 LONDRES, 29 (ATB Y        AGENCIAS)
LONDRES, 29 (ATB Y        AGENCIAS)Amnistía Internacional (AI) denunció hoy        los "abusos sistemáticos contra los Derechos Humanos", tanto de        paquistaníes como de extranjeros, registrados en Pakistán en el contexto        de la participación del Gobierno de Islamabad en la llamada guerra contra        el terrorismo dirigida por Estados Unidos. 
La organización        presentó hoy el informe de cien páginas 'Los Derechos Humanos no cuentan        en la guerra contra el terror', en el que advierte del incremento de las        desapariciones forzadas de personas detenidas y recluidas en régimen de        incomunicación en lugares secretos y cuyas detenciones son negadas        oficialmente por las autoridades. Estas personas corren peligro de sufrir        tortura y ser transferidas de manera ilegal a terceros países. 
"El        camino a Guantánamo empieza literalmente en Pakistán", declaró el director        general de Investigación de Amnistía Internacional, Claudio Cordone.        "Cientos de personas han sido detenidas en operaciones masivas, muchas de        ellas han sido vendidas como 'terroristas' a Estados Unidos simplemente        porque así lo afirmaban sus captores, y varios cientos han sido        trasladadas a la bahía de Guantánamo, a la base aérea de Bagram o a        centros secretos de detención controlados por Estados Unidos",        añadió.
Según Amnistía, la práctica sistemática de ofrecer        recompensas de miles de dólares estadounidenses por presuntos terroristas        sin identificar ha facilitado la detención ilegal y la desaparición        forzada. "Cazadores de recompensas", entre los que figuran agentes de        policía y vecinos del lugar, han capturado a individuos de diversas        nacionalidades, parece ser que a menudo eligiéndolos al azar, y los han        entregado a la custodia estadounidense.
El informe señala que más        del 85 por ciento de las personas detenidas en la bahía de Guantánamo no        fueron aprehendidas por efectivos estadounidenses sino por miembros de la        Alianza del Norte afgana, y su detención tuvo lugar en Pakistán, donde se        estaban pagando en ese momento recompensas de hasta 5.000 dólares por cada        "terrorista" entregado a Estados Unidos.
Con frecuencia, prosigue        el informe, el único motivo para la detención fueron las acusaciones de        sus captores, mantenidas a toda costa para obtener la recompensa.        Alrededor de 300 personas, anteriormente calificadas de "terroristas" y        "asesinos" por el Gobierno estadounidense, ya han salido de Guantánamo en        libertad sin cargos, la mayoría en dirección a Pakistán o        Afganistán.
DESAPARICIONES FORZADAS"En        Pakistán apenas se conocían las desapariciones forzadas antes de que        empezara la 'guerra contra el terror' dirigida por Estados Unidos; ahora        son un fenómeno creciente, se han extendido más allá de los presuntos        terroristas y afectan a nacionalistas baloches y sindis y también a        periodistas", aseguró la investigadora de Amnistía Internacional sobre        Asia Meridional, Angelika Pathak. 
Debido al carácter clandestino        de la "guerra contra el terror", es imposible saber con exactitud cuántas        desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias de otra clase y        homicidios ilegítimos se han cometido en Pakistán. Aun así, el portavoz        del Ejército de Pakistán, el general de división Shaukat Sultan, manifestó        en junio de 2006 que desde el año 2001 se había dado muerte a 500        "terroristas" y se había detenido a más de 1.000.
Según Amnistía,        las personas detenidas en secreto por presuntos delitos de terrorismo        están especialmente expuestas a sufrir tortura en Pakistán. La víctima        suele ser suspendida cabeza abajo, golpeada y privada de alimentos y del        sueño. Al parecer, agentes de Estados Unidos y otros países han tenido        conocimiento o incluso han estado presentes en interrogatorios de personas        detenidas arbitrariamente y recluidas en secreto.
Por otra parte,        prosigue el informe, los familiares de las personas secuestradas tienen        pocos sitios a los que acudir en su busca. La Policía se niega a        investigar y a registrar las denuncias, y quienes impugnan la detención        ante tribunales superiores provinciales se encuentran con que las fuerzas        de seguridad niegan tener conocimiento del paradero de la persona y los        jueces no suelen poner en duda esa negativa.
Aparte, la Comisión de        Derechos Humanos de Pakistán, entidad no gubernamental, ha señalado nuevos        índices de tolerancia de los abusos contra los Derechos Humanos y ha        insinuado que podrían atribuirse al "impacto de la guerra contra el        terrorismo en la psique de la colectividad pública".
CASOS        CONCRETOSAmnistía Internacional advierte en el informe de        que se sigue sin dar explicaciones respecto a muchas personas detenidas,        por lo que se desconoce la suerte que han corrido y su        paradero.
Por ejemplo, tres mujeres y cinco menores fueron        detenidos en julio de 2004 junto al presunto terrorista tanzano Ahmed        Khalfan Ghailani en la provincia de Punyab. Entre estas personas había,        según informes, un bebé y un saudí de 13 años llamado Talha. Más de dos        años después, no se sabe nada de la suerte y el paradero de Talha y los        demás niños y mujeres. Ahmed Ghailani estaba entre los 14 individuos        transferidos en septiembre de 2006 a la bahía de Guantánamo desde lugares        secretos de detención de la CIA.
"Éstos y otros menores han sido        detenidos como parte de la 'guerra contra el terror' en la que colabora        Pakistán; la presunción de inocencia y la posibilidad de impugnar la        legalidad de la detención no existen ni siquiera para los menores, ya no        digamos para los adultos", denunció Angelika Pathak. "Así que han estado        encarcelados durante meses, incluso años, sin haber sido juzgados",        advirtió.
El informe relata también el caso del paquistaní Jalid        Mehmood Rashid, ciudadano, quien fue entregado a agentes paquistaníes en        Sudáfrica el 6 de noviembre de 2005 y trasladado en avión a Pakistán.        Desde entonces no se le ha vuelto a ver. A pesar del reconocimiento        oficial de que está bajo custodia del Gobierno paquistaní, el Ministerio        del Interior no ha respondido a las preguntas de su familia sobre su        paradero.
A juicio de AI, la clase política, los medios de        comunicación y la sociedad civil de Pakistán deben pronunciarse y obligar        al Gobierno a rendir cuentas para que se ponga fin a esta práctica y se        esclarezcan la suerte y el paradero de todas las víctimas.
"El        Gobierno de Pakistán debe establecer un registro central de personas        detenidas y publicar listas periódicas de todos los lugares de detención        reconocidos, para que en el futuro nadie pueda ser encarcelado en secreto        y quedar expuesto a la tortura y demás abusos que conlleva la detención        secreta", aseveró Angelika Pathak. "Los Gobiernos de Estados Unidos y        otros países deben investigar todas aquellas denuncias sobre actos de        tortura en que sus agentes puedan haber sido cómplices",      añadió.