El texto permite a Bush decidir cuándo se tienen que respetar las convenciones de Ginebra
Washington
La ley aprobada ayer de madrugada por el Senado de EE UU, en la que se establecen tribunales militares para juzgar a los extranjeros detenidos en la lucha antiterrorista, abre la puerta a autorizar, en la práctica, la tortura de los prisioneros, prohibida por una ley federal en 2005. La ley fue también aprobada por la Cámara de Representantes el pasado jueves y está previsto que sea firmada hoy por el presidente Bush.
La ley establece una lista de crímenes que considera como «graves violaciones» de las convenciones de Ginebra, entre ellos la tortura, el trato «cruel» o «inhumano», las mutilaciones y las graves lesiones físicas.
No obstante, a renglón seguido, la ley, considerada como una victoria en toda regla de las tácticas antiterroristas preconizadas por Bush y su equipo, permite que el presidente de EE UU interprete el significado y aplicación de las convenciones de Ginebra mediante una orden ejecutiva que, además, autorice los métodos usados en contra de los detenidos.
Otros elementos de la ley son:
l Amplía la definición de «enemigo combatiente» a toda persona que dé apoyo material y financiero a grupos terroristas.
l Fija los parámetros para la detención e interrogatorio de los sospechosos en la lucha antiterrorista.
l Establece tribunales militares para juzgar a terroristas implicados en atentados contra Estados Unidos, bajo cargos de crímenes de guerra.
l Los tribunales militares estarán formados por cinco jueces, o doce en casos que puedan conllevar la pena de muerte.
l Los detenidos tendrán derecho a un abogado, pero no podrán impugnar su detención en tribunales civiles estadounidenses.
l La acusación podrá argumentar «privilegio de seguridad nacional» para impedir la divulgación de información y pruebas secretas durante un juicio.
l Los acusados tendrán acceso limitado a las pruebas, pero recibirán un resumen de aquellas que no estén vinculadas a informaciones secretas.
l Se podrá condenar a un detenido sobre la base de pruebas «de oídas», si el juez determina que son fiables.
l Se permite el uso de información obtenida mediante métodos coercitivos, especialmente si el juez la considera fiable y si se obtuvo antes de 2005, cuando una ley federal prohibió el trato cruel o degradante de los detenidos.
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