Estados Unidos es el único Estado miembro de Naciones Unidas, con la excepción de Somalia, que no ha ratificado la Convención de la ONU de 1989 sobre los Derechos del Niño. En febrero del 2001, George W. Bush objetó explícitamente a su "enfoque basado en los derechos humanos" —que, entre otras cosas, prohíbe enjuiciar y encarcelar a niños como adultos porque sus mentes son demasiado inmaduras para formar "intención delictiva".
Por cierto, EE.UU. está solo en su prisa por sentenciar a niños a cadena perpetua, sin la posibilidad de libertad condicional, y alberga a más de un 99% de los jóvenes que sirven esa sentencia en todo el mundo. Según un estudio conjunto en el 2005 de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, Estados Unidos tenía a 9 400 prisioneros sirviendo condenas a prisión perpetua por crímenes cometidos antes de la edad de 18 años, de los cuales 2 225 servían cadena perpetua sin libertad condicional. De estos, un 16% tenía entre 13 y 15 años cuando cometieron los crímenes por los que fueron condenados.
Más de 100 000 niños están actualmente encarcelados en instituciones locales de detención y correccionales estatales en todo el país. Los propugnadores de la "tolerancia cero" quisieran que creamos que la cantidad ha aumentado aceleradamente, que nuestra nación está desbordada por depredadores adolescentes que cometen una cantidad de aborrecibles crímenes sin precedentes.
Pero las estadísticas desmienten esta explicación. La tasa de convicción por asesinato para jóvenes cayó de 2,234 en 1990 a 1,006 en el 2000, una baja de casi un 55%. Sin embargo, durante el mismo periodo, el porcentaje de niños que recibieron sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional más que se triplicó de 2,9 a 9%.
Durante el último decenio, numerosos niños han sido esposados, arrestados, lanzados dentro de patrulleros policiales, les han tomado las huellas digitales, los han encarcelado y condenado por crímenes resultantes de incidentes tan triviales como pataletas en jardines infantiles, peleas en los patios de las escuelas o activar una alarma de incendio, que otrora hubieran significado en el peor de los casos una visita a la oficina del director. Ahora una rabieta de un niño de seis años puede justificar una acusación por un delito mayor. A menudo, las dos muñecas juntas de los encartados son suficientemente pequeñas como para usar una sola esposa.
Cuando a la infante Desre'e Watson de Avon Park, Florida le dio una pataleta en la escuela el pasado mes, fue arrestada y acusada de agresión contra un funcionario escolar (un delito mayor), alteración de una función escolar y resistencia contra un agente del mantenimiento del orden (ambos delitos).
El arresto de Watson no es nada extraordinario en Florida. En diciembre del 2000, el St. Petersburg Times informó: "Actualmente, a la joven edad de 6 ó 7 años son llevados con esposas, encerrados y registrados con antecedentes criminales permanentes. Más de 4 500 chicos de 11 años y menos, fueron acusados de crímenes en Florida durante el año fiscal que terminó en junio".
El Times continuó diciendo: "Niños de solo 7 años pasan la noche en centros de detención. Chicos de solo 10 son detenidos durante un año o más. Y en muy pocos casos, los niños entran al sistema judicial a edades aún menores, tales como un niño de 5, de St. Petersburg, acusado este año de robo con fractura; e increíblemente un sospechoso de delito de incendio de edad preescolar que pasó por un programa de diversión previo al juicio en el sur de Florida a los 3 años".
En diciembre del 2001, después de arrestar a un autista de 10 años, alumno de cuarto grado que interrumpió una clase de educación especial, Rick Hord, del Departamento del Sheriff de Okaloosa, Florida, justificó sus acciones arguyendo: "No cabe duda de que teníamos ante nosotros todos los elementos de un delito mayor".
No todos los niños son tratados por igual. La raza y la clase desempeñan un gran papel. Como señaló el Times, "existe una gran diferencia entre los arrestos de los niños según la raza —que se hace más aguda con la disminución de la edad". Los jóvenes sujetos de arrestos de "tolerancia cero" en toda la nación son abrumadoramente negros, latinos y estadounidenses nativos. En el 2000, según el Centro de Justicia Juvenil de la Escuela de Derecho de la Universidad Suffolk (JJC), niños afro-estadounidenses, que componen solo un 15% de la población juvenil de EE.UU., representaron un 46% de los encarcelados y un 52% de aquellos cuyos casos terminaron ante un tribunal penal adulto. Los niños negros son encarcelados a una tasa de cinco veces la de los blancos, mientras que niños latinos y estadounidenses nativos son colocados en instituciones correccionales dos veces y media más que los blancos.
