflicto armado (1962-1996) padecidos por el país centroamericano.

"Fue alucinante lo que vio allí. El grupito de abogados de siempre interpuso un recurso de amparo tras otro, más de 15", señalan fuentes judiciales.

El magistrado de la Audiencia Nacional continúa trabajando para conseguir las extradiciones, pero probablemente no logre la del ex presidente de facto Efraín Ríos Montt (1982-1983) porque ganará un escaño de diputado, y la inmunidad, en las elecciones generales de septiembre próximo. La impunidad en Guatemala, y en otros países latinoamericanos, fue posible porque la extrema derecha es todavía poderosa y se dictaron leyes de amnistía, o porque dentro de los cuerpos de seguridad, de la justicia y de la política actúan coaliciones mafiosas, buena parte carburadas por el dinero del narcotráfico.

El autoritarismo del siglo pasado, por otra parte, construyó Estados débiles, poderes judiciales puramente simbólicos y fomentó la cultura de la ilegalidad. Santiago Pedraz prepara nueva documentación probatoria sobre las atrocidades perpetradas por los regímenes cívico-militares en una guerra sucia que causó 200.000 muertos, la mayoría indígenas mayas. "Es posible que se consiga alguna extradición", agregan fuentes judiciales. Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la Corte Internacional (CPI), observa, sin embargo, "una nueva ola de revisión de los crímenes y abusos de los derechos humanos perpetrados por las dictaduras latinoamericanas. Ocurre incluso en Uruguay". La Ley de Caducidad de 1986 impide en este país el procesamiento de la dictadura (1973-1985). El fiscal aconseja una visión global para poder apreciar los esfuerzos justicieros de América Latina. "Permítame que le cite un trabajo de la investigadora norteamericana Catherine Siikink, todavía sin publicar, sobre la impunidad, que llega a la conclusión de que América Latina lidera en el mundo la revisión de crímenes", agrega Ocampo.

Baltasar Garzón, cuya persecución del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, en el año 1998, constituyó un hito, Santiago Pedraz, y otros jueces invocaron la justicia universal contra delitos de lesa humanidad porque las justicias locales fueron débiles, cómplices o claudicantes. "Algo se está moviendo en Argentina y Uruguay", agrega un juez de la Audiencia Nacional. "En Centroamérica, nada o muy poco, México, como siempre, mareando la perdiz; ahora con Echeverría".

Argentina se implicó más que ningún otro país en el castigo de los responsables de la desaparición de decenas de miles de personas durante la dictadura de los generales (1976-1983), y la presidencia de Isabel Martínez de Perón (1974-1976), de 75 años, residente en Madrid desde el año 1981. Un juez pidió en enero su extradición con cargos de detención ilegal y torturas, pero Isabelita alega que es española, según Mario Rotundo, abogado de la Fundación por la Paz y Amistad con los Pueblos (FUMPAZ).

Los trucos legales son una constante. El ex presidente mexicano Luis Echeverría se amparó a mediados de este mes, contra el auto de ingreso en prisión por sus responsabilidades en la matanza de estudiantes del 2 octubre de 1968, en la plaza de Tlatelolco de la capital mexicana. A ese amparo, probablemente sigan otros. La lista mexicana de la impunidad es larga: asesinatos de sindicalistas, de políticos, de indígenas, y de más de 300 mujeres en Ciudad Juárez. La mayoría de los 2.245 asesinatos de sindicalistas colombianos ocurridos entre los años 1991 y 2006 quedó impune, según un portavoz de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Para el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, "el castigo de los abusos de los derechos humanos contribuyó a la consolidación de la democracia y de la ley en aquellos países que lo han conseguido. Donde no hubo castigo, ahora hay muchos más casos de torturas".

No obstante, pocos militares pagaron con la cárcel. América Latina fue un excelente lugar para asesinar en nombre de la patria y contra el comunismo, y es excelente lugar para matar, robar, secuestrar, corromper y a sueldo del narcotráfico, o a caballo del asilvestramiento social y los vicios de la condición humana. La impunidad alcanza cotas escandalosas: el 98% de los delitos comunes cometidos en Guatemala o México no se castiga, ni el 95% de media de los registrados en el resto de la región. La impunidad es masiva porque guarda correspondencia con el número de crímenes. Latinoamericana figura como la región más violenta del planeta con cerca de 90.000 muertos al año por armas de fuego, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Casi todo pasa al olvido, y tampoco cabe esperar el total esclarecimiento del asesinato, el pasado mes de febrero, de tres diputados salvadoreños en el Parlamento centroamericano y la posterior ejecución en una cárcel de los policías guatemaltecos acusados del delito. Sólo en Venezuela, el delito callejero se cobró 67.000 vidas en los últimos siete años: y en Guatemala, Honduras y El Salvador, las bandas suman el grueso de los 12.000 muertos anuales. Colombia ha tenido índices comparables a un país en guerra. Durante los últimos seis años se cometieron en México 60 millones de delitos, sólo dos de cada 10 fueron castigados, y una de cada 10 viviendas fue asaltada. Algunas comisarías argentinas son cuevas de ladrones.

La corrupción llegó a tales extremos en ese país que la industria del secuestro del Estado de Morelos estuvo dirigida por el jefe de policía antisecuestros. Las cifras de la desigualdad social, el 5% más rico latinoamericano recibe el 25% del ingreso, y el 30% más pobre, menos del 7,5%, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no son ajenas al aumento del delito impune y a la escasa vertebración institucional y legal de América Latina, donde Ecuador y Bolivia, y en ocasiones Perú, padecen frecuentes problemas de gobernabilidad. "Los datos sobre acoso laboral, trata de personas violación de mujeres y niñas son alarmantes en Ecuador", señala la activista María Paula Romo, abogada. "Pero muy pocos o casi ninguno de los agresores recibe ninguna sanción. Jueces, policías y médicos son cómplices de los agresores y culpabilizan a las víctimas".

Joaquín Villalobos, que fue jefe de la guerrilla salvadoreña (1980-1992) y actualmente es investigador en Oxford, sabe mucho de violencia e impunidad. "Hay dos inmunidades distintas, la de los autoritarismos y la actual más vinculada al crimen organizado. Sin embargo, la regla es que los métodos de la primera abrieron el camino a la segunda", señala. El mapa de la impunidad que derivaba en corrupción y en represión autoritaria coincide en mucho con el mapa actual de alarmante expansión del delito organizado en América Latina. "No es casual que Guatemala, donde la victoria de la mano dura fue total, tenga ahora el peor problema del continente. Honduras y El Salvador, ambos junto a Guatemala, fueron el triángulo militar autoritario de Centroamérica y hoy los tres están atrapados en una guerra contra las pandillas (maras) y el crimen organizado", subraya Villalobos.