La pugna abierta entre el Gobierno y el Congreso tiende a agravar la tensión en el país, tal y como se demostró el pasado martes con la protesta de partidarios del presidente Correa
EFE/QUITO
f. arroyo león (efe) / quito
La inestabilidad institucional que ha soportado Ecuador en las dos últimas décadas ha pasado factura a la tradicional clase política del país, abocada ahora a cambios radicales impulsados por el Ejecutivo y la sociedad civil.
Ése es el criterio de analistas y expertos, que advierten de que la pugna entre el Gobierno y el Congreso tiende a agravar la tensión social en el país, como se vio el pasado martes en Quito, donde grupos de manifestantes intentaron ocupar el Legislativo y se enfrentaron con la Policía.
La violenta manifestación, en la que miles de personas exigieron que se agilice la Asamblea Constituyente promovida por el presidente, Rafael Correa, es una expresión de la «polarización» de posiciones en el país, según el catedrático Mauro Cervino.
Cervino comentó que el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo «se veía venir, con el riesgo de que se radicalice a cada momento». «En esta pugna de poderes, ni por parte del Ejecutivo ni del Legislativo ha habido señales, aunque sea débiles, de acercarse y de establecer condiciones para una concertación o un diálogo que impida esta confrontación», añadió.
Para el analista, «lo más peligroso, más allá de los signos violentos de la pugna, sería que los dos bandos consideren que tienen la legitimidad para mantenerla» y justifiquen desde su propia óptica todo lo que suceda.
«Ecuador está pagando las consecuencias de los errores cometidos durante 20 años de historia en el país», en el que los partidos tradicionales tienen una «nefasta representación política que ya ha colapsado», agregó.
El Gobierno acusa al Congreso, dominado por los partidos políticos tradicionales, de impedir la consulta para una Asamblea Constituyente con plenos poderes, con la que quiere «recuperar la Patria» perdida en la última década de inestabilidad.
Desde hace 10 años se han sucedido en la jefatura del Estado ocho presidentes, cuatro de ellos elegidos en las urnas, de los que tres fueron destituidos por la Cámara Baja.
Multitudinaria protesta. El Ejecutivo rechazó los actos violentos ocurridos el pasado martes ante el Parlamento, pero responsabilizó a los diputados de la oposición y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, afines a los partidos derechistas que controlan en el Congreso, de ser los responsables de la reacción popular.
El presidente condenó la violencia de los manifestantes, pero justificó las movilizaciones pacíficas de los ciudadanos contra un organismo que apenas goza de un 10 por ciento de confianza de la población.
Correa considera que la Cámara Baja no puede bloquearle la consulta popular que ordenó para el próximo 18 de marzo, con la que prevé instaurar la Asamblea Constituyente, que es apoyada por el 77 por ciento de los ecuatorianos.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria, en la oposición, ve actitudes dictatoriales en el mandatario, por insistir en formar el citado órgano que, si se instala, podría disolver la Cámara.
El diputado opositor Federico Pérez, uno de los líderes de la mayoría, pidió la renuncia del ministro del Interior, Gustavo Larrea, por no controlar las manifestaciones contra el Congreso.
Mientras, los movimientos sociales afines a Correa han amenazado con radicalizar las protestas en los próximos días si la Cámara bloquea la consulta popular, y han advertido de que los actos de apoyo al gobernante se extenderán por todo el país.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró ayer que el Congreso debe apagar el fuego que ha encendido en el país, al impedir que se agilice su convocatoria a una consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente de plenos poderes.
Correa condenó los hechos violentos ocurridos el pasado martes en la sede del Parlamento, cuando decenas de manifestantes irrumpieron en la sede del Legislativo, de donde previamente habían sido desalojados los diputados, para exigir la consulta popular y la Constituyente, promovidas por el Ejecutivo. «Es muy fácil que en estas protestas masivas se haya infiltrado gente que quiera crear el caos, pero por eso digo que estamos jugando con fuego», remarcó Correa a los periodistas.