Shaquanda Cotton, de quince años, fue liberada de una prisión de Texas el 31 de marzo después de cumplir un año de una posible sentencia de siete años por dar un empellón a una maestra auxiliar en su escuela. Cotton afirmó que la auxiliar la empujó primero, después de que intentara ingresar a la escuela luego de la hora oficial de comienzo, para recibir de la enfermera de la escuela una medicina recetada para tratar su desorden hiperactivo causante de su déficit de atención.
Tres meses antes de la condena de Cotton por el incidente del empellón, el mismo juez sentenció a una niña blanca de 14 años a un periodo de libertad vigilada después de que esta quemara totalmente su hogar familiar.
Estas disparidades raciales no se limitan a los estados del sur. El JJC informó en el 2003: "Mientras la criminalidad juvenil en Massachusetts ha disminuido continuamente durante ocho años, la tasa a la que los jueces están ordenando la detención de jóvenes aumentó en un 40%. La proporción de adolescentes menores en las admisiones totales a la detención ha aumentado anualmente desde el 2001, tanto para muchachos (de un 57% a un 60% en el 2003) como para muchachas (de un 49% a un 54%).
En abril del 2005, Maribel Cuevas, de 11 años, participó en un altercado local y lanzó de vuelta una piedra que un grupo de muchachos le tiró fuera de su casa en Fresno, California, hiriendo en la frente a Elijah Vang, de ocho años. Aunque los padres de Vang no presentaron una queja, la policía arrestó a la onceañera y la llevó a un centro de detención juvenil por un delito mayor de asalto —reteniéndola durante cinco días antes de que fuera liberada a condición de que portara un aro electrónico en su tobillo para controlar su paradero.
"Si se tratara de un vecindario de clase media o de clase alta el resultado habría sido muy diferente", dijo el reverendo Floyd Harris Jr. a los periodistas después de dirigir una vigilia de 100 personas para apoyar a Maribel. "La policía no tiene el mismo respeto para la gente de color en esta ciudad". Martín Cuevas, padre de Maribel, comentó: "Nunca tendrá confianza en la policía después de lo que le hicieron". Y con razón.
Los padres que se defienden contra la injusticia racial se convierten a menudo en objetivos para la policía local. El mes pasado, Gerard Mungo, Jr., de 7 años, fue arrestado en East Baltimore por sentarse sobre una motocicleta todo terreno frente a su casa, con el motor apagado. Las motocicletas todo terreno son ilegales en Baltimore. Pero, como comentó el columnista del Baltimore Sun, Gregory Kane: "existe un artículo en el Sun de agosto del 2002, que dice que la policía estaba deteniendo a pasajeros en camino a su trabajo que iban en motonetas —prohibidas junto con las motocicletas todo terreno en el 2000— y confiscando sus vehículos. Eso es detener y confiscar, no arrestar a los conductores. El arresto fue reservado para el chico negro de 7 años de un barrio pobre de East Baltimore...".
Gerard estuvo esposado a un banco en la comisaría durante dos horas mientras su moto, que sus padres acababan de darle días antes para su séptimo aniversario, era confiscada.
Menos de dos semanas después, la madre de Gerard, Lakisa Dinkins, fue arrestada en circunstancias dudosas. Gerard dijo a los periodistas mientras esperaba su liberación: "Se llevaron a mi mamá porque yo estuve en la televisión". El niño es demasiado joven para comprender que su madre fue elegida por defender sus derechos. Tuvo la audacia de pedir al supervisor del agente de policía que lo detuvo que aprobara su arresto (lo que hizo).
Y solo horas antes de su propio arresto, 100 activistas habían realizado una protesta contra la detención del niño delante de su casa. Esa misma tarde, la policía derribó la puerta de la casa de la hermana de Dinkins, supuestamente a la busca de un "sospechoso por drogas". No encontraron drogas, pero la policía reunió, a pesar de todo, a los 11 miembros de la familia en la sala de estar para continuar el interrogatorio. Al parecer, uno de los policías reconoció a la madre de Gerard. Lo escuchó cuando dijo al supervisor: "Tengo a la mujer cuyo sieteañero fue arrestado por sentarse en la moto"; "entonces me arrestaron", dijo ella.
Dinkins no fue acusada por un crimen. Tácticas semejantes son utilizadas para intimidar a activistas, pero parecen haber tenido el efecto contrario en este caso. "Si quieren guerra, les daremos guerra", declaró a los periodistas Marvin "Doc" Cheatham, presidente del local de Baltimore de la Asociación Nacional por el Progreso de la Gente de Color, mientras esperaba que liberaran a Dinkins de la cárcel. "Si este es nuestro incidente Rosa Parks, (ciudadana negra que se rebeló hace 40 años y desató la lucha por los derechos civiles) lo que se necesita para que la gente se despierte, así sea".
(Tomado de CounterPunch)
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