Santiago, Chile.
14 sep 2006
Las demandas se fundamentan en los daños morales y psíquicos que las familias de estas presuntas víctimas sufrieron tras enterarse de que los cadáveres que les fueron entregados hace diez años pueden corresponder a otras personas y no a sus parientes, dijo la abogada Julia Urquieta.
"Ellos sienten que sus seres queridos han vuelto a desaparecer", precisó a los periodistas Julia Urquieta, que patrocina las acciones judiciales junto a Adil Brkovic.
Las demandas fueron presentadas por los familiares de Javier Sobarzo Sepúlveva, Enrique Toledo Garay y Luis Dávila García, desaparecidos en 1973 y cuyos cuerpos fueron identificados en los años 90 entre más de un centenar encontrados en tumbas marcadas "NN" en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.
Sobarzo y Toledo eran ex paracaidistas del Ejército quienes se cree que fueron asesinados por sus propios camaradas a causa de sus ideas izquierdistas tras el golpe de 1973 y Dávila era un estudiante de 18 años.
La viuda de Sobarzo, Rosa Zúñiga y dos hijos, demandaron al Estado por 600 millones de pesos (equivalentes a 1,11 millones de dólares), 200 millones para cada uno, mientras Elba Baeza, viuda de Toledo y tres hijos exigen 800 millones de pesos (unos 1,48 millones de dólares), un cuarto para cada uno.
Por su parte, María García Vásquez, madre de Luis Dávila y cuatro hijos, demandan también 600 millones de pesos, 200 para ella y 100 para cada uno de aquellos.
El pasado abril, el Servicio Médico Legal (SML) admitió errores en la identificación de los restos de al menos 48 detenidos desaparecidos hallados en el Patio 29 del Cementerio General.
La revelación motivó la destitución de los responsables del SML y la designación, por parte de la presidenta Michelle Bachelet, de una comisión especial para aclarar el asunto, al frente de la cual designó, en calidad de delegada personal, a María Luisa Sepúlveda.
Asimismo, el pasado julio comenzó a trabajar un equipo de expertos forenses de España, EEUU, Argentina, Colombia y Chile para identificar de nuevo los restos, que debieron ser exhumados nuevamente.
Según Urquieta, el Estado es responsable, por la negligencia del SML, de los errores que han causado un daño moral y psíquico, que debe ser reparado, a los familiares de las víctimas, que han visto cómo sus seres queridos se convierten de nuevo en desaparecidos.
Agregó que además, cuando el SML se percató de sus errores, procedió a exhumar los cuerpos de sus nuevas sepulturas, sin avisar a las familias, lo que constituye, a su juicio, un nuevo acto de violencia contra ellas.
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