Sin embargo, el jefe del Estado aseguró que «le corresponde a los diputados del Congreso, que iniciaron este incendio, apagarlo».
El fuego sigue encencido.
La inestabilidad institucional que ha soportado Ecuador en las dos últimas décadas ha pasado factura a la tradicional clase política del país, abocada ahora a cambios radicales impulsados por el Ejecutivo y la sociedad civil.
Ése es el criterio de analistas y expertos, que advierten de que la pugna entre el Gobierno y el Congreso tiende a agravar la tensión social en el país, como se vio el pasado martes en Quito, donde grupos de manifestantes intentaron ocupar el Legislativo y se enfrentaron con la Policía.
La violenta manifestación, en la que miles de personas exigieron que se agilice la Asamblea Constituyente promovida por el presidente, Rafael Correa, es una expresión de la «polarización» de posiciones en el país, según el catedrático Mauro Cervino.
Cervino comentó que el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo «se veía venir, con el riesgo de que se radicalice a cada momento». «En esta pugna de poderes, ni por parte del Ejecutivo ni del Legislativo ha habido señales, aunque sea débiles, de acercarse y de establecer condiciones para una concertación o un diálogo que impida esta confrontación», añadió.
Para el analista, «lo más peligroso, más allá de los signos violentos de la pugna, sería que los dos bandos consideren que tienen la legitimidad para mantenerla» y justifiquen desde su propia óptica todo lo que suceda.
«Ecuador está pagando las consecuencias de los errores cometidos durante 20 años de historia en el país», en el que los partidos tradicionales tienen una «nefasta representación política que ya ha colapsado», agregó.
El Gobierno acusa al Congreso, dominado por los partidos políticos tradicionales, de impedir la consulta para una Asamblea Constituyente con plenos poderes, con la que quiere «recuperar la Patria» perdida en la última década de inestabilidad.
Desde hace 10 años se han sucedido en la jefatura del Estado ocho presidentes, cuatro de ellos elegidos en las urnas, de los que tres fueron destituidos por la Cámara Baja.
Multitudinaria protesta. El Ejecutivo rechazó los actos violentos ocurridos el pasado martes ante el Parlamento, pero responsabilizó a los diputados de la oposición y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, afines a los partidos derechistas que controlan en el Congreso, de ser los responsables de la reacción popular.
El presidente condenó la violencia de los manifestantes, pero justificó las movilizaciones pacíficas de los ciudadanos contra un organismo que apenas goza de un 10 por ciento de confianza de la población.
Correa considera que la Cámara Baja no puede bloquearle la consulta popular que ordenó para el próximo 18 de marzo, con la que prevé instaurar la Asamblea Constituyente, que es apoyada por el 77 por ciento de los ecuatorianos.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria, en la oposición, ve actitudes dictatoriales en el mandatario, por insistir en formar el citado órgano que, si se instala, podría disolver la Cámara.
El diputado opositor Federico Pérez, uno de los líderes de la mayoría, pidió la renuncia del ministro del Interior, Gustavo Larrea, por no controlar las manifestaciones contra el Congreso.
Mientras, los movimientos sociales afines a Correa han amenazado con radicalizar las protestas en los próximos días si la Cámara bloquea la consulta popular, y han advertido de que los actos de apoyo al gobernante se extenderán por todo el país.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró ayer que el Congreso debe apagar el fuego que ha encendido en el país, al impedir que se agilice su convocatoria a una consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente de plenos poderes.
Correa condenó los hechos violentos ocurridos el pasado martes en la sede del Parlamento, cuando decenas de manifestantes irrumpieron en la sede del Legislativo, de donde previamente habían sido desalojados los diputados, para exigir la consulta popular y la Constituyente, promovidas por el Ejecutivo. «Es muy fácil que en estas protestas masivas se haya infiltrado gente que quiera crear el caos, pero por eso digo que estamos jugando con fuego», remarcó Correa a los periodistas.
Sin embargo, el jefe del Estado aseguró que «le corresponde a los diputados del Congreso, que iniciaron este incendio, apagarlo».
El fuego sigue encencido.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario