 En Chile, gracias a que se persistió durante muchos años con buenas estrategias de políticas públicas, se motorizó un proceso de inclusión social sistemático y sostenido. Datos de la CEPAL permiten cuantificar las diferencias con la Argentina:
En los últimos 15 años, en la Argentina la producción creció el 65%, mientras que en Chile más que se duplicó habiendo aumentado un 122%. Además, el desempleo juvenil en Argentina se duplicó creciendo desde 13% a 26%, mientras que en Chile tuvo un incremento moderado desde 18% a 22%.
La pobreza en Chile muestra una caída sistemática desde el 39% en 1990 a 19% en el 2003, mientras que en Argentina sigue afectando a más del 30% de la población. Como ocurre en el resto de Latinoamérica, Chile no deja de sufrir las consecuencias sociales de una distribución del ingreso muy inequitativa.
Sin embargo, logró con políticas públicas bien diseñadas progresos importantes. Esto explica las enormes diferencias con respecto al resto de la región, generando así, un contexto más favorable para la lucha contra las actividades delictivas.
En Chile hay una base económica sustentable en el proceso de crecimiento. Superávit fiscal alcanzado con impuestos menos distorsivos que los que aplica la Argentina, gasto público mejor administrado, apertura al comercio internacional (para las exportaciones y las importaciones) y reglas de juego que favorecen la inversión.
También hay un especial cuidado por el diseño de las instituciones sociales. La legislación laboral y de la seguridad social contemplan mecanismos de protección más efectivo que los prevalecientes en el resto de la región.
Según la OIT, la incidencia del empleo “en negro” en Chile es inferior al 25% cuando en Argentina supera el 40%. La principal explicación es que en Chile las normas tienen en cuenta las limitaciones bajo las que operan las pequeñas empresas.
Por ejemplo, los impuestos al trabajo son mucho más bajos y la cobertura de riesgos del trabajo se basa en la norma especial sin posibilidad de utilizar el Código Civil para resolver por la vía del litigio judicial la cobertura de los accidentes y enfermedades profesionales.
Fuente: Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
